Mas se enroca

El Tribunal Constitucional acaba de adoptar una decisión cuando menos inédita: suspender los efectos de una declaración política, que no de una ley o cualquier otra figura con fuerza legal. Hablo de la que adoptó el Parlamento de Cataluña en febrero y que definió al pueblo catalán como “sujeto político y jurídico soberano”. Salvando todas las distancias históricas que se quieran, suena como si el Alto Tribunal hubiese suspendido a los pocos meses de su publicación los efectos del Manifiesto Comunista o los del “Grito de Baire” con el que se inició la guerra de independencia cubana.

Los magistrados se dan un plazo de cinco meses para estudiar el fondo de la cuestión y determinar si la declaración soberanista catalana es o no constitucional. Aseguran los constitucionalistas que el Tribunal no podía hacer otra cosa una vez que el Gobierno del Estado impugnó la declaración y ahora tendrá que determinar si era o no impugnable para luego decidir si es constitucional. Cabe recordar que contra la impugnación se pronunciaron dos miembros del Consejo de Estado. Los efectos prácticos de la declaración suspendida no existen y, por tanto, se suspende lo que no existe, lo cual es también inédito.

La trascendencia de esta decisión del Tribunal Constitucional radica en que viene a tensar más si cabe las ya difíciles relaciones entre Madrid y Cataluña a raíz de que Artur Mas viera en la Diada del año pasado la oportunidad de oro para envolverse en la bandera soberanista y lanzar una densa cortina de humo sobre los verdaderos problemas de los catalanes: el paro, los recortes o el endeudamiento público.

Desde que vio la luz de la independencia como la solución a todos los males de Cataluña, el presidente Mas se ha embarcado en una carrera frenética hacia el precipicio en la que no le ha importado echarse en brazos de Ezquerra Republicana de Cataluña de la que ahora es rehén político. En su deriva ha arrastrado también a un PSC timorato y ambiguo ante el riesgo de perder comba electoral si no se alinea con el bloque independentista que Mas quiere ver mayoritario cuando, según el último barómetro del CIS, sólo un tercio de los catalanes apuesta por la independencia.

En sus relaciones con Madrid, el presidente catalán ha empleado la vieja táctica de sorber y soplar a un mismo tiempo: amenaza con la independencia y a la vez exije ayuda para salir del pozo económico en el que está sumida la comunidad catalana y que se le conceda trato de favor en cuestiones como el cumplimiento del objetivo de déficit.

En frente, el Gobierno de Mariano Rajoy no ha hecho demasiado por rebajar la tensión y explorar vías de acuerdo respetuosas en todo caso con el marco legal que nos hemos dado todos los españoles, incluidos los catalanes. Sin embargo, a nadie se le oculta la dificultad del objetivo ya que el órdago de Mas no tiene encaje en un marco constitucional como el vigente, que pide a gritos una profunda reforma que dé respuesta a las tensiones territoriales.

Lo que desde luego no contribuye a relajar la tensión es que las declaraciones políticas de un Parlamento sin fuerza legal alguna deban ser objeto de análisis constitucional. Por eso, la decisión conocida ayer se convierte en un nuevo balón de oxígeno para el victimismo de Mas y un nuevo escollo para el entendimiento entre Madrid y Barcelona.

La infanta acompañante

A la Casa Real no le ha sorprendido que la Audiencia de Palma haya decidido dejar sin efecto la imputación de la infanta Cristina por el “caso Nóos”. A decir verdad, ni a la Casa Real ni a casi nadie. Después de mostrar su “sorpresa” cuando el juez Castro decidió citarla a declarar como imputada por presunta complicidad y cooperación necesaria en los turbios negocios de su marido, ahora expresa su “máximo respeto” ante las decisiones judiciales sobre todo, como es el caso, si le benefician. O eso al menos deben de creer en La Zarzuela, aunque no sería prudente descorchar el champán de forma tan apresurada como han hecho ya el PP y el Gobierno que también se alarmaron en su momento por la decisión del juez.

A eso se le llama neutralidad y respeto a las decisiones judiciales en las más altas instancias del Estado que, al mismo tiempo, no dudaron en movilizar a la Fiscalía y a la Abogacía pública para que le pararan los pies al juez instructor. Y lo han conseguido, aunque sólo a medias, gracias a una decisión que tiene un cierto aroma salomónico por cuanto, si bien deja sin efecto la imputación de la infanta como cómplice y cooperadora de los negocios de su esposo, no cierra en cambio la puerta a la posibilidad de que sea llamada a declarar en esa misma condición si se verifica algún tipo de delito fiscal o de blanqueo de capitales. De hecho, el auto le indica al juez Castro el camino que debe seguir a partir de ahora, siempre a expensas – eso sí - de que la Casa Real, la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado no vuelvan a “sorprenderse” si se le ocurre imputarla de nuevo.

El auto por el que dos de los tres jueces de la Audiencia de Palma decidieron ayer evitar que la infanta haga por ahora el paseíllo judicial, tiene algunos hallazgos jurídicos dignos de mención como corresponde a una buena pieza de 61 folios frente a los 19 que gastó el juez Castro en la imputación. Dice por ejemplo que, el hecho de que la infanta figurara en los folletos con los que Urdangarín camelaba a los políticos para que financiaran los proyectos del filantrópico Instituto Nóos, era de “mero acompañamiento impune” y, por tanto, no implica que la hija del rey fuera consciente de que su marido desviaba ese dinero público a la empresa pantalla Aizoon cuya propiedad compartía al 50% - qué casualidad - precisamente con ella.

Para la Audiencia, del hecho de que la infanta formara parte de la junta directiva de Nóos y de que fuera la copropietaria con su marido de Aizoon, no cabe deducir culpabilidad de ningún tipo. Tampoco de que supiera – como sabía – que Urdangarín aprovechaba para sus negocios su parentesco real, como han desvelado algunos de los correos tóxicos de su ex socio y ahora enemigo judicial, Diego Torres, para el que el auto pide un plazo improrrogable con el fin de que escupa de una vez todos los mensajes venenosos que guarde aún en sus archivos.

A la espera de lo que haga ahora el juez Castro y de lo que en su caso decida de nuevo la Audiencia si – como es seguro – fiscalía y abogacía públicas recurren un nuevo auto de imputación, el que ayer evitó a la infanta “acompañante” acudir al juzgado a explicar su participación en los negocios de su esposo le hace un flaco favor a la Corona, ahora tan respetuosa con las decisiones judiciales.

Primero, porque ninguna Audiencia del mundo, ninguna fiscalía y ninguna abogacía del Estado se molestarían en cuestionar una decisión tan de sentido común como la que adoptó el juez Castro respecto de la infanta a la que, de hecho, le hacía un gran favor citándola como imputada con todas las garantías jurídicas que ese hecho comporta. Y eso que el juez hiló lo más fino que pudo en su auto de imputación, algo que probablemente no habría hecho tratándose de un ciudadano común y corriente en lugar de la hija del rey.

