Mato resise al ébola

La curación de Teresa Romero, la primera contagiada por ébola fuera de África, es una muy buena noticia, la mejor por no decir la única buena que hemos escuchado en los últimos quince días sobre esta enfermedad en nuestro país. Con su curación, certificada hoy por la segunda analítica realizada a la auxiliar de enfermería, no queda nadie en España contagiado por el virus después de que también hayan dado negativo otros casos recientes como el del enfermero de Cruz Roja ingresado el pasado jueves en un hospital de Santa Cruz de Tenerife. 

Ni mucho menos la curación de Teresa y los negativos en los casos sospechosos pueden suponer pasar la página y olvidarse de la lamentable gestión que de esta crisis sanitaria han realizado el Ministerio de Sanidad y la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Si durante la crisis argumentaban Ana Mato y Mariano Rajoy que no era el momento de pedir responsabilidades políticas porque lo prioritario era salvar la vida de Teresa y evitar que el contagio se extendiera, ahora que la situación parece en parte superada ha llegado la hora de rendir cuentas ante la ciudadanía. 

La descoordinación e imprevisión con la que Mato ha gestionado la crisis han sido tan graves que la aún ministra ha quedado incapacitada para continuar al frente de Sanidad. El propio presidente que, a pesar de todo, persiste en no desprenderse de ella, la desautorizó por completo cuando puso al frente del comité científico coordinador de la situación a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Todo ello después de una semana esperpéntica, con una ministra enrocada en defender una gestión a todas luces lamentable y generando con cada intervención suya más alarma y preocupación entre los ciudadanos. Fue en el momento en el que Rajoy la apartó de los focos de la opinión pública para que la situación no empeorara más aún, cuando Mato debió haber tenido un mínimo de dignidad política y personal y presentar su renuncia al cargo. Sin embargo ha seguido en él contra viento y marea, probablemente porque sabe de primera mano que cuenta con el apoyo del presidente por más que la forma en la que ha llevado este asunto le haya hecho un nuevo roto a la credibilidad del Gobierno e incluso a sus expectativas electorales. 

No es momento aquí de recordar la cadena de errores y fallos que rodearon el caso de Teresa Romero pero sí de traer a colación que, a día de hoy, dos semanas después de que se confirmara que la auxiliar de enfermería padecía ébola, el Ministerio de Sanidad aún no ha informado a la población sobre cuáles fueron los fallos cometidos, por qué se cometieron, quiénes son sus responsables y qué medidas disciplinarias o de otro tipo se les han impuesto. A la espera, tal vez indefinida, de que Ana Mato se digne informar a los españoles de todos estos extremos, tenemos que conformarnos con una investigación de oficio realizada por el Consejo General de Enfermería, dada a conocer hoy, en la que se señalan hasta siete fallos relacionados con esta crisis de salud pública. 

Van desde la falta de formación y entrenamiento del personal sanitario hasta la falta de consulta a esos mismos profesionales a la hora de elaborar el catálogo de medidas de seguridad. Alude también la investigación a las deficiencias de los EPI (Equipos de Protección Individual), al manejo de los residuos procedentes de los pacientes sospechosos de padecer ébola y a la manipulación de los cadáveres de los dos misioneros repatriados de África y que fallecieron en España. Es cierto que algunos aspectos del protocolo se cambiaron, aunque fuera cinco días después del contagio de Teresa, y que, gracias a la creación del comité científico y asesor del Gobierno, muchos españoles respiramos algo más tranquilos cuando la comunicación pasó de la ministra a los profesionales sanitarios que han ido informando puntualmente de la evolución de Teresa y de otros casos sospechosos. 

Pero no por ello deben caer el Gobierno y la ministra Mato en la tentación de hacernos creer que la crisis está superada por completo y escudarse tras los expertos para no asumir sus responsabilidades. La investigación del Consejo de Enfermería es una llamada de atención sobre los aspectos que hay que mejorar porque casos sospechosos e incluso contagios como el de Teresa se pueden volver a producir en cualquier momento. Para afrontarlos adecuadamente, la primera autoridad sanitaria de este país tiene que poseer la capacidad política y de gestión y las dotes de comunicación de las que carece por completo Ana Mato. Hay que celebrar que el ébola no haya podido con Teresa Romero pero sí debe suponer el punto y final de la presencia de Mato al frente de Sanidad. 

Las prisas del pequeño Nicolás

En un país como España, de larga tradición picaresca, a nadie debería asombrarle demasiado las andanzas del “pequeño Nicolás” que estos días es la comidilla de redes sociales y otros medios de comunicación. Francisco Nicolás Gómez-Iglesias no es otra cosa que un elemento inseparable de la marca España, el fruto de un país de no pocos pillos redomados que, aunque parezca que confunden la realidad con la ficción, saben muy bien lo que hacen. Se pregunta todo el mundo cómo es posible que este individuo con pinta de mosquita muerta se colara incluso en una audiencia real y pasara el correspondiente besamanos sin que a nadie le llamara demasiado la atención ni se preguntara quién era aquel chaval ni qué pintaba en semejante acto. 

La policía sólo se puso tras sus pasos cuando el pequeño Nicolás quiso hacer valer sus contactos y pidió dinero por intermediar en la venta de una propiedad o echarle una mano judicial a Jordi Pujol, para lo cual se hizo pasar por agente del CNI. O fue demasiado lejos o dio el paso decisivo de obtener rédito económico por sus contactos de alta gama demasiado pronto. De haberse conformado de momento con salir en las fotos junto a políticos y empresarios y haber esperado un poco para colarse en alguna lista electoral, tal vez no habríamos tardado mucho en verlo presidiendo el Consejo de Ministros o en el sillón azul del Congreso como una suerte de nuevo Zelig. 

De verdad, cuesta creer que en la mismísima Casa Real creyeran que el pequeño Nicolás, con su aspecto atildado de no haber roto nunca un plato, era asesor de la vicepresidenta del Gobierno. Mucho más difícil aún es tragarse que era nada menos que espía del CNI, pero también pasó por tal. Lo cierto es que consiguió engañar a todo el mundo, como ponen de manifiesto sus fotos con Aznar, Esperanza Aguirre, Ana Botella o el mismísimo Felipe VI. Hasta la jueza ante la que fue conducido tras la detención se declaró perpleja por la habilidad del pequeño Nicolás para hacer creer a todo el mundo que era lo que no era. Intentando explicárselo, el informe forense concluyó que Nicolás padece una especie de megalomanía que le lleva a confundir la realidad con la ficción. Puede ser, pero no me calentaría demasiado la cabeza intentando encontrarle una explicación científica a las divertidas andanzas del pequeño Nicolás. 

Lo único que ha hecho es copiar los modelos de comportamiento social que ha aprendido con mucho provecho desde que comenzó a militar en las Nuevas Generaciones del PP. Allí debió descubrir que en el mundo de la política y los negocios, si no tienes padrinos mueres pagano. Sacó la conclusión de que el camino directo para el éxito es rodearse de los mejores padrinos para medrar y sacar tajada. Tampoco es tan escandaloso: otros muchos lo han hecho y lo sigue haciendo aunque no desde edades tan tiernas como la del pequeño Nicolás. Y es precisamente eso, que todos han hecho, hacen o piensan hacer lo mismo, lo que explica que nadie se atreviera a preguntarse en voz alta de dónde había salido este pillastre que tan buenas agarraderas aseguraba tener. 

En realidad, este chico no es más que un tipo precoz y espabilado que aprendió pronto y con calificación sobresaliente en qué círculos hay que moverse si quieres llegar a ser alguien con influencias en esta vida. Una vez bien pertrechado de sus supuestos contactos en las más altas esferas el siguiente paso caía por su propio peso: sacarle rentabilidad económica. Ese fue su error, no esperar un poco más para poder hacerlo con todas las garantías de que si lo pillaban con el carrito de los helados como a un Rato o a un Blesa cualquiera a nadie se le iba a ocurrir detenerlo, encerrarlo o expulsarlo del partido sin antes al menos haber escuchado atentamente sus argumentos y buscarle una salida digna. 

Entonces sus mentiras habrían gozado de toda la credibilidad de sus compañeros y jefes de filas y el pequeño Nicolás podría haber seguido medrando a placer. Lección de paciencia que deben aprender sin tardanza todos los pícaros que andan sueltos por este país y que se estén planteando seguir sus pasos: no hay que hacer de prisa lo que es para siempre.

Blesa, ese pobre hombre

El banquero que cobraba más de tres millones de euros al año por su cargo de presidente de Caja Madrid y que se gastó con la tarjeta negra cerca de medio millón de euros en sus lujos y caprichos particulares – safaris, vinos caros, etc. –, dice ahora que no puede reunir los 16 millones de euros de fianza que le impuso ayer el juez Fernando Andreu. Así que renuncia a depositar el dinero antes del miércoles, tal y como establece el auto correspondiente, y se dispone a que le embarguen sus seguramente escasos bienes personales. Eso sí, no piensa quedarse quieto. Es también seguro que tanto él como el otrora mirlo blanco del PP, Rodrigo Rato, recurrirán la fianza con argumentos tales como “desproporcionada o extemporánea”. Claro que eso no impedirá que se ejecute el embargo, con lo que corren el riesgo, los pobres, de tener que pedir en el metro para sobrevivir. 

