Rajoy en vía muerta

Rajoy se fue hace una semana a Barcelona a clausurar el congreso de su partido en Cataluña y aprovechó para darle estopa a los independentistas. Hoy ha vuelto con 4.500 millones de euros de inversión en el bolsillo y ha llamado a los empresarios catalanes a la moderación ante el independentismo. Si lo que el presidente pretende con esta lluvia de millones es ganarse el favor de los grandes empresarios catalanes puede que el gesto y el gasto sean superfluos porque seguramente ya cuenta con él. Si lo que busca en cambio es frenar el órdago independentista habría que concluir que sigue sin entender nada de nada de lo que pasa en Cataluña.

Y como no lo entiende tampoco hace nada que de verdad sirva para buscarle una salida al problema político más grave al que se enfrenta España. Considera que el meollo del problema es sólo económico y judicial y desdeña cualquier otra opción que implique negociación política. Así ha ido dejando pasar el tiempo y así se ha ido enquistando un problema en el que sólo impera ya el monólogo de sordos y la violación de las leyes y de la Constitución por parte de quienes ya no atienden a más razones que las suyas.

En este desalentador contexto la próxima semana verá la luz el libro “La tercera vía” del que es autor el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta. Se le reconoce el optimismo y la buena voluntad a Iceta para encontrar una fórmula que evite el choque de trenes mediante una reforma constitucional que recoloque el modelo territorial del Estado de las autonomías.  Sin embargo, como él mismo admite,  la propuesta, que no es nueva, puede que llegue demasiado tarde. Ni los independentistas catalanes quieren oir hablar de nada que no sea volver a convocar otra consulta soberanista o declarar unilateralmente la independencia ni Mariano Rajoy y el PP son capaces de cambiar el discurso del palo por el del palo y la zanahoria.

Nadie en su sano juicio debería pedirle al Gobierno que ignore el incumplimiento de las leyes, por más que a Pablo Iglesias le parezca casi una monstruosidad democrática que se condene a alguien por sacar ilegalmente las urnas a la calle. No es eso lo que se le reclama desde hace años a Rajoy y al PP sino un actitud proactiva para modificar una Constitución a la que se le saltan las costuras. Admito que yo también albergo dudas de que una reforma constitucional a estas alturas consiga evitar lo que cada día que pasa parece más inevitable. Lo que lamento es que no se haya hecho absolutamente nada para impedirlo más allá de acudir a los tribunales y al Constitucional en una dinámica de acción – reacción que sólo ha conducido a polarizar y enrarecer el debate.

Y no es tampoco que la Constitución  deba reformarse con el único objetivo de evitar la ruptura con Cataluña sino porque hay otras comunidades autónomas como Canarias que también requieren un nuevo encaje constitucional. Y, además, porque se hace imprescindible y urgente poner orden en el caos competencial y en la duplicidad de instituciones, funciones y normativas de aluvión que han modificado de facto el texto fundamental y han desbordado de recursos contrapuestos entre gobierno central y comunidades autónomas el Tribunal Constitucional.

Sin mencionar otros cambios imprescindibles, los que tienen que ver con Título VIII son lo suficientemente relevantes como para que los partidos políticos hicieran algo más que intercambiarse reproches y abordaran una amplia reforma constitucional. La falta de consenso político que alega el PP para reformar la Carta Magna es un argumento falaz que no sirve para ocultar el inmovilismo de Rajoy. Si no hay consenso se busca como se buscó y se encontró, incluso contra todo pronóstico,  en 1978. No intentarlo al menos pone de manifiesto que la fe del presidente en el sistema democrático y en la madurez política de los españoles es escasa o nula.  Sólo cabe esperar que esa falta de fe en los mecanismos de la democracia no termine provocando una ruptura que no beneficiaría a nadie per cuyos responsables políticos tienen nombres y apellidos. 

De Roma al brexit

No ha habido conciertos ni fuegos artificiales y nadie ha soplado las velas de la tarta. Sólo ha habido discursos de circunstancias y caras más bien largas para conmemorar el 60º aniversario del nacimiento de lo que hoy llamamos Unión Europea. Ha sido en la misma sala – la de los Horacios y Curiacios - y en la misma ciudad – Roma -  en la que nació una idea que, llevada a la práctica y con todas las pegas que se quiera,  ha proporcionado a Europa medio siglo de paz e innegables  avances sociales y económicos.

Hasta que estalló la peor crisis económica de los últimos cien años y convirtió el sueño de la integración europea  en la pesadilla de la austeridad a machamartillo para mayor gloria de los mercados financieros. Hicieron bien los líderes europeos este fin de semana en pasar de puntillas sobre el cumpleaños de una Unión Europea que parece haber perdido el norte y hasta el oremus. Máxime cuando esta misma semana el Reino Unido, su miembro más díscolo, les pondrá sobre la mesa su adiós definitivo. Es el primer socio que abandona el club y ante sí tienen los que se quedan el difícil reto de gestionar una situación inédita que, termine como termine, marcará un antes y un después en esta desconcertada y desnortada Unión Europea.

Lo que no han hecho bien los líderes europeos es no aprovechar el aniversario fundacional para hacer al menos algo de autocrítica, aunque es mucha la que se necesita. Está bien apelar a la unidad y a la fortaleza pero esa apelación suena a discurso vacío y poco sincero si no se acompaña de un reconocimiento expreso de que las cosas se hubieran podido haber hecho de manera muy distinta. El austericidio  fiscal impulsado por Alemania y sus países satélites y seguido de muy buen grado por países como España no era un mandato divino sino una opción política deliberadamente disfrazada de objetividad económica que ha traído paro, pobreza y exclusión social nunca antes vistos.

Nadie ha entonado un mea culpa por tanta irracionalidad económica en la última década ni es probable que lo entone jamás. Como no lo entonará nadie por la vergonzosa respuesta al mayor drama humanitario que ha vivido el continente desde la II Guerra Mundial, el de los refugiados. Las vallas y los muros levantados en las fronteras exteriores hablan de una Unión Europea encogida sobre sí misma que reniega de los principios de solidaridad y fraternidad que, en última instancia, le dan sentido humano a eso que se suele llamar el proyecto de una Europa unida. Por lo demás, la ebullición de la xenofobia y el racismo en varios países europeos deja en evidencia el agotamiento del discurso político de las viejas fuerzas liberales y socialdemócratas que parecen haberse conformado con que los populistas de nuevo cuño no les coman demasiado terreno electoral.

Claro que otra Unión Europea no sólo es posible sino imprescindible. Volvernos sobre nuestros respectivos ombligos nunca debería ser una opción y quien la elija, como el Reino Unido esta misma semana, se arriesga al aislamiento  en un mundo que ya sólo puede ser global. Pero esa Europa alternativa, para tener futuro, debe reajustar cuanto antes su objetivo y centrarlo en los ciudadanos europeos, los grandes olvidados por Bruselas y por los líderes europeos en estos nefastos últimos diez años de crisis económica. De nada servirán los hueros discursos para la galería como los escuchados este fin de semana en Roma si quienes los han pronunciado se dan por satisfechos con sacarse la foto de familia, que es lo que me temo que ha pasado.

Hay que detener la creciente desafección de los ciudadanos hacia el proyecto europeo que alimenta la vuelta a las fronteras y al aislamiento y que se extiende ya por varios países del viejo continente.  Seguir contemporizando y dando largas a la solución de los muchos y graves problemas que tiene este gigante con pies de barro llamado Unión Europea – entre ellos el de su propia credibilidad ante los europeos -  sería una grave irresponsabilidad histórica que Europa no se puede permitir. 

Una caña es una caña

Pongámonos en situación: la hora debe ser como de media mañana, cuando casi no hay español que no haga un kit kat para tomarse el cafelito o, si se tercia, una cañita con la que combatir los rigores de la jornada laboral. Como rara vez se solazará solo porque no podría hablar de fútbol o de política, por lo general lo hace en compañía de dos o tres colegas de la oficina o queda con alguien a quien no ve hace tiempo para charlar un rato y contarse las “últimas novedades”. Situado el momento, veamos el sitio: estamos en Murcia y el escenario es el de una terraza ligeramente cutre, con unas sillas de aluminio un poco torcidas situadas en medio de lo que parece una acera o tal vez una calle peatonal. 