Y en segundo lugar y sobre todo, porque este auto de la Audiencia de Palma desmiente una vez más las palabras del propio rey asegurando que la Justicia es “igual para todos”. No es verdad y, de hecho, nunca lo ha sido ni aquí ni en ninguna otra parte, para qué nos vamos a engañar. Al menos por ahora, este caso lo vuelve a confirmar y, por tanto, nada de lo que sorprenderse.

Pacto a la genovesa

El último barómetro del CIS dibujó un panorama político en España que refleja con bastante precisión la imagen que los españoles tienen en estos momentos de la clase política y de las instituciones del país. La intención de voto de los dos grandes partidos suma poco más del 60%, lo que suena a inicio del fin del bipartidismo mientras aumenta el voto en blanco y la abstención; ningún líder político supera el 4 de nota y quien más se acerca (Rosa Díez) dirige un partido minoritario aunque al alza. El presidente del Gobierno es peor valorado que el jefe de la oposición, al tiempo que se desploma el conjunto de las instituciones hasta el punto de que la Monarquía, que desciende tres puestos en la clasificación, aparece incluso como un problema para el 1% de los encuestados.

Sobre este oscuro telón de fondo trufado con escandalosos casos de corrupción la vida política oficial del país gira monótonamente en torno a la crisis económica, sus soluciones y sus consecuencias. Pasa el tiempo y mes tras mes y trimestre tras trimestre se ahonda la herida del paro y día a día se ensancha la brecha de la pobreza y la exclusión social. El PSOE, probablemente necesitado de recuperar iniciativa política, mostrarse como alternativa de gobierno y de paso desviar la atención sobre sus problemas internos, lleva semanas proponiendo al Gobierno acuerdos sobre empleo y otras materias. 

Éste, sin embargo, los ignora o los descalifica directamente en aras del cumplimiento del déficit, santo y seña prioritario de su política inflexible por más que sea la principal responsable de la situación actual. El último desdén ha sido el rechazo del presidente Rajoy a la posibilidad de destinar parte del rescate bancario no gastado a fomentar el crédito a empresas y particulares. Sobre la otra propuesta – una moratoria de los despidos por razones económicas en la que la empresa y el Gobierno asuman a partes iguales el salario de los que conserven el empleo – ni siquiera se ha pronunciado.

A Rajoy estas ideas parecen sonarle a cuerno quemado y las despacha con un desdeñoso “sería pedir el rescate para España”, como si el país no estuviera ya rescatado con las condiciones que ha impuesto la troika a cambio de salvar a los bancos de las consecuencias de su propia codicia. Aún siendo todo lo interesada que se quiera, la oferta del PSOE, a la que hay que unir las peticiones de grandes acuerdos lanzadas por los sindicatos y la patronal, por no hablar de la inmensa mayoría de una sociedad hastiada de la escasa altura de miras de los políticos, se responde con la apelación a la herencia socialista y se rechazan con el argumento falaz de que no se pueden repetir los “errores” que han llevado a España a la situación actual.

Así las cosas, no queda más alternativa que adherirse con entusiasmo a las medidas de un Gobierno que asegura “saber lo que hace”, que “incumplió su programa electoral obligado por las circunstancias” y que subió los impuestos después de prometer que los bajaría “para evitar el crack del país”. Un pacto a la genovesa – por el nombre de la calle madrileña en la que está la sede de los populares – es lo que ofrece como alternativa el Gobierno y su presidente que, amparado en su mayoría absoluta, cree tener un cheque en blanco que le permite ignorar a la oposición – ahí están las decenas de decretos con los que viene gobernando – y desoír lo que vienen manifestando los ciudadanos en la calle y a través de encuestas como la del CIS.

Los datos de esa encuesta revelan con claridad que la crisis en España ya no es sólo económica sino también política e institucional por cuanto un creciente número de ciudadanos considera que los políticos y las instituciones ya no son la solución sino el problema, lo que abona el terreno al populismo y la demagogia. El país necesita con urgencia un traje político nuevo pero para confeccionarlo es imprescindible mucho más sentido del Estado y mucha cintura política. Justo lo que más escasea en estos momentos.

Colón bien vale un oasis

Que Cristóbal Colón decidiera echar el ancla por la zona de las dunas de Maspalomas para hacer aguada y recoger leña antes de continuar rumbo a las Indias ha resultado ser providencial, aunque sea 500 años después, para salvar lo poco que ha quedado del oasis de aquel lugar. Aunque un poco traído por el cogollo de las palmeras que la adornan, el argumento le ha servido al Cabildo de Gran Canaria para declarar sitio histórico toda la zona y evitar el deterioro irreversible y definitivo de un paraje único en el mundo.

Lástima que los responsables insulares no tuviera presente ese dato histórico hace casi medio siglo cuando el palmeral se convirtió en un coto privado para uso y disfrute particular que lo ha llevado a la situación actual de degradación de la que, no obstante, aún es posible recuperarlo. La decisión del Cabildo, un tanto tardía y algo rebuscada si se quiere, ha puesto de los nervios a quienes sólo ven en los hermosos paisajes de esta tierra oportunidades de negocio privado envueltas en el papel de colores de la inversión y el empleo que supuestamente nos iba a hacer a todos asquerosamente ricos.

La desidia, la insensibilidad y las triquiñuelas legales de todas las administraciones públicas, puede que en muchos casos bien alimentadas con comisiones por debajo de la mesa, han permitido que el truco haya funcionado a la perfección, como puede comprobarse con sólo darse una vuelta por las costas del sur de Gran Canaria. La más ofendida por la decisión del Cabildo ha sido la cadena hotelera Riu, propietaria del hotel Oasis, un establecimiento enclavado en medio de un palmeral cuya construcción nunca debió tolerarse por mucho que los arquitectos lo “integraran a la perfección” en el paisaje de la zona.

Al conocer que quedan en suspenso sus planes para derribar el hotel y levantar un mastodonte que arrasa con aquel bello paraje, ha montado en cólera y ha decidido reabrir el establecimiento que había cerrado días atrás porque, según la misma compañía aseguró hace poco para justificar sus planes palmericidas, se estaba cayendo a cachos. En paralelo ha anunciado recursos contra la decisión del Cabildo y peticiones de indemnización por no poder ejecutar las licencias de derribo y obra nueva que el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ya se había apresurado a aprobarle sin esperar a lo que decidiera el Cabildo.

De guinda y en un gesto de supina falta de elegancia y prepotencia, ha amenazado con invertir en Tenerife los 50 millones de euros previstos para levantar el nuevo hotel del oasis al que, de consumarse los planes de Riu, sólo le habría quedado apenas el nombre. Es cierto que no están los tiempos para perder inversiones que sirvan para mejorar el destino turístico. Otra cosa bien distinta es que lo que Riu pretendía hacer en esa zona con un mamotreto hotelero que perpetúa el uso privado de un espacio natural singular que nunca debió hurtarse al disfrute público, sirva para ese fin.

En aras de las inversiones, el empleo y el funesto desarrollismo se han cometido ya demasiadas tropelías en las costas de la Isla y, aún así, tenemos una de las tasas de paro más altas del país y uno de los litorales más degradados. Hace bien el Cabildo en pararle los pies a Riu y no debería ceder al chantaje y las amenazas que ahora esgrime para torcer su voluntad de rescatar lo que se pueda del oasis de Maspalomas, uno de los símbolos emblemáticos de la Isla.

