Montoro y el milagro de las pensiones

Tengo escrito en este blog que Montoro es un mago de las finanzas públicas, aunque hay quienes prefieren llamarlo tramposo. Solo hay que leer lo que ha dicho sobre el dinero público empleado en el referéndum independentistas y lo que dice ahora, pasando de "ni un euro" a "pudo haber falseamiento". En todo caso, al ministro de Hacienda solo hay que frotarle un poquito la calva, como a la lampara maravillosa, y enseguida brota petróleo de las piedras. Eso sí, tiene que interesarle políticamente a él o al presidente del Gobierno del que forma parte. Y para que le interese hay que darle argumentos de mucho peso, como por ejemplo, apoyar unos presupuestos del Estado que le permitan a él y a su jefe permanecer en el poder dos interminables años más. Atrapados entre la  minoría parlamentaria, las protestas de los pensionistas, las cremas antiarrugas de Cifuentes y el ascenso de Ciudadanos, no están en el PP estos días para muchas fiestas y menos para la de la democracia en forma de elecciones anticipadas. 

El PNV, que una vez más ha puesto el pragmatismo por delante del nacionalismo y se ha olvidado de que en Cataluña se sigue aplicando el 155, ha hecho presa en esa debilidad política de los populares. A cambio de evitarle a Rajoy el revolcón de unos presupuestos rechazados le ha obligado a subir todas las pensiones según el IPC, una medida que los pensionistas han venido reclamando en la calle sin mucho éxito hasta ahora. Rajoy no ha tenido más remedio que ceder después de semanas repitiendo el mantra de que no hay dinero para pagar esa subida, máxime con el déficit de la Seguridad Social. El PNV se apunta un importante tanto político ante sus electores - los pensionistas vascos son de los más reivindicativos de España - y obliga al Gobierno a desdecirse de su posición. 

El acuerdo convierte incluso en pecata minuta el raquítico compromiso sobre subida de pensiones con Ciudadanos, que luego el Gobierno modificó al alza para aparecer ante la opinión pública como el rey de la generosidad. De paso, desbarata uno de los argumentos centrales de la oposición contra los presupuestos y hasta la consigna central de los sindicatos para las manifestaciones de mañana, 1º de Mayo.  Pero ante todo, el compromiso con el PNV es, sin duda, un triunfo de las decenas de miles de pensionistas que han salido a la calle a reclamar una pensión digna y que hoy sólo tendrían un aumento del 0,25% si se hubieran quedado en casa viendo la tele. Durante este año y el próximo verán aumentada su pensión de acuerdo con el IPC, tiempo más que suficiente para que el Pacto de Toledo demuestre que no está muerto y alcance un acuerdo que garantice la sostenibilidad y la dignidad de las pensiones presentes y futuras. Otra cosa, y eso es lo preocupante a la vista de la experiencia, es que lo consiga.

Para el Gobierno es una evidente derrota, fruto de su debilidad y de su desviado esquema de prioridades sociales,  en tanto ha tenido que saltarse su propia reforma de 2013 en la que se acabó con la práctica de subir las pensiones con el IPC. La duda que me queda es de qué partidas del Presupuesto quitará Montoro el dinero para pagar la subida acordada con el PNV, cuya cuantía y origen se desconocen. El inédito Escolano, nuevo y grisáceo ministro de economía, trabaja en un impuesto a las grandes tecnológicas que supuestamente financiaría las pensiones. Cuando lo vea lo creeré, que de anuncios rimbombantes  guardados en un cajón o convertidos en su contrario está el Gobierno sobrado. Por eso, habrá que estar muy alerta para que con sus artes mágicas Montoro no escamotee con una mano lo que aparenta dar con la otra, que no es más que lo que en justicia corresponde a los pensionistas. 

No es abuso, es violación

No recuerdo ninguna sentencia que haya producido una conmoción social y un rechazo tan generalizado y unánime como la que este jueves ha dictado la Audiencia de Navarra en el "caso La Manada". Leyendo los hechos que el tribunal considera probados se encoge el estómago al mismo tiempo que la sangre sube de temperatura y se extiende la sensación de asco y repulsa. Es absolutamente incomprensible que después de la pormenorizada descripción de lo ocurrido, los magistrados hayan llegado a la conclusión de que no fue una violación de libro sino un caso de abusos sexuales. El ponente y los miembros del tribunal que suscriben el fallo deben tener muy atrofiada su sensibilidad humana ante el pánico sufrido por la víctima mientras cinco bestias pardas la sometían a su voluntad. 

Por no hablar del carcamal que emitió un voto particular defendiendo la absolución por unos hechos que - diga lo que diga el Código Penal y el fallo - sólo pueden recibir un nombre: violación. Si lo que hay que hacer es cambiar el Código Penal cuanto antes para poner fin a los distingos bizantinos sobre la resistencia o ausencia de ella para hablar de violación o de abuso, que se haga. El PP, tan sensible a la hora de impulsar el endurecimiento de la prisión permanente revisable, tiene en este caso una magnífica oportunidad para demostrar que su interés por agravar las penas no es mero electoralismo. No me cabe duda de que para evitar que se vuelven a dictar sentencias como esta contaría con un amplísimo respaldo político y social. 

El fallo, contestado en la calle desde el mismo momento de su lectura pública, es un insulto a las víctimas de violación y un mensaje disuasorio para que otras mujeres en la misma situación no se molesten mucho en denunciar. Al final, si no le dan con un palo en la cabeza o le apuntan con un arma, los agresores solo habrán cometido un abuso sexual no mucho más grave que si le hubieran tocado el trasero en la calle. Para mayor escarnio, el fallo llega tras un proceso tormentoso en el que la víctima a punto estuvo de tener que demostrar su inocencia en lugar de sus agresores la suya. Solo hay que recordar que el tribunal aceptó como prueba el informe de un detective privado contratado por los acusados para que investigara la vida de la víctima antes y después de los hechos. 

Aunque el informe fue retirado por la defensa, que el tribunal lo aceptara en su día como prueba ya fue un potente indicio de por dónde podría ir el fallo y de la idea que los jueces se estaban formando de los hechos. Con todo, no es justo generalizar ni condenar a todos los jueces de este país por el fallo de tres de ellos, usando aquí la palabra fallo no sólo en su sentido de sentencia judicial sino de grave y vergonzoso error perpetrado con plena consciencia del mismo. Sin embargo, me siento humillado y escandalizado por una sentencia que vuelve a poner en un brete la imprescindible confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y en la rectitud de sus fallos. Queda, no obstante, la esperanza de que el Tribunal Supremo llame a las cosas por su nombre y corrija la incalificable sentencia de la audiencia navarra. La víctima de este caso y las de otros similares, así como el conjunto de la ciudadanía, tienen derecho a la reparación y a que se imparta justicia con el máximo rigor e imparcialidad. 

Miguel Ángel Ramírez: un malentendido de 90.000 euros

Desde ayer me estoy preguntando qué me pasaría si un juez me cita a declarar por un presunto fraude a la Seguridad Social y yo, a sabiendas de que incumplo la fecha de la citación, me presento casi una semana más tarde. Lo que me ocurriría no lo sé pero tengo alguna sospecha; lo que sí sé es lo que le diría: le pediría disculpas, le diría que fue un malentendido y me encomendaría a su benevolencia. Tal vez no debiera pero parto del principio de que todos los españoles somos iguales ante la ley. Por lo tanto, tengo que pensar que el tratamiento que recibiría no podría ser más severo que el que un juez de Las Palmas de Gran Canaria le ha dispensado al empresario Miguel Ángel Ramírez. Por si aún hay alguien que no sepa de quién hablo, este señor es muy conocido por sus excelentes relaciones fiscales y judiciales hasta el punto que ha grabado para su archivo personal conversaciones en sede judicial con algún juez apellidado Alba Para él, los juzgados se han convertido casi en su segundo hogar solo que sin pérgola ni pajarera. 

Tal vez por eso tardó tan poco tiempo ayer en convencer al magistrado que había ordenado su busca y captura y lo había llamado "contumaz y rebelde" de que todo fue una confusión. Al parecer pensó que con recurrir el cargo que pesa sobre él podía ir al juzgado cuando le cuadrara en su apretada  agenda y no reparó en que el recurso no había sido resuelto: en definitiva, pecata minuta de leguleyo en la que un hombre tan ocupado como él no puede perder el tiempo. A ver cómo si no se salva el imperio de la seguridad privada y se liquida el sueño de miles de aficionados de la UDLP. El juez, aparentemente satisfecho con la milonga, le dijo que se podía ir a casa con la única condición de que le informe puntualmente si cambia de domicilio o de teléfono. En ese sentido puede dormir tranquilo el magistrado que Ramírez es hombre de palabra y, si no cumpliera, siempre queda la opción de pedir disculpas y decir que se olvidó o fue un malentendido. Y aquí paz y después gloria.