Del auto del juez en el que se imponen las fianzas a Blesa y Rato – 16 millones de euros al primero y 3 al segundo – lo primero que llama la atención es precisamente la diferencia entre uno y otro. Parece interpretar el magistrado que no es igual la responsabilidad de ambos en el conchabo de las tarjetas en negro, aunque en el auto los acusa de haber “consentido, propiciado y aceptado” todo el cambalache. Pero llama más la atención aún que se limite el juez a imponerles una fianza que parece más bien pensada para que el Estado recupere el pastizal gastado con las tarjetas por Blesa, Rato, Sánchez Barcoj - la mano derecha del primero y que se fue del juzgado imputado pero sin fianza alguna – y el resto de la troupe que disfrutó de lo lindo comprando o comiendo en sitios caros y desgastando los cajeros automáticos de meter y sacar la tarjetita. 

Uno no quiere hacer leña del árbol caído, si es que en este caso ha caído todavía alguno, ni ensañarse con la gente cuando las cosas se le ponen de popa. Sin embargo, no puedo menos que preguntarme si la actuación de ambos en este escándalo, tanto por la responsabilidad que habían asumido al frente de una entidad a la que contribuyeron a empujar hacia la quiebra como por la desfachatez y la impunidad con la que actuaron, no son motivos suficientes para enviarlos a prisión y sin fianza. Y en la misma línea, me sigo preguntando a qué espera el juez para imputar o, al menos llamar a declarar en calidad de testigos, al resto de los miembros del clan que tiraron de la tarjeta y ahora se escudan también en que no eran conscientes de la ilegalidad en la que incurrían. 

Aunque Blesa llore ahora amargamente y asegure que no puede reunir los 16 millones de la fianza, habría que ser muy pardillo para creer en su sinceridad. Es mucho más probable que haya hecho cálculos – en lo cual es un maestro – y haya llegado a la conclusión de que le sale mucho más económico que le embarguen unas pocas propiedades hasta cubrir la fianza que apoquinar los 16 millones de euros a toca teja. En cuanto a Rato desconocemos si pagará o si seguirá los pasos de su compadre de correrías, aunque tampoco creo que una fianza de 3 millones le quite demasiado el sueño, ni mucho menos. Eso y más lo ganaba él en un año malo y si además se pagaba los lujos, las copas y el arte sacro con cargo a las cuentas de Caja Madrid es más que probable que puede depositar la fianza sin quedarse por ello en números rojos. 

El juez Elpidio José Silva, al que haber metido dos veces en la cárcel a Blesa prácticamente le ha costado su expulsión de la carrera judicial, no ha tardado en declarar que Rato y Blesa deberían estar en la cárcel sin fianza e incluso incomunicados. El magistrado, que destapó los correos de Blesa tirando de los cuales se dio con el pastel de las tarjetas negras, está convencido de que los dos últimos presidentes de Caja Madrid son las víctimas propiciatorias con las que el PP y el Gobierno quieren vendernos la regeneración política para hacer ver a los ciudadanos que también en España se juzga y castiga a los banqueros felones. Aunque si realmente fuera sincera la regeneración que pregonan, los populares ya deberían haber expulsado a Rato de sus filas o al menos suspenderlo cautelarmente de militancia. Del mismo modo se tendría que haber reabierto el “caso Blesa” - del que Silva fue apartado por encarcelar al banquero - y el llamado “caso Bankia” iría un poco más rápido. 

Sin embargo, el primero sigue cerrado y el segundo avanza a paso de tortuga. Ahora, además, con la pieza separada de las tarjetas negras que acaba de abrir el juez Andreu y cuya instrucción también va para largo, es de suponer que el "caso Bankia"se ralentizará mucho más. Así que, para cuando los responsables últimos de este latrocinio bancario organizado que nos ha costado miles de millones de euros a los españoles se sienten en el banquillo de los acusados – si es que eso llega a ocurrir algún día y estamos vivos para verlo –, puede que a Rato y a Blesa le hayan dado el Nobel de Economía ex aequeo y al resto de los compinches cuando menos una mención honorífica. Y a los ciudadanos, dos huevos duros.   

Vuelve el cinturón de castidad

Un fantasma recorre España y no es ni la tercera recesión económica ni Miguel Blesa con sus tarjetas pata negra. Ni siquiera Luis Bárcenas, el Bigotes o Jordi Pujol y su prole. El fantasma al que me refiero pudo ponerse de moda allá por el siglo XV – los historiados no se ponen muy de acuerdo sobre la fecha exacta - siendo Gran Inquisidor del Reino el dominico Tomás de Torquemada. Consistía el adminículo en una braga de hierro con púas que el marido le imponía a la esposa mientras él se iba a la guerra y se llevaba la llave en el bolsillo. Ni que decir tiene que con prenda íntima tan seductora no había posibilidad alguna de que la mujer así “protegida” cayera en la tentación de un escarceo sexual mientras su esposa libraba al reino de moros y otras malas hierbas. 

Pasando el tiempo, el casto cinturón fue cayendo en desuso por incómodo y antihigiénico y las mujeres, lamentablemente, dejaron de usarlo y lo sustituyeron por prendas menos agresivas y de tacto más suave a la piel. Sin embargo, ahora acaba de rescatarlo una mujer de las de antes de verdad. Se llama Mónica de Oriol y es, por si aún no lo saben, nada más y nada menos que la presidenta del Círculo de Empresarios. Esta medieval señora no es partidaria de contratar a mujeres de menos de 45 años no se vayan a quedar preñadas y tenga que concederles el permiso de maternidad. Así que lo que propone es discriminar a las mujeres por razón de edad y contratar solo a aquellas mujeres que hayan superado la edad fértil, preocupada sin duda por las dificultades que tienen los mayores de 45 años para encontrar empleo. 

Ni que decir tiene que los modernos y las feministas la han puesto a parir – y nunca mejor dicho – por sus planteamientos propios de la época de los reyes godos. Ella, sin embargo, no sólo no se ha inmutado sino que, después de asegurar que sus palabras se han descontextualizado, se ha reafirmado en sus posiciones y hasta se ha declarado satisfecha de “haber abierto el debate”. La señora de Oriol es reincidente en su pensamiento tridentino porque, no hace mucho, también dijo que los jóvenes sin formación “no sirven para nada” y encima hay que pagarles el salario mínimo. Después se disculpó y repitió lo de siempre: las declaraciones se han sacado de contexto. 

Por fortuna para ella y desgracia para el resto, no está sola esta Juana de Arco en su lucha en pro de la castidad femenina así haya que cerrar los parques de atracciones por falta de críos que quieran visitarlos. Un concejal del PP en el ayuntamiento de Madrid ha despedido a una funcionaria de su departamento porque a esta mujer se le ocurrió la mala idea de traer un niño al mundo y, según su jefe, ya no rendía como antes en el trabajo. El tal individuo – por llamarlo de un modo benévolo – se llama Ángel Donesteve y sin cortarse un pelo vino a decirle a la funcionaria que le parecía maravilloso que hubiera tenido un niño pero que él necesitaba más esfuerzo y dedicación. Y menos mal que la funcionaria ni siquiera había pedido reducción de jornada para atender a su hijo, en cuyo caso el tal Donesteve, que a esta hora aún no ha dimitido, igual la obliga a ponerse el cinturón de castidad. 

No se vayan que hay más: AENA, esa golosina que el Gobierno del PP está a punto de entregar a inversores privados, acaba de ser condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por hacer lo mismo que el concejal de Madrid ha hecho con la funcionaria. Rechazó a una mujer que se había desplazado de Valladolid a Tenerife para presentarse a unas pruebas de selección de personal para el aeropuerto de Los Rodeos. Los examinadores le advirtieron de que siendo mujer y en edad fértil iba a ser difícil que la contrataran. Tal vez estaban pensando los examinadores o lo que fueran los individuos que la entrevistaron en recomendarle el cinturón de seguridad, pero no consta en la instrucción del caso que se lo llegaran a proponer. Sin embargo, no contentos con pintarle el panorama lo más negro posible, también le dejaron claro que ni encontraría colegio para sus hijos ni su marido hallaría empleo en la isla. Y para rematar le sonsacaron datos íntimos sobre la ligadura de trompas de su esposo que la mujer reveló a ver si así se apiadaban de ella y conseguía el empleo. 

Pero ni por esas: se quedó sin trabajo y se volvió a Valladolid. Se equivocó: tanto ella como la funcionaria despedida por el concejal del PP de Madrid debían haberse mostrado comprensivas y dispuestas a firmar un contrato con una sola cláusula: “Me comprometo a llevar cinturón de castidad al menos hasta los 80 años”. Creo que les habría ido mucho mejor en este avanzado e igualitario país llamado España y hasta puede que la próxima Pasarela Cibeles presentara la nueva colección primavera – verano de cinturones de castidad para mujeres fértiles en busca de trabajo.