La misma firmeza y determinación que debería mostrar también, por cierto, ante quienes planean un teleférico al Roque Nublo a pesar de que, al menos que se sepa, Colón nunca fue de senderismo por aquellos parajes igual de bellos que el oasis de Maspalomas.

Draghi: un tipo poco interesante

Uno de los cuellos de botella para salir de la crisis económica es la falta de crédito a las empresas y a los particulares. El problema se viene arrastrando casi desde el inicio de la crisis pero seis años después sigue sin resolverse. Los bancos, a los que les urge ante todo sanear sus propios balances después de la indigestión inmobiliaria, cerraron el grifo a cal y canto y renunciaron a su función tradicional: dar crédito y contribuir a que la economía real, no la de las grandes y volátiles cifras macroeconómicas, funcione. Su excusa es que no hay demanda y la poca que hay no parece muy solvente, con lo cual se cumple el viejo principio de que el banco te da un paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando llueve.

En este contexto de sequía crediticia el Banco Central Europeo tomó ayer una decisión que muchos se han apresurado a calificar de histórica: bajó en un cuarto de punto, hasta el 0,5%, el precio oficial del dinero. Histórica es porque nunca antes había estado tan bajo el interés en la zona euro y porque es la cuarta bajada consecutiva en el último año y medio. Pero que sea histórica no significa, ni mucho menos, que sea suficiente. En realidad es a todas luces insuficiente por mucho que Mario Draghi diga que servirá para reactivar la economía en la zona euro. No, mientras a esa bajada de tipos de interés, que aún podía haber sido mucho más ambiciosa como ocurre en Estados Unidos en donde los tipos de interés andan casi en torno al 0%, no se acompañe de medidas concretas que permitan a las pymes de países en recesión como España acceder al crédito en condiciones por lo menos similares a las que existen en Alemania. 

En este punto, Draghi se limitó a reconocer el problema pero el BCE no se atrevió a tomar ninguna medida tangible para solucionarlo. Eso sí, a los bancos se les sigue ofreciendo barra libre para que continúen pidiendo prestado a un interés cada vez más bajo y destinen lo recibido a comprar deuda pública a jugosos intereses o a sanear sus cuentas. Nada, por ejemplo, de obligar a las entidades financieras a destinar una parte de lo que les presta el BCE a dar crédito a la economía real, algo que, por cierto, también podría hacer el Gobierno español con los bancos intervenidos con dinero de todos los contribuyentes.

La bajada de los tipos de interés, a la postre, sólo beneficiará una vez más a los bancos pero no a las pequeñas y medianas empresas ni a las familias. Aquellas que tienen que hacer frente a una hipoteca ni siquiera verán reflejada la rebaja en el Euribor que ya había descontado esta reducción y es improbable que baje mucho más. Eso sin contar con las leoninas cláusulas suelo que impedirá que la reducción de tipos se traslade a las cuotas hipotecarias, con lo que los ciudadanos tendrán que seguir destinando buena parte de sus ingresos al pago de la vivienda y no al consumo.

Dijo Draghi ayer que el BCE es una institución independiente y que Alemania y la europeísta Angela Merkel, que incluso había pedido una subida de tipos, no le marcan el rumbo ni le imponen las decisiones que debe adoptar. Cualquiera lo diría después de lo mucho que se lo ha pensado para aprobar la tímida y tardía rebaja de ayer a pesar del retroceso de la inflación y las pesimistas previsiones económicas en la eurozona, al tiempo que deja para mejor ocasión medidas que de verdad contribuyan a que circule el dinero por las venas de la economía real.

Dijo también que no es función del BCE fomentar medidas expansivas pero no se cortó a la hora de recetar más austeridad y recortes en el gasto público a los países con problemas. Puede que Draghi le haya ganado este pulso puntual a Merkel, pero si bien se mira, la suya no pasa de ser una pírrica victoria que sólo beneficia a los bancos y a Alemania, que seguirá financiándose a precios de risa mientras en países como España los bancos seguirán guardando el paraguas hasta que deje de llover y, para entonces, todos ahogados.

Dios nos libre de Aguirre

A nadie se le esconde a estas alturas que Esperanza Aguirre siempre ha sido un verso suelto en el PP o, al menos, siempre ha dicho alto y claro lo que piensa guste más o menos fuera y dentro de su partido. Así fue mientras presidió la Comunidad de Madrid y así continúa siendo después de abandonar el puesto pero no el liderazgo del poderoso PP madrileño. Muchas de sus declaraciones, habitualmente a contracorriente de la línea oficial de la cúpula de su partido, las aplauden con las orejas sus compañeros más ultraliberales si bien se cuidan mucho de apoyarlas públicamente.

Aguirre, que se siente y ejerce de thatcheriana a la española, acaba de presentarle una auténtica enmienda a la totalidad a la política económica del presidente de su partido y del Gobierno y, sin embargo, adversario. Sin citar a Rajoy en ningún momento, aunque tampoco era necesario que lo hiciera, sostiene que el Gobierno debe acabar con las subidas de impuestos para cuadrar las cuentas públicas y cumplir con los objetivos de déficit porque al final nunca se cumplen las previsiones de recaudación esperadas. 

Lo que hay que hacer – dice la lideresa – es recortar drásticamente el gasto en la administración pública tal y como asegura se reflejaba en el programa electoral con el que el PP ganó con una mayoría absoluta aplastante las elecciones generales. Ese programa al que alude Aguirre tal vez lo vieron ella y los suyos; los españoles nunca lo conocimos con claridad y la inmensa mayoría de los que votaron al PP lo hicieron confiando en la promesa de que no haría nada de lo que después ha hecho “debido a las circunstancias”. 

En cualquier caso, no le falta razón a Aguirre cuando dice que las subidas de impuestos detraen recursos de los bolsillos de los asfixiados ciudadanos que no se pueden destinar al consumo o a la inversión, con lo que el cumplimiento del déficit se convierte en desiderátum inalcanzable contra el que se pretende luchar con más recortes y nuevas subidas fiscales. Sobre todo - y esto se lo calla Aguirre - si el incremento de la presión fiscal recae sobre las mismas espaldas de siempre mientras se recortan los servicios públicos, desesperan quienes claman por una profunda reforma de la fiscalidad y se indignan impotentes ante el fraude fiscal, la evasión y los sobresueldos en negro en el partido de la lideresa.

Sin embargo, es una lástima que Aguirre no haya precisado más su “alternativa” y no haya explicado a qué se refiere exactamente cuando habla de “reducir drásticamente” la administración pública, una asignatura que el Gobierno de Rajoy lleva meses posponiendo por temor a un motín en las bases de su propio partido como el que se percibió con su iniciativa para eliminar ayuntamientos. Puede que sea a eso a lo que se refiere Aguirre o tal vez desee – es un suponer - que se supriman comunidades autónomas como la de Madrid, sin ir más lejos, o que desaparezcan las diputaciones provinciales. Es muy posible que también esté en su mente la necesidad de poner en la calle a unas cuantas decenas de miles de empleados públicos más por la vía de cerrar empresas de la administración que, a sus ojos, sólo generan despilfarro.