Al fondo de la imagen se ve a una mujer caminando con unas bolsas colgadas del brazo, probablemente de una tienda de ropa, lo que hace suponer que estamos cerca de una zona comercial de la capital murciana. A la derecha  se ve parcialmente la espalda de otra clienta de la terraza a la que es evidente que el autor de la fotografía no tiene ningún interés en encuadrar. Fijémonos ahora en los tres hombres que sí aparecen de lleno en la imagen departiendo plácidamente en torno a un botellín de cerveza, tal vez unas aceitunitas  y lo que puede que sea un café o quizá una infusión.

Están relajados, visten de manera informal y hacen gestos corrientes como frotarse un ojo o hurgarse los dientes con un palillo. Averigüemos ahora quiénes son estos tres pacíficos ciudadanos que disfrutan placenteramente del noble arte de la conversación en medio de una jornada laboral seguramente ajetreada y estresante. El que queda frente a la cámara  furtiva vistiendo chaqueta marrón se llama Julián Pérez – Templado y es a la sazón magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia del que llegó a ser presidente. Enfrente suya, con una parka oscuro sin mangas, se sienta Cosme Ruiz, ex concejal del PP en el ayuntamiento de Murcia y recientemente nombrado vocal de la Junta Directiva regional de los populares. El tercer hombre, al que parece que se le ha metido algo en un ojo, aún está por identificar. 

Y llegamos así al meollo del asunto que es saber cuándo se vieron estos tres relajados señores para tomarse unas cañas en una tranquila terraza. Según el diario La Verdad de Murcia, que ha publicado la instantánea, eso ocurrió el 7 de marzo pasado, es decir, un día después de que prestara declaración como imputado en un caso de presunta corrupción urbanística el aún presidente de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez. Se da la circunstancia de que el juez que le tomó declaración sólo un día antes de esta foto se llama Julián Pérez – Templado. Cosme Ruiz ha dicho que en absoluto hablaron del interrogatorio a Sánchez y que él y el juez son viejos amigos.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia guarda silencio y el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha venido a decir que en la capital pimentonera se conoce todo el mundo. De manera que, a juicio del ministro portavoz, no hay  nada extraño ni reprochable en el hecho de que el juez que instruye una causa por presunta corrupción contra toda un presidente autonómico se vea al día siguiente del interrogatorio con un dirigente del partido en el que milita ese presidente. 

Tampoco el Consejo del Poder Judicial ha dicho nada pero de ese mal llamado “gobierno de los jueces” poco cabe esperar a la vista de cómo ha actuado ante otros escándalos como el “Albagate ”, relacionado con las andanzas del magistrado Salador Alba de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Espero impaciente la opinión de Mariano Rajoy aunque conociendo al presidente no me extrañaría nada que al ser preguntado por esta fea foto – y no me refiero a la calidad – se limitara a contestar que una caña es una caña.    

¿Qué hay de nuevo, nacionalidad?

El debate de la nacionalidad que se acaba de perpetrar en el Parlamento de Canarias ha cumplido con creces las expectativas puestas en él: ha dejado las cosas prácticamente como estaban antes de que empezara. No hablemos de que este debate tampoco haya supuesto un antes y un después en la vida de los canarios porque ni era eso lo que se pretendía ni era eso lo que se podía esperar. Tampoco es cuestión de pedirle higos a las tuneras ni tunos a la higuera.

Lo que hemos visto y ya sabíamos es que Fernando Clavijo está en minoría aunque, si no llevé mal las cuentas, esa palabra no la pronunció ni una sola vez durante el debate. Lo que sí hizo fue subirse a la máquina del tiempo para prometernos que dentro de 15 años los canarios más jóvenes serán capaces de chamullar en canario y en inglés. Es la fórmula con la que el presidente quiere rebajar las cifras de paro y exclusión social que padecemos los indígenas por ser tan negados para la lengua de Chespir.

Sabíamos y hemos corroborado que el PSOE tiene un intenso picor por todo el cuerpo desde que salió del gobierno. Tan mal anda la sanidad por la mala cabeza del PSOE – Clavijo dixit – que Patricia Hernández, ayer vicepresidenta del Gobierno y hoy disfónica portavoz socialista, no pudo conseguir hora en su centro de salud antes de comparecer en la cámara para, con voz cañaveral, cantarle las cuarenta en bastos de la sanidad a Clavijo. Su encendida defensa de la gestión del ex consejero Morera puso de manifiesto lo mucho que escuece en el PSOE este asunto y la poca capacidad de autocrítica de la que es capaz la ahora furiosa portavoz socialista.

Del popular Antona los antonólogos esperaban un indicio o una señal o una pista que les permitiera averiguar si sube o si baja, si viene o si va. Se han quedado con un palmo de narices: nadie lo sabe y empiezo a sospechar que Antona tampoco o si lo sabe no le dejan hacer lo que le pide el cuerpo. Su ambigüedad sobre si quiere ser parte contratante del gobierno minoritario de Clavijo o sólo bastón de apoyo parlamentario empieza a ser tan cansina que hasta el poco rutilante portavoz nacionalista, José Miguel Ruano, le ha tenido que pedir que diga de una vez cómo piensa convertir en hechos sus campanudas frases sobre la estabilidad, la gobernabilidad y otras hierbas con las que el búlgaro líder del PP nos lleva meses mareando.

¿Había alguien que no esperara que el primer premio a la mejor oratoria parlamentaria se lo llevaría una vez más Román Rodríguez? Seguro que no porque tiene aprobados con nota alta los exámenes de cómo ser incisivo en los debates cuerpo a cuerpo, sobre todo cuando el rival es Fernando Clavijo, al que incluso es capaz de sacar de su natural aletargamiento oratorio. El problema del “señor Román” es que sólo tiene 5 diputados y que le suele pasar como a esos futbolistas que se gustan tanto a sí mismos que  siempre hacen un regate de más y se les olvida tirar a puerta.

Tampoco ha sorprendido a nadie la portavoz de Podemos, Noemi Santana, quien da a veces la sensación de jugar en otra liga en la que con echar mano del manual de tópicos del día se despacha cualquier cuestión que se ponga sobre la mesa. Y por último, de Casimiro Curbelo sólo cabe decir que se ha convertido en un escudero tan fiel de Clavijo que CC en La Gomera - si es que existe - debería integrarse sin condiciones y sin tardanza en la Agrupación Socialista Gomera.

Y como traca final de debate tan apasionante, el primer resbalón serio de la era Antona en el PP con la propuesta firmada a tres manos con CC y Curbelo para que las Cortes no osaran tocarle una coma a la reforma del sistema electoral canario. Escenificando un pacto de gobierno de facto, el PP, que  hace dos años incluso se había puesto al frente de las manifestaciones que pidieron un cambio del sistema electoral, se plegó ayer encantando a los intereses de CC y de la ASG para que cualquier modificación se haga en Canarias, lo que puede ocurrir perfectamente cuando las ranas críen pelo. Hoy ha tenido que recular ante las críticas y lo propio han tenido que hacer, para no quedar retratados una vez más, CC y Curbelo. Ahora sólo se trata de que la reforma se haga en Canarias con criterios de proporcionalidad y con el objetivo de que se aplique en las elecciones de 2019, cosa que creeré cuando vea.

En cuento a las razones del segundo cambio de opinión de Antona en menos de 24 horas todo apunta más bien a la necesidad que tiene su partido de contar con el voto en Madrid del diputado de NC, Pedro Quevedo, que a la rectificación de un patinazo que cogió con el pie cambiado a sus propios compañeros del PP. Quevedo ha puesto como condición para apoyarle las cuentas estatales a Rajoy que el PP no bloquee el cambio del sistema electoral canario y puede que alguien, desde Génova, le haya tenido que pedir a Antona que procure no gobernarse solo ya que hay otros intereses en juego además de los suyos propios. Rocambolesco florilegio político para poner punto y final a un debate prescindible y que, por fortuna, no tardaremos en olvidar. 

Rajoy se enfada

Rajoy está enfadado y, cuando Rajoy se enfada, su recurso más socorrido es amagar con adelantar las elecciones. Esa actitud se puede calificar también de chantaje a la oposición: o me apoyas en todo y sin rechistar o te convoco unas elecciones anticipadas que se te va a caer el pelo. Si la amenaza viniera de otro podría ser preocupante pero viniendo de Rajoy sólo puede calificarse de cansina y aburrida. Rajoy lleva adelantando las elecciones desde que perdió la mayoría absoluta en las del 20 de diciembre de 2015. Su absoluta pasividad de entonces para conseguir apoyos que le permitieran continuar en La Moncloa y su convencimiento de que los restantes partidos  tenían que apoyarle por ser él quien es, no fue otra cosa que un intento de forzar una nueva convocatoria electoral que al final tuvo éxito.