Otra recesión y yo con estos pelos

Pues sí, amigos míos: dicen los que saben que estamos justo al borde de otra recesión económica en la eurozona, con lo que ya irían tres seguidas. O mejor dicho, una que no acaba nunca para los que seguimos pagando la crisis económica y la tercera para los que sólo tienen en cuenta las grandes cifras de la economía, esas con los que el Gobierno suele llenarse la boca hasta atorarse. ¿Qué es una recesión macroeconómica, se preguntarán ustedes mientras ven criar telarañas en la cuenta del banco y el sueldo, si lo tienen, apenas les llega a fin de mes? Copio y pego: "Recesión macroeconómica es la disminución o perdida generalizada de la actividad económica de un país o región, medida a través de la bajada en tasa anual del Producto Interior Bruto real durante un periodo suficientemente prolongado". Y aunque no hay mucha coincidencia sobre cómo de largo debe de ser ese periodo de penurias, se admite que hablamos de recesión cuando la economía entra en barrena durante tres trimestres consecutivos. 

Es, en otras palabras, lo que los amigos de los eufemismos como el ministro De Guindos suelen llamar el “crecimiento negativo” y lo que los ciudadanos de a pie llamamos “estar jodidos”, con perdón. Porque al final, y a los hechos me remito, somos esos ciudadanos de a pie los que cargamos con las consecuencias de la bendita recesión. Y mucho me temo que es lo que volverá a pasar si efectivamente caemos otra vez en esa situación, camino de la cual parece que vamos de modo imparable. Algunos datos macroeconómicos indican que se acerca otra tormenta perfecta. Es el caso de los precios, que siguen a la baja en la zona euro ante la congelación del consumo y la cadena de consecuencias que eso comporta, con la destrucción de empleo o la no contratación de nueva mano de obra como primera derivada y la paralela caída de los salarios que realimenta el círculo vicioso. 

También es el caso del crédito bancario, que sigue atorrado mientras los bancos siguen haciendo negocio con la deuda pública e incluso guardándolo en el Banco Central Europeo aunque Mario Draghi les cobre intereses por ello. Es la desaceleración del crecimiento – otro bonito eufemismo para referirse a una economía que empieza a carburar mal – en países que se supone son motores para tirar del carro. Véase el ejemplo alemán, en donde el gobierno de la reina de la austeridad fiscal, Ángela Merkel, no ha tenido más remedio que revisar a la baja sus previsiones de crecimiento para este año y el que viene. Y por señalar un dato más, son las exportaciones – el Santo Grial de la economía española para el Gobierno - que están frenando en seco ante la falta de demanda en una eurozona llena de temores e incertidumbres. 

Aunque hay algunos más, estos elementos se bastan y sobran para exponernos a otro periodo de estancamiento económico de duración imprevisible. Dicho lo cual me vienen a la memoria las declaraciones con las que Luis de Guindos nos alegró la vuelta de las vacaciones. Dijo entonces el ministro que la mala situación económica en la eurozona podría tener nefastas consecuencias para nuestro país. A los pocos días y tras deshacerse de Ruiz – Gallardón, Mariano Rajoy se fue a Pekín a venderle a los empresarios chinos que el crecimiento económico español ya estaba asombrando al mundo y parte del universo. A la vuelta se presentaron los Presupuestos Generales del Estado para 2015 y el triunfalismo sobre las previsiones económicas para el año que viene inundó los discursos del Gobierno. 

El antes prudente Luis de Guindos aseguró sin despeinarse que la economía española crecerá el año que viene el 2% y el paro bajará hasta situarse en torno al 23%. Para de Guindos, los nubarrones sobre la economía europea habían desaparecido del horizonte como si hubieran sido una simple tormenta de verano. Según el ministro, España ha corregido sus desequilibrios macroeconómicos entre los que no cuentan al parecer ni el paro ni la deuda. Más ufano aún si cabe que Guindos, el ministro de Hacienda insistió en su mantra más querido en los últimos tiempos: el crecimiento económico del año que viene compensará con creces la caída de ingresos derivada de ese sucedáneo de reforma fiscal del que se siente tan orgulloso. Ahora que, como ya vaticinaban los analistas y están confirmando los datos macroeconómicos, la recesión parece cada vez más cerca me pregunto si mantendrán el mismo optimismo Rajoy y los suyos. 

Es muy probable que sí, puesto que la marca de la casa es sostenella y no enmendalla así truene y relampaguee. El objetivo – y la causa última de esta situación - es la austeridad fiscal a toda costa y que salga el sol por Alemania. Si las previsiones macroeconómicas no se cumplen y las cuentas no cuadran – como es fácil que ocurra - ya encontrarán Montoro y compañía la forma de que pongamos de nuestros bolsillos lo que falte y un poco más. Y si aún no llega hay más soluciones, entre ellas pedirle por favor al clan pata negra de Caja Madrid que tenga la bondad de devolver lo que robó, a las grandes empresas beneficiadas por el Impuesto de Sociedades - Telefónica, Santander e Iberdrola - que hagan lo mismo y a los 90.000 nuevos ricos que hay en España desde el inicio de la crisis que hagan una obra de caridad por el bien del país y el cumplimiento del objetivo de déficit. Si lo pide Montoro quién se puede negar. 

Cataluña: la hora de la política

Artur Mas se desdice e, incumpliendo lo que había prometido y las leyes y decretos que había impulsado, ha aparcado la consulta soberanista del 9N. No obstante, ha advertido que ese día habrá “urnas y papeletas” aunque no ha dicho con qué cobertura legal, puesto que la mayoría de los decretos firmados por el propio presidente catalán están suspendidos por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno central. Mas vuelve a adoptar la táctica de la astucia y esconde sus cartas para que el Gobierno del Estado no recurra sus nuevas decisiones y queden anuladas las pocas agarraderas legales que le quedan para continuar adelante con una apuesta que él mismo acaba de descafeinar hasta dejarla prácticamente irreconocible. Se llama salvar los muebles y para ello se propone no firmar ningún nuevo decreto susceptible de recurso de inconstitucionalidad. 

El anuncio de Mas ha roto en mil pedazos la unidad de las fuerzas soberanistas catalanas que apostaban por la consulta y que ahora se sienten traicionadas por el presidente. Esquerra Republicana de Cataluña, a la que el cambio de escenario anunciado por Mas ha cogido con el pie cambiado, amagó incluso con una declaración unilateral de independencia si no se celebra la consulta. No obstante, en las últimas horas su líder Oriol Junqueras ha moderado esa posición y se ha ofrecido a colaborar con el Gobierno catalán en el sucedáneo de consulta anunciado hoy por el presidente. A renglón seguido, el líder republicano ha dicho que ante la ruptura del consenso hay que ir a elecciones anticipadas en Cataluña. Es, en otras palabras, el abrazo del oso al que Junqueras no está dispuesto a renunciar y al que Mas está indisolublemente unido desde que decidió ponerse al frente del movimiento soberanista y enarbolar la bandera como el primero. 

Consciente de que lo que quiera que ocurra ese día de noviembre no es ni de lejos lo que había prometido cumplir y carecerá de fuerza vinculante alguna, el presidente ha dejado caer que tras las votaciones del 9N habrá comicios anticipados en Cataluña para “reconfirmar” lo que hayan dicho las urnas. Lo que en otras palabras suena claramente a elecciones plebiscitarias en las que Mas no va a jugar precisamente con las mejores cartas después de su fallida apuesta por el “derecho a decidir”. Si definitivamente da el paso de convocar a las urnas tras la consulta del 9N le hará un inmenso favor a ERC, fuerza que ya se frota las manos tras las recientes encuestas que la sitúan como clara ganadora y que tendrá así la posibilidad de presentarse ante los electores como la única que ha conservado las esencias de la consulta soberanista convertida hoy en algo similar a un sondeo de opinión pública. El escenario que se abriría en ese caso podría ser incluso mucho más delicado que el que dibujaba la consulta del 9N retirada por Mas. 

En Madrid, el anuncio del presidente catalán ha sido acogido con un suspiro de alivio. Mariano Rajoy dijo, incluso antes de que hablara Artur Mas para explicar el cambio de escenario, que era “una excelente noticia” y volvió a repetir el mantra de las leyes y la Constitución y a ofrecer diálogo. Preguntado por qué cosas concretas ofrece el Gobierno central a los ciudadanos catalanes que desean votar el 9N, el presidente repitió también las vaguedades a las que ya nos tiene acostumbrados en este y en otros asuntos: “La única oferta que puedo hacer es de futuro”, dijo Rajoy. Y añadió, filosófico: “En la vida lo mejor es mirar al futuro y superar algunas cosas que hemos vivido en los últimos tiempos. Lo que hay que hacer es dialogar y hablar”. Y todo, por supuesto, en el marco de la Ley y la Constitución, faltaba más. ¿Oferta de futuro? ¿mirar al futuro? ¿superar “algunas cosas” que hemos vivido juntos? ¿qué cosas? ¿dialogar y hablar sobre qué? 