Todo lo cual nos lleva al que – salvo error muy grave de interpretación – debe ser el verdadero objetivo de sus palabras: poner la educación, la sanidad y los servicios sociales públicos en manos de la eficaz y eficiente iniciativa privada y pasar del ya esquilmado estado del bienestar al estado de caridad y obras benéficas. Eso sí, con ella de presidenta honorifica. Si es eso lo que propugna, Dios nos libre de Aguirre, que de Rajoy ya se encargarán las urnas.

Hoy puede ser un gran día

Hay algunas canciones que forman parte ya de la memoria colectiva y que son mucho más elocuentes que centenares de artículos, comentarios y editoriales sobre la realidad que nos rodea y angustia. Esta de Joan Manuel Serrat es solo una de ellas y su mayor mérito es que transmite una imprescindible energía positiva para estos tiempos terribles. Hoy, 1º de Mayo, con más de 6 millones de razones para echarse a la calle a exigir empleo, educación y sanidad, además de decencia a quienes gobiernan, hagamos lo que dice Serrat en la canción: "Hoy puede ser un gran día y mañana también".

Sáenz o el honor del dinero

No es difícil suponer lo que estarán pensando los pensionistas españoles al conocer que Alfredo Sáenz abandona el Banco Santander con una pensión de 88 millones de euros y, de añadido, un seguro de vida por más de 11 millones de euros. Casi 100 millones de euros que no veremos el común de los mortales ni aunque trabajemos de sol a sol por toda la eternidad. Todo ello sin contar con el hecho de que el ejecutivo bancario español mejor pagado en mucho tiempo cobró el año pasado más de 8 millones de euros y eso después de haberse “recortado” su propia retribución variable en un 50%, tal y como hizo su jefe.

La marcha de Sáenz huele a huída antes de que sea demasiado tarde o a presiones de su hasta ahora mentor, Emilio Botín, para que abandone antes de que sus antecedentes penales nunca purgados salpiquen gravemente el prestigio del primer banco del país y uno de los principales del mundo. Su marcha, voluntaria o inducida, se ha producido antes de que el Banco de España se pronunciara sobre su honorabilidad para desempeñar un cargo ejecutivo de tan alta responsabilidad como la de consejero delegado y segundo vicepresidente del Santander, cargos a los que fue aupado por Botín, que vio en él al mejor banquero del mundo, suponemos que después del propio Botín. 

 

Es cierto que Sáenz ha desarrollado una brillante carrera en el mundo de la banca aunque también lo es que buena parte de la misma tuvo el viento de la economía muy a su favor. Sin embargo, fue el propio Sáenz el que manchó irremediablemente su brillante expediente al presentar una denuncia falsa contra algunos acreedores del Banesto que entonces dirigía. Fue condenado por ello a tres meses de prisión pero a pesar de perder todos los recursos judiciales que interpuso continuó en el puesto como si nada hubiese pasado y mientras el Banco de España que gobernaba Miguel Ángel Fernández Ordóñez se hacía el sueco. 

 

Pero ni el Banco de España en su momento ni los dos grandes partidos del país ni el Gobierno de turno ni por supuesto Emilio Botín estaban dispuestos a abandonar a Sáenz a su suerte y por acción u omisión permitieron que siguiera siendo consejero delegado del Santander. Su expediente emborronado lo intentó limpiar de malas maneras Rodríguez Zapatero aprobando ya en tiempo de descuento y con el Ejecutivo en funciones un indulto que incluso eliminaba de un plumazo los antecedentes penales del probo banquero. Volvió sin embargo a interponerse el Supremo que anuló parcialmente el indulto al considerar que no puede el Gobierno hacer desaparecer por arte de magia los antecedentes delictivos y la papa caliente cayó en manos del PP, ya instalado en La Moncloa.

Rajoy optó por endosarle la responsabilidad al Banco de España, al que le encargó que determinase si un ejecutivo condenado en firme tiene la honorabilidad requerida para seguir desempeñando sus funciones. Eso es lo que estaba a punto de determinar estos días el Banco de España cuando Sáenz, que nunca ha mostrado ni tan siquiera arrepentimiento por su denuncia falsa, se le ha adelantado y ha decidido irse a su casa a disfrutar de su dorada pensión aunque sea con un borrón indeleble en su hoja de servicios, tal vez convencido de que con 88 millones en el bolsillo ya se puede ir el honor a hacer puñetas.

La suya es la segunda pensión mayor cobrada nunca por un ejecutivo bancario en nuestro país después de la de 108 millones  que se embolsó en 2002 Ángel Corcóstegui, su antecesor en el cargo. A la de Sáenz sólo se acerca, aunque de lejos, la que percibió José Ignacio Goirigolzarri, hoy al frente de ese zombi llamado Bankia, que cobró casi 69 millones de euros tras abandonar su puesto de consejero delegado del BBVA. Retiros dorados con cifras mareantes ante los que el Gobierno se muestra impasible e indiferente pese al escándalo y la alarma social que generan en una ciudadanía sitiada por todos lados. Hasta ahora lo único que ha hecho, y tímidamente, es limitar las retribuciones y jubilaciones de los ejecutivos de las entidades rescatadas con dinero público, lo cual no ha evitado que dirigentes de cajas de ahorro hoy hundidas y desaparecidas hayan cobrado pensiones muchas veces millonarias con total descaro e impunidad. Y ahí tenemos también – por cierto – a la presidenta de la SAREB, el llamado “banco malo”, que se ha embolsado más de 32.000 euros por un mes de trabajo.

Que el Santander sea el primer banco del país y que no haya necesitado dinero público para sobrevivir no parece argumento suficiente para que no se limiten también drásticamente las pensiones que reciben sus altos ejecutivos cuando se retiran, especialmente cuando su honor, como en este caso, ha quedado más que en entredicho. Sobre todo si, al mismo tiempo que eso ocurre ante los ojos atónitos del país, se les pide un “poco de paciencia” a los ciudadanos y a la vez se les amenaza con nuevos tijeretazos en sus ya escuálidas pensiones presentes o futuras.

Paciencia agotada

Paciencia es lo que se le suele recomendar a los familiares de un enfermo desahuciado por los médicos. Mariano Rajoy, en cambio, se la pide directamente el paciente a falta de un argumento mejor que ofrecerle para darle ánimos. El presidente raya en el cinismo político con su petición después de casi un año y medio en La Moncloa en el que todos los datos macro y microeconómicos no han hecho sino empeorar y la situación social se ha degradado hasta niveles desconocidos desde hacía mucho tiempo.