Es verdad que a ese éxito contribuyó de manera determinante el “no es no “ de Pedro Sánchez que, en realidad, a Rajoy le vino muy bien para mejorar sus resultados en junio de 2016 mientras el PSOE reculó aún más. Empezó entonces la segunda parte de un culebrón con Rajoy remoloneando hasta que, al final y sobre la campana, asumió ser investido presidente del Gobierno. No pasó ni una semana y ya estaba Rajoy amagando de nuevo con adelantar las elecciones si la malvada oposición no le apoyaba los nuevos presupuestos generales o se le ocurría laminar las reformas que el PP aprobó sin consenso alguno y valiéndose sólo del rodillo de su mayoría absoluta en la legislatura anterior.

Y eso que una semana antes, en su discurso de investidura, Rajoy se había desecho en promesas de diálogo y consenso con todas las fuerzas de la oposición en un evidente discurso para aparentar lo que no es en absoluto, un estadista que antepone el interés general al de su partido. Muestra evidente de lo que a Rajoy parece importarle que España cuente o no este año con unos nuevos presupuestos que sustituyan a los prorrogados de 2016 es que a fecha de hoy, 20 de marzo, aún no los ha aprobado ni el Consejo de Ministros. Se sabe de contactos del PP con otras fuerzas políticas para sondear posibles apoyos, pero de números y objetivos no se sabe absolutamente nada casi cinco meses después de la investidura de Rajoy.

El revolcón parlamentario sufrido la semana pasada por Rajoy a propósito de la reforma del sector de la estiba ha llevado al presidente a agitar de nuevo el espantajo de las elecciones anticipadas. Por una vez y para variar, podía haber sorprendido a los españoles prometiendo que él, su gobierno y su partido se esforzarán más a partir de ahora en negociar con la oposición asuntos de calado como ese en lugar de intentar imponer un trágala a última hora, con nocturnidad, de prisa y corriendo. Sin desconocer el hecho de que también la oposición ha empleado el cálculo político al no respaldar al Gobierno en el asunto de la estiba, lo que no es de recibo es que Rajoy y los suyos consideren que ellos son los únicos que se pueden permitir ese cálculo interesado mientras los demás deben limitarse a asentir y votar todo lo que el Ejecutivo les ponga delante.

Eso sí que es una irresponsabilidad del Gobierno por más que éste y quienes le apoyan quieran hacer recaer la culpa sobre la oposición que, habrá que recordarlo una vez más, no es quien tiene la obligación de gobernar.  Andar amagando un día sí y otro también con adelantar las elecciones cuando la oposición te derrota en el parlamento, pone de manifiesto la inexistente cintura de Rajoy para la negocación y su completa incapacidad para comprender que los tiempos y los escenarios políticos han cambiado radicalmente y nada tienen que ver con los de la placentera mayoría absoluta. Por suerte para la democracia, aunque a Rajoy ni le guste ni lo entienda.  

Revolcón portuario

De histórica, con todas las letras y todo el merecimiento, cabe calificar la derrota parlamentaria sufrida hoy por el Gobierno a propósito de la reforma de la estiba portuaria. El real decreto ley que el Consejo de Ministros aprobó el 24 de febrero para dar cumplimiento a la sentencia de la justicia comunitaria que liberaliza la actividad ha quedado derogado después de que el PSOE y Unidos Podemos votaran en contra y de que Ciudadanos reculara en el último minuto y se abstuviera. Ya ha llovido lo suyo desde que el gobierno no se quedaba colgado de la brocha y sin decreto ley como le ha ocurrido hoy a Rajoy. Concretamente desde el año 1979 no pasaba nada igual y miren que se han aprobado cosas por la vía del real decreto durante esos casi 40 años.

Tal vez demasiadas, sobre todo en los periodos en los que el partido en el poder ha abusado de su mayoría absoluta y se ha dedicado a gobernar  por esa vía para ahorrarse engorros parlamentarios. No hay que irse muy lejos para encontrar uno de esos periodos de decreto y mando, en concreto el que va de 2011 a 2015, en el que casualmente también presidía el Gobierno Mariano Rajoy. Claro que ahora las cosas son muy distintas y cuando no se tiene mayoría absoluta como ocurre en la actualidad es mucho mejor acudir a la cámara con los deberes hechos que intentar pasar el examen con algún juego de manos de última hora para despistar a unos y a otros.

Lo intentó in extremis ayer tarde el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, al ofrecer a los estibadores prejubilaciones a los 50 años con el 70% del sueldo que pagaríamos todos los españoles ya que las empresas no tardaron en ponerse de perfil. Pero ni por esas convenció a los estibadores, perfectamente conscientes de que pueden paralizar el país si se lo proponen, ni logró atraerse los votos suficientes de la oposición para que el decreto viera la luz. Claro que, de haberse aprobado, mañana habría empezado en este país una huelga portuaria de costosísimas consecuencias económicas. La derrota parlamentaria del Gobierno, además de poner de manifiesto lo mal que se lleva Rajoy con su situación política minoritaria, ha librado de momento al país de una huelga que seguramente hubiera costado mucho más que esa multa de 134.000 euros diarios que Bruselas nos impondrá a todos los españoles por no aplicar la sentencia comunitaria.

La cuestión es qué hacer ahora, después de que todo haya vuelto al punto de partida, sin decreto y sin negociaciones entre empresas, gobierno y trabajadores, una vez que el Ejecutivo se tomó la irresponsable libertad de ausentarse de la mesa de negociación. Pues eso es precisamente lo que hay que hacer de inmediato: sentarse las tres partes a negociar un acuerdo asumible por todos que encaje en lo que establece la legislación comunitaria que necesariamente debe aplicar España.

Lo que no valen son huídas hacia adelante como la que ha protagonizado Fomento para intentar pasar por buena una norma rechazada por los trabajadores, argumentando que la sentencia no dejaba margen a la negociación. Tampoco es de recibo que las empresas pretendan sacar provecho de la sentencia abogando por la liberalización y la precarización de unas tareas que requieren formación, seguridad y experiencia, con la excusa de reducir costes. 

Y, del mismo modo, tampoco es tolerable que los estibadores se atrincheren detrás  de una situación laboral a todas luces privilegiada, cerrada y hasta hereditaria que no tiene parangón en ninguna otra actividad económica: todos tendrán que ceder para encontrar la cuadratura del círculo en este asunto. Mientras, el Gobierno, en lugar de andar amagando con acortar la legislatura como está haciendo hoy tras este revolcón parlamentario,  lo que debería hacer es tomar de una vez buena nota de que gobernar en minoría no quiere decir que los demás partidos estén obligados a extenderle un cheque en blanco para que lo gaste a su antojo.    

Sí, soy tercermundista

Con evidente ánimo de ofender, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha calificado hoy de “tercermundista” la oposición de la mayoría de la sociedad civil canaria a aquellas prospecciones petrolíferas con las que prometió convertir a los indígenas en jeques árabes de la noche a la mañana. Es una pena que más de dos año después de que Repsol asegurara que no había gas ni petróleo que extraer en las islas, a Brufau no se le haya pasado aún la rasquera de no haber sido recibido en Canarias con banda de música y alfombra roja por la generosa lluvia de millones y puestos de trabajo que, según él, nos iba a proporcionar el petróleo.

Despechado aún ha intentado hoy presentar como unos palurdos atrasados a los canarios y a las fuerzas políticas y sociales que con firmeza se opusieron a sus mentiras y a las de su valedor político y chico de los recados, José Manuel Soria. Peor para él si dos años después sigue sin comprender  - más bien sin querer comprender – las razones de aquel rechazo social mayoritario. Que no fueron sólo los riesgos para el medio ambiente y el turismo derivados de las prospecciones petrolíferas, sino la imposición política unilateral de una actividad peligrosa sin el más mínimo respeto por la opinión de las potenciales víctimas de un eventual desastre ecológico.  

Aquel mangoneo con los estudios de impacto ambiental y aquel desprecio para con quienes no veían ni ven en esa actividad más que un negocio privado con mucho más riesgo que oportunidades, fue lo que encendió una ola de protestas de la que la sociedad canaria que la alimentó debería sentirse orgullosa por mucho que a Brufau le parezca tercermundista. Por lo que a mi respecta, si tercermundista es no comulgar con ruedas de molino ni tragarme píldoras doradas sobre lluvia de millones de euros en inversión y beneficios, me declaro profundamente tercermundista. Hace tiempo que recelo de las cuentas de cristal con las que los colonizadores encandilaban a los indígenas para quedarse con sus riquezas.