También llevo un par de días preguntándome cuántos políticos, periodistas y empresarios encendieron velas a todos los santos y rezaron avemarías para que la orden de busca y captura contra Ramírez no fuera a mayores. A unos me los imagino rompiendo o borrando el álbum de fotos en el palco del estadio de Gran Canaria o compartiendo mesa y mantel con el susodicho; a otros los supongo triturando los artículos laudatorios o comiéndose sus palabras, uno de los menúes más sanos que existen. Quiero ser bien pensado y dar por hecho que a todos, sin distinción, les ha chocado al menos un poquito que Ramírez se gastara 90.000 euros en volar en jet privado de Miami a Gran Canaria para llegar cinco días tarde a la cita con el juez. 

Aún más, no solo quiero ser bien pensado sino rematadamente iluso y creer que a todos ellos les indigna que Ramírez siga debiendo salarios a sus trabajadores y presuntamente se haya quedado con dos millones de euros de la Seguridad Social. Estoy convencido de que en cuanto se lo vuelvan a encontrar en el palco del estadio, en un almuerzo o en una rueda de prensa se lo recordarán y se lo afearán como se merece. Aunque creo que me van a crecer mucho la barba y las raíces, aguardo el momento expectante y sin perder la esperanza.

Nota al pie: no se molesten más en buscar información sobre este asunto en algunos diarios digitales, de los que ha desaparecido todo vestigio de que el señor Ramírez estuvo alguna vez bajo orden de busca y captura por un juez. 

Cifuentes o lo que pasa cuando no bajas la basura

Cuando pasa mucho tiempo sin sacar la basura, el olor y las moscas lo terminan inundando todo. Para cuando te vienes a dar cuenta, descubres que el daño ya está hecho y que te va a costar mucho tiempo y esfuerzo conseguir que desaparezca el hedor. Eso es, ni más ni menos, lo que viene pasando una y otra vez en el PP: deja para mañana o para nunca jamás sacar la basura del partido y termina por llegar el día en el que los gases tóxicos acumulados después de tantos años de pasividad le explotan en las narices. Cuando eso ocurre, todo el partido apesta aunque muchos de sus dirigentes y cargos públicos sean personas honradas a carta cabal sin responsabilidad directa en la gestión por parte de la cúpula de la abundante porquería interna que genera el PP. De manera indirecta, el tufo termina alcanzando también a los electores del partido y al conjunto de una ciudadanía perpleja ante un rosario aparentemente sin fin de casos de corrupción y falta de la más mínima ética pública.

El caso de la presidenta de Madrid Cristina Cifuentes no es más que otro eslabón más en la larga cadena de escándalos turbios o poco edificantes en los que con tanta frecuencia se ven envueltos dirigentes y conocidos cargos públicos de ese partido. Por ética y decencia, Cifuentes nunca debió haber aceptado el máster que le regaló la Universidad Rey Juan Carlos, tal y como apuntan todos los indicios. Sin embargo, descubierto y hecho público el apaño, la presidenta madrileña optó por parapetarse detrás de una muralla de mentiras, medias verdades y contradicciones con la connivencia culpable de Rajoy y del resto de la cúpula del PP. 

Hoy ha dimitido después de más de un mes enrocada y tras la publicación de un video más escarnecedor si cabe - presuntamente pillada robando cremas cosméticas en un hipermercado de barrio -  que el asunto del máster irregular. No sé si detrás de esas imágenes es probable, por no decir seguro, que haya fuego amigo aunque me parece que no es lo que más debería preocuparnos. La dimisión no solo llega tarde sino que se produce sin que la directamente implicada haya aún aclarado las circunstancias de su máster, como se le viene reclamando desde hace semanas. Pero es, sobre todo, bochornosa para ella, para Rajoy y para el PP. Y lo es también para los ciudadanos de este país, aunque nosotros no merezcamos sufrir esta vergüenza mientras que ellos se lo han ganado a pulso con sobresaliente cum laude. 

Hernando, un regalo para la oposición

Si yo fuera Pedro Sánchez, Albert Rivera  o Pablo Iglesias rogaría a Rajoy que mantenga a Rafael Hernando como portavoz parlamentario del PP lo que queda de legislatura al menos. Hernando hace mucho más en favor de la pérdida de votos del partido en el Gobierno que Sánchez, Rivera e Iglesias juntos. El político almeriense parece tocado por el don de la inoportunidad y el arte del exabrupto feroz, retratándose en lo personal cuando habla y mostrando el pensamiento profundo del partido al que pertenece. Alguien dijo con acierto que Hernando es a la palabra lo que Atila a la hierba: habla en la Cámara, en sus pasillos, en un mitin o en un estudio de radio o televisión y no es que suba el pan, es que caen varios puntos las intenciones de voto al PP. Si enumeramos las veces en las que este hombre ha dejado claro ante los españoles que lo suyo no es la palabra para el acuerdo y la discusión civilizada sino la soberbia, la prepotencia y la coz para la ofensa y la burla, la lista de casos sería interminable. 

Me vienen a la memoria aquellas declaraciones en las que acusó a los familiares de las víctimas de la represión franquista de "estar todo el día para arriba y para abajo con lo muertos como un entretenimiento". No contento remató indicando que "alguien se ha acordado de su padre [fusilado por el franquismo] cuando había subvenciones para encontrarlo". Aquel asunto llegó incluso a la Fiscalía que lo terminó archivando a pesar del escarnio infligido. Lo más reciente es otra ofensa no tan grave como aquella pero igual de reveladora del carácter chulesco y malcriado del personaje. Hablo de los pensionistas, a los que Hernando ha instando a gritos a salir a las calles para agradecer al Gobierno la subida parcial y puntual de las pensiones previstas en los Presupuestos estatales de este año.

Si con los familiares de las víctimas de la dictadura ofendió gravemente, con sus comentarios sobre los pensionistas genera indignación y risa a partes iguales. Indignación porque un derecho constitucional como el de las pensiones se convierte en sus palabras en una dádiva gubernamental por la que los pensionistas deberían estar eternamente agradecidos y erigir bustos de Rajoy en todas las ciudades del país. Para el portavoz, años de esfuerzos y cotizaciones y apoyo con míseras pensiones a hijos y nietos no dan derecho a una pensión digna, sino a alabar al Gobierno del PP a pesar de su demostrado desinterés por el garantizar el futuro del sistema público de pensiones. 

Y causa también risa porque esa subida a la fuerza y de circunstancias - la subida anunciada es solo para este año y no llega a todos los pensionistas  - de la que presume Hernando, la ha decidido el Gobierno no por lo generoso que es sino por las protestas de los pensionistas y, sobre todo, por su minoría en el Congreso. De manera que no hay nada por lo que darle las gracias al Gobierno ni nada de lo que este pueda presumir y sacar pecho. Hernando dejó caer esta perla cultivada sobre las pensiones en un acto con militantes del PP en Almería, que aplaudieron sus palabras con entusiasmo. Prueba evidente de que en el PP aún no se han dado cuenta de que, con un portavoz como este, apenas es necesario que la oposición se esfuerce mucho en desgastar al Gobierno. Para esa misión ya se basta solo Hernando con el refuerzo, si acaso, de Montoro, de buena parte del resto del gabinete y, por supuesto, de un Rajoy al que la oposición nunca le podrá estar suficientemente agradecida por lo fácil que se lo pone. Otra cosa es que sea capaz de aprovecharlo. 

Montorada

Pues sí, o Cristóbal Montoro lo aclara con todo lujo de detalles o tendré que empezar a creer que los independentistas catalanes pagaron el 1-0 con el dinero de una rifa. Eso o tiene razón la Guardia Civil cuando asegura que al menos 1,9 millones de euros eran de usted y míos. La última montorada negando que el referéndum ilegal se pagara con dinero público está teniendo un efecto demoledor y lo que te rondaré. Al Gobierno lo ha dejado a los pies de los caballos,  sobre todo después de que se celebrara el referéndum que siempre prometió que nunca tendría lugar porque  los independentistas no podrían pagarlo. Pues lo hicieron y, al parecer, también lo pagaron con dinero público, según la Guardia Civil. ¿Cómo? Eso es lo que tendrá que explicar Montoro ante la opinión pública y al juez Pablo Llarena. 

La investigación que dirige el magistrado del Supremo ha quedado también desautorizada por las manifestaciones de Montoro, abiertamente opuestas a los resultados de la investigación policial. Y por supuesto, ha  dado un nuevo balón de oxígeno a los independentistas que ahora podrán alegar ante los jueces alemanes que Puigdenmont no sólo no cometió rebelión sino que tampoco empleó el dinero de todos los españoles en una consulta ilegal. Vamos, lo que viene siendo un santo varón con todas las bendiciones oficiales incluida la de Montoro. 

