No es abuso, es violación

No recuerdo ninguna sentencia que haya producido una conmoción social y un rechazo tan generalizado y unánime como la que este jueves ha dictado la Audiencia de Navarra en el "caso La Manada". Leyendo los hechos que el tribunal considera probados se encoge el estómago al mismo tiempo que la sangre sube de temperatura y se extiende la sensación de asco y repulsa. Es absolutamente incomprensible que después de la pormenorizada descripción de lo ocurrido, los magistrados hayan llegado a la conclusión de que no fue una violación de libro sino un caso de abusos sexuales. El ponente y los miembros del tribunal que suscriben el fallo deben tener muy atrofiada su sensibilidad humana ante el pánico sufrido por la víctima mientras cinco bestias pardas la sometían a su voluntad. 

Por no hablar del carcamal que emitió un voto particular defendiendo la absolución por unos hechos que - diga lo que diga el Código Penal y el fallo - sólo pueden recibir un nombre: violación. Si lo que hay que hacer es cambiar el Código Penal cuanto antes para poner fin a los distingos bizantinos sobre la resistencia o ausencia de ella para hablar de violación o de abuso, que se haga. El PP, tan sensible a la hora de impulsar el endurecimiento de la prisión permanente revisable, tiene en este caso una magnífica oportunidad para demostrar que su interés por agravar las penas no es mero electoralismo. No me cabe duda de que para evitar que se vuelven a dictar sentencias como esta contaría con un amplísimo respaldo político y social. 

El fallo, contestado en la calle desde el mismo momento de su lectura pública, es un insulto a las víctimas de violación y un mensaje disuasorio para que otras mujeres en la misma situación no se molesten mucho en denunciar. Al final, si no le dan con un palo en la cabeza o le apuntan con un arma, los agresores solo habrán cometido un abuso sexual no mucho más grave que si le hubieran tocado el trasero en la calle. Para mayor escarnio, el fallo llega tras un proceso tormentoso en el que la víctima a punto estuvo de tener que demostrar su inocencia en lugar de sus agresores la suya. Solo hay que recordar que el tribunal aceptó como prueba el informe de un detective privado contratado por los acusados para que investigara la vida de la víctima antes y después de los hechos. 

Aunque el informe fue retirado por la defensa, que el tribunal lo aceptara en su día como prueba ya fue un potente indicio de por dónde podría ir el fallo y de la idea que los jueces se estaban formando de los hechos. Con todo, no es justo generalizar ni condenar a todos los jueces de este país por el fallo de tres de ellos, usando aquí la palabra fallo no sólo en su sentido de sentencia judicial sino de grave y vergonzoso error perpetrado con plena consciencia del mismo. Sin embargo, me siento humillado y escandalizado por una sentencia que vuelve a poner en un brete la imprescindible confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y en la rectitud de sus fallos. Queda, no obstante, la esperanza de que el Tribunal Supremo llame a las cosas por su nombre y corrija la incalificable sentencia de la audiencia navarra. La víctima de este caso y las de otros similares, así como el conjunto de la ciudadanía, tienen derecho a la reparación y a que se imparta justicia con el máximo rigor e imparcialidad.