Y si ser tercermundista es oponerse a la depredación oportunista de empresas como Repsol de la riqueza natural y medioambiental de estas islas, base de su economía y ya bastante machacada por otros intereses privados, me proclamo también tercermundista. Y lo soy también sí como tal se considera desconfiar profundamente de la promiscuidad entre el poder político y los intereses privados como se puso ampliamente de manifiesto en la gestión que José Manuel Soria hizo de este asunto desde el Ministerio de Industria.

Sí, soy tercermundista si por tal se entiende apostar por las energías limpias y no contaminantes antes que por las fósiles y sucias a mayor gloria del interés de una empresa privada que sólo responde a las legítimas aspiraciones de sus accionistas de obtener beneficios. Nunca creí que a Repsol le preocupara ni mucho ni poco el problema del paro en Canarias, esgrimido en más de una ocasión por Brufau para convencernos de las bondades de las prospecciones y, desde ese punto de vista, me declaro también acérrimo tercermundista.

Así que ya puede el señor Brufau olvidarse de Canarias y aprender por fin la lección de que comportamientos coloniales como el suyo ya no se estilan por muy poderoso que se sienta al frente de Repsol y por mucho apoyo político del que se disponga para hacer su santa voluntad. Ahora Brufau parece un chico con zapatos nuevos después de que Repsol haya descubierto un importante yacimiento petrolífero en Alaska. Le deseo mucha suerte y que con su pan se lo coma pero si vuelve por estas tercermundistas islas llamadas Canarias, será bienvenido siempre que deje en casa la arrogancia y traiga sólo el bañador y la sombrilla para disfrutar de sus playas.     

Esos hachas de la OCDE

Yo me quedo bobo. Es que lo leo y lo releo y no lo creo. Hoy me he enterado de que la causa de la pobreza que padece más de un tercio de la población española se debe a la mala calidad del empleo que se crea en este país. ¡Quién lo iba a decir! Y uno dándole vueltas y vueltas a la sesera, intentando encontrar la explicación a ese misterio macroeconómico, y ha venido un señor que se ha presentado como director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – tomo aire  – y en un plis plas lo ha resuelto.

¿Cómo es posible que no se nos hubiera ocurrido antes a los indígenas que una causa central de la pobreza en España es que tener un trabajo no sirve necesariamente para evitar ser pobre? Eso va a ser que no investigamos lo suficiente como hacen en otros países de “nuestro entorno” y por eso no sabemos cómo interpretar lo que nos pasa, ni cuáles son sus causas ni cómo corregirlas. Por eso ha tenido que venir este señor, armado con su tocho de informe sobre la cosa económica española, a decirnos algo que a nosotros no se nos hubiera ocurrido en la vida. 

Pero no crean que todo han sido malas noticias, al contrario. El señor en cuestión también se ha mostrado satisfecho porque la economía va viento en popa a toda vela y crea mucho empleo. La pega, ya digo, es que es de tan mala calidad que en muchos casos ni para lo comido por lo servido viene a dar a fin de mes. Claro que los empresarios españoles jamás estarían de acuerdo con lo que este señor de la OCDE dice. Si usted le pregunta a un empresario de postín por las montañas de contratos de menos de una semana o, con suerte, de menos de un mes que se firman en este país, te responderá que siempre es mejor eso que nada y que cuántos no darían un brazo o una pierna por pillar uno de esos empleos de chichinabo que de manera tan generosa oferta la boyante macroeconomía patria.

Si la misma pregunta se la hace usted a Rajoy o a Báñez o a Guindos, la respuesta al canto es que “lo importante es que la economía española está creciendo y creando empleo como nunca anteriormente y eso es lo que realmente importa”. O sea, lo mismo que los empresarios pero de manera menos cruda. Y de ese discurso manido no sacará  usted ni a empresarios ni a gobierno aunque les ponga delante a la OCDE, al FMI, a la Comisión Europea – otros dos que tal bailan – y a la Tuna de Derecho de Santiago en pleno. Y eso que lo que ha venido a decir el señor este de la OCDE es tan de perogrullo que yo en su lugar me hubiera  puesto colorado solo de decirlo ante los periodistas.

Lo curioso es que a esa original conclusión no añadió – más allá del cansino recetario habitual - recomendación novedosa alguna al Gobieno español para que haga algo al respecto o a los empresarios para que dejen de firmar contratos semanales como el que fríe churros. Claro que hubiera dado exactamente lo mismo: conclusiones tan pedestres como esa las llevamos oyende hace tiempo de otros organismos internacionales a los que el Gobierno y la patronal siempre ponen por testigo de sus ataques a los derechos laborales pero sólo y cuando los justifican.

Sin embargo, cuando algunos de esos organismo como la OCDE se atreve a meter el dedo en la llaga, aunque sea sólo la puntita, lo habitual es silbar, mirar al tendido y hacer como que la cosa no va con uno.  Eso sí, yo a los hachas estos de la OCDE, que seguramente disfrutarán de empleo de calidad y bien remunerado y que puede que hayan pasado noches sin dormir para llegar a la conclusión de que buena parte del emleo que se crea en España es peor que pésimo, les concedía sin más preámbulo el Nobel de Economía. ¡Qué menos!

Susana cruza Despeñaperros

Curiosa manera la que ha tenido Susana Díaz de hacer saber al respetable público en general que quiere ser la lideresa del PSOE. No ha revelado un secreto tan bien guardado como ese en un mitin o en una rueda de prensa sino que ha enviado al propio partido a filtrarlo a determinados medios y por estricto orden de preferencias y afinidades a su candidatura. Me pregunto qué problema había para anunciar la buena nueva en la plaza de cualquier pueblo o ciudad de este país ante enfervorizados militantes y al grito de  ¡presidenta, presidenta!.  Deben ser cosas de la vieja política que no atino a descifrar pero a mi, qué quieren que les diga, eso de mandar a otros a decir lo que vas a hacer o dejar de hacer dentro de una o dos semanas me suena a cierta prepotencia política, por no hablar del uso interesado de eso que llaman el aparato del partido para tus propios fines.

Sea como fuere, lo cierto es que los ventrílocuos de Díaz en el PSOE han desvelado el secreto menos enigmático de cuantos rodean la actividad política de este país: que la presidenta andaluza no se va a quedar de brazos cruzados viendo como la militancia le hace la ola a Pedro Sánchez ni como Patxi López, con su mensaje de chico moderado y en precario equilibrio entre los viejos rokeros y los ardores izquierdistas de Sánchez, se empeña en un quiero y no puedo para hacerse con la vara de mando sobre las filas socialistas.

Ella, dicen algunos, arrasará en las primarias para la secretaría general. Tengo para mi, no obstante, que primero habrá que despejar algunas dudas que me asaltan como observador desapasionado pero interesado por el devenir de los males del socialismo español. La primera es si Díaz piensa gobernar Andalucía a tiempo parcial y el resto de la jornada dedicársela al partido o, por el contrario, su plan sería dedicar las mañanas a atender sus responsabilidades como liderasa socialista y por las tardes dedicarle algunas horas a los problemas de los andaluces. Sería bueno que lo aclarara ella misma y no a través de terceros, más que nada porque me imagino que es la pregunta que se estarán haciendo desde ayer los andaluces que votaron por ella en las últimas elecciones autonómicas.

Por no hablar de Ciudadanos, partido gracias al cual es presidenta andaluza y que le está exigiendo ya que designe sucesor o sucesora para los asuntos autonómicos si su plan es tomar el AVE rumbo a Madrid. Y ahí, en Madrid, está otra de las dudas que me suscita la candidatura susanista. ¿Puede la lideresa del principal partido de la oposición de este país permitirse no ser diputada en el Congreso, problema que, por cierto, también afecta a Pedro Sánchez? Como poder claro que puede pero se vería obligada a subrogar en el portavoz parlamentario de turno lo que tuviera que exigirle o criticarle al presidente del Gobierno.

Dicho de otra manera, en estos tiempos en los que una imagen y la inmediatez valen más que mil editoriales, no intervenir en el hemiciclo en los grandes debates políticos nacionales te resta visibilidad y te obliga a actuar y a reaccionar a rebufo y a través de terceros. Pero más allá de todas esas pegas, que no me parecen menores, está el problema del proyecto. Aparte de algunas generalidades y de algún que otro eslógan más o menos afortunado, sigue brillando por su ausencia una idea clara de lo que quieren hacer Patxi López y Pedro Sánchez con el PSOE ni cómo piensan sacarlo del hoyo en el que todos han puesto su granito de arena para hundirlo.

