A nadie se le esconde a estas alturas que Esperanza Aguirre siempre ha sido un verso suelto en el PP o, al menos, siempre ha dicho alto y claro lo que piensa guste más o menos fuera y dentro de su partido. Así fue mientras presidió la Comunidad de Madrid y así continúa siendo después de abandonar el puesto pero no el liderazgo del poderoso PP madrileño. Muchas de sus declaraciones, habitualmente a contracorriente de la línea oficial de la cúpula de su partido, las aplauden con las orejas sus compañeros más ultraliberales si bien se cuidan mucho de apoyarlas públicamente.
Aguirre, que se siente y ejerce de thatcheriana a la española, acaba de presentarle una auténtica enmienda a la totalidad a la política económica del presidente de su partido y del Gobierno y, sin embargo, adversario. Sin citar a Rajoy en ningún momento, aunque tampoco era necesario que lo hiciera, sostiene que el Gobierno debe acabar con las subidas de impuestos para cuadrar las cuentas públicas y cumplir con los objetivos de déficit porque al final nunca se cumplen las previsiones de recaudación esperadas.
Lo que hay que hacer – dice la lideresa – es recortar drásticamente el gasto en la administración pública tal y como asegura se reflejaba en el programa electoral con el que el PP ganó con una mayoría absoluta aplastante las elecciones generales. Ese programa al que alude Aguirre tal vez lo vieron ella y los suyos; los españoles nunca lo conocimos con claridad y la inmensa mayoría de los que votaron al PP lo hicieron confiando en la promesa de que no haría nada de lo que después ha hecho “debido a las circunstancias”.
En cualquier caso, no le falta razón a Aguirre cuando dice que las subidas de impuestos detraen recursos de los bolsillos de los asfixiados ciudadanos que no se pueden destinar al consumo o a la inversión, con lo que el cumplimiento del déficit se convierte en desiderátum inalcanzable contra el que se pretende luchar con más recortes y nuevas subidas fiscales. Sobre todo - y esto se lo calla Aguirre - si el incremento de la presión fiscal recae sobre las mismas espaldas de siempre mientras se recortan los servicios públicos, desesperan quienes claman por una profunda reforma de la fiscalidad y se indignan impotentes ante el fraude fiscal, la evasión y los sobresueldos en negro en el partido de la lideresa.
Sin embargo, es una lástima que Aguirre no haya precisado más su “alternativa” y no haya explicado a qué se refiere exactamente cuando habla de “reducir drásticamente” la administración pública, una asignatura que el Gobierno de Rajoy lleva meses posponiendo por temor a un motín en las bases de su propio partido como el que se percibió con su iniciativa para eliminar ayuntamientos. Puede que sea a eso a lo que se refiere Aguirre o tal vez desee – es un suponer - que se supriman comunidades autónomas como la de Madrid, sin ir más lejos, o que desaparezcan las diputaciones provinciales. Es muy posible que también esté en su mente la necesidad de poner en la calle a unas cuantas decenas de miles de empleados públicos más por la vía de cerrar empresas de la administración que, a sus ojos, sólo generan despilfarro.
Todo lo cual nos lleva al que – salvo error muy grave de interpretación – debe ser el verdadero objetivo de sus palabras: poner la educación, la sanidad y los servicios sociales públicos en manos de la eficaz y eficiente iniciativa privada y pasar del ya esquilmado estado del bienestar al estado de caridad y obras benéficas. Eso sí, con ella de presidenta honorifica. Si es eso lo que propugna, Dios nos libre de Aguirre, que de Rajoy ya se encargarán las urnas.
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