Que una semana después de sus declaraciones Montoro siga siendo ministro de Hacienda forma parte de las más arraigadas costumbres políticas españolas. No hay más que fijarse en el responsable de su nombramiento, que también debió haberse ido a casa hace años, y ahí sigue obviando la corrupción en su partido y con ganas además de repetir. Lo que sí me va pareciendo no urgente sino urgentísimo es que Montoro me explique este milagro de los panes y los peces independentistas: resulta que no podían ni oler un euro público porque Hacienda tenía las cuentas intervenidas y bajo llave pero así y todo hicieron brotar 1,9 millones de euros de la nada. Es exactamente el mismo milagro que el de las urnas chinas para el referéndum. 

Entonces, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y Montoro también prometieron que nunca se celebraría la consulta porque no habría urnas en las que votar, pero los independentistas se las agenciaron para que las hubieran dejando al Gobierno en evidencia. Prefiero no imaginar que la estrategia de Montoro ante el feo asunto del dinero público para el referéndum es la de negar la mayor por mucho que la Guardia Civil diga lo contrario. Las dudas, no obstante, sobre la eficacia de la vigilancia y el control del dinero que gastó la Generalitat aumentan a medida que pasan los días sin que el ministro se explique. Porque si ha sido engañado o burlado por los dirigentes secesionistas  - que es lo que empiezo a sospechar -  debe reconocerlo cuanto antes y a continuación abandonar el Gobierno sin perder un minuto. Especialmente alguien como Montoro, tan aficionado a dar lecciones a todo el mundo de ética y eficacia en el gasto público y tan poco partidario de recibirlas.

A vueltas con la libertad de expresión

A propósito del activista tinerfeño Roberto Mesa, detenido por presuntas injurias a la Corona, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, reproduzco aquí lo que escribí hace un par de meses en relación con otros tres casos que guardan muchas similitudes con este, especialmente el del rapero mallorquín. En todos se ha apelado a la libertad de expresión y se ha denunciado que se está produciendo un retroceso de este derecho en España, aunque no está claro si los responsables son los jueces, el Gobierno o las fuerzas de seguridad. No quito ni añado una coma de lo que escribí hace dos meses y me reafirmo en el convencimiento de que no todo vale ni puede ampararse bajo el derecho a la libertad de expresión pero, también, que no todo puede considerarse un ataque contra ese derecho. En todo caso, deben ser los jueces y no los activistas o los partidos a los que pertenecen o les apoyan los que tienen que establecer los límites y, en su caso, sancionar o absolver.

"Los límites de la libertad de expresión" 

Tal vez el título de este post extrañe un poco en un tiempo en el que está muy extendida la creencia de que los derechos son absolutos y no deben ir unidos a deberes, como la cara y la cruz de una misma moneda. No me cabe la menor duda de que también la libertad de expresión tiene límites, no todo vale ni todo está permitido en aras de este derecho. El respeto a lo que establecen las leyes sobre el honor o la propia imagen son algunos de esos límites en nuestro país. Cierto que son límites intangibles y difíciles de precisar pero existen. Admito que me adentro en un terreno muy pantanoso pero me niego a aceptar que con invocar el derecho a la libertad de expresión deben removerse todas las barreras que se le interpongan en su camino y quedar libre su ejercicio de cualquier tipo de reproche social o legal. Cuestión distinta es la intensidad de ese reproche en cada caso concreto. 

Me parece excesivo que al rapero mallorquín  se le condene a tres años y medio de cárcel por sus letras ofensivas para la Corona, amenazantes y enaltecedoras del terrorismo. El mal gusto que rezuman sus textos se podía haber zanjado con una sanción o una advertencia, teniendo en cuenta, además, la ausencia de antecedentes. Por otro lado, ordenar, pedir o sugerir la retirada de unas obras de una exposición porque aluden a unos señores a los que se presenta como “presos políticos”, es una supina estupidez de quienes tomaron y ejecutaron esa decisión amparados en un ridículo deseo de no perturbar el conjunto de la exposición. Con ella han terminado haciendo famoso y puede que rico a un artista  del que muy pocos habían oído hablar hasta ahora y a una obra que probablemente no pasará a la historia del arte por su calidad artística. 

Tanto en el caso del rapero mallorquín como en el del autor del montaje artístico me parece evidente el ánimo provocador de ambos, algo por otro lado más antiguo que la pana cuando lo que se pretende es llamar la atención social y sacar la cabeza en un mercado extraordinariamente competitivo. A fe que lo han conseguido los dos gracias a un exceso judicial y a una lamentable torpeza política. Un caso distinto es el del libro “Fariña” del periodista Nacho Carretero, secuestrado judicialmente ahora, tres años después de salir a la venta. El celo de una juez madrileña en defensa de los derechos de un cacique gallego ha disparado las ventas del libro, que se cotiza ya a 300 euros, y ha puesto los dientes largos a una cadena de televisión que ya ha anuncido el adelanto a esta semana de una serie para cuyo estreno aún no tenía fecha: la decisión judicial se la ha proporcionado gratis y camino va de convertir la obra en un best seller. Se trata, en mi opinión, de otra sobreactuación judicial que contiene también con claridad todos los elementos propios de la censura. 

En una sociedad democrática son en último extremos los jueces los encargados de determinar si se ha rebasado la línea roja de la libertad de expresión y se han conculcado otros derechos concurrentes con la misma. Esa línea, imprecisa y muchas veces borrosa, tiene que estar en todo momento lo más lejos posible de cualquier tentación de censura como se aprecia en estos tres casos, distintos entre sí pero unidos por un denominador común: el uso de la libertad de expresión. Estamos ante un derecho que constituye la clave de bóveda de la democracia, lo que no lo convierte sin embargo en absoluto. Por decirlo con palabras de la filósofa y catedrática de Ética de la Universidad de Barcelona, Victoria Camps, “uno no puede decir todo lo que quiera y, por tanto, conviene pensárselo dos veces antes de ofender o sentirse ofendido”. ¿No es de sentido común?

ETA: cínico perdón

El último comunicado de ETA es de los que, a primera vista, te parece una gran noticia: por fin los valientes asesinos de la banda terrorista tienen agallas suficientes como para pedir perdón a las víctimas por el daño que causaron durante casi medio siglo. Sin embargo, apenas que se profundice en el texto, produce arcadas. Pedir perdón a las "víctimas inocentes" y excluir a las "directamente relacionadas con el conflicto" es de un cinismo y una crueldad que espantan. Con ese doble rasero demuestran quienes escribieron este vómito su verdadera calaña, por si había aún alguien que tuviera dudas sobre su naturaleza. Pero, sobre todo, demuestran que su supuesto arrepentimiento es una patraña más que busca sólo la autoexculpación de sus crímenes. 

Me es imposible entender que líderes políticos como Pedro Sánchez hayan dicho que este escrito nauseabundo es un "paso decisivo hacia la paz". O el señor Sánchez no se ha tomado la molestia de leer el comunicado o, decididamente, vive en una realidad paralela. Aunque para nota la reacción del líder de En Comú Podem, Xavier Doménech, para el cual el escupitajo de ETA a las víctimas "directamente relacionadas con el conflicto" es - literalmente - para "estar alegres y pasar página". Se apuntan así Sánchez y Doménech al farisaico perdón etarra y lo dan por bueno aunque queden excluidos de la gracia de los terroristas los policías nacionales, guardias civiles o miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros servidores públicos, asesinados con vileza y cobardía por el delito de cumplir con su obligación de defender el orden constitucional. 

De este escrito se desprende con claridad que todos ellos y sus familias se habían hecho merecedores del tiro en la nuca, la bomba lapa en los bajos de su coche o el ataque con explosivos. La repugnancia que genera el fascistoide comunicado no se debe tan solo al cinismo que destila sino al hecho de que, distinguir a víctimas merecedoras de su suerte de las que no lo eran, equivale a atentar de nuevo contra las primeras renovando la ofensa en sus familiares. De lo único que hay que felicitarse a la vista de este vómito etarra en forma de comunicado es de la constatación de que la banda es apenas un fantasma que sigue arrastrando las cadenas ensangrentadas con las que quiso y casi logró amordazar a la sociedad vasca y producir una involución política en España que beneficiara a sus fines totalitarios. 

Su salida ahora a la palestra, al parecer un par de semanas antes de que anuncie su disolución, no parece ser otra cosa que un intento desesperado de recuperar un cierto protagonismo de quien se sabe a punto de entonar el canto del cisne y, tal vez, arañar aún algún tipo de contrapartida. Cerca de un millar de víctimas y dolor y lágrimas sin cuento le costó al Estado de Derecho acabar con ETA, aunque su sangriento legado aún lo defiendan sus históricos compañeros políticos de viaje dentro y fuera del País Vasco. Nada hay que darle y menos que agradecerle a los terroristas por esta mezquina y parcial petición de perdón. Lo único que cabe esperar y exigir de ETA es la entrega de las armas que conserven todavía y la colaboración con la justicia para esclarecer sus numerosos crímenes aún no resueltos. Todo lo demás es sólo insultar y ofender una vez más a las víctimas, a sus familias y al conjunto de la ciudad y de eso ya tuvimos más que suficientes durante cinco largas décadas en este país. 

