Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso para dar a conocer su programa de gobierno. Lo ha hecho cincuenta días después de que tocara presentarlo en el debate de la moción de censura contra Rajoy de finales de mayo.
No dudo de que con los agobios de última hora y la necesidad de sumar apoyos suficientes, se le fuera a Sánchez el santo al cielo y olvidara que la Constitución establece que las mociones de censura deben ser constructivas. Esto quiere decir que, además de presentar un candidato alternativo a la presidencia del gobierno, también hay que presentar y defender un programa alternativo de gobierno. Como es fácil deducir, la ausencia de ese programa significa que los diputados carecen de argumentos de peso sobre los que decidir si apoyan o no al candidato que se propone para la investidura.
Aunque todo lo anterior suene solo a teoría constitucional, conviene recordarlo y reprochárselo a quien incumple ese precepto como hizo Sánchez en su moción contra Rajoy. Que la cuestión a decidir fuera si se echaba a Rajoy más que si se elegía a Sánchez por su desconocido programa de gobierno, no es excusa para no cumplir lo que la Constitución establece para estos casos. Aclarado lo anterior, vamos con lo que Sánchez llama la "agenda para el cambio" para definir su programa de gobierno y que se centra en la "agenda social", la economía, los impuestos y algunos gestos que cuestan poco dinero pero visten políticamente y pueden dar rédito electoral.
En otros términos, un poco de todo como en botica pero con un brillo nuevo y un tono mucho menos cansino del que nos tenía acostumbrados Rajoy.
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Foto: El Independiente |
Aún así, tengo que confesar que no me ha quedado muy claro si estamos ante un programa de gobierno o ante un programa electoral, aunque me inclino mucho más por lo segundo. Sobre todo, porque para aprobar algunas de las medidas anunciadas necesita Sánchez de una mayoría parlamentaria de la que no dispone y que no creo sea capaz de conseguir en esta legislatura.
Anuncia el presidente una subida de los impuestos a las grandes empresas que, aunque bienvenida, no deja de ser un nuevo parche del sistema fiscal, necesitado de un traje nuevo mucho más progresivo y con menos agujeros y excepciones que el actual. Su intención de impulsar una ley que prohíba amnistías fiscales como la de Montoro es cuando menos una licencia poética: la puede cambiar otro gobierno posterior, ya la había anunciado el propio Montoro y los límites de ese asunto ya los expresó con claridad el Constitucional en la sentencia que anuló la de 2012.
Aunque para límites los que se ha encontrado Sánchez al llegar al Gobierno y verse obligado a asumir que la ley le prohíbe hacer lo que prometió cuando estaba en la oposición: publicar la lista de quienes se acogieron a la amnistía de Montoro. Esto es lo que ocurre cuando los políticos se lanzan a hacer promesas a sabiendas de que nos las podrán cumplir por inviables, por ilegales o por ambas cosas a la vez. Se trata de un engaño consciente a los ciudadanos, que los políticos deberían esforzarse en evitar si aspiran a recuperar parte de la credibilidad que han ido perdiendo por comportamientos como ese.
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Foto: Noticias de Álava |
En cuanto a Cataluña, propone el presidente que los catalanes voten un nuevo estatuto de autonomía que sustituya al que afeitó el Constitucional a instancias del PP.
Mi escepticismo ante este asunto es infinito, aunque hay que decir en favor de Sánchez que al menos hace propuestas política en donde hasta ahora sólo había denuncias y recursos judiciales. Lástima que el PP y Ciudadanos antepongan sus intereses partidistas a la necesidad de encontrar una salida a la crisis catalana y descalifiquen con trazo grueso cualquier cosa que Sánchez diga o haga sobre ese asunto.
La necesaria exhumación de los restos de Franco y algunos otros guiños y gestos orientados a la izquierda, completan esta "agenda para el cambio" de Pedro Sánchez y a la que le sobra imaginación y le faltan tiempo y apoyos suficientes para hacerla realidad en lo que resta de legislatura.
Algunos la llamarían brindis al sol y no les faltaría algo de razón habida cuenta las circunstancias políticas y la aritmética parlamentaria sobre la que se asienta Sánchez. Cabe concluir que, a pesar del notable retraso con el que lo ha hecho, con la presentación de este programa de gobierno el presidente ha cumplido el expediente y su obligación constitucional y, sobre todo, deja trabajo adelantado para las elecciones.
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