Susana Díaz no es una excepción en esa orfandad ideológica y programática de la que adolecen en general muchos partidos políticos y en particular el PSOE. Por tanto, su peculiar salto al ruedo parece obedecer más a la necesidad de parar al torbellino Sánchez, que tiene a Podemos soñando de nuevo con conquistar el cielo, y forzar a López a entregarse con armas y badajes a la causa susanista que a poner sobre el tapete nuevas ideas y nuevos proyectos. 

Y en ese forcejeo político que parecen dispuestos a mantener sanchistas y susanistas corre riesgo cierto el PSOE de salir del congreso de junio más dividido de lo que salió tras el borrascoso comité federal de octubre en el que se aprobó la abstención para que gobernara Rajoy. Y eso, se mire como se mire,  sería una muy mala noticia para el PSOE y sobre todo para el sistema democrático español. 

Podemos: objetivo cumplido

Que el pacto tripartito en el cabildo de Gran Canaria haya tomado el camino de las Chacaritas y que nadie haya derramado una lágrima por él es un hecho político muy notable. La causa de tanta indiferencia hay que buscarla en que esta ha sido una ruptura anunciada incluso antes de que lo suscribieran lo tres partidos que a trancas y barrancas lo han mantenido en pie los cerca de dos años que ha sobrevivido a las zancadillas de Podemos. La razón por la que a la dirección de Podemos en Canarias nunca le gustó este acuerdo con el PSOE y Nueva Canarias es algo que no consigo entender salvo que el motivo sea la simple, llana y manifiesta enemistad de la máxima dirigente de la formación morada en Canarias, Mery Pita, con el cabeza de lista en las elecciones de mayo de 2015, Juan Manuel Brito.  

Sería el no acabar ponerse a enumerar ahora la lista de pegas que puso Pita al acuerdo, empezando por su oposición a que Brito formara parte de la comisión negociadora con las otras dos fuerzas políticas hasta terminar consiguiendo que fuera expulsado del paraíso y entregara el acta de consejero. En medio y por el camino, advertencias, puyas, amenazas y denuncias muy graves que luego han quedado en nada pero que amargaron la gestión de Brito y pusieron al pacto contra las cuerdas hasta que ha reventado. Por tanto, objetivo final cumplido.

La excusa que ha empleado Podemos para finiquitar el acuerdo que iba a cambiar tanto a Gran Canaria que no la iba a conocer ni Guanarteme resucitado, ha sido el reparto de las áreas de responsabilidad que le corresponden en el gobierno insular. Aprovechando la marcha del crítico Brito, Podemos ha visto la oportunidad de deshacerse también de María Nebot, igual de crítica que él con la dirección podemita canaria. La propuesta de apartarla de las áreas de gobierno y de separar medio ambiente de seguridad y emergencias ha encontrado el rechazo frontal del presidente del cabildo, Antonio Morales, quien poco menos ha tenido que recordar que quien hace la alineación y decide en qué puestos juegan los miembros del equipo de gobierno es él y no Mery Pita.  

Morales  confía ahora en sostenerse en la presidencia con el apoyo de  dos de los cuatro consejeros de Podemos – María Nebot y Miguel Ángel Rodríguez – críticos ambos con la dirección del partido por el que se presentaron a las elecciones de 2015. Albergo pocas dudas de que la dirección de Podemos no tardará en activar la maquinaria para que sigan los pasos de Juan Manuel Brito, lo que pondrá de nuevo a Morales en el dilema de tener que apoyarse en dos tránsfugas para mantenerse en la presidencia del cabildo.

Son las penosas consecuencias de un pacto de gobierno que la dirección de Podemos nunca quiso pero que Antonio Morales convirtió casi en una apuesta personal a pesar de los desplantes y desaires que sufrió antes y después de la firma y que habrían merecido su respuesta tajante y definitiva desde el minuto uno. Esa respuesta de firmeza no se produjo en el momento procesal oportuno y se dio vía libre en cambio a un acuerdo que sólo ha generado inestabilidad e incertidumbre, algo que no era muy difícil de vaticinar salvo que uno hubiera quedado deslumbrado por la luz cegadora de la nueva política. 

No me cabe duda alguna de que a Morales le cegó esa luz y arriesgó por ella un mandato que podía haber sido verdaderamente transformador para la sociedad grancanaria y que al final va camino de convertirse en un nuevo quiero y no puedo para desgracia de los grancanarios.

Antona y el PP que viene

Asier Antona, el primer dirigente del PP canario que se ha enfrentado a una elección interna después de años de ordeno y mando de José Manuel Soria, ha arrasado literalmente a su rival Cristina Tavío. La única sombra que se proyecta sobre ese triunfo es la modestísima participación de la militancia, apenas un 10% de los más de 42.000 afiliados que el PP dice tener en Canarias. El engorroso sistema participativo de un partido que carece de la más mínima tradición en estas lides demuestra que en el PP hay aún mucho miedo a que los militantes se expresen y decidan en libertad.

De todos modos, el holgado triunfo de Antona obedece en buena medida al poco aprecio que los militantes populares tienen por las mudanzas y al hecho incuestionable de que en los partidos actuales contar con el respaldo del aparato oficial, como ha ocurrido en este caso,  hace que sea casi imposible perder salvo que se sea un redomado zote y Antona está muy lejos de serlo. En el caso del PP, seguramente han influido esos dos factores de manera muy determinante más otras consideraciones como la equivocada estrategia de quienes han pretendido disputarle el liderazgo al presidente en funciones y han terminado arrollados y en riesgo de no volver a salir en la foto oficial.

En un primer momento, los tres aspirantes alternativos a Antona  – Juan José Cardona, Enrique Hernández Bento y Cristina Tavío, lo nunca visto antes en el PP -  levantaron sus respectivas candidaturas sobre la crítica a la gestión de Antona como presidente interino y el presunto incumplimiento de su promesa de no hacer cambios en la dirección del partido hasta que no se celebrará el congreso de mediados de este mes. Después, a la vista de que esa estrategia no hacia mella en el candidato oficial, decidieron atacar por el flanco de las supuestas irregularidades en la recogida de avales  de Antona cuya validez pusieron en cuestión sin aportar una sola prueba que respaldara sus sospechas y sin atreverse siquiera a impugnar el proceso con el peregrino argumento de que el recurso no llegaría a ser admitido.

Fue precisamente la recogida de avales, de los que Antona sumó más de 3.000 por apenas 600 de sus rivales, lo que marcó con meridiana claridad con quién estaba y está la mayor parte de la militancia popular. La renuncia de Cardona y la fusión de las candidaturas de Hernández Bento y Tavío con esta última como cabeza de cartel, sólo ha servido para arañar un testimonial 18% de los votos de los militantes y el triunfo en una única isla – Lanzarote – por un 82% y la victoria en las seis islas restantes, en algunas como La Palma, la natal de Antona, prácticamente a la búlgara con un porcentaje de apoyo próximo al 100%.

Bendecido por Génova primero y por los militantes ahora, el presidente de los populares canarios no ha dudado un minuto en plantearse como reto central de su liderazgo ganar las elecciones autonómicas y locales previstas para dentro de dos años. No parece que en estos momentos y tras su apabullante triunfo,  a Antona le quite mucho el sueño negociar con CC un acuerdo para entrar en el Gobierno canario en minoría o prestarle apoyo parlamentario. Acertar con el equipo ganador del que tendrá que rodearse y del que es muy probable que siga formando parte María Australia Navarro como secretaria es su primer reto. Además, con la autoridad que le dan los resultados de esta suerte de primarias, tendrá también que decidir entre integrar a los críticos en el núcleo duro o prescindir de ellos, si bien los primeros indicios  apuntan a que no habrá perdón para quienes han cuestionado no sólo su liderazgo sino la limpieza de su proceder para obtenerlo.    

Desde que el pacto de gobierno entre CC y el PSOE entró en barrena hace unos meses la figura política de Asier Antona fue pasando progresivamente a un primer plano hasta volver a  convertir al PP en un partido capaz de marcar la agenda política canaria. Ahora, con Antona avalado por la dirección nacional del PP y la gran mayoría de los militantes canarios, su protagonismo gana muchos enteros ante la próxima cita con las urnas autonómicas y locales. 

