Pensión Báñez

Sanidad, educación y pensiones públicas son los tres elementos que definen y caracterizan un estado del bienestar acosado en la actualidad por el neoliberalismo con la impotencia e incluso la connivencia a veces de la socialdemocracia que lo engendró y desarrolló. En España somos testigos y víctimas de los recortes en sanidad y educación a mayor gloria del sagrado déficit público que sigue presidiendo  la política económica. Las pensiones no han sido ajenas a esa realidad:  primero con la ampliación de la edad de jubilación aprobada por Zapatero y luego con la desvinculación entre revalorización anual de las pensiones e IPC con Rajoy al frente del Ejecutivo. Sin contar otras medidas como el factor de sostenibiliad que vincula la cuantía de la pensión a la esperanza media de vida que aún no han entrado en vigor.

Sin embargo, el problema principal para el futuro de las pensiones no es que se viva demasiado tiempo después de jubilarse o que el incremento anual haga insostenible el sistema.  El problema era y sigue siendo el empleo y los salarios, por los suelos ambos desde el comienzo de la crisis. En cierto modo lo ha venido a reconocer hoy la ministra Báñez en su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso. En su diagnóstico de la situación ha admitido que el 70% del déficit que padece la Seguridad Social se debe a la caída del empleo en los años más duros de la crisis.

Si entre las virtudes de Báñez figurara la autocrítica tendría que haber explicado la razón por la que el descenso del paro en los últimos meses no ha enderazado la situación. Primero el PSOE y después la propia Báñez son los responsables de sendas reformas laborales que facilitaron el despido y la depreciación salarial, causas centrales del déficit que sufre hoy la Seguridad Social y de las telarañas que en un año como mucho empezará a criar una hucha de las pensiones que la ministra se ha pulido sin prisas pero sin pausa. Además de olvidarse de que lleva cuatro años en el ministerio y de que alguna responsabilidad tendrá en la incertidumbre que reina sobre el futuro de las pensiones, Báñez ha propuesto tres medidas de las que no se puede decir que sean ni originales ni suficientes para que efectivamente el sistema no quiebre.

 En primer lugar – y obviando una vez más el mea culpa – propone dejar de pagar con cargo a la Seguridad Social y cargar a los presupuestos del Estado las tarifas planas para la contratación indefinida que con tanto entusiasmo ella misma ha defendido durante todos estos años. Y eso a pesar del contrasentido que supone aprobar una reforma que dispara la temporalidad laboral y luego dar dinero público a los empresarios para que conviertan los contratos temporales en indefinidos. En segundo lugar propone lo que muchos expertos vienen sugiriendo desde hace años: cargar también a los presupuestos las pensiones de viudedad y orfandad. Por último ha lanzado una advertencia a navegantes para que los autónomos paguen más a la Seguridad Social, eso sí, de forma voluntaria, al menos por ahora.

De la posibilidad, por ejemplo, de tocar al alza algunos tramos altos del IRPF para financiar las pensiones ni una palabra le hemos escuchado hoy a una ministra que dedicó buena parte de su comparecencia  a autoalabarse. Pero el PP ya no tiene mayoría absoluta y, de hecho, la presencia hoy de Báñez ante la Comisión del Pacto de Toledo es una consecuencia de ello. Es por tanto el momento de que la mayoría social y política de este país se ponga de acuerdo para garantizar la sostenibilidad del sistema y la dignidad de las pensiones de quienes, después de una vida de esfuerzos y aportaciones, tienen derecho a disfrutar de una jubilación sin sobresaltos económicos.  En otras palabras, es el momento de un gran pacto de estado en el que caben todos los que de verdad creen que el estado del bienestar es algo más que un bonito concepto para utilizarlo en los mítines.