Estas plúmbeas manifestaciones de Rajoy sólo vienen a confirmar su inmovilismo más absoluto ante un asunto que desde hace tiempo ha traspasado el terreno meramente jurídico para adentrarse de lleno en el político. Ese es precisamente el terreno que Rajoy no se atreve a pisar ante el vértigo que le producen tanto a él como a su partido cosas como, por ejemplo, la reforma de la Constitución e incluso, la posibilidad mucho más remota de ser el propio Gobierno del Estado el que convoque la consulta catalana. También es posible que ya sea tarde para esa opción ante el cariz que ha tomado la situación catalana. Sin embargo, a la vista de que Mas no ha tenido más remedio que arriar la bandera de la consulta, debería también Rajoy arriar al menos un poco la de la Ley y convertir su hasta ahora vacía oferta de diálogo en algo concreto y tangible. Puede que esta sea la última oportunidad que tenga para hacerlo.    

Desinfectando a Rato

El Ministerio de Sanidad ha tenido que cambiar un protocolo del ébola buenísimo y de riesgo cero porque en cuanto se presentó el primer caso se demostró que estaba lleno de agujeros y la gestión política solo contribuyó a agravarlo. Sanidad tardó una semana en darse cuenta de que el protocolo no servía y ha corregido los fallos, esperemos que para bien y sin que ello excluya la asunción de responsabilidades de quien, como la ministra Mato, juraba que no había protocolo mejor. Con mucha más calma se lo toman partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales cuando se trata de enseñar la puerta de la calle a los militantes pillados con el carrito de los helados. Llegado ese momento crítico los anquilosados y garantistas protocolos se imponen a las decisiones fulminantes y quedan para las calendas griegas lo que cualquiera en cualquier otro ámbito que no fuera el político, el sindical o el de las organizaciones patronales haría inmediatamente: expulsión fulminante. 

A la vista del escándalo de las tarjetas en negro de Caja Madrid, unos y otros se han agarrado con más o menos fuerza a sus respectivas normas para posponer una decisión sobre la que no debería haber dudas. No estamos ante meras sospechas o rumores sino ante evidencias reconocidas por los mismos que durante años han tirado de tarjetas en negro para sus gastos y caprichos personales, sus comidas en restaurantes de lujo, sus vacaciones, joyas, vino y cacerías en África. No cabe aquí tanto expediente informativo que luego será de expulsión para dar paso más tarde a la expulsión propiamente dicha. Los ciudadanos no entienden la pachorra con la que las fuerzas políticas, los sindicatos y las patronales afrontan este tipo de situaciones y, como es lógico, terminan por no creerse una palabra de tanta verborrea sin contenido ni ejemplos palpables sobre la transparencia y la regeneración política. 

En el caso de las tarjetas de Caja Madrid tienen todas las organizaciones implicadas una magnífica ocasión para demostrar que su discurso regenerador no es mera palabrería y sí voluntad decidida de acabar con este tipo de prácticas que ahondan más si cabe la brecha entre los ciudadanos y la política. El caso paradigmático lo encontramos una vez más en el PP y en Rodrigo Rato, todo un ex ministro de economía, ex gerente del Fondo Monetaria Internacional y en su día hasta aspirante a suceder a Aznar, pringado también en el escándalo de las tarjetas. Rato, Blesa y Sánchez Barcoj deberán comparecer el jueves ante el juez en calidad de imputados por el uso de las tarjetas en negro, pero ni aún así encuentra el PP razones para una expulsión fulminante del partido. 

Tampoco ve nada reprobable en el hecho de que el otrora todopoderoso ministro haya devuelto parte del dinero birlado y que empleó en cosas tan edificantes y relacionadas con sus funciones como presidente de Caja Madrid como la compra de alcohol, frecuentar salas de fiesta y adquirir arte sacro. Parece que tanto en el PP como en otros partidos, sindicatos o patronales a nadie se le ocurre todavía preguntarse por qué devuelve alguien dinero que no ha robado ni por qué lo acepta si sabe que no es suyo.

Carlos Floriano, ese infalible vicesecretario que tienen los populares para hablar de vez en cuando con los medios, se ha pasado la mañana despejando balones fuera cuando los periodistas le han preguntado con insistencia si el PP piensa expulsar a Rato de sus filas. Según Floriano, primero hay que abrir expediente informativo, después y a la vista del resultado convertirlo o no en expediente de expulsión y, por último y si no hay más remedio, se procede a comunicarle a Rato que, sintiéndolo mucho, queda expulsado del PP. Eso sí, dice Floriano que todo eso ocurrirá “cuanto antes”, lo que puede significar también no antes de que sea el propio Rato el que pida la baja en el PP y le ahorre este mal trago al partido. 

Si los partidos políticos como el PP o las organizaciones empresariales como la CEOE – que aún mantiene como vicepresidente a un personaje de la catadura moral de Arturo Fernández, pillado también in fraganti con una tarjeta en negro – no entienden que la opinión pública ya no admite más dilaciones en la adopción de medidas contundentes contra la corrupción, pueden ahorrarse todos el huero discurso regeneracionista. La gestión de Sanidad con el ébola ha puesto en riesgo la salud pública pero la pachorra para actuar contra la propia corrupción y pedir responsabilidades sólo al adversario pone en riesgo algo igualmente valioso: la salud democrática de un país, lo suficientemente deteriorada ya como para continuar con juegos de manos, excusas y evasivas.

Los jetas de la tarjeta

Si el asombro por la tercermundista gestión política de la crisis del ébola no tiene límites, el relacionado con el selecto club de los jetas de las tarjetas pata negra de Caja Madrid no le va a la zaga. Todo un ex ministro de Economía y ex gerente del Fondo Monetario Internacional – Rodrigo Rato – tirando de tarjeta para pagarse joyas, comidas en restaurantes de cuatro y cinco tenedores y hasta arte sacro; todo un inspector de Hacienda y banquero por la gracia de Aznar – Miguel Blesa – usando la tarjeta para pagar 9.000 euros por un safari y 10.000 en vino que supongo no era precisamente peleón; todo un ex secretario general de la UGT de Madrid – José Ricardo Martínez – puliéndose 12.750 euros en un mes en El Corte Inglés; todo un rojo de IU como José Antonio Moral Santín, que se bebió y comió en restaurantes preferiblemente especializados en arroz la friolera de casi 65.000 euros, lo que ni un chino en toda su vida; y por citar uno más, todo un ex jefe de la Casa Real y asesor privado de Felipe VI – Rafael Spottorno – que también se puso morado en restaurantes y tiendas caras y gastó la banda magnética de su tarjeta de tanto meterla y sacarla de los cajeros automáticos de los que extrajo casi 52.000 euros en fajos de 500 y 600 cada vez, probablemente para propinas en los selectos lugares que frecuentaba. 

Y así hasta 86 ex directivos y ex consejeros de Caja Madrid de todos los partidos, de los sindicatos y de la patronal. Rectifico: no todos hicieron uso de esa tarjeta con la alegría de la mayoría: cuatro almas cándidas, de las que posiblemente se esté partiendo de risa el resto de compadres, no gastaron un solo euro y uno sólo se gastó 100 euros, seguramente para gasolina. Los cinco merecen un monumento frente a las Torres Kío de Madrid que ahora sabemos que no están inclinadas porque las proyectara así un arquitecto en un momento de alucinación, sino porque los pata negra de la tarjeta fantasma les estaban corroyendo los cimientos como las termitas. 

Diez de ellos han dimitido de sus cargos y algunos hasta han tenido la mínima decencia de devolver el dinero que habían trincado a Caja Madrid. Entre ellos está Rato, del que se sospecha que recibió un conveniente soplo de su amigo Luis de Guindos para que devolviera la pasta gansa gastada con la tarjeta antes de que la Justicia se le echara encima. A de Guindos le preguntaron el otro día por eso y aunque me dio la sensación de que se ponía un poco colorado salió al paso espetándole a los periodistas que no estaba dispuesto a entrar en “asuntos privados”. ¿Asuntos privados? ¿De quién? 

Sin embargo, la inmensa mayoría de los tarjeteros continúa atrincherada esperando a que escampe y otros, como el inefable presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, se hace el inocente y dice que a él nadie le explicó nunca que el dinero de la tarjeta no caía del cielo como el maná. Lo mismo debió pensar Miguel Blesa, a pesar de haber compartido pupitre con Aznar cuando ambos estudiaban para inspectores de Hacienda. Por no citar a todo un ex Secretario de Estado de Hacienda como Estanislao Rodríguez - Ponga, que de estas cosas seguramente tampoco tiene ni idea a pesar de ser también Inspector de la Agencia Tributaria como Blesa. Una Agencia Tributaria que ahora se pone digna e investigadora pero que cuando en 2007 supo del desmadre de las tarjetas no hizo absolutamente nada para ponerle fin. 