La tormenta de Madrid

Pocas cosas suelen ser casuales en política y la tormenta que desde hace semanas se cierne sobre Madrid no es una de ellas. Cada vez hay menos dudas de que estamos tan solo ante los prolegómenos de la batalla por el control político de la capital en las elecciones del año próximo. Demasiada coincidencia me parece a mi que sería que en menos de un mes estallara el escándalo del máster de Cifuentes, que en Podemos empezara la fase de todos al suelo que vienen los nuestros y que en el PSOE le ofrecieran matrimonio a Carmena,  y que todo esto no tuviera nada que ver con los primeros picores electorales de la temporada. Controlar el ayuntamiento de la capital y el gobierno de una comunidad de la proyección política y mediática de Madrid es un objetivo central para los principales partidos que harán todo lo que esté a su alcance para cobrarse la pieza.

Sin duda, es el PP el que peor lo tiene por su mala cabeza y por la corrupción que ha anegado el gobierno autonómico en los últimos años. Ahora intenta salir airoso del escándalo del máster de Cifuentes pero no lo tiene nada fácil y eso debe preocupar lo suyo en la madrileña calle Génova. Máxime después de que Cifuentes haya anunciado que lleva a Esperanza Aguirre, su antecesora y más íntima enemiga, a los juzgados por supuestas irregularidades en la ciudad de la justicia que impulsó la ex presidenta. No se sabe muy bien si lo que busca Cifuentes es redimirse ante los suyos y ante la opinión pública por lo del máster o morir matando y con las botas puestas. Total, para lo que me queda en el convento, etc. 

Lo que es de verdadera traca es el ofrecimiento "informal" del PSOE a la alcaldesa Carmena para que encabece la lista socialista al ayuntamiento. Aquello de las primarias y la participación de los militantes en la designación de los candidatos parece que no rige en Madrid, por no hablar del nuevo ninguneo a Pedro Sánchez, al que parecen no tomarse muy en serio ni los de su propio partido. El ofrecimiento, por informal que fuera, evidencia las miserias del PSOE madrileño en donde apenas parece tener para cubrir con alguna garantía de éxito la candidatura al gobierno de la comunidad. Eso, siendo benevolente y dando por sentado que Ángel Gabilondo reúne el perfil. Por algo debe ser que los socialistas llevan dos décadas sin tocar poder en el ayuntamiento y en la comunidad de Madrid, coto privado del PP hasta que aparecieron Podemos y Ciudadanos. 

Los de Pablo Iglesias andan por su parte haciendo de nuevo lo que mejor se les da: la guerra de guerrillas de todos contra todos. Iglesias y Errejón en los papeles de héroe y villano, según la fracción desde la que se mire, y Bescansa y Espinar en papeles secundarios pero muy lucidos, vuelven a dejar claro que la denostada casta ha terminado echando raíces profundas en el artilugio político podemita. Iglesias se postula ahora como hombre de consenso y pontífice máximo y anuncia una candidatura de unidad para Madrid. A ver cuánto dura. Viendo el panorama, el único que no tiene nada que perder y mucho que ganar en esta revuelta situación es Ciudadanos. A Cifuentes la están asando a fuego lento en la parrilla de la moción de censura y, tanto si dimite como si no, seguirán siendo fuerza bisagra para la gobernabilidad de la comunidad hasta el año que viene. Esta es la borrascosa perspectiva política que ofrece la comunidad de Madrid una vez que en los partidos han empezado a tocar a rebato ante las próximas elecciones. Mientras, los problemas de los ciudadanos de Madrid pueden esperar, qué prisa hay.  

Hasta las puñetas

Cual pensionistas cabreados con el Gobierno, jueces, fiscales y abogados también saldrán hoy a la calle. La protesta la convocan todas las asociaciones del colectivo, así que no busquen intencionalidad política. Ello no será impedimento para que más pronto que tarde nos enteremos de que algunos partidos pedirán comparecencias de ministros y modificaciones legislativas, se unirán a las protestas y pregonarán que ellos ya habían pedido lo mismo. Mirar para otro lado cuando no interesa pero instrumentalizar las protestas de otros es modus operandi habitual en las fuerzas políticas de este país. Tal y como ha ocurrido con los pensionistas, no me extrañará que ocurra también con las demandas de jueces, fiscales y abogados. Y lo que demandan es que el Gobierno les tenga presentes en sus oraciones presupuestarias. 

No es mucho ni es nueva la petición, en realidad es más vieja que la pana y el hecho de que la sigan planteando demuestra el caso que le han hecho este y los anteriores gobiernos. Y eso que a priori no parece tan complicado mejorar los medios humanos y materiales de la Administración de Justicia y equiparar las retribuciones de sus servidores a los tiempos modernos y a la función capital que desempeñan. Con un poco de voluntad política se mueven unas partidas presupuestarias de sitio y el asunto queda encaminado. El problema gordo llega cuando el llamado estamento judicial tiene el atrevimiento de pedir que se "refuerce la independencia del Poder Judicial" respecto a otros poderes como el Ejecutivo y el de los partidos, por no ir más lejos y sin ánimo de señalar. ¡Con la Iglesia hemos dado, Sancho!

Aquí han tocado sus señorías el meollo del cogollo de cómo se ha ido organizando en España el servicio de la Justicia. Podríamos describirlo imaginando una primera y una segunda planta - juzgados y audiencias - en donde la independencia judicial de poderes injerentes extraños es bastante elevada. Sin embargo, a medida que ascendemos en la escala del entramado - tribunales superiores autonómicos, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Consejo del Poder Judicial o Tribunal Constitucional -  la fe empieza a flaquear y aparecen las dudas existenciales. En cuanto nos ponemos a averiguar si un juez o los miembros de un tribunal son conservadores, progresistas o medio pensionistas, es decir, si han llegado a donde han llegado porque un determinado partido les puso una escalera para que ascendieran y en función de ese empujón van a impartir justicia, los palos del andamio se nos vienen abajo; del mismo modo, si la Fiscalía General del Estado parece a veces poco más que una correa de transmisión de los intereses políticos del Gobierno, hablar de independencia del Poder Judicial es cuando menos un poco forzado. 

Lo anterior no quiere decir que la inmensa mayoría de jueces y fiscales, ya se encuentre en el primero, en el segundo o el tercer nivel, no actúe con rectitud y de acuerdo a derecho, solo que la configuración del sistema abre la puerta a la sospecha cuando esa puerta debería estar firmemente cerrada. Con esta reivindicación me temo mucho que pincharán en hueso los manifestantes de hoy por mucho que estén hasta las puñetas de la situación. No descarto que si insisten en las protestas y cumplen la advertencia de ponerse en huelga el ministro Catalá saque dinero de donde ahora no hay como hizo Montoro con los pensionistas. Para lo de la independencia judicial frente a injerencias indeseables tendrán que armarse de paciencia, ellos y todos los españoles, para desgracia del sistema democrático.

¡Sé fuerte, Cristina!

Que Cristina Cifuentes renuncie a su máster es algo así como si yo renunciara a tener los ojos negros: daría exactamente lo mismo porque no se puede renunciar a lo que no se tiene y, si se tienen cosas como un máster o los ojos negros, tampoco. Por tanto, el renuncio de Cifuentes cae en el absurdo por definición. Mientras la presidenta madrileña no muestre urbi et orbi su trabajo de fin de máster para que todos podamos beneficiarnos de su ciencia infusa, su renuncia es inútil, superflua y gratuita: en otras palabras, no sirve de nada ni resuelve nada. Es cierto que si el máster apareciera sería noticia mundial, aunque por renunciar a él no dejaría Cifuentes de figurar como titular de un máster. Eso sí, salvo que quien único tiene potestad para ello, el Ministerio de Educación, lo anulara por haber sido conseguido de aquella graciosa manera ya conocida. 

De modo que ni con máster ni sin él tienen arreglo los males políticos de Cifuentes, un fantasma político al que se le acaba el aire. Su actitud en toda esta pesadilla tiene un punto pueril y otro soberbio casi a partes iguales. Pueril es negar las evidencias y soberbio insistir en no asumir las consecuencias que se derivan de ser cargo público y mentirle a los ciudadanos. Su renuncia puede que convenza a algunos pocos pero el gesto de ética abnegación llega demasiado tarde y como a la desesperada por parte de alguien en cuya sinceridad ya no es posible confiar. 