Es el mismo cinismo del que hacen gala con absoluto desparpajo la ministra Báñez y Esperanza Aguirre hablando de “movilidad exterior” y “dato positivo” para referirse a los miles de jóvenes que huyen de España para buscarse la vida en otro lado. Pedirle más paciencia a los ciudadanos cuando acabas de empeorar tus propias previsiones económicas y cuando admites que la tuya será una legislatura completamente perdida para el empleo suena a burla para los 6,2 millones de parados, para las miles de familias desahuciadas de sus viviendas, para los miles de jóvenes sin futuro o para los pensionistas empobrecidos. Es un escarnio para quienes han visto recortados sus derechos sociales y laborales en aras de la sacrosanta austeridad, la inexcusable flexibilidad del mercado de trabajo y el mantra de “no hay más remedio” y “es imprescindible para crecer y crear empleo”.

Pero, sobre todo, pedir más paciencia a los ciudadanos sobre los que Rajoy ha hecho caer todo el peso de la crisis con sus recortes, reformas y subidas de impuestos ahora prorrogados un año más, denota una absoluta indigencia de ideas para mejorar la situación que no pasen por continuar administrándole al enfermo la misma medicina que lo tiene en estado de completa postración.

Con sus previsiones económicas ahora severamente corregidas a la baja, el Gobierno pisotea a conciencia los brotes verdes que nos hizo hacer creer que aparecerían más pronto que tarde en el horizonte de la economía española: larga recesión, paro en cotas insoportables, déficit inalcanzable y endeudamiento al alza. Resulta patético oírle decir ahora a Rajoy que su Gobierno luchará para mejorar sus propios malos augurios sin que anuncie en cambio una sola medida creíble de que tal milagro puede llegar a producirse.

El presidente nos reclama la fe del carbonero en sus fracasadas medidas y la paciencia del santo Job para que obre el milagro de la recuperación económica que cada vez nos sitúa más lejos de nuestro alcance como en una extenuante carrera de galgos tras una liebre siempre inalcanzable. La paciencia que pide Rajoy es justo lo que ya no queda, se agotó hace mucho tiempo ante un presidente de Gobierno que ha cruzado todas las líneas rojas que prometió jamás traspasar, que ha engañado una y otra vez a los ciudadanos y que casi año y medio después de llegar al poder sigue escudándose con todo descaro en la herencia recibida para ocultar su fracaso personal y el de sus políticas.

Hay en cambio mucho cabreo sordo, mucho malestar social, mucho hartazgo de tanta mentira, mucha desesperanza y mucha incertidumbre que no se aplacan apelando a la paciencia sino cambiando la política de forma radical o, mejor aún, presentando la dimisión.

6.202.700 parados y subiendo

En esta crisis profunda y sin fin las malas noticias se encadenan. A los datos pavorosos del paro conocidos ayer se sumarán hoy los nuevos ajustes que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en un nuevo viernes negro. Recortar y no enmendarla sigue siendo la única política capaz de practicar el Gobierno de Mariano Rajoy por más que todas las cifras macro y microeconómicas lleven tiempo demostrando de forma palmaria que el enfermo agoniza. Haber superado por primera vez la barrera de los seis millones de parados, tener la ocupación más baja de la última década, contar casi dos millones de hogares con todos sus miembros en paro o a un millón de jóvenes en el dique seco no parecen ser motivos suficientes para que el presidente del Gobierno o al menos su ministra de Empleo den la cara ante los ciudadanos. 

La dramática cifra del paro la despachan de prisa y corriendo un par de funcionarios de segunda fila con una balbuceante explicación sobre lo dramático del dato y lo mucho que está trabajando el Gobierno para revertir la situación. Si a Mariano Rajoy los datos del desempleo no le parecen lo suficientemente graves como para comparecer ante los españoles, mucho menos cabe esperar que cambie de política por más que se lo sugiera el Fondo Monetario Internacional, ahora convertido a un cierto keynesianismo de circunstancias a la vista del clamoroso fracaso de las medidas que ese mismo organismo ha venido defendiendo como la única verdad revelada. 

Rajoy sólo sabe hacer lo que dicta Berlín y aplica a rajatabla Bruselas: recortar, ajustar y reformar, términos intercambiables que se traducen en menos bienestar social, menos consumo, menos inversión y más paro. Un sacrificio extenuante en aras de un pequeño respiro en el cumplimiento del sacrosanto austericidio que no servirá en cambio para romper el infernal círculo vicioso en el que estamos metidos, que exacerba la sensación de desesperanza y malestar social y que ahonda más si cabe la crisis.

En esa situación juega un papel central la reforma laboral a la que ahora el Gobierno pretende darle un nuevo giro de tuerca para endurecerla aún más. No debe de parecerle suficiente que sea en buena parte la responsable de la galopante destrucción de empleo fijo ahora que despedir es barato y sencillo y que, como consecuencia de ello, se haya deprimido el poder adquisitivo de los trabajadores aterrados ante la posibilidad de perder el empleo. Así, la reforma estrella con la que el Gobierno aseguraba que se crearía empleo porque flexibilizaba el mercado laboral se ha vuelto en su contra al disparar la cifra de parados y hundir el consumo y la inversión con el consiguiente reflejo en el incremento de las prestaciones públicas y la caída de los ingresos fiscales.

La idea de Rajoy parece ser remediar esa caída de ingresos con una nueva subida de impuestos que llegará más pronto que tarde. Que prometiera, por ejemplo, que la subida del IRPF sería reversible no será impedimento para que lo vuelva a subir, acostumbrado como está a decir una cosa y hacer justo la contraria. Salvo sorpresa mayúscula,  las rentas del trabajo y las clases medias volverán a sentir sobre sus espaldas el nuevo latigazo fiscal que prepara el Ejecutivo.

Al mismo tiempo, la banca rescatada con el dinero de los contribuyentes, la misma que timó con participaciones preferentes y deuda subordinada a miles de españoles que ahora deberán perder parte de sus ahorros para salvarla de la quiebra, mantiene cerrado el grifo del crédito renunciando así a su función de hacer circular el dinero y contribuyendo de este modo a prolongar la asfixia económica general.

Nueva vuelta de tuerca también en el horizonte al sistema de pensiones con más años para cobrarla y menos cuantía a percibir, mientras las jóvenes generaciones empiezan a perder la esperanza de insertarse con dignidad en el mercado laboral y no tienen más remedio que optar por la “movilidad exterior” – Fátima Báñez dixit. Sin desdeñar la realidad demográfica del país a la que se agarran los partidarios de endurecer el acceso a la pensión, lo cierto es que sin cotizaciones suficientes no hay pensiones salvo que se exploren otras vías como los impuestos para financiarlas, algo que ni siquiera parece pasársele a Rajoy por la cabeza.

En ese panorama llegan hoy los nuevos ajustes del Gobierno para que Angela Merkel se digne concedernos un par de años más para cumplir el objetivo de déficit. ¿Y qué? ¿De qué servirá? ¿Se reducirá el paro, se descongelará el consumo, el crédito y la inversión y aumentarán los ingresos públicos? ¿Aprovechará ese respiro el Gobierno para implementar por fin alguna medida que sirva de verdad para reactivar la economía y el empleo y permita albergar alguna esperanza real de brotes verdes? Es mucho más que dudoso que eso ocurra por el hecho de que se disponga de un pequeño colchón adicional al que ya se le concedió. No en España y con un Gobierno ciego, mudo y sordo ante la realidad económica y social que cada día le arrojan a la cara las estadísticas derivadas de sus políticas.