Se busca secretario general

Aún no pero, a este paso, Coalición Canaria va a tener que poner un anuncio en Infojob para encontrar un secretario o secretaria general. Falta menos de un mes para su sexto congreso y nadie ha levantado aún la mano para proclamarse capitán de uno. El herreño Narvay Quintero, cuya candidatura habían venido acunando con mimo y cariño Marcial Morales, Carlos Alonso o José Luis Perestelo, ha dicho que no, que aparten de él ese cáliz. Y si no, que se lo pregunten al eterno José Miguel Barragán, el actual secretario general que lleva mucho tiempo queriendo irse pero que, como no aparezca algún aspirante a tiempo, va a tener que reengancharse al servicio de la causa per secula seculórum.

Quintero debe haber hecho sus cuentas y habrá llegado a la conclusión de que con el atún rojo, las papas, los plátanos y la polilla guatemalteca va sobrado de ingredientes para el potaje que le encargó Fernando Clavijo cuando le nombró consejero de Agricultura, Ganadería y otras hierbas de comer. Si encima tiene que cocinar el menú de CC según los productos más típicos de cada isla, el riesgo de que algún plato se le queme o se le pegue se incrementaría considerablemente.  Aunque es probable que sea otra la causa principal por la que Quintero ha rechazado ocupar un cargo que puede dar más dolor de cabeza que una resaca de vino peleón.

Quintero es destacado dirigente de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), partido que mantiene una estrecha relación con CC pero que no forma parte propiamente hablando de la organización nacionalista. Se da la casual circunstancias de que la AHI se está planteando desde hace meses aprovechar el congreso de finales de este mes para poner un poco de tierra de por medio con respecto a CC  y recuperar cierta capacidad de maniobra perdida en los últimos tiempos. Haber aceptado la generosa invitación de CC para ocupar el sillón del dentista que supone la secretaría general hubiera implicado renunciar a esa emancipación política y, en la práctica, casi integrarse en la formación nacionalista.

Sus dos diputados regionales, adscritos al grupo parlamentario de CC, habrían quedado así atados de pies y manos en la actual coyuntura política de gobierno en minoría. En realidad es muy probable que lo que la oferta a Quintero encerraba era la necesidad de CC de garantizarse la fidelidad incuestionable de esos dos escaños para un gobierno cuyo apoyo parlamentario no alcanza ni un tercio de la cámara. Dicho de otro modo, matar dos pájaros de un tiro: poner al frente del partido a una cara relativamente nueva pero con experiencia y amarrar los dos valiosos votos herreños. 

Ahora toca volver a empezar a buscar candidato o candidata para esa secretaría general cuyo actual titular, José Miguel Barragán, también apostaba por Quintero para que fuera su sucesor. Tanto si es Barragán el que no tiene más remedio que continuar amarrado al duro banco de la secretaría general como si encuentran a un mirlo blanco que asuma el cargo, el principal reto de CC será sobrevivir en un nuevo escenario político después de años en el poder y tras un buen cúmulo de errores que la han convertido en una fuerza que pierde fuelle y votos a cada nueva cita electoral.

Pero de lo que quiere o puede ser CC de aquí en adelante ya hablaremos otro día, aunque no es improbable que sea la carencia de un proyecto político definido una de las causas por las que nadie quiere ser capitán de uno. 

Yo confieso

En este momento y lugar en el que el devenir de la Humanidad depende de lo que pase a partir de ahora con la gala drag del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, deseo hacer una confesión completa y sin reservas sobre mis culpas y delitos a propósito de este asunto. Reconozco públicamente que aún no he aplaudido ni una vez el, según todos los comentarios, magnífico espectáculo artístico que se desarrolló el lunes por la noche en el Parque de Santa Catalina. Mi innata insensibilidad para toda manifestación artística posterior a Julio Romero de Torres me impide comprender la esencia de un arte tan refinado y abstracto.

Hago pública mi recalcitrante homofobia porque aún no he alabado públicamente la genialidad del espectáculo ganador que tanta admiración ha levantado entre los entendidos de este arte. En mi contra y voluntariamente declaro también que, a pesar de no ser ni practicante católico ni creyente en esa religión desde hace décadas, no he podido evitar sentirme violentado y abochornado al ver el uso que se hacía de dos símbolos centrales de la fe católica, la Virgen y la cruz. Admito que pensé menos en mi que en lo que sentirían ante ese espectáculo quienes sí son creyentes católicos y consideré que no hay ninguna necesidad de colocar en la misma frase transgresión carnavalera e insensibilidad absoluta por las creencias más íntimas de los demás. 

Admito en mi ignorancia que el hecho de que el artista en cuestión haya reconocido públicamente que no pretendía ofender aunque sí provocar, me parece propio de alguien que en su irresponsabilidad confesa no duda en anteponer sus fines personales a los sentimientos y creencias de los demás. Debo confesar también públicamente que desde que este asunto saltó a los medios de comunicación y a las redes sociales aún ne me he comido a ningún cura crudo ni a ningún obispo ni he arremetido contra ellos por callar y mirar para otro lado ante la pederastia y otros delitos.

Me declaro por ello culpable de quintacolumnismo clerical y amigo de la jerárquía católica más ultramontana e intolerante de este país. Sólo confío en que se admita como atenuante de ese delito mi declaración solemne y firme de que el obispo Cases, efectivamente, ha metido la pata hasta el corvejón al calificar el espectáculo de blasfemo pero, sobre todo, al compararlo  con el accidente del avión de Spanair en el que perdieron la vida 154 personas.

Finalmente confieso la peor de todas las culpas de las que me declaro responsable: la defensa del principio de que la libertad de expresión no carece de límites y que no es ni ético ni moral ni legal emplearla para zaherir las creencias de los demás. Para mi vergüenza y oprobio y a pesar de que pueda haber gato insularista encerrado, admito  que comparto la posición de Carlos Alonso, el presidente del Cabildo de Tenerife, de que la diversión y la transgresión propias del carnaval no son patentes de corso que todo lo ampara y todo lo permite. Seguramente esa posición mía tan poco acorde con los tiempos se deba a que soy completamente incapaz de comprender el espíritu del carnaval y, en particular, de la gala drag, en el que sí son consumados catedráticos determinados políticos y políticas municipales. 

Sé que la defensa de los principios que acabo de mencionar me excluye a perpetuidad de cierto progresismo que concibe la libertad de expresión sin más limitaciones que la propia voluntad y los derechos sin ningún contrapeso en deberes, todo ello al tiempo que exige respeto pero no se considera obligada a respetar. A pesar de todo no me pidan que me arrepienta de las culpas que aquí he confesado porque no serviría absolutamente para nada: ante otro caso como este volvería a pensar y a actuar exactamente de la misma manera. 

La importancia de llamarse Iñaki

Yo antes no creía en la Justicia pero hoy la Audiencia de Palma me ha rescatado de las tinieblas y me ha hecho ver la luz: proclamo a los cuatro vientos que creo firmemente en que la Justicia es igual para todos y todas y reniego de los populistas que afirman que es más igual para unos y unas que para otros y otras. En consecuencia, me sumo con fervor al coro de voces blancas que canta sin cesar que las sentencias sólo se pueden respetar y acatar. Me cuidaré por tanto de crítica alguna a las rigurosas medidas cautelares que la Audiencia de Palma le ha impuesto hoy a Iñaki Urdangarín.

No diré, por ejemplo, que es un evidente trato de favor que el autor del guión y actor principal de esa serie de bandoleros titulada “Nóos” pueda seguir viviendo con comodidad en su querida Suiza. Ni me quejaré de que a las juezas que lo condenaron a la “elevada “ pena de 6 años de cárcel les baste con que se pase cada mes por un juzgado suizo que le pille de paso camino del padel o al esquí y se haga unos selfies con el funcionario o funcionaria de turno para que conste en donde y ante quien corresponda.

Además, comparto por completo con las juzgadoras que no hay necesidad alguna de entrar en pormenores sobre el arraigo de Urdangarín en su amado país natal y el nulo riesgo de fuga del condenado. Preciso tan sólo para malpensados que sus señorías se refieren a la reputación pública de Urdangarín como balonmanista de brillante trayectoria y al que en la vida se le ocurririá salir de naja por muy en forma que siga estando. 