Ciefuentes ha mentido con descaro a los madrileños en particular y a los españoles en general, aunque ahora pretende cargar las culpas sobre la Universidad Rey Juan Carlos. Es cierto que sus dirigentes han tardado también lo suyo en espabilar, en tomar medidas y en llevar este asunto a la Fiscalía, pero al menos han hecho algo más que esconderse. Cifuentes no ha hecho nada de eso y cuando un responsable público de su relevancia falta a la verdad como ha hecho ella a lo que hay que renunciar no es al máster sino al cargo. Ahora bien, si se mantiene aferrada a él como una lapa no es sólo por su soberbia política y el convencimiento de que su carrera política ha entrado en barrena. Es también porque el partido en el que milita y el partido con el que gobierna lo permiten. 

El PP porque no quiere dar su brazo a torcer a Ciudadanos obligándola a dimitir y colocando en su lugar a un desconocido segundón a un año de las elecciones. Lo más patético e incomprensible es que cuanto más tiempo pase mayor será el estropicio político para Cifuentes, para Rajoy y para el PP. Y Ciudadanos porque si llevara sus arengas de regeneración ética a la práctica ya habría roto el acuerdo con el PP y habría anunciado su apoyo a la moción de censura que encabeza el PSOE. En su lugar y con el objetivo de quemar a Cifuentes e impedir que un socialista gobierne en Madrid, alarga una función a la que hace días se le acabó el recorrido. Una vez más se impone el postureo y el cálculo electoral de los partidos y de sus líderes en donde debería imperar el interés general de los ciudadanos. Esto por no hablar del dañado prestigio de la Universidad Rey Juan Carlos y de los estudios de posgrado en España, mayor cuanto más se alargue este docudrama, y en el que ni los partidos ni sus dirigentes parecen reparar lo más mínimo enfrascados como están por ganar poder o por no perderlo.  

Las amistades peligrosas de los sindicatos

En el interminable culebrón catalán pensaba que ya tenía a todos los agentes intervinientes identificados y correctamente clasificados. Que la burguesía catalana de derechas de toda la vida se había echado al monte envuelta en la estelada era algo ya asumido, aunque sonara raro. Lo mismo pasa con Ezquerra Republicana, de histórica tradición poco tolerante con todo lo que suene a español, y con la CUP, la muchachada antisistema dispuesta a reconstruir el mundo desde los cimientos y sin mácula original de ninguna especie. Incluso habíamos aprendido a entender a qué juega En Comú Podem, la franquicia de Pablo Iglesias en Cataluña, con su calculada ambigüedad  de un día con la Constitución ma non troppo y al siguiente con quienes se la pasan por el arco del triunfo. 

Así que habíamos ordenado con una relativa claridad y coherencia a quienes están por la defensa del  orden constitucional y quienes apelan a él cuando les interesa para sus fines y lo burlan si no les conviene. Para lo que no estábamos preparados en absoluto - al menos yo - era para ver a los máximos líderes de UGT y CCOO en Cataluña tomando parte en lugar destacado en una manifestación por la libertad de los "presos políticos", convocada por organizaciones sociales y políticas independentistas. Tales dirigentes han intentado justificar su presencia en esta marcha aduciendo que lo que exigen es que haya gobierno de la Generalitat cuanto antes para que se ocupe de los problemas de los ciudadanos. En ese caso, me temo que se equivocaron por completo de manifestación y fueron a la que no era: en la del domingo en Barcelona lo que se coreó y exigió fue la "libertad de los presos políticos" y de la necesidad de formar gobierno cuanto antes más bien poco se dijo. 

Solo hay que remitirse a lo ocurrido desde las elecciones del 21 de diciembre para darse cuenta de lo mucho que preocupa a los independentistas que aún no haya gobierno, pero eso al parecer no lo saben los dirigentes catalanes de UGT y CCOO. Más allá de Cataluña, los responsables de ambos sindicatos también han intentado explicar lo inexplicable pero las explicaciones siguen siendo cuando menos confusas y poco convincentes. Creo que las dos principales centrales sindicales de este país han cometido un error de bulto que podría tener gravísimas consecuencias. No es de recibo que sus siglas y sus banderas hayan ondeado junto a las de las fuerzas políticas que desde hace meses protagonizan uno de los mayores pulsos antidemocráticos sufridos en España en las últimas cuatro décadas. 

Parecen haber olvidado que algunos de los líderes de esas organizaciones se encuentran en prisión a la espera de juicio, no por sus ideas políticas sino por haberse saltado el ordenamiento jurídico y haber presuntamente cometido delitos tan graves como el de rebelión. Olvidan también cuál es la procedencia del grueso de su financiación y abocan a los trabajadores de este país y de Cataluña en particular al enfrentamiento y la división política. Nada peor podría decirse de dos organizaciones que aún se reclaman de clase pero que se suman a reivindicaciones nacionalistas excluyentes e ilegales. De rebote, su irresponsable presencia en esa manifestación legitima a quienes vulneran la Constitución, de los que se convierten necesariamente en compañeros de viaje. Si la imagen de las centrales sindicales en este país está cuando menos cuestionada socialmente, lo ocurrido con la manifestación independentista del domingo no va a ayudar a mejorarla. Pedir disculpas públicas y comprometerse a no avalar con su presencia comportamientos ilegales y anticonstitucionales es lo menos que podrían hacer sus dirigentes.

Penoso panorama político

Créanme, seguir la actividad política a diario es, en demasiadas ocasiones, como tomar aceite de ricino en ayunas. Día sí y día también una elevada proporción de los representantes políticos justifican el desafecto de los ciudadanos ante la res pública. Frente al consenso, el disenso; frente a la transparencia, la opacidad; frente a la crítica, la represalia; frente a la asunción de responsabilidades, el "y tú, más". No me atrevería a decir que en otros países el problema es similar. Al menos en alguno de ellos los grandes partidos negocian hasta la extenuación para garantizar la estabilidad política o aprobar leyes que redunden en beneficio del interés general. Si alguien es sorprendido haciendo o después de haber hecho algo poco ético, dimite sin que por ello se hunda el mundo ni choquen entre sí los planetas. En España, en cambio, parecemos definitivamente incapacitados para ello.

En nuestro país apenas hay asuntos ya que no formen parte de la bronca diaria. Incluso la unión de los demócratas frente al terrorismo etarra terminó saltando por los aires cuando el PP pretendió obtener rédito electoral de los escarceos negociadores de Zapatero con la banda armada, olvidando interesadamente que Aznar la ha llegado a llamar Movimiento de Liberación Vasco y que también buscó acuerdos con ella. La interminable e insufrible crisis catalana es otro ejemplo de que ni el respeto más elemental al ordenamiento jurídico constitucional consigue unir a todas las fuerzas políticas. En el colmo de la incoherencia, en nuestro país hay partidos que anuncian su voto en contra o a favor de unos presupuestos estatales que ni siquiera conocen, haciendo buena la fe del carbonero.

"Apenas hay asuntos ya que escapen a la bronca política diaria"

Si un cargo público es sorprendido en un renuncio ético- véase el caso de Cristina Cifuentes - lo habitual es que pasen días, semanas y hasta meses de dimes y diretes sin que nadie asuma responsabilidades ni adopte decisiones. Lo más frecuente es el regate corto y encender el ventilador para que la porquería lo inunde todo. Pensiones, educación, o independencia del poder judicial son ejemplos de como, incluso asuntos de un trascendental calado social y político, se convierten en armas arrojadizas y objeto de cálculo electoral. Visión de estado, altura de miras y generosidad política, sin que eso implique renunciar a los respectivos principios programáticos o ideológico, ni están ni se les espera.

Pecaría de injusto si no reconociera que, en el desconcierto general de la política en España, hay un buen número de representantes públicos que desarrollan su labor con esfuerzo y honestidad. No es cierto que todos los políticos sean iguales y que todos busquen solo medrar. Es verdad que dedicarse a la política comporta ventajas económicas vetadas a otras actividades y que los partidos políticos disfrutan de un generoso régimen de subvenciones públicas para su funcionamiento.

De ahí a suponer que quien se dedica a la política lo hace solo por el dinero o la fama es menospreciar a quienes lo hacen con auténtica vocación de servicio público. Ello, a pesar de unas estructuras partidistas en las que sigue sobrando opacidad y hermetismo. Los eslóganes, las asambleas y los encuentros con militantes bien adiestrados no son suficientes para ocultar sus carencias democráticas y sus indigencias ideológicas o programáticas. En ese ambiente se cercena el ascenso de los discrepantes en la cadena de mando y se les condena al ostracismo, sean abnegados servidores públicos o meros aspirantes a la profesión política.