Obama también se arruga

El presidente del país más poderoso del mundo y Premio Nobel de la Paz ha vuelto a decepcionar a quienes vieron en él a alguien capaz de acabar con ignominias como las de la prisión de Guantánamo o la opresiva ocupación israelí de Palestina. Son sólo dos ejemplos en los que Obama ha podido hacer mucho más de lo que ha hecho que, a la postre y en términos prácticos, ha sido nada.

El tercer ejemplo lo acabamos de encontrar en el Sahara Occidental. Susan Rice, la embajadora de EEUU en la ONU, presentó hace poco una propuesta para que la Misión de Naciones Unidas en el Sahara Occidental (MINURSO) asumiera competencias sobre derechos humanos en el territorio ilegalmente ocupado por Marruecos y sobre los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia). Cabe recordar – y este es un hecho muy significativo - que la MINURSO es la única de las numerosas misiones de la ONU repartidas por el mundo que carece de esas competencias.

Nada más conocer la iniciativa, Mohamed VI y su gobierno montaron en cólera y desplegaron todo su arsenal diplomático para impedir que saliera adelante en el Consejo de Seguridad de la ONU. Marruecos suspendió incluso unas maniobras militares conjuntas con Estados Unidos que se encontraban a punto de comenzar en un gesto inédito hasta la fecha. La sobreactuación marroquí revela hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen de Rabat para impedir que las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los organismos internacionales supervisen el trato que recibe la población saharaui, una y mil veces denunciado como contrario a los derechos humanos y otras tantas ignorado. Es precisamente esa sobreactuación la que revela que Marruecos tiene mucho que ocultar en el Sahara ya que, de lo contrario, no debería preocuparle que la MINURSO o las ONGs supervisaran sobre el terreno el cumplimiento de los derechos humanos.

A las presiones de la diplomacia marroquí no tardaron en plegarse Francia y España, algo por otro lado previsible dada la trayectoria de los gobiernos de ambos países en este asunto, siempre más atentos a sus intereses económicos y geoestratégicos en el Magreb que a la solución de acuerdo al Derecho Internacional del enquistado conflicto saharaui. Francia procuró edulcorar la propuesta estadounidense y España, que sigue siendo la potencia administradora del territorio ocupado, calificó la petición de EEUU de “inviable” y tuvo la peregrina idea de proponer que sea la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) la que se encargue de la vigilancia de los derechos humanos en el Sahara Occidental.

Por absurdo que resulte, esa parece que va a ser la decisión que adopte hoy el Consejo de Seguridad de la ONU después de que EEUU haya recogido velas y cambiado la propuesta inicial que tantas esperanzas había despertado por otra completamente inocua para Marruecos. Y todo esto después de que la ONU advirtiera incluso del riesgo de que el terrorismo yihadista arraigue entre la población saharaui que, casi cuarenta años después del inicio del conflicto, observa impotente como la comunidad internacional continúa dándole la espalda y amparando al país ocupador.

La conclusión sólo puede ser una: profunda decepción. Obama, el líder de la primera potencia mundial, también se ha dejado chantajear por Marruecos y Mohamed VI gana este nuevo pulso que vuelven a perder los saharauis, cuyos derechos humanos y políticos se siguen ignorando.

Recórtame suavemente

Escuchando ayer a tarde Rajoy decir que en el Consejo de Ministros del viernes habrá más recortes de gasto público pero menos drásticos que los del año pasado, recordé a Roberta Flack en aquello de “rasgueando mi dolor con sus dedos/ cantando mi vida con sus palabras/ matándome suavemente con su canción”. Después de recortar a mansalva en el año y pico que lleva en el Gobierno, Rajoy pretende transmitir la sensación de que ha superado la etapa del heavy metal y se ha pasado al soul más melodioso. Sin embargo, aunque la música suene mucho menos cañera, la letra sigue girando sobre una idea monotemática en el repertorio del presidente y los suyos: los recortes.

Los recortes para crecer, los recortes para crear empleo, los recortes para garantizar una sanidad universal, gratuita y de calidad, los recortes para garantizar unos servicios sociales universales, gratuitos y de calidad, los recortes para garantizar una educación universal, gratuita y de calidad, los recortes para garantizar una justicia gratuita, universal y de calidad, los recortes para garantizar las pensiones, los recortes para garantizar las prestaciones por desempleo, los recortes para garantizar las ayudas a la dependencia, los recortes para…..¿Qué se avecina ahora? ¿Nueva vuelta de tuerca en la fracasa reforma laboral? ¿Nuevo hachazo a las pensiones? ¿Nueva dentellada en las prestaciones por desempleo? ¿Nuevo mordisco en el salario de los funcionarios?

¿Quién dijo que el PP no tenía programa, que sólo ha improvisado desde que llegó a la Moncloa guiado únicamente por la estrella que brilla en lo alto de la cancillería alemana y por su propio convencimiento de que el estado del bienestar es un lujo asiático que no puede permitirse un país que aspire a recuperar y conservar la confianza de los mercados? No es cierto, tiene un programa con una sola idea fija que cumple a rajatabla y sin dudar: recortar. Recortar pese a que desde el FMI y desde la propia Comisión Europea se empiece a notar un cierto cambio en la dirección de viento de la austeridad, por ahora sólo una brisa muy ligera y casi imperceptible que la canciller de hierro ya intenta sofocar antes de que sea tarde. Recortar aunque haya hecho el ridículo con sus previsiones de déficit para el año 2012, aunque sus previsiones de caída del PIB y paro hayan convertido los Presupuestos Generales del Estado en papel mojado en apenas cuatro meses, aunque el consumo siga congelado, el crédito estrangulado y el paro disparado.

Recortar para ser los primeros de la clase y que Merkel nos premie con el caramelo envenenado de la relajación del déficit que habremos de agradecer debidamente con nuevos recortes. “No nos podemos relajar”, arengaba hace unos días Montoro llamando a filas a los defensores de la austeridad ante los embates de quienes sostienen que la medicina está matando al enfermo.

No sabe hacer otra cosa Rajoy y su gobierno y, por tanto, eso es lo que hace: recortar y - esta es la segunda estrofa de la canción - subir impuestos como un gobierno socialdemócrata cualquiera, sólo que cuidándose mucho de quiénes deben pagar la subida: las rentas del trabajo y las clases medias, para no variar. En este punto, la suave canción entonada ayer por Rajoy fue algo menos soft: “no quiero” subir los impuestos pero eso dependerá de la evolución de la economía y de la “senda” de déficit. 

En traducción libre, eso significa que subirá el IVA y el IRPF más pronto que tarde porque “es necesario”, “es doloroso pero es bueno para la economía”, “no hay otra solución” y “servirá para generar confianza, crecer y crear empleo”, versos que sabiamente dispuestos conforman el estribillo con el que el Gobierno acompaña la machacona melodía de los recortes y las subidas fiscales con la que nos está matando. 

