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Madrid Arena: la hora de las responsabilidades

Pasan los días, avanza la investigación y se acumulan las evidencias de las gravísimas responsabilidades que rodean la tragedia del Madrid Arena del pasado día 1 en una macrofiesta de Halloween – cuatro chicas fallecidas y una en estado muy grave que, aunque no se teme por su vida , sufrirá secuelas permanentes.

Las primeras pesquisas policiales se han centrado en determinar si se superó el aforo permitido y ya no parece haber duda al respecto: a pesar de que la empresa organizadora anunció que esperaba unas 7.000 personas y luego reconoció que fueron casi 10.000 para un aforo de unas 10.600 – versión sorprendentemente seguida a pies juntillas por el ayuntamiento de Madrid - la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad no parecen dejar lugar a dudas de que la fiesta congregó a muchas más personas.

Queda también fuera de toda duda que al recinto accedieron numerosos menores de edad – una de las fallecidas lo es - y que muchos se colaron. Los testimonios de varios participantes en la trágica fiesta ponen de evidencia que los controles de acceso eran cuando menos laxos ya que no se comprobaba la entrada ni la edad ni se revisaba el contenido de las mochilas. Una avalancha humana entre los que querían entrar y los que querían salir a través de un único pasillo y que parece coincidir en el tiempo con el inicio de la actuación del disc jockey estrella de la noche, generó las desgraciadas consecuencias ya conocidas. El lanzamiento de al menos dos petardos pudo provocar una situación de pánico que previsiblemente agravó la situación.

Y todo ello, con un despliegue de seguridad a cargo de la empresa organizadora a todas luces insuficiente: 38 vigilantes privados para supuestamente 10.600 personas y una docena de policías locales enviados por el Ayuntamiento. Por si todas estas evidencias no fueran suficientes para concluir que lo ocurrido ha estado plagado de irregularidades que requieren que se depuren responsabilidades judiciales, en las últimas horas hemos conocido dos datos más: el Sindicato Unificado de la Policía ha denunciado que el Madrid Arena carecía de licencia de funcionamiento a pesar de tratarse de una instalación municipal.

El Ayuntamiento alegó el sábado que, precisamente por ser municipal, no necesitaba licencia, lo cual no puede sino producir indignación: ¿está la administración pública dispensada de cumplir sus propias normas? Lo cierto es que, según pública hoy El País, el ayuntamiento de Madrid solicitó esa licencia en 2009 pero los técnicos municipales se la denegaron tras comprobar las graves deficiencias del recinto de la tragedia. ¿En qué quedamos? ¿Necesita o no necesita licencia?. Y, sobre todo: ¿por qué el ayuntamiento no corrigió los defectos señalados por los expertos en lugar de desistir de obtener la licencia y continuar autorizando fiestas multitudinarias como la de la tragedia del pasado jueves?.

Ahora promete la alcaldesa Botella que nunca más alquilará el ayuntamiento un recinto municipal para ese tipo de fiestas en las que acaba de descubrir sorprendida que se congrega mucha gente joven y se consume mucho alcohol: a buenas horas la medida, cabe responderle. No les bastará a la alcaldesa y a su equipo con esa promesa y con asegurar que se personará en la causa judicial por lo ocurrido para esquivar sus responsabilidades, empezando por las políticas. ¿Por qué el ayuntamiento se apresuró a respaldar la versión de la empresa organizadora sobre el aforo del recinto? ¿Tiene algo que ver en ello la estrecha amistad entre el empresario y algunos destacados concejales del grupo municipal de gobierno? ¿Por qué el ayuntamiento autorizó una fiesta en un recinto de su propiedad que carecía de licencia de funcionamiento y que no reunía las condiciones adecuadas para ello ? ¿Por qué no se extremaron las medidas de seguridad ante la previsible concurrencia de miles de personas al Madrid Arena como se hace, por ejemplo, en los estadios de fútbol?

Lo que parece claro es que la tragedia del pasado jueves en Madrid no es el resultado del azar o la mala fortuna, sino la consecuencia de un cúmulo de irregularidades que salpican de lleno a la empresa organizadora y al ayuntamiento. Además de que sus responsables respondan por ellas, lo ocurrido debería de servir de dolorosa lección para que los poderes públicos sobre las que recae la competencia de este tipo de eventos cumplan y hagan cumplir a rajatabla la normativa al respecto y, si es necesario, la hagan más estricta. Esa es una obligación que en ningún caso cabe soslayar por desidia, amiguismo o interés privado.

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