A su escala, la política canaria es un fiel reflejo de la nacional. La renovación de órganos clave para el buen funcionamiento de la vida pública se supedita al juego de tronos partidista y se pospone hasta las calendas griegas. Los viejos asuntos como la adecuación del sistema electoral a la realidad demográfica se empantanan por intereses electorales y los problemas se agravan y se pudren mientras se echa la culpa a Madrid o se encargan estudios y se elaboran planes de todo y para todo. El nivel general de los debates parlamentarios produce grima y el de la oratoria - saber expresarse en público hilvanando con claridad y un poco de elocuencia unas cuantas ideas - apenas está al nivel de un ayuntamiento de pueblo pequeño. Los ciudadanos asistimos hastiados a este espectáculo permanente de mediocridad, mentiras, medias verdades y cálculos políticos. Nos hemos vuelto reacios a creer en nuestros representantes y en sus promesas; votamos cada cuatro años pero desconfiamos de que aquellos a los que entregamos el voto vayan a hacer uso cabal del mismo. 

"El nivel general de los debates parlamentarios produce grima"

Todos estos síntomas muestran un sistema democrático estancado en torno al juego cansino de los intereses de partido y ante el que los ciudadanos - agotados y decepcionados - terminamos encogiéndonos de hombros y borrando los asuntos de la vida pública de nuestras prioridades habituales. Sé que no vivimos en la Grecia antigua y que no podemos dedicarnos sólo a seguir el juego de la política para actuar con conocimiento de causa. Tampoco se trata de eso, sino de no limitarnos a mirar para otro lado y dejar hacer a los políticos, dándolos por imposibles e incorregibles. Si a pesar de sus importantes fallos la democracia sigue siendo el mejor de los sistemas políticos posible, es porque somos los ciudadanos quienes tenemos el poder de poner y de quitar a los responsables de los asuntos públicos. Los intereses de todos, por tanto también los de cada uno de nosotros en particular, merecen al menos que pensemos por un momento en aquella frase de Charles de Gaulle: "La política es algo muy serio para dejarla en manos de los políticos". 

Reforma electoral: última oportunidad

Cuando ya todo parecía perdido para que en esta legislatura se cambiara el sistema electoral canario, esta semana ha renacido una cierta esperanza de que en 2019 los canarios acudamos a unas urnas regidas por un sistema de representación política algo menos desequilibrado que el vigente. Esa luz de optimismo hay que ponerla una vez más en el haber del PP, PSOE, NC y Podemos, los únicos partidos que hasta ahora han venido demostrando verdadero interés en cambiar las actuales reglas de juego por otras que respondan de manera más fiel a la realidad demográfica del Archipiélago. Abandonar el controvertido "colegio de restos" de la anterior propuesta y sustituirlo por una lista regional ha sido un acierto, aunque tampoco es que hayan descubierto la pólvora: la lista regional es una propuesta barajada en numerosas ocasiones que ahora vuelve al tablero de debate, esperemos que con más suerte que en ocasiones anteriores. 

Frente al "colegio de restos", la lista regional tiene la ventaja de la transparencia en tanto los electores pueden conocer de antemano el destino de sus votos. A pesar de que resultaba evidente que en el "colegio de restos" las islas destinatarias de esos sufragios no podían ser otras que Gran Canaria y Tenerife debido a su población, esta era una de las pegas que ponía CC para no sumarse al acuerdo. Ahora desaparece y se sustituye por una lista regional de nueve diputados más otro por Fuerteventura o, de manera alternativa, una lista autonómica de siete escaños más otros tres por Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, en el caso de esta última para compensar su aumento de población. Por lo demás, la lista electoral regional lleva al campo de la representación política el concepto de región, autonomía, nacionalidad o país - como se le quiera llamar. Esta es, a día de hoy, una de las grandes contradicciones de un territorio que se hacer llamar nacionalidad pero que vota en circunscripciones insulares y en el que un verdadero sentimiento de pertenencia a una comunidad compartida sigue siendo - a pesar de las campañas - una asignatura pendiente. Obivamente, la eventual aplicación de estos cambios requiere despejar dudas sobre el número de urnas en las que habría que votar, papeletas o confección de candidaturas, entre otras. En cualquier caso, nada que no se pueda resolver si se quiere con voluntad política y asesoramiento experto. 

Ni la propuesta anterior ni ninguna de las dos conocidas esta semana son la panacea: ni de lejos se acercará con ellas la representación política al principio ideal de "un ciudadano, un voto". Por mucho que insistan interesadamente los detractores de la reforma en asegurar que no hay ningún sistema democrático en el mundo en el que ese principio se cumpla, lo cierto es que nadie ha pedido tal cosa ni aspira a ella. La demanda es mucho más modesta y simple: mejorar un sistema que otorga la misma representación política al 17% de la población que al 83% restante. En una palabra, reivindicar el principio democrático de que los parlamentos representan a personas y no a territorios, sin que eso implique borrar por completo el peso territorial de la representación, como de manera falaz siguen pregonando determinados dirigentes nacionalistas insulares. La nueva propuesta tiene la virtud de romper el tabú de que el sistema electoral canario es irreformable si no se respeta la triple paridad, el mantra al que se sigue aferrando oficialmente la dirección de CC. 

Pero, sobre todo, surte el efecto de poner a los nacionalistas ante el dilema de ser parte de la solución o la causa del problema. Era evidente que ni CC podía confiar en que su mal remedo de propuesta de reforma - 3 diputados más por Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura - fuera aceptada por el resto de los partidos. Lo que tal vez no esperaba es que estos respondieran con una contrapropuesta ante la que no ha tenido más remedio que reconocer avances y que vuelve a colocar la pelota en su tejado. El 30 de abril es la fecha fijada para que responda y la última oportunidad de sumarse a un acuerdo razonable en el que, justo es reconocer, todo el gasto lo han hecho los otros partidos mientras CC arrastraba los pies. 

Tiene ante sí la ocasión de demostrar que no es una fuerza numantina aferrada a soluciones que pudieron tener cierta justificación en los albores de la autonomía pero que, en la actualidad, son indefendibles políticamente. Está en su mano sumarse a la reforma en Canarias y solventar por fin este asunto en su contexto político natural o arriesgarse a que se la hagan en Madrid, en donde puede que ni su cotizado voto presupuestario le valga de mucho.    

Con Alemania hemos topado

Ha escocido lo suyo la decisión de los jueces alemanes sobre Puigdemont. Tengo para mi que tanto el juez del Supremo español, Pablo Llarena, como el Gobierno de Mariano Rajoy ya habían dado por hecho que el ex presidente catalán sería entregado  por la justicia alemana para ser juzgado en nuestro país por rebelión y malversación. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en uno de sus habituales ejercicios de imprudencia, llegó a decir pocas horas antes de que decidieran los jueces alemanes que no "concebía otro escenario que no fuera ese". Pues lo había y a la vista está. Ahora, los jueces alemanes se cuestionan incluso si la malversación de la que se acusa en España a Puigdemont es equivalente a la corrupción que recoge el ordenamiento jurídico alemán. Al parecer no terminan de tener claro si el empleo de dinero público por parte de Puigdemont para financiar un referéndum ilegal es corrupción o no. 

Al menos - eso hay que reconocerles - sí consideran que en la consulta hubo violencia pero entienden que sin la suficiente intensidad para doblegar al Estado. Una pena que Puigdemont y los independentistas no pudieran sacar los tanques a las calles el 1 de octubre para garantizar máxima intensidad y la celebración del referéndum en paz y camaradería republicana. También destacan - y aquí les escuece a los independentistas - que Puigdemont no es un preso político como él y los suyos son tan aficionados a considerarse. Por si el golpe a las expectativas del Gobierno y de la justicia de nuestro país no fue lo suficientemente duro, una lenguaraz ministra alemana de Justicia vino a echar un poco más de sal en la herida defendiendo la decisión de los jueces y provocando un mal disimulado malestar entre Berlín y Madrid. 

El debate jurídico y político se centra ahora en si los jueces alemanes se excedieron en su interpretación de la euroorden española de detención y entrega de Puigdemont. Hay coincidencia entra la mayoría del juristas en que no formaba parte de las atribuciones de la justicia alemana entrar a determinar si la violencia empleada por los independentistas fue o no suficiente y descartar a continuación el delito de rebelión. Su misión consistía en discernir si en el ordenamiento jurídico alemán hay o no un delito equivalente al de rebelión. Ese delito existe y se llama alta traición, castigado con penas más duras que el de rebelión en España. El fallo, por tanto, cuestiona abiertamente la figura de la euroorden en tanto no respeta la competencia jurisdiccional de otro estado  de la UE, tan democrático como el alemán y perfectamente capacitado para enjuiciar los delitos cometidos en su territorio. Ello sin contar con el hecho de que la medida la adopta un tribunal equivalente a una audiencia provincial española frente a todo un Tribunal Supremo de otro país. 