 “Cantaba como si me conociera en toda mi desesperación más oscura / luego miró a través de mí como si yo no estuviera ahí / pero sólo siguió cantando, cantando fuerte y claro”.

Di que sí, Giorgio

Filípica de las buenas la que el cuasi nonagenario Giorgio Napolitano le dirigió ayer a la clase política italiana. “Irresponsable” fue el término que empleó al referirse a su incapacidad para ponerse de acuerdo sobre la formación del nuevo gobierno cuando casi han pasado ya dos meses de las elecciones. Dos meses en los que esa clase política a la que Napolitano llama “irresponsable” ha vuelto a hacer el ridículo más espantoso ante los propios italianos, más que hartos de sus políticos. El panorama no puede ser más desalentador con el centro izquierda de Bersani roto en mil pedazos, el Movimiento 5 Estrellas de Grillo diciendo no a todo y la derecha de Berlusconi renaciendo una vez más de sus propias cenizas más por deméritos ajenos que por méritos propios.

El ridículo no ha hecho más que crecer con el paso de los días y la búsqueda a la desesperada de un nuevo presidente del país después de haber fracasado con un octogenario (Franco Marini), un septuagenario (Romano Prodi) y otro octogenario (Rodota). Al final no ha tenido más remedio que pedirle al propio Napolitano, el más crecidito de todos, que repita como presidente de la República, lo que éste ha aceptado un poco a regañadientes y lo que ha hecho de él el primer presidente reelecto del país y el más anciano.

Napolitano, que lo ha intentado todo para poner de acuerdo a los partidos políticos y hasta encargó una agenda de reformas a un comité de “sabios”, vuelve a intentarlo a partir de hoy pero son pocas las esperanzas de que lo consiga. Beppe Grillo y los suyos parecen sentirse mucho más cómodos organizando manifestaciones y hablando de supuestos golpes de Estado que contribuyendo con responsabilidad a la gobernabilidad del país; el centro izquierda es una jaula de grillos en trance de desintegración total y sólo la derecha de Berlusconi parece algo más cohesionada aunque represente lo peor de la clase política italiana de los últimos años.

A Napolitano le quedaría la alternativa de buscar un político de prestigio y con capacidad para situarse por encima de la lucha partidista e impulsar las reformas que necesita Italia, en particular la de una ley electoral responsable de un Parlamento superpoblado y fragmentado en mil pedazos, impotente para conferir un mínimo de estabilidad al Gobierno. Esa opción, sin embargo, podría suponer que Napolitano repitiera el error que supuso el nombramiento del tecnócrata Mario Monti saltándose el parecer de los ciudadanos. Los ridículos resultados obtenidos por Monti en las elecciones de febrero hablan por sí solos de lo erróneo de la decisión, en gran medida impuesta desde Berlín y Bruselas, en donde el solo nombre de Berlusconi levantaba y sigue levantando ronchas.

La tercera opción es convocar de nuevo elecciones – y es la más probable más pronto que tarde –, aunque nada garantiza que los resultados varíen sustancialmente con respecto a los de febrero. El atasco está servido y no parece que Napolitano, con todo su prestigio y experiencia, esté en condiciones de resolverlo. No al menos mientras la “irresponsable” clase política italiana, sin distinción, siga anteponiendo sus propios intereses frente a los de los ciudadanos.

El cuento de la austeridad

Había una vez dos reputados economistas de Harvard que publicaron un librito en el que sostenían que si la deuda pública de un país supera el 90% del PIB, la economía se reciente automáticamente y deja de tirar. Basaron su teoría en una larga serie de datos estadísticos y la adornaron con unas tablas de excel para darle mayor credibilidad. El librito en cuestión no tardó en convertirse en la biblia en verso de quienes ven en el gasto público no una manera de redistribuir socialmente la riqueza de un país, sino un intolerable despilfarro que ahoga el crecimiento económico. Era hasta ahora la excusa perfecta para ajustar y reformar, términos todos ellos intercambiables y que se traducen en uno solo: desmontar el estado del bienestar construido con el esfuerzo de todos.

De la profecía supuestamente científica de esos economistas se ha nutrido el discurso del austericidio que caracteriza a los ultraliberales europeos y estadounidenses: gastar recursos públicos en sanidad, educación o servicios sociales es malo para la economía y, mucho más, destinar dinero de las arcas comunes a la recuperación de la actividad económica, ni siquiera cuidando mantener un déficit público manejable; lo sabio y sensato – “como demuestran los estudios económicos más avanzados” – es recortar, no interferir en el sabio juego de equilibrios del mercado, adelgazar el estado de bienestar, poner los “ineficientes” servicios públicos en manos de las “eficientes” empresas privadas y trasnacionales, dejar hacer y dejar pasar. Esa es la fórmula mágica para crecer y crear empleo, pregonaban y siguen pregonando los republicanos estadounidenses o los halcones europeos del déficit con la canciller Merkel y el gélido comisario Rehn a la cabeza.

Como borregos encantados de ser conducidos al matadero de la austeridad, los países de la Unión Europea, especialmente los del Sur, han seguido la receta sin rechistar con los resultados que están a la vista de todos. No nos vayamos a Portugal o a Grecia, quedémonos en España: paro y pobreza galopantes, miles de ciudadanos desahuciados de sus casas, ahorradores estafados ayudando con sus ahorros a salvar a los bancos que les timaron, recortes sociales en todos los ámbitos, subidas de impuestos, falta de crédito, congelación de la actividad y el consumo y más paro y pobreza.

Sin embargo, al oráculo de Delfos en el que se convirtió el librito de marras entre todos aquellos que ven en la deuda pública y el déficit los grandes males de la economía, le han descubierto otros economistas dos fallas importantes que lo cuestiona seriamente: se tergiversaron los datos para tomar sólo los que respaldaban la hipótesis de que por encima del 90% de deuda pública la economía cae y, lo que es más chusco, los cálculos con excel tenían fallos clamorosos.

De la noche a la mañana, el cuento de la austeridad se ha convertido en las burdas mentiras de la austeridad, aunque eso ya lo habían advertido por activa y por pasiva otros reputados economistas a los que los adalides de la disciplina fiscal han ignorado para no desvelar que detrás de su discurso supuestamente científico – “es necesario”, “no hay otro remedio” – sólo hay ideología ultraliberal. Pero, sobre todo, lo saben los ciudadanos que sufren en sus vidas los efectos de una mentira mil veces repetida y que, ni aún así, ha conseguido convertirse en verdad: las consecuencias de esa ideología disfrazada de ciencia la desmienten cada día.

Sahara: Marruecos se asusta

Enfrascados en los asuntos domésticos como están, los medios de comunicación españoles apenas han resaltado una noticia que puede traer consecuencias trascendentales para encontrar una salida justa al viejo conflicto del Sahara Occidental que, casi cuarenta años después, continúa en punto muerto.

Me refiero a la petición que el lunes hará EEUU al Consejo de Seguridad de la ONU para que la Misión de Naciones Unidas en ese territorio (MINURSO) asuma competencias sobre derechos humanos en la zona y en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Se trata de la única misión de las muchas que la ONU tiene repartidas por el mundo que no posee esas competencias en un territorio en el que las denuncias de violaciones de derechos humanos han sido tan reiteradas como ignoradas.