Blesa, su mano derecha Ildefonso Sánchez Barcoj – que tampoco se quedó atrás en el deporte del robo a cara descubierta - y Rato tendrán que declarar el jueves como imputados ante el juez Andreu, que acaba de abrir una pieza separada del “caso Bankia”. Lo que no me explico es porque sólo han sido imputados estos tres mosqueteros del sablazo y no el ejército entero de roedores como no sea porque el juez vea en ellos a los ideólogos y urdidores del montaje de las tarjetas con el fin de ganarse el favor del resto de los directivos y consejeros untados con tan apetitoso e irresisible regalo. Sí espero que Andreu sea prudente y no se le ocurra mandar a la trena a estos tres próceres nacionales del dinero de plástico con cargo a los clientes de Caja Madrid. 

Supongo que el magistrado habrá entendido el mensaje que esta misma semana acaba de enviar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al condenar al juez Elpidio José Silva a 17 años de inhabilitación. Silva, que ha cumplido ya los 55 años, puede dar por terminada su carrera judicial y todo por atreverse a meter dos veces entre rejas al pobre Miguel Blesa. 

Mientras, seguimos esperando a ver si con un poco de suerte el juicio contra Luis Bárcenas o la depuración de responsabilidades por el otro robo de Blesa y los suyos, el de las preferentes, tiene lugar en alguna fecha próxima a las calendas griegas. Aunque quien diga que la justicia española es lenta no sabe de lo que habla: para jubilar a Silva de la magistratura sólo han hecho falta unos pocos meses y en una sentencia express se le ha enseñado el camino de casa con el fin de que tenga tiempo suficiente para escribir toda una saga literaria sobre el desahucio de la justicia en España. Y es que si hablamos de Justicia en este país, la velocidad pasa a ser sólo un concepto muy relativo: a unos los atropella sin frenar y a otros les cede el paso con educación, máxime si van cargando a hombros con la caja fuerte. 

Ébola: a peor la mejoría

Estamos muy alarmados en España por el contagio de Teresa Romero, la auxiliar de enfermería infectada por ébola y cuyo estado de salud ha empeorado en las últimas horas. Pero no sólo estamos alarmados, estamos también cada vez más estupefactos e indignados ante la desastrosa gestión política de esta crisis sanitaria y ante la cadena de despropósitos y fallos de un protocolo que más que de seguridad ha sido de absoluta inseguridad. Si a eso le unimos las incalificables declaraciones del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid acusando a la auxiliar de enfermería de mentir o diciendo que para colocarse uno de los trajes de seguridad no hace falta realizar un máster, la indignación casi no tiene límites. 

La alarma, el asombro y la indignación son reacciones naturales en una ciudadanía que se siente absolutamente huérfana de información por parte de quienes, en lugar de esconderse detrás de los expertos, tienen que dar la cara y afrontar sus responsabilidades. Se supone que esa es una obligación de la ministra Mato, pero desde el lunes por la tarde – y han pasado ya tres días – nada más ha vuelto a decir que merezca la pena comentar sobre una de las peores situaciones de sanidad pública que ha vivido nuestro país en muchos años. Blindada a cal y canto por el presidente Rajoy, Mato continúa al frente de un ministerio estratégico para cualquier país que a todas luces le queda demasiado grande ante su más que demostrada incapacidad para gestionar los intereses públicos, aunque tal vez no para los privados. 

Ni están de más los mensajes de prudencia pero las informaciones sobre los errores del protocolo y las negligencias de quienes estaban obligados a hacerlo cumplir solo abonan el terreno para la especulación y la pérdida de confianza – si es que quedaba alguna – en los responsables de gestionar esta crisis y, lo que es peor, en el sistema sanitario de este país. Mato no debe permanecer ni un minuto más al frente de Sanidad: la gestión de esta crisis debe asumirla directamente el presidente. Rajoy tiene ya que dejar de decir estupideces como que “todos los líderes europeos han alabado lo bien que lo está haciendo España” o que Mato es ministra porque cuenta con su apoyo. 

Lo que tiene que hacer es remangarse, quitarse su permanente traje de seguridad ante los medios y ante la sociedad y ponerse la ropa de faena, dar la cara ante los españoles y explicar qué está pasando y por qué ha pasado lo que ha pasado, sin medias tintas, sin plasmas, a tumba abierta y caiga quien caiga. Con ser lo más importante en estos momentos, no solo está en juego la vida de una auxiliar de enfermería, está en juego la salud de las personas con las que se le permitió mantener contacto a pesar de presentar síntomas de la enfermedad, está en juego la credibilidad y la confianza en la sanidad pública de este país y está en juego algo tan valioso como la salud pública de la población. No son cuestiones menores para despachar con absurdas declaraciones como las que acostumbra a hacer el presidente cuando pintan bastos, sino un asunto de una indudable gravedad que puede traspasar incluso nuestras fronteras. 

Volviendo al principio, es lógico que la sociedad española esté alarmada e indignada por lo que ocurre con este caso de ébola. Tal vez las cosas serían distintas si como sociedad nos hubiéramos interesado de verdad por la situación en los países africanos como Liberia, Sierra Leona o Guinea Conakry en los que cada hora se producen tres nuevos contagios, en donde son cerca de 4.000 las víctimas mortales del ébola y más de 8.000 los infectados. Tendríamos que haber exigido al Gobierno que colaborara con estos países en lugar de repatriar misioneros enfermos para atenderlos en un país en donde ha quedado demostrado que los protocolos de seguridad son una filfa y el personal sanitario apenas ha recibido entrenamiento. 

Ahora y siguiendo los pasos de Estados Unidos o el Reino Unido se anuncia que en breve se enviará una unidad militar con base en Canarias a Guinea Conakry cuyo objetivo será el transporte de material sanitario. No son soldados lo que necesitan estos países, sino sanitarios experimentados como los de la organización Médicos Sin Fronteras, cuyo ofrecimiento para colaborar rechazó con displicencia el Gobierno español. Mientras el sordo mundo occidental siga mirándose su ombligo y pensando que los problemas de los africanos no son también sus problemas, no habremos avanzado absolutamente nada. 

Como no cambiemos radical y urgentemente el rumbo, gastaremos miles de millones de euros en atajar en casa un problema que debió haberse combatido desde el principio en los países en los que surgió y se extendió hasta alcanzar niveles epidémicos. El coste en vidas humanas habría sido infinitamente menor y en recursos económicos también. En definitiva, lo que nos está pasando ahora no es otra cosa que la penitencia por nuestro desinterés y el de nuestros gobiernos ante una realidad que no vemos porque nos resulta incómoda o simplemente porque creemos que nada tiene que ver con nosotros. A la vista está que tiene mucho que ver.

Ébola, un desastre sin paliativos

Pasan los minutos, las horas y los días y no se aprecia vida inteligente en el Gobierno español tras el caso de contagio de ébola en nuestro país. El presidente Rajoy y su incombustible ministra Ana Mato han pedido esta mañana al unísono que se deje trabajar a los “expertos” y se aparque cualquier veleidad de pedir dimisiones. Rápidamente han olvidado que el propio Rajoy, Mato, Cospedal y otros dirigentes y cargos públicos del PP pidieron la cabeza de Carme Chacón, entonces ministra de Defensa, tras la detección de un brote de gripe A en un cuartel militar. Ahora nos piden que dejemos a los “expertos” para que hagan su trabajo pero no nos aclaran ni quiénes son los expertos ni en qué consiste exactamente el trabajo. Y mientras Rajoy se va a Milán a participar en una enésima e inútil cumbre europea sobre empleo, Mato se queda escondida en Madrid a resguardo de preguntas incómodas. 

De manera que, ante la falta de información oficial, no nos queda a los ciudadanos otra solución que intentar mantener la calma y seguir la evolución de los acontecimientos a través de los medios de comunicación intentando separar las informaciones veraces del amarillismo sensacionalista y de las redes sociales plagadas de disparates. En declaraciones a EL PAÍS, la auxiliar de enfermería contagiada del ébola admite que tal vez pudo haberse tocado la cara con los guantes del traje de protección tras atender al sacerdote García Viejo. Es una posibilidad plausible de la fuente del contagio pero no aclara ni de lejos la cadena de fallos que parecen afectar al ya famoso protocolo de seguridad que, a la vista de los hechos, no era tan seguro como Ana Mato nos quiere aún hacer creer. 

Pero que no esperen ni Mato ni la Comunidad de Madrid que estas palabras de la auxiliar de enfermería serán la puerta por la que podrán escapar a sus responsabilidades y achacar todo el problema a un error humano para pasar página como si aquí no hubiera pasado nada. Lo que en realidad demuestran esas declaraciones es que el protocolo en cuestión falló y no solo una vez. Por ejemplo, cuando la auxiliar de enfermería se quitó el traje de protección otro sanitario debía haber estado presente para evitar precisamente que se tocara la piel. ¿Lo estuvo? No lo sabemos. También seguimos sin saber las razones por las que no se le hizo un seguimiento estricto a la auxiliar de enfermería desde que concluyó su trabajo con el sacerdote fallecido y por qué no se le practicaron las pruebas del ébola desde el momento mismo en el que manifestó tener décimas de fiebre. 