La intensidad de la violencia de la que hablan estos jueces no era cuestión de su incumbencia, en primer lugar porque carecían de los imprescindibles elementos de juicio para adoptar una decisión fundamentada. Ese es un asunto para la controversia judicial ante los tribunales españoles, país en el que presuntamente se cometió el delito. Sea como fuere, el fallo alemán ha venido a dar oxígeno a los independentistas y ha vuelto a dejar con las vergüenzas al aire la inmovilidad política del Gobierno español dentro y fuera de España ante el desafío secesionista catalán. De todos modos, lo que me pregunto es qué decidirían los jueces alemanes de esta historia si las autoridades de un estado federado convocaran un referéndum ilegal y de forma más o menos violenta o pacífica declararan unilateralmente la independencia de la República Federal de Alemania, país en el que, por cierto, los partidos independentistas son ilegales.   

Los niños con los niños y las niñas con las niñas

Imagino que el ex ministro de Educación, José Ignacio Wert, estará a esta hora en su dorado retiro parisino celebrando con champán el fallo del Tribunal Constitucional que valida que los colegios privados de filiación católica reciban dinero público aunque segreguen a sus alumnos por sexo. El fallo, que tumba en su integridad un recurso presentado por el PSOE en 2014, es un espaldarazo en toda regla a su LOMCE. La decisión no solo considera ajustado a la Carta Magna que el dinero de todos financie la educación segregadora por sexos: ademas, respalda la segregación de los alumnos por itinerarios académicos y que la asignatura de Religión sea una alternativa obligatoria. Si contento está Wert no lo está menos su sucesor. Íñigo Méndez de Vigo dice que el Constitucional garantiza con su fallo la "libertad educativa" y a la Iglesia Católica sólo le ha faltado lanzar voladores. Por algo será que un alto tribunal dominado por magistrados conservadores, un Gobierno no menos conservador y una Iglesia de resabios tridentinos están todos tan contentos hoy. 

Quienes consideramos que la escuela no es solo un espacio para el aprendizaje de conocimientos sino de socialización y de formación en valores como el del respeto a la igualdad de género, creemos en cambio que es una muy mala noticia para la educación de este país. Para empezar, porque no hay estudios que avalen con claridad y de forma concluyente que una educación segregada - horrorosa palabra de siniestras resonancias - consiga mejores resultados académicos que la de carácter mixto. Si de algo vale mi propia experiencia que es la inmensamente mayoritaria, diré que siempre estudie en aulas mixtas y no creo que hubiera recibido una mejor formación ni que me hubiera aprovechado más de haberlo hecho solo con chicos. 

En segundo lugar, aunque no menos importante, porque una escuela segregada no refleja la realidad social en la que hombres y mujeres deben convivir y relacionarse en pie de igualdad. No se me ocurre mejor manera de aprender a hacerlo que desde la escuela. Este fallo, ante el que han expresado su desacuerdo cuatro de los doce miembros del TC, es un triunfo por goleada de las tesis del Gobierno y de su contestada LOMCE. Llega, además, justo cuando han saltado por los aires las conversaciones entre las fuerzas políticas para el Pacto de Estado por la Educación, prometido por Rajoy en su discurso de investidura. Con el PSOE, Podemos, los sindicatos y las AMPAS de los centros públicos fuera de la mesa de diálogo por la intransigencia del PP a la hora de destinar más recursos a la educación, la posibilidad de ese pacto parece ahora mismo cuando menos remota mientras la contrarreforma se afianza. Probablemente era esto lo que buscaba el PP, ganar tiempo mareando la perdiz con el pacto a la espera de que el TC validara la LOMCE. Si fue esa la intención hay que admitir que la estrategia le ha quedado bordada. 

En descargo de los magistrados que han votado en contra del recurso del PSOE cabe decir que el artículo 27 de la CE que garantiza la libertad de enseñanza es el ejemplo perfecto de la ambigüedad en tanto abre la puerta a una cosa y a la contraria: a considerar constitucional la subvención pública de centros segregadores como todo lo contrario. Cierto es que ninguna familia tiene obligación de matricular a sus hijos en uno de estos colegios pero, en mi modesta opinión, destinar dinero de todos a subvencionarlos me parece casi una aberración que va en sentido contrario a las realidades sociales del siglo XXI. Quien quiera para sus hijos educación segregada y mediatizada por una confesión religiosa está en su derecho, pero se la debe pagar de su bolsillo, eso es lo que creo. Uno, en su ingenuidad, pensaba que el tiempo de los niños con los niños y las niñas con las niñas estaba felizmente superado y olvidado salvo, por lo que se ve, para la mayoría del Constitucional, para el Gobierno del PP y para la Iglesia Católica. 

Rivera y Rajoy: anverso y reverso

Mariano Rajoy no se pilló los dedos abriendo una lata de berberechos durante sus vacaciones gallegas. Lo que le ha pasado es que le ha caído encima todo el peso de un hasta ahora inexistente trabajo de fin de máster de un efecto político demoledor. De Rajoy ya sabemos que es un político que no siente ni padece, por lo menos en público. Y como a la fuerza ahorcan, este fin de semana no ha tenido más remedio que arropar a la presidenta madrileña para que el destrozo en la convención sevillana del PP no fuera total. Sin embargo, los discursos cuidadosamente preparados del presidente, con los que pretendía lanzar la precampaña para las elecciones de 2019,  han quedado en un muy segundo plano frente a lo que hiciera o dijera Cristina Cifuentes. Y lo que dijo fue lo que ya había dicho un día antes: que no piensa dimitir a pesar de las mentiras, las medias verdades y las contradicciones sobre su máster. Sin embargo, es muy probable que Cifuentes esté ya sentenciada por el propio Rajoy, aunque el presidente hará todo lo posible para no aparecer ante los suyos como el responsable de la caída.

Ese papel se lo deja a Ciudadanos, el reverso de la misma moneda. La formación naranja ha pedido hoy la dimisión de Cifuentes alegando que el PP no ha aceptado la comisión de investigación sobre el máster. Una excusa como otra cualquiera para echar mano de la llamada "solución murciana": que dimita Cifuentes y que el PP ponga a otro u otra en su lugar. El nombre incluso se viene barajando desde hace un par de días, lo cual no es nada casual sino causal: Ángel Garrido, consejero autonómico de Presidencia, secretario del PP madrileño y un perfecto desconocido más allá de su familia y de su entorno político. Es el mal menor para el PP que mantendría así la presidencia de la comunidad madrileña y el apoyo de Ciudadanos, haciendo fracasar la moción de censura del PSOE. 

Que el PP acepte esta salida sería lógico y natural en un partido a la defensiva y en proceso de declive político y electoral más que evidente, con un líder petrificado en su propia inmovilidad. Lo que no debería ser tan lógico y natural es que Ciudadanos, el partido emergente que presume de ser el más regeneracionista del mundo mundial, opte por la componenda y no por poner en práctica su discurso ético. Claro que eso supondría romper definitivamente con el PP en la Asamblea de Madrid y apoyar la moción de censura del PSOE y hasta ahí podríamos llegar: una cosa es predicar y dar consejos y otra muy distinta cumplir tus propios principios favoreciendo si es preciso un gobierno de izquierdas en Madrid. Dime de lo que presumes...

La hora de la política

Se mire como se mire, la decisión de la justicia alemana sobre Puigdemont es un varapalo a la justicia española y, en particular, al juez Llarena del Tribunal Supremo. Los jueces alemanes acaban de poner en libertad al ex presidente catalán y han descartado que, de acuerdo con la legislación de ese país, pueda ser acusado de rebelión - alta traición en Alemania. Argumentan que falta el elemento de la violencia que sí aprecia Llarena en la orden europea de detención y entrega de Puigdemont. El ex presidente podrá ser ahora entregado a España con una limitación trascendental: sólo podrá ser juzgado por malversación, el otro delito del que le acusa la justicia española, pero que, evidentemente, no reviste la gravedad del de rebelión y, en consecuencia, conlleva una pena mucho menor incluso en su versión agravada. 

Se puede dar así la notable paradoja de que la fuga de Puigdemont a Bélgica terminará teniendo premio. Sus compañeros de fatigas que se quedaron en España y afrontan en la cárcel las consecuencias de sus acciones, podrían ser juzgados por rebelión además de por malversación. La misma suerte que Puigdemont podrían tener los cuatro consejeros que huyeron con él, en libertad los cuatro también a la espera de lo que decidan los jueces belgas y escoceses sobre las acusaciones de rebelión que les imputa Llarena. Incluso se abre ahora la posibilidad de que Puigdemont quede habilitado para ser investido presidente de la Generalitat ya que la eventual inhabilitación para cargo público no se produciría hasta que su sentencia por malversación agravada fuera firme. 