Quien me está dando un poquito de pena es el actor secundario Diego Torres, ex profesor y, sin embargo, ex socio y ex amigo de Urdangarín. Él, que con su planta y su labia no le hubiera sacado un euro ni al tonto del pueblo, está bailando con la más fea desde el principio de la película y, seguramente, preguntándose qué ha hecho para merecer esto. Las juezas le impusieron la pena más dura  - 8 años - y ahora, de propina,  le retiran el pasaporte aunque le permiten continuar en libertad.

Pena da también el fiscal Horrach, el hombre que lo apostó todo para salvar a la infanta y cargarle el mochuelo al marido. A la infanta la salvó y ella y la Corona le estarán eternamente agradecidos. Sin embargo, el marido se le está escapando vivo: la sentencia rebaja dos tercios su petición de pena y ahora  las juezas lo dejan en libertad cuando él había pedido prisión eludible con fianza de 200.000 euros. A lo mejor tampoco son ganas de molestar por parte de las magistradas sino que habrán considerado que Urdangarín se quedaría sin tener con qué alimentar a su familia  si tuviera que pagar ese dineral para eludir la prisión. Aunque para pena penita pena la que da el juez Castro: él sí que apostó fuerte y se batió el cobre durante meses para acusar a la infanta y a Urdangarín y ve ahora que casi todo su esfuerzo ha sido en vano.

Y aquí lo dejo ya para no ser irrespetuoso con la luminosa decisión judicial que han adoptado hoy las juezas de Palma y que me han devuelto la fe en esa señora de ojos vendados y balanza en perfeto equilibrio llamada Justicia. Ahora sólo confío en que cuando la causa llegue al Supremo se le rebaje la pena de prisión a Urdangarín de tal manera que la pueda cumplir con algún servicio a la comunidad de su país de adopción y residencia. Podría, por ejemplo, dar alguna conferencia de vez en cuando en algún banco suizo sobre teoría y práctica de cómo mangar de lo público en beneficio propio y familiar. 

Sherlock y el misterio de la banca

Después de muchos meses empujando, el Congreso de los Diputados ha puesto hoy un huevo blanco y hermoso: ha creado una comisión de investigación. Como su propio nombre sugiere, el asunto va de investigar, verbo de un inconfundible aroma a misterio e incertidumbre sobre si el asesino fue el mayordomo o el ama de llaves. De lo que se trata en este caso es de investigar los avatares y sinsabores del sistema financiero de este país, que son sobre todo los de los españoles. Pero no se hagan ilusiones, sus señorías no tienen previsto contar con los servicios de Sherlock Holmes, Philip Marlowe y el inspector Gadget para que los españoles averigüemos quiénes se lo han llevado crudo y se han ido de rositas.

Eso es algo que los  ciudadanos de este país ya sabemos y sufrimos hace tiempo, así que no termino de entender la necesidad de la comisión de marras. Puede que sean ciertas ansias de protagonismo y, sobre todo, la mala conciencia política por la promiscuidad y la connivencia con la que se han relacionado políticos y banqueros durante estos últimos años, pero es sólo una sospecha seguramente sin fundamento. Los partidos también se han puesto hoy de acuerdo para que la investigación arranque allá por el año 2000, cuando Rodrigo Rato hacía milagros económicos en España y hasta Aznar se permitía sonreír mientras inauguraba autopistas de peaje.

Lo que me pregunto es por qué no remontar el periodo investigado a la época de Luis Candelas y José María “El Tempranillo” si al fin y al cabo, salvando los trabucos, sus métodos y los de los banqueros actuales tampoco se diferencian tanto. Seis meses como mínimo dedicarán sus señorías y sus invitados a investigar las causas y consecuencias de la burbuja inmobiliaria, quién la infló y quién  y por qué no la desinfló cuando debía antes de que el estallido nos alcanzara a todos. Se detendrán también los suyo en la rocambolesca fusión de las cajas de ahorro y en aquel rumboso rescate bancario que España nunca pidió pero que nos ha costado un Potosí a pesar de sus “ventajosas condiciones” – Rajoy dixit.

Al tocomocho de las preferentes, a las cláusulas abusivas de las hipotecas y a la salida de Bankia a Bolsa es seguro que dedicarán también unas cuantas semanas los investigadores, con Rato convertido ahora en villano pero con tarjeta black en el bolsillo. Después, redactarán unas conclusiones al gusto de los partidos que tengan mayoría en la comisión, las guardarán en un cajón y se dedicarán a otra cosa.

Que no se me entienda mal: no estoy menospreciando la labor del parlamento pero la experiencia ha demostrado sobradamente que estas comisiones carecen de utilidad y que las responsabilidades políticas que pretenden depurar nunca se llegan a sustanciar. Sería una sorpresa que no espero que esta nueva comisión sobre la banca y el sistema financiero no se convierta, como las anteriores, en un nuevo escenario para la disputa política y el “y tú más”.

Con todas sus deficiencias, que no son pocas, confío mucho más en las investigaciones judiciales que en las políticas, aunque ambas no sean excluyentes. Los jueces han sentado a banqueros en el banquillo de los acusados y alguno incluso purga sus culpas entre rejas, lo nunca visto antes. De las responsabilidades políticas deberíamos ocuparnos los ciudadanos en las urnas y confiar mucho menos en quienes, después de años de dejar hacer y dejar pasar todas las tropelías de la banca, pretenden ahora redimirse de su propia pasividad cuando no de su connivencia.Los culpables que ahora nos pretenden revelar ya los conocemos hace tiempo, así que harían mejor sus señorías en dedicar sus esfuerzos a otros menesteres como, por ejemplo, legislar para que no vuelva a pasar.    

Soria y el arte de la batata

Hay cierta clase de políticos tan pagados de sí mismos que sólo ven en los ciudadanos gente que se chupa el dedo y babean cuando ellos hablan. Son los mismos que demuestran una insana y desmedida afición por el cultivo de la batata política y que están dispuestos a sostenella y a no enmendalla salvo que sea un juez quien les enmiende la plana. Su estrategia suele consistir en mirarte fijamente a los ojos, apuntar con el dedo índice bien tieso hacia el techo y jurar por el santo patrón de las verduras todo lo contrario de lo que quiera que sea que hayan dicho o hecho y que pueda ponerlos en un brete. No se pueden permitir un pestañeo, un quiebro en la voz o una duda sobre las palabras a emplear, que siempre deben ser pocas y precisas. La contundencia, la firmeza y la brevedad son elementos clave para que una batata política eche raíces y engorde, dando así los frutos deseados por su cultivador.

Aún así, siempre habrá gente incrédula y metomentodo que sospechará al ver las ramas y escarbará hasta dar con el tubérculo por bien enterrado que parezca estar. A José Manuel Soria, ya conocido en su tierra por el gusto que le fue tomando en su carrera política a la batata de tamaño familiar, le acaban de descubrir otra bien gorda y bien enterrada en un hotel de la República Dominicana. Siendo aún ministro del Gobierno del Reino de España decidió que se merecía un reposo, de manera que se enfundó la guayabera y recaló en un lujoso hotel dominicano de un empresario lanzaroteño llamado Enrique Martinón, conocido en su isla natal por los hoteles a los que la Justicia tiene enfilados por sus irregularidades urbanísticas.

Ocurrió que el ex ministro debió olvidarse la cartera en España porque la estancia en una lujosa suite le salió gratis total y él sólo tuvo que pagar las chuches extras con las monedas de a céntimo que llevó para el cambio. Dos periodistas de eldiario.es/canarias ahora – Ignacio Escolar y Carlos Sosa – demostraron  con documentos que el relajado retiro de Soria había sido una graciosa invitación de Martinón al entonces ministro y presidente del PP canario. Éste adoptó entonces la estrategia que les dije antes y, con contundencia, firmeza y brevedad, negó ante los micrófonos y en sede parlamentaria que estuviera cultivando un robusto y hermoso boniato en la República Dominicana.

Con el argumento de que sus vacaciones se las paga de su bolsillo y de que él, como si acabara de salir de Media Markt, no es “tonto” y no deja que lo invite un empresario turístico, Soria se fue a un juzgado de Madrid y cual caballero andante presentó una demanda en defensa de su honor mancillado. La ha perdido de principio a fin y, en consecuencia, no sólo su batata ha quedado con las vergüenzas al aire sino que él ha quedado como un tonto que se ha pasado de listo. A los políticos que como Soria les atraiga el cultivo de la batata les recomiendo que lean, enmarquen y aprendan de memoria este breve fragmento de la sentencia en la que Soria ha salido trasquilado tras ir a por lana:

 “El Sr. Soria era Ministro (...) en la fecha de la publicación y es evidente que a los ciudadanos no les puede resultar indiferente la noticia de que un miembro del Gobierno disfíute de unos días de vacaciones invitado por el propietario de un grupo hotelero. (...) Consta probado que el Sr. Soria no pagó la estancia en el hotel, y ello resulta evidente pues el único justificante que aportó se refiere al abono de costes extra, pues con la cantidad abonada es impensable que pueda pretenderse justificar el pago de la estancia en una suite de un hotel de lujo, por lo que hay una total evidencia de que el Sr. Soria efectivamente fue invitado por la propiedad del hotel, o lo que es lo mismo, no se le cobró el coste del alojamiento”.