¿No sabían acaso los responsables sanitarios que la profesional había atendido a un enfermo de ébola y que tenían obligación de vigilarla estrechamente por si presentaba algún síntoma sospechoso? En total se dejó pasar entre una semana y diez días – tampoco esto está claro – en los que esta mujer entró en contacto con su marido, sus vecinos ahora alarmados ante la falta de información, sus compañeros de trabajo y hasta miles de personas con las que concurrió a unas oposiciones cuando ya se sentía mal. Si eso no se llama absoluta negligencia incluso criminal por parte de los responsables de controlar de cerca al equipo sanitario que había atendido al misionero García Viejo no se me ocurre otra manera de calificarla. 

Y por sí aún faltaba algo para convertir la gestión de este asunto en un desastre sin paliativos, también se ha sabido hoy que la propia auxiliar de enfermería se enteró por los medios de comunicación de que había contraído el ébola. Todos estos extremos, así como las carencias de información y formación para atender casos de ébola de las que se quejan los profesionales sanitarios, son los que siguen sin aclarar Ana Mato y la Comunidad de Madrid, que ahora parecen a punto de caer en la tentación de pasarse mutuamente la responsabilidad de lo ocurrido y como se suele decir vulgarmente echarle la culpa al muerto, es decir, al misionero con ébola repatriado desde Sierra Leona. Más allá de que se pueda debatir sobre si deben o no repatriarse a enfermos de ébola – Noruega acaba de repatriar a una cooperante infectada por el virus - cada vez parece más evidente que no fue el traslado a España de este paciente lo que ha creado esta situación. Otros países como Francia o Alemania han repatriado a compatriotas infectados y no ha pasado lo que en España. 

Las causas hay que buscarlas en una gestión sanitaria y política desastrosa en un país cuyo gobierno desprecia lo público – incluida la sanidad - y hace todo lo posible y lo imposible por desmantelarlo. Las causas – como diría Aznar – no hay que buscarlas en desiertos lejanos ni en selvas africanas sino mucho más cerca de casa, en responsables políticos como Ana Mato o como Mariano Rajoy que ante la peor crisis sanitaria de la historia reciente de este país ni informan a los ciudadanos con transparencia ni aceptan las críticas y la necesidad de depurar responsabilidades. Sólo se les ocurre a Rajoy y a Mato pedirnos que dejemos trabajar a los expertos, con lo cual lo único que cabe preguntarse es para qué demonios necesitamos al Gobierno.

Ébola: información, información y más información

Casi un día después de que una cariacontecida ministra de Sanidad compareciera ante los medios para confirmar el primer caso de contagio del ébola más allá de las fronteras africanas, nada más se ha vuelto a saber ni nada más hemos vuelto a escuchar de su boca. La de ayer tarde fue una rueda de prensa lamentable para decir lo que ya había saltado a todos los medios de comunicación, que España acababa de adquirir el dudoso honor de convertirse en el primer país no africano del mundo con un caso de contagio por ébola. Si Ana Mato pretendió tranquilizar a la sociedad es evidente que no lo consiguió porque nada aclaró sobre las causas del contagio y, encima, ni se dignó a responder cuando se le preguntó por posibles responsabilidades políticas en este asunto, empezando por la suya. Se limitó la ministra a asegurar que los protocolos de seguridad se han aplicado a rajatabla – algo que está por ver - y a anunciar una investigación exhaustiva para detectar dónde ha estado la fuente del contagio. Y hasta la fecha. 

Sanidad tendrá que contestar si es cierto que el personal que atendió al sacerdote García Viejo, fallecido por ébola tras su repatriación desde Sierra Leona, no disponía de los trajes de protección adecuados. Es imprescindible que explique también las razones por las que se dejó pasar una semana para atender a la auxiliar de enfermería contagiada que se había quejado de fiebre apenas poco después de haber formado parte del equipo sanitario que atendió a García Viejo. El protocolo de seguridad establece que los sanitarios que atienden a este tipo de pacientes deben pasar un periodo de cuarentena de 21 días, con lo cual tiene el Ministerio que explicar por qué se la mandó a su casa e incluso se le permitió irse de vacaciones a pesar de que manifestaba tener fiebre y aunque esta no alcanzara los 38,6 grados que establece el propio protocolo. 

Del mismo modo tiene que dar una explicación de las razones por las que el Hospital Carlos III no se desalojó para atender a García Viejo y sí para Miguel Pajares, el otro religioso español también fallecido por ébola tras su repatriación desde Liberia. ¿Es cierto, como han denunciado hoy los sindicatos de enfermería, que a los profesionales sanitarios sólo se les impartió un cursillo acelerado de apenas una hora sobre cómo ponerse los trajes de protección para manejar a pacientes con ébola? ¿Y es cierto que el personal sanitario que atendió a estos enfermos continuaba al día siguiente con sus turnos laborales habituales sin que se tomara ningún tipo de precaución? Son otras dos cuestiones que también tendrá que aclarar Ana Mato o la Comunidad de Madrid y cuanto antes mejor. 

Esto nos lleva también a abordar el debate sobre si es lo más adecuado repatriar a españoles contagiados del ébola para ser atendidos en nuestro país. Por razones humanitarias no cabe la menor duda que es lo que hay que hacer y es lo mismo que hacen otros países como Francia o Estados Unidos. Habría supuesto un desprecio y una incalificable falta de humanidad que España hubiera dejado morir a estos dos religiosos en África que, al fin y al cabo, dieron sus vidas por quienes más los necesitaban. Sin embargo, por razones de salud pública las cosas no parecen tan evidentes si, como en el caso de España, tampoco parece haber las suficientes garantías para evitar un contagio como el que se confirmó ayer. 

En este punto cabe recordar que el Carlos III era hasta principios de este año el centro nacional de referencia para alertas epidémicas. Sin embargo, el tsunami privatizador de la Comunidad de Madrid desmanteló la unidad y dispersó a la práctica totalidad de su personal especializado por otros centros sanitarios con el fin de convertir el hospital en centro de crónicos y descargar de ese modo a la sanidad privada de clientes “no rentables”. Se mire como se mire y a expensas de las explicaciones que la ministra Mato está tardando demasiado tiempo en dar a la sociedad española y asumir de inmediato las responsabilidades que correspondan, lo ocurrido con este caso de contagio de ébola en España representa un sonoro fracaso de un sistema sanitario aturdido y desconcertado ante los recortes que viene aplicando desde hace tres año el Gobierno del que Mato sigue siendo ministra a pesar de su escandalosa relación con la trama corrupta Gürtel. 

También es un fracaso de la llamada comunidad internacional en su conjunto, la misma que ahora se alarma porque el ébola sale de África pero en ningún momento ha ido más allá de las palabras y de las buenas intenciones a pesar de pedirle e implorarle la Organización Mundial de la Salud que colabore de verdad y envíe personal sanitario para detener una epidemia que se propaga a enorme velocidad en países completamente desbordados y sin recursos para hacerle frente. ¿Alguien puede entender que Cuba, un país pobre con 11 millones de habitantes, haya enviado 165 médicos a la zona y Estados Unidos, el país más rico del mundo y con 316 millones de habitantes, haya enviado 3.000 soldados? Por cierto: ¿alguien sabe qué personal sanitario ha enviado España a los países más castigados por el ébola?

Esperando por el Círculo

Una semana después de que el ministro Montoro diera a conocer en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado para 2015, seguimos esperando el contundente comunicado habitual del Círculo de Empresarios de Gran Canaria valorando el trato que reciben en ellos las Islas Canarias. Puede que se les haya petado el ordenador o que anden enfrascados en sus negocios, pero lo cierto es que empezamos a echar en falta el pormenorizado y riguroso análisis de este lobby empresarial, tan diligente cuando se trata de arremeter contra los presupuestos de la comunidad autónoma, el rechazo a las prospecciones o la posibilidad de que los ricos de estas islas tengan que pagar un poco más al fisco y tan lento de reflejos cuando de lo que se trata es de analizar las cuentas de Rajoy. 

Es extraño, la verdad, que una semana después no hayan dicho aún esta boca es mía para ponderar como se merece que un convenio como el de carreteras, firmado y sellado por el Gobierno del Estado y el de Canarias se incumple año tras año por parte de la primera parte contratante sin que el Círculo de Empresarios de Gran Canaria ponga el grito en el cielo inmediatamente. La congelación de la partida destinada a ese convenio, que no es una graciosa concesión del Gobierno del Estado sino – insisto – un compromiso firmado y sellado, va a tener seguramente repercusiones negativas sobre las empresas adjudicatarias de las obras adscritas al acuerdo. Puede que algunas de ellas tengan que recurrir incluso al concurso de acreedores y puede que hasta tengan que despedir trabajadores. 

Por no hablar de los años que llevan esperando ciudadanos de estas islas a los que en su día se les prometió modernizar sus vías de comunicación y ahora comprueban que lo que firma el Gobierno del Estado se puede incumplir alegremente con la excusa del déficit, la situación económica o cualquier otra milonga. Ante esto calla el Círculo de Empresarios de Gran Canaria en un silencio como poco elocuente cuando no escandaloso. Tampoco ha abierto la boca ni emitido comunicado alguno sobre la desaparición de los fondos para las políticas activas de empleo en las islas, ellos que siempre se lamentan de las altas tasas de paro que sufre Canarias, que alaban sin tapujos la reforma laboral y hacen votos a favor del petróleo como el maná creador de decenas de miles de puestos de trabajo. 