La tenaz negativa del país ocupante, Marruecos, con el inestimable apoyo de Francia y de España, temerosos de poner en riesgo sus respectivos intereses económicos en el reino alaui, explican que los soldados de la MINURSO se encuentren en el territorio en calidad de meros testigos mudos e impotentes de lo que allí ocurre.

La propuesta norteamericana ha puesto a Marruecos en estado casi de alarma nacional: de inmediato ha comenzado a desarrollar una febril actividad diplomática para intentar detener el golpe y hasta ha suspendido unas maniobras conjuntas con EEUU. Esa propuesta, que se votará a finales de la próxima semana, ya ha sido entregada al llamado Grupo de Países Amigos del Sahara Occidental entre los que se encuentran, por paradójico que resulte, Francia y España. Cabría pensar que con amigos como estos, apenas necesita el pueblo saharaui enemigos.

Pero, ironías al margen, la iniciativa obligará a Francia a retratarse ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que tiene derecho a veto. Si Hollande se pone de parte de Marruecos, como hace prever su reciente alabanza durante una visita a Rabat de la autonomía que el Gobierno alaui quiere imponer en el Sahara, demostrará que le importan más los negocios franceses en el Magreb que los derechos humanos en el territorio ilegalmente ocupado.

España, a la que la ONU sigue considerando potencia administradora del Sahara mientras no se resuelva la descolonización pendiente, tiene también una oportunidad de oro para acabar con la ambigüedad que ha presidido su política en la zona, siempre mucho más atenta a no enfadar al “primo” marroquí que a cumplir sus responsabilidades como antiguo país colonizador del territorio.

Sin entrar en las razones que han llevado a EEUU a plantear esta iniciativa, su éxito o su fracaso determinarán que Marruecos pueda seguir vulnerando impunemente los derechos humanos en el territorio ocupado al tiempo que mantiene el status quo político mediante una promesa de autonomía que rechazan los saharauis. Aunque no es el riesgo de verse acusado por la ONU de violar los derechos humanos lo que más asusta al gobierno marroquí.

Su preocupación nace de que, después de este movimiento de ficha, pueda producirse otro que suponga la celebración del temido referéndum de autodeterminación que permita a los saharauis decidir sobre su futuro, la única salida ajustada al derecho internacional para resolver el conflicto. Ello pondría en serio peligro poder continuar explotando en exclusivo provecho propio los ricos recursos naturales del Sahara, de ahí el nerviosismo que cunde estos días en Rabat.

No obstante, la solución del conflicto sigue donde siempre ha estado: en el tejado de la ONU y, particularmente, en el de Francia y España, víctimas voluntarias e interesadas durante décadas del chantaje marroquí apenas se les ocurriera alzar la voz para afearle la ilegal ocupación saharaui y la vulneración de los derechos humanos. Aunque hay que reconocer que no son muchas las esperanzas, confiemos en que en esta ocasión la llamada comunidad internacional pase de las palabras a los hechos y al menos acabe de una vez con la impunidad marroquí en el Sahara Occidental.

AENA: cuando siempre pagan los ciudadanos

La Audiencia Nacional acaba de eximir a AENA de cualquier responsabilidad patrimonial por el caos que provocaron sus controladores durante el puente de la Inmaculada de 2010. En la sentencia publicada ayer se argumenta que el plante de los trabajadores de gestor aeroportuario español fue grave pero imprevisible y de imposible planificación para cualquier empresa; no fue una huelga anunciada y convocada por los cauces legales sino una protesta salvaje que afectó a unos 300.000 pasajeros y causó pérdidas millonarias a agencias de viaje, compañías aéreas, touroperadores y hoteleros.

Dice la sentencia que resultaría paradójico condenar a la empresa contra la que iba dirigida la protesta y, en consecuencia, la exime de responsabilidad patrimonial como si los controladores no cobraran sus sueldos de AENA. Los daños que sufrieron y los perjuicios que padecieron los pasajeros y los sectores económicos implicados no encuentran así consideración alguna en este fallo que parece asimilar lo ocurrido a un temporal de nieve o a cualquier otra causa de fuerza mayor que impidiera que el tráfico aéreo se desarrollara con normalidad. 

Sin duda, la sentencia habrá sido recibida con un suspiro de alivio en el Ministerio de Fomento y en AENA, una empresa ahogada en números rojos y en proceso de privatización. No es probable que a los centenares de miles de pasajeros que se quedaron tirados en los aeropuertos y a las empresas que se vieron afectadas les satisfaga la decisión judicial contra la que ni siquiera cabe recurso. Sus derechos como consumidores y sus intereses como empresarios se ignoran como se han ignorado en otras ocasiones similares a aquella.

Sin embargo, el hecho de que sea de muy difícil cuantificar y detallar el daño económico y moral causado no debería traducirse en resignación y encogimiento de hombros. La Audiencia podría haber empezado por unificar en un solo proceso las miles de reclamaciones dispersas por numerosos juzgados en los que se han producido varios fallos contradictorios entre sí. Ha preferido en cambio ignorar ese caos jurídico y dictar un fallo que, paradójicamente, a quien único satisface es a AENA y a los causantes del problema.

La imprevisible protesta salvaje y desmesurada de los controladores de la que habla el fallo judicial no lo fue tanto si recordamos que AENA y sus empleados llevaban meses de enfrentamientos a propósito del número de horas de trabajo. De hecho, en algún que otro aeropuerto ya se habían producido plantes similares al que, ampliado y agravado, se produjo durante el inicio del puente de la Inmaculada. El mismo día en el que los controladores alegaron una falsa enfermedad colectiva para no acudir a sus puestos de trabajo, sus representantes y la opinión pública esperaban un decreto del Consejo de Ministros estableciendo el número de horas máximas que debían trabajar en las torres de control. La protesta se mascaba en el ambiente y al final llegó con las consecuencias conocidas para los pasajeros, la militarización de las torres de control, el cierre del espacio aéreo y la primera declaración en democracia del estado de alarma nacional.

Pues bien, a pesar de esos antecedentes, el fallo de la Audiencia Nacional no sólo exime a AENA de asumir los daños patrimoniales causados por sus propios trabajadores sino que condena indirectamente a los ciudadanos, que no han tenido arte ni parte en lo sucedido, a asumir los costes de los platos rotos por otros. Por eso, el desalentador mensaje que envía este fallo es que de poco sirven las quejas, protestas y reclamaciones por el incumplimiento de los compromisos adquiridos si al final cabe la posibilidad de alegar imprevisibilidad, fuerza mayor o cualquier otra justificación.

Después de esta sentencia queda aún abierta la vía penal contra los responsables de aquel caos aéreo. Es de esperar que alguna sanción recaiga sobre ellos para resarcir al menos en parte a los miles de ciudadanos atrapados en un conflicto con el que no tenían nada que ver y con cuyas consecuencias no se les puede cargar como acaba de hacer la Audiencia Nacional.