Fin de la cita y moraleja: batatas en política, ninguna o las menos posibles para no echar a perder el potaje. 

Nóos y el sentido común

A raíz de la sentencia del viernes sobre el caso Nóos venimos sufriendo un intenso chaparrón de frases hechas sobre la Justicia a cual más banal: “la Justicia es igual para todos”, “sentencia ejemplarizante”, “sentencia ejemplar”, “nadie está por encima de la ley” y  un interminable rosario de tópicos que, en realidad, parecen un ejercicio de autoconvencimiento ante las probables dudas de quienes los pronuncian. ¿No se supone que en un estado democrático y de derecho la Justicia es igual para todos? ¿No es de suyo que en un estado de esas características todas las sentencias son ejemplares y ejemplarizantes? ¿A qué viene entonces subrayar tanto lo que se supone obvio? ¿Es que acaso había dudas de que la Justicia no trataría igual que al resto de los ciudadanos a los que se sentaron en el banquillo de los acusados por la trama Nóos? Si es así se debería confesar abiertamente en lugar de repetir hasta la náusea ese latiguillo huero.

De la misma banalidad obvia participa también esa otra matraquilla de que las sentencias judiciales sólo se pueden respetar y acatar. En tal obviedad parece esconderse, no obstante, una especie de miedo arcano a criticar las decisiones judiciales como si quienes las dictan estuvieran tocados por el don de la infalibilidad papal. Claro que hay que respetarlas y acatarlas y, también, recurrirlas si hay instancias superiores a las que acudir y, por supuesto, someterlas a la crítica social.

Pero vayamos por partes: para poder concluir si la sentencia del caso Noos ha demostrado que “la Justicia es igual para todos” habría que compararla con otros casos similares. El ejemplo más reciente es el fallo judicial relacionado con la rama valenciana de la trama Gürtel en el que los jueces fueron bastante más duros con los acusados que la Audiencia de Palma con Urdangarín, Torres y la infanta Cristina. Al esposo de la infanta se le han aplicado algunas técnicas penales atenuantes del delito previstas en el Código Penal que han permitido dejar en menos de un tercio la pena de 19,5 años que pedía para él la fiscalía.

Por lo demás, es notable que Urdangarín reciba menos pena que su socio Diego Torres, al que le caen 8 años de prisión – el fiscal pedía 16 - a pesar de que con su nombre y su figura es muy poco probable que hubiera conseguido un solo euro de las administraciones  públicas. En otras palabras, es revelador que quien urdió la trama y  obtuvo la mayor parte de los beneficios ilícitos valiéndose de su parentesco con la Casa Real sea tratado con más benevolencia penal que quien solo fue un socio en segundo plano. 

Y llegamos a la infanta, absuelta de toda culpa y multada con 265.000 euros al considerársela responsable civil a título lucrativo de los negocios de su marido de los que ella, por supuesto, no fue consciente en ningún momento. Si en las penas impuestas a Urdangarín y a Torres pierde la fiscalía, en la absolución de la infanta el fiscal Horrach obtiene un triunfo en toda regla después de batirse el cobre junto a la abogacía del Estado para evitar que Cristina de Borbón pisara siquiera los juzgados de Palma. La esencia del fallo respecto a la hermana del rey es que no se ha podido probar que fuera consciente del delito de fraude fiscal del que la acusó Manos Limpias y por el que pedía 8 años de prisión para ella.

Teniendo en cuenta que, en contra de su forma habitual de actuar, la fiscalía y la abogacía del Estado evitaron a toda costa acusar a la infanta lo esperable era la absolución. Ahora bien, que no haya pruebas contra ella y que no la acuse la fiscalía, no despeja lo que deduce el sentido común: es del todo imposible que alguien como la infanta no fuera plenamente consciente de las actividades ilícitas de su marido siendo como era socia al 50% de una de sus empresas tapadera.

Si la evidente benevolencia del fallo del caso Nóos tiene más que ver con quienes son los principales acusados que con los hechos que se han juzgado en la Audiencia de Palma es algo de lo que tampoco hay pruebas y por tanto no cabe condena. Aún así, el sentido común también dice que los nombres y la relevancia social y política no es ajena  en absoluto al contenido de esta sentencia. 

Niño pobre, niño rico

¿Qué futuro tiene un país en el que 8 de cada 10 niños en situación de pobreza seguirán siendo pobres cuando sean mayores y probablemente nunca abandonarán esa condición? ¿Hay esperanza fundada en un país en el que la pobreza se hereda como se hereda una casa o un coche o una colección de arte? Lo ignoro pero dudo que sea muy halagüeña si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en España hay cerca de un millón de niños que viven en hogares en los que nadie trabaja y que, probablemente, la mayoría arrastrará de por vida la condición de excluidos sociales. Los datos los acaba de dar a conocer la ONG Save the Children y vuelven a poner el foco en uno de los segmentos de la población más castigados por la crisis y, paradójicamente, más olvidados: los niños.

A los niños pobres de este país la crisis económica, de la que algunos aseguran eufóricos que ya hemos salido, les ha golpeado cinco veces más fuerte que a los niños ricos. Dicho de otra manera, mientras que en los años más duros de la crisis la renta de los niños ricos se reducía en un 6,5%, la de los niños del 20% más pobre de la población lo hacía en más del 32%. En ese mismo periodo, la brecha de la pobreza se ha agrandado y por ella se han colado 424.000 niños más que han pasado a engrosar las estadísticas de la pobreza infantil en nuestro país, que con nada más y nada menos que 1,6 millones de niños pobres es uno de los más desiguales de toda la Unión Europea.

Nada más lejos de la verdad que suponer que esa dura realidad es el efecto indeseado pero inevitable de una profunda crisis económica que ha alcanzado a todos los sectores sociales. En primer lugar porque – como demuestran estos datos de Save the Children y otras muchas estadísticas que podríamos traer aquí – los efectos de la crisis han golpeado con mucha más fuerza a quienes ya se encontraban en los últimos peldaños de la riqueza y, además,  han empujado al fondo de las estadísticas a una buena parte de lo que hasta hace no mucho tiempo conocíamos como “clase media”, hoy muy tocada.

En segundo lugar, también es radicalmente falsa la inevitabilidad de las nefastas consecuencias de la crisis sobre la imprescindible cohesión que tendría que presidir una sociedad en la que impere un mínimo de justicia redistributiva de la riqueza. Un sistema fiscal como el español, escasamente progresivo y lleno de remiendos, apaños, rincones y gateras por el que se evaden y esquivan cantidades ingentes de recursos que deberían contribuir al mayor bienestar común posible, no es la mejor manera de luchar ni contra la pobreza ni contra la exclusión.

Añádamos a esa injusta política fiscal los inmisericordes recortes y copagos sanitarios y las restricciones del gasto en servicios sociales para cumplir con un déficit público leonino, y tendremos las causas centrales por las que España disfruta del dudoso honor de situarse a la cabeza de la desigualdad social de la Unión Europea. De hecho – dice Save the Children – el gasto en España para nivelar la desigualdad social se codea con el de Bulgaria o el de Eslovaquia y está a años luz del de Alemania, Dinamarca o Finlandia. ¿Cómo pueden entonces salir esos niños de la pobreza si no hay suficientes políticas públicas de protección de la infancia y si la mayor parte del empleo que la economía genera para sus padres es de tan escasa calidad y con salarios tan bajos que, en el caso de que alcancen un trabajo,  ni siquiera les permitirá salir de pobres?

Un país que no hace todo lo necesario para reducir desigualdades sociales tan clamorosas como las que padecen los niños españoles es un país que dilapida de forma irresponsable una parte esencial de su propio futuro. Los poderes públicos tienen la obligación irrenunciable de  aminorar al máximo la creciente brecha de la pobreza para revertir esta situación injusta, más injusta si cabe cuando quien la padece es la parte más débil e indefensa de la sociedad.