Tampoco se han pronunciado sobre el nuevo recorte en las subvenciones para la producción de agua desalada en Canarias, al que los presupuestos del Estado le rebanan otro medio millón de euros el año que viene después de dejarlas en apenas cuatro millones este año. Y todo ello con dos islas – Lanzarote y Fuerteventura – que dependen por completo de la desalación de agua y otra – Gran Canaria – que depende en gran medida. Tampoco ha salido en tromba esta vez el Círculo de Empresarios a criticar que los Presupuestos del Estado le hayan vuelto a hacer una higa al Régimen Económico y Fiscal de Canarias, ese que tanto suelen defender cuando comporta subvenciones sin cuento para los empresarios y posibilidades infinitas de escamotear el pago de impuestos a través de la Reserva de Inversiones de Canarias. 

A lo que se ve, al Círculo no le enfría ni le calienta que estas islas se alejen cada vez más de la media de inversión per capita del Estado, justo lo contrario de lo que establece el Régimen Económico y Fiscal. Que el Gobierno de Rajoy destine una inversión de 127 euros por cada habitante de estas islas frente a los 242 de media nacional es algo que no parecer ir con este selecto club de pensadores económicos. Lo mismo, silencio total, muestran ante un sistema de financiación autonómica que acumula año tras año un déficit con las islas que ya ronda los 1.000 millones de euros y sobre el que nunca ha dicho una palabra el Círculo de marras. 

No quiero ser mal pensado pero tal vez el silencio obedezca a que ese dinero se destina en su mayor parte a pagar la sanidad y la educación pública de aquellos que no tenemos la suerte de podernos permitir que nos atiendan en una clínica privada o que nuestros hijos estudien en un colegio de pago. En conclusión, ardo en deseos de leer el comunicado del Círculo de Empresarios de Gran Canaria sobre las cuentas de “la recuperación y el crecimiento” porque, a cada día que pasa sin que se pronuncie, es mayor el estruendo de su silencio político.

Robo a tarjeta armada

El lenguaje jurídico es muy retorcido y llama apropiación indebida a lo que cualquier ciudadano común llama robar, afanar, mangar o chorizar. Eso es lo que han estado haciendo durante muchos años casi 90 directivos y consejero de Caja Madrid con las tarjetas “black” – un nombre muy apropiado – que la propia entidad financiera les entregaba para que se compraran ropa, viajaran, pagaran hoteles y se regalaran opíparas comidas. Entre una cosa y otra, este clan de la tarjeta opaca le birló a Caja Madrid 15,5 millones de euros. 

Eso si contamos sólo el periodo sobre el que se ha realizado la auditoría externa encargada por el presidente de Bankia, entidad en la que se integró la caja madrileña, y que va de 2003 a 2013. No obstante, la propia auditoría revela que desde 1994 se habían entregado tarjetas de ese tipo, aunque no entra a explicar a quiénes ni cuál fue el gasto que se realizó con ellas. Sea como fuere, lo cierto y verdad es que una camarilla de directivos que cobraban sueldos millonarios anuales – Miguel Blesa, el presidente de la entidad, cobró el último año al frente de Caja Madrid más de 3 millones de euros – junto a una nutrida representación política, sindical y empresarial de consejeros han estado al menos una década saqueando masivamente las cuentas de la caja por cuya salud financiera tenían obligación de velar. 

A lo que se ve, por la única salud financiera que han velado durante todo ese tiempo ha sido por la suya particular de cada uno al tiempo que, unos por acción y otros por omisión, engañaban y robaban con todo el descaro del mundo a niños de pecho y a jubilados y pensionistas sin conocimiento financiero alguno con las tóxicas participaciones preferentes. Ni que decir tiene que los gastos de la tarjeta – que en casos como el de Blesa y su guardia de corps rondan el medio millón de euros - se ocultaban convenientemente al fisco mediante fórmulas tan ocurrentes como “errores informáticos”. Por supuesto, tampoco figuraron nunca en las nóminas de los afortunados poseedores de uno de esos pequeños trozos de plástico cantidad alguna en concepto de retribuciones en especie por las que habrían tenido que pagar impuestos. 

Con todo, ese ataque pertinaz a las cuentas de la entidad de la que ya cobraban jugosos sueldos no es lo peor, sino el hecho de que el robo fuera vox populi y nadie hiciera ni dijera absolutamente nada. Pedro Abejas, agraciado con una de esas tarjetas por su condición de consejero en representación del PP y que ahora acaba de poner en la puerta de la calle su propio partido, acaba de decir que todo el mundo sabía lo que ocurría y ha rematado añadiendo que, si lo que hacían es delito, todos los directivos de España tendrían que ir a la cárcel. Pues a lo mejor, aunque si no todo tal vez unos cuantos más que los que aparecen en esta explosiva auditoría. 

Hacienda, que como siempre está a verlas venir mientras Montoro piensa en amnistías fiscales y pajaritos preñados, se hace ahora la virtuosa dama mancillada y anuncia una investigación en las grandes empresas de otro selecto club, el formado por el IBEX 35, por si también ahí ha habido fiesta en negro con champán a cuenta de los accionistas. Luego nos encandilará el infalible ministro con unas cuantas estadísticas y proclamará ufano que la lucha contra el fraude fiscal progresa adecuadamente. Tampoco el Banco de España, otra entidad que cada día entiendo menos para qué rayos sirve, se llegó nunca a oler el pastel que se cocinaba a diario en Caja Madrid y tal vez en muchos otras cajas españolas. Como a Montoro y a sus antecesores en Hacienda, también a él lo tomaron por el pito del sereno y directivos y consejeros han podido reírse a placer en las barbas de los gobernadores del Banco de España de al menos la última década mientras se llenaban los bolsillos y limpiaban la caja fuerte. 

Ante el escándalo, casi todos los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales se rasgan ahora las vestiduras, prometen expedientes y anuncian dimisiones en un ejercicio de hipocresía de muy escasa credibilidad después de años colonizando las cajas de ahorro. Salvo el PP, por supuesto, que fiel a sus principios ante la corrupción pide calma, prudencia y, sobre todo, buenos alimentos, mejores hoteles, billetes en primera y trajes caros. Pero aún más indignante si cabe que el choriceo continuado de esta casta de sinvergüenzas, de la inopia de Hacienda, de la inutilidad del Banco de España y de los golpes de pecho de los políticos, es el hecho de que esto ocurre en un país en el que ha habido que tirar de dinero de todos los ciudadanos para rescatar a un buen número de cajas de ahorro podridas hasta los cimientos. 

Así, para impedir que Bankia no cayera como un castillo de naipes después de las trapisondas con sus cuentas y su disparatada salida a bolsa, los españoles hemos tenido que poner más de 24.000 millones de euros. Mientras, han continuado los desahucios como si aquí no hubiera pasado nada y para que los preferentistas vilmente engañados puedan recuperar el dinero que le afanaron los banqueros sólo hay pegas y trabas de todo tipo. 

Algunos de los encartados en este escándalo como Rodrigo Rato han corrido veloces a devolver el dinero que chorizaron con la tarjeta negra. Tal vez crean que con eso basta cuando eso sólo debe de ser el principio. Investigación exhaustiva, meticulosa y rápida e imponer responsabilidades penales contundentes para quienes han vivido el dolce far niente de tirar del dinero ajeno es lo mínimo que exige una sociedad asqueada de la casta de tramposos y ladrones que ha asolado a este país y aún pretende que sean las víctimas las que carguen con la pena.      

Petróleo: que decidan los canarios

Cuando una puerta se cierra otra se abre y cuando se cierran todas por algún sitio habrá que respirar. La primera decisión de José Manuel Soria cuando llegó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo fue resucitar un viejo decreto de prospecciones petrolíferas en Canarias que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había aparcado a la vista del escaso consenso que la actividad petrolera suscitaba en unas islas que viven del turismo y que poseen uno de los medioambientes más singulares del planeta. Soria, que venía de quedarse sin formar parte del Gobierno de la comunidad autónoma de la que es natural, puso de nuevo sobre la mesa la cuestión sin un mínimo acercamiento previo a las instituciones y a la sociedad canaria para conocer su parecer. A partir de ahí el debate de las prospecciones petrolíferas de Repsol en Canaria que dura ya tres largos años no ha hecho sino enconarse con el paso del tiempo. 