Si el juez Llarena fue demasiado lejos acusando al ex presidente de rebelión - que requiere el empleo de la violencia - en lugar de sedición - que no lo requiere -, tal vez no sea lo más relevante. Habría que empezar por comprobar si la legislación alemana prevé la sedición y con qué requisitos, con lo cual la decisión de los jueces alemanes podría haber sido la misma. Doctores tiene el Derecho para descender a esas disquisiciones leguleyas. Lo relevante es que que el fallo alemán pone claramente de manifiesto al menos dos cosas. La primera, que los sistemas judiciales de España y Alemania han actuado según su leal saber y entender a la hora de interpretar la legislación de ambos países. De hecho, la fiscalía alemana ya ha anunciado que recurrirá el fallo al entender que sí se podría acusar a Puigdemont de rebelión en ese país. 

Montar en cólera por la posición de la fiscalía o alegrarse por la de los jueces, como han hecho los independentistas, es simplemente demostrar que la independencia judicial sólo les interesa cuando favorece sus posiciones políticas. Aunque eso no es nada nuevo, como ponen de manifiesto sus hipócritas apelaciones a la Constitución Española o al Tribunal Supremo a pesar del ninguneo y el desprecio con el que reciben sus decisiones. La segunda conclusión, tan importante como la anterior, es que este revés debería ser un aldabonazo para que Mariano Rajoy entienda que un problema político tiene que buscar un camino político, sin que ello implique necesariamente renunciar a la acción judicial. 

Los independentistas, que hoy celebran la libertad de Puigdemont, deberían también asumir un mínimo de cordura y poner fin a esta disparatada comedia que vienen representando desde hace meses con el más completo desprecio hacia los problemas del pueblo en cuya bandera se envuelven de la noche a la mañana. Sin embargo, lo que seguramente pasará es que Rajoy seguirá dejando que los jueces le hagan su trabajo y los independentistas continuarán disponiendo de munición de sobra para alargar su pulso indefinidamente. La hora de la política sonó hace mucho y nadie la quiso escuchar y de aquella sordera deliberada derivan reveses judiciales como el de ayer. 

Cifuentes debe irse

Supongo que no será precisamente confianza en el sistema académico lo que sientan estos días los miles de alumnos que cursan un máster en España. Si una destacada política presuntamente ha obtenido el suyo sin ni siquiera aparecer por clase, es natural que se pregunten si merece la pena el esfuerzo y el dinero que se exige a unos frente a la manga ancha que se concede a otros. Si la imagen general de la universidad está sufriendo un grave daño con el máster de Cifuentes, la de la Rey Juan Carlos simplemente ha quedado a la altura del betún. 

En cuanto a la imagen de la presidenta madrileña, autoproclamada adalid de la regeneración en el PP, ha pasado a mejor vida al poner de manifiesto que detrás del lema solo había humo. Cifuentes está enrocada en negar las evidencias y en mostrar documentos que nadie le ha pedido. Sin embargo, el trabajo de fin de máster no aparece por ningún sitio y sin él y con el resto de las dudas sobre la mesa, todos los indicios apuntan a un descarado trato de favor. Ella opta en cambio por colocar la carga de la prueba sobre la universidad, haciéndole aún más daño si cabe y pretendiendo presentarse ante la opinión pública como una víctima de la izquierda y de la prensa. Viejo recurso que no cuela a estas alturas y que ni de lejos disipa las dudas sobre su participación en ese supuesto trato de favor. 

De sus presuntas explicaciones de ayer en la Asamblea de Madrid a la que acudió arrastrada por la oposición después de una semana y pico de mutismo absoluto, no se desprende un solo dato que abone su tesis de que todo ha sido legal y real. Más bien al contrario, escuchando sus argumentos se refuerza la idea del trato de favor en aspectos como, por ejemplo, no acudir a clase en un máster que requiere que al menos el 80% de las 600 horas que tiene sean presenciales. Tampoco despejó el cambio de "no presentada" a "notable" en dos asignatura ni por qué se matriculó de un trabajo de fin de máster supuestamente aprobado tres meses antes. Es razonable incluso dudar de que Cifuentes se presentara a alguno de los exámenes del máster. El diario digital elconfidencial.es  revela hoy que nunca llegó a reunirse el tribunal que debía evaluar su trabajo de fin de máster. Extremos que debería aclarar la comisión de investigación creada en la Universidad Rey Juan Carlos solo un día después de que su rector y algunos de sus profesores proclamaran la absoluta legalidad de este asunto. 

Entre los partidos políticos, solo el PP compra la versión de Cifuentes e incluso la ha premiado incluyéndola en el elenco de líderes populares que participarán este fin de semana en la Convención Nacional de Sevilla. El PP es sabedor de que dudar de la versión de Cifuentes y unirse a las sospechas del trato de favor sería un nuevo clavo en el ataúd de la corrupción en el partido y clavarlo justo con quien lo iba a regenerar. El PSOE ha respondido con una moción de censura y Ciudadanos, que apoya el Gobierno de Cifuentes, se ha decantado por la solución mágica: una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. 

No se sabe muy bien si el objetivo es esclarecer los hechos, ganar tiempo o cocer a Cifuentes a fuego lento hasta las elecciones del año que viene. Lo que resulta evidente es que el partido de Rivera gusta mucho más de los discursos rimbombantes sobre ética política que de predicar con el ejemplo. Moción de censura y comisión de investigación no se autoexcluyen y mantener el apoyo a Cifuentes no ayuda mucho a mejorar la confianza ciudadana en los políticos, por mucho que alguno se apellide Rivera y cabalgue en una ola electoral. Por no hablar de devolver la confianza de los estudiantes de posgrado en el sistema académico de este país. 

Presupuestos o elecciones

Aunque no puede excluirse por completo esa hipótesis, sería una afrenta democrática que Mariano Rajoy haya presentado unos presupuestos en el Congreso solo con la intención de recuperar parte del terreno electoral perdido. En particular, con el objetivo de presentarse ante los ciudadanos como un presidente que cumple con la obligación constitucional del Gobierno de presentar unas cuentas públicas y, si son los otros partidos los que no las respaldan, que caiga sobre ellos la responsabilidad última. Responsabilidad, por ejemplo, de que los pensionistas no mejoren su situación, de que no suban los salarios de los empleados públicos o de que no haya dinero para las carreteras canarias. 

En el caso de los pensionistas es llamativo que hasta hace menos de un mes no hubiera un euro para subir las pensiones por encima del 0,25 y de pronto hayan aparecido en la chistera de Montoro casi 5.200 millones de euros con los que calmar a los soliviantados jubilados. Si eso no es magia potagia, no imagino qué puede serlo. Seguramente confía el Gobierno en que, sí por otro acto de magia, el Congreso le aprueba las cuentas habrá conseguido que buena parte de los pensionistas beneficiados tenga presente a Rajoy en sus pensamientos electorales, que buena falta le hace. Y si no es así, que culpen al PSOE o al PNV por haberse cerrado en banda a cualquier acuerdo. 

Me cuesta mucho admitir que un político de acusada tendencia a la inmovilidad como Rajoy, se haya atrevido a dar el paso de presentar estas cuentas sin contar con al menos un leve indicio de que no le supondrán un sonoro revolcón parlamentario. Si no fuera así cabe pensar que el presidente está perdiendo facultades a pasos agigantados y ya ni siquiera actúa como es costumbre en él: quedándose quieto parado. No me extrañaría que sueñe con la posibilidad de que la situación catalana se enderece - a saber cómo - y el PNV baje del monte más pronto que tarde. La formación en Cataluña de un gobierno "viable" que le permita acabar con la aplicación del 155,  sería música celestial a los oídos de Rajoy. Esa opción, no obstante, parece cada vez más remota. La petición de la fiscalía alemana para que Puigdemont sea entregado a España, en donde podría ser condenado a una larga pena por rebelíón, oscurece más si cabe el panorama. Incluso quedándose preso en Alemania, la situación está lejos de despejarse aunque haya que volver a las urnas en Cataluña. 

De manera que, por una suerte de carambola política, el futuro de Rajoy al frente del Gobierno de esta legislatura depende ahora de la suerte que le tengan reservada los jueces alemanes a Puigdemont. Y ni siquiera puede en este caso llamar a Merkel para que le eche un cable, tendrán que lidiar él y su partido con las consecuencias de sus acciones y, sobre todo, de sus inacciones en Cataluña. Eso sí,los efectos los volveremos a pagar los españoles, como de costumbre. Así las cosas, no me explico cómo aún hay quienes defienden que si no hay nuevos presupuestos se prorrogan los de 2017 y aquí no ha pasado nada, se sigue en el Gobierno hasta 2020. Solo proponerlo supone despreciar una regla democrática básica: si como Gobierno no tienes el apoyo de la mayoría para una ley de la importancia de los presupuestos anuales,  no hay más opción que convocar elecciones por mucho que temas que las perderás. Y en el caso de Rajoy, la única opción sería volver a su despacho de registrador de la propiedad y permitir que este país avance.