Frente al “sí” del ministro al petróleo sin ofrecer nada a cambio a los canarios, salvo los riesgos de un vertido de petróleo en sus aguas y costas, surgió inmediatamente el “no” de las instituciones canarias y, de modo creciente, de una buena parte de la sociedad insular. El debate se fue envenenando a medida que Industria continuaba dando pasos en la dirección deseada por Repsol, de la que el ministro da la preocupante sensación de ser su principal portavoz y conocer al dedillo todos sus planes: informe de impacto ambiental favorable elaborado por un ministerio cuyo titular – Miguel Arias Cañete - mantenía negocios privados con empresas petroleras y autorización definitiva por parte de Industria para iniciar los sondeos. Por el camino se soslayaron las pegas y advertencias de reputados científicos sobre los riesgos de la actividad, se añadió información al expediente que nunca vio la luz pública y se pospuso convenientemente hasta después de la autorización final la consideración de las aguas elegidas para las prospecciones como Lugares de Importancia Comunitaria para su inclusión en la Red Natura 2000 de la UE. 

Tras dos años de intenso rifi rafe político entre Madrid y Canarias en el que las inquinas personales entre Soria y el presidente de la comunidad autónoma, Paulino Rivero, también han jugado un papel no poco destacado, a instancias del Gobierno de Canarias el Parlamento autonómico solicitó en febrero de 2014 autorización al Gobierno del Estado para celebrar una consulta popular en las islas en la que los ciudadanos pudieran pronunciarse a favor o en contra de la actividad petrolífera en sus aguas. Ocho meses después y como ha hecho también ante otras muchas peticiones de Canarias a las que nunca ha atendido, el Gobierno de Rajoy sigue sin responder ni en sentido afirmativo ni en sentido negativo. 

Dicho en otras palabras, ha ignorado olímpicamente una petición formal realizada por un parlamento y un gobierno legítimos sobre un asunto de especial importancia para un territorio del que parlamento y gobierno son dos de sus instituciones principales. Las únicas respuestas que han recibido las islas ante esa petición han sido las declaraciones de fin de semana del ministro Soria y de sus compañeros canarios del PP en el sentido de que Canarias no puede convocar una consulta sobre un asunto en el que no tiene competencias. Eso sí, ni Soria ni sus compañeros del PP han sido todavía capaces de explicar con convicción a la ciudadanía de estas islas las razones por las que este mismo partido rechaza de plano los sondeos en Baleares mientras los apoya en Canarias sin apenas fisuras. 

Después de esperar en vano que Rajoy rompiera su irrespetuoso silencio institucional para con Canarias, el Ejecutivo de las islas decidió apoyarse en su legislación y en sus competencias autonómicas para convocar a los ciudadanos a una consulta sobre las prospecciones. Será el 23 de noviembre y la pregunta, desvelada hoy por el presidente canario, será: “¿cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”. Aunque a priori no hay nada en esa pregunta que invada competencias estatales ya que la gestión del medio ambiente y el turismo son competencias autonómicas, es muy probable que el Gobierno del Estado sí responda esta vez y lo haga interponiendo un recurso de inconstitucionalidad con petición expresa de suspensión cautelar de la convocatoria. No me caben muchas dudas de que la Abogacía del Estado hará lo imposible para conseguirlo.

Sin embargo, eso no evitaría el error político de imprevisibles consecuencias que cometería el Gobierno central si cae en la tentación de establecer comparaciones con Cataluña y niega a los canarios la posibilidad de pronunciarse en las urnas sobre un asunto que les afecta directamente. Son los ciudadanos de estas islas los que asumen los riesgos de la actividad petrolera por ínfimos que le parezcan al PP. Esos mismos ciudadanos llevan tres años asistiendo a un debate enquistado sin encontrar en el Gobierno del Estado el más mínimo gesto de acercamiento ni la más mínima promesa de repensar las decisiones y negociar posibles soluciones que satisfagan a todos. Lo único que conocen hasta hoy son etéreas e increíbles promesas de empleo y riqueza escritas en el fugaz viento de las palabras del ministro Soria, de sus compañeros de filas y de los responsables de Repsol. Ya es hora de escuchar a los ciudadanos y hacerlo como se hace en cualquier democracia: a través de las urnas.

Dos futuros venturosos

Ya se oye fuerte y alto el coro de voces blancas que alaba los próximos Presupuestos Generales del Estado. Lo conforman los cargos públicos y orgánicos del PP que, todos a una, repiten como en el estribillo de una canción del verano lo que dicen Rajoy y Montoro: “estos son los presupuestos del crecimiento económico y el empleo”. Este armónico canto de esperanza y fe en la súbita recuperación económica de España, la caída del paro y la salida del Sol por poniente hace oídos sordos a las críticas de la oposición y a las advertencias de la mayoría de los analistas económicos que se empeñan, los muy malvados, en ponerle sordina a tanta alegría desbocada en las filas populares. Sin duda les mueve el deseo de aguarle la fiesta al Gobierno cuando advierten de que para que el PIB crezca el año que viene un 2% y se creen 350.000 empleos – sin entrar ahora en la calidad de esos contratos - como pronostica el Gobierno, primero tendrán que levantarse los nubarrones que se ciernen sobre Alemania, Francia e Italia y, eso a día de hoy, no hay nadie en la Unión Europea que pueda pronosticarlo y menos garantizarlo. Más bien todo lo contrario, lo que vaticina la mayoría es que los países del euro están rozando una nueva recesión que daría al traste con la música celestial que estos días entona el PP. 

Por seguir molestando también le recuerdan que si la economía no levanta el vuelo, la reforma fiscal con la que Montoro quiere convencernos de que en 2015, año de elecciones, a los españoles nos va a sobrar un pastizal en el bolsillo para gastar en fruslerías puede volverse directamente en contra, no del ministro, sino de todos nosotros en forma de nuevos recortes para cuadrar el sacrosanto déficit público. Y por ponerle una rueda más al carro triunfal de los presupuestos, advierten también de que la gigantesca deuda pública, superior ya al 100% del PIB, se va a seguir llevando la parte del león de los presupuestos por mucho que la prima de riesgo se haya ido unos meses de vacaciones a la espera del desenlace catalán, que esa es otra. En otras palabras, que no estamos ante unos verdaderos presupuestos para el crecimiento y el empleo – las inversiones públicas apenas son una anécdota en estas cuentas del Estado - sino, una vez más, para la contención del déficit caiga quien caiga y a mayor gloria de Merkel.

A Canarias, ni agua

Si bajamos de las grandes cifras del presupuesto nacional a las que tienen que ver con el reparto por comunidades autónomas, el panorama es aún más desolador para territorios como Canarias. Aquí también no han tardado en lloverle las críticas a estos presupuestos y en escucharse al mismo tiempo las voces del PP canario que las alaba con absoluto convencimiento. Después de tres años de sequía presupuestaria en los que el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho de su capa un sayo con compromisos adquiridos con las Islas y convenios como el de carreteras, obras hidráulicas, renovación turística, infraestructuras educativas, políticas activas de empleo, desalación de agua o subvenciones al transporte de mercancías y pasajeros, las próximas cuentas del Estado para las islas se descuelgan con 268 millones de euros, apenas un 5% más que este año en el que ya fueron paupérrimas. 

Sea porque el Gobierno de Canarias no es de la cuerda popular, sea porque no le sigue la corriente a Repsol y al ministro Soria o sea porque en Madrid creen que en estas islas nos basta y sobra una sombrilla y un bañador para ser felices, lo cierto es que estas cuentas colocan al Archipiélago en los puestos de cola de la inversión directa en las distintas comunidades autónomas. Y no parece que sea mera casualidad que entre las que más ven incrementadas sus inversiones estén aquellas en las que gobierna el PP, casos de Baleares o Murcia, o un partido primo hermano del PP, caso de Navarra. 

A pesar de contar Canarias con un régimen económico y fiscal diferenciado que obliga al Gobierno del Estado a equiparar la inversión per capita en las islas con la media nacional, las cuentas de 2015 se lo vuelven a saltar la torera al situar esa inversión casi a la cola del país, ignorando olímpicamente insularidad, lejanía y tasa de paro. A Madrid no le ha conmovido tampoco el hecho de que Canarias sea una de las autonomías más cumplidoras del déficit público o que la modificación del injusto sistema de financiación autonómico haya quedado para las calendas griegas por intereses políticos y electoralistas del PP.

La guinda

La guinda a este desafuero la acaba de poner el propio PP canario con una propuesta para reducir el IGIC – equivalente canario del IVA – en dos puntos y rebajar el tramo autonómico del IRPF de las rentas inferiores a los 53.000 euros. En esta progresiva propuesta fiscal – así la califica el propio PP – se cuidan mucho los populares de mantener congelado el tramo autonómico del IRPF para las rentas superiores a esa cantidad alegando que los ricos ya pagan demasiados impuestos en Canarias. Subirles los impuestos a los que más tienen - cabe pensar - afectaría negativamente al consumo de yates, coches de lujo, güisqui de malta y puros habanos. 

Lo que no dicen es ni cuánto dejaría de recaudar la comunidad autónoma si la propuesta se aplicara ni cómo afectaría eso a la financiación de los servicios públicos esenciales del Archipiélago, que llevan padeciendo reiterados recortes desde hace años. Con decir que la rebaja fiscal favorecería el consumo y aumentaría los ingresos y exigirle al Gobierno de Canarias que lamine el sector público autonómico cuadran el círculo presupuestario sin mayores complicaciones y se unen al coro angelical que nos promete, no uno, sino dos futuros venturosos.