Villar: pitido final

Para Ángel María Villar ha sonado el pitido final de un partido que ha durado casi treinta años. El todavía presidente de la Federación Española de Fútbol ha agotado el tiempo de prórroga – el que va desde el inicio de las sospechas sobre su gestión hasta su arresto hoy por la Guardia Civil – y ya sólo le queda enfrentarse al lanzamiento de penaltis. A la vista de los cargos que pesan sobre él será difícil que no encaje varios tantos: corrupción entre particulares, falsedad, administración desleal, apropiación indebida y posible alzamiento de bienes no son, en principio, disparos fáciles de detener.

Junto a Villar han caído hoy también algunos eternos del fútbol de este país, caso de su vicepresidente económico y máximo responsable de la federación tinerfeña, Juan Padrón. Para él también ha concluido el partido y la prórroga después de décadas en las que más que de Federación de Fútbol habría que hablar de la pareja Villar – Padrón. El primero, jugador de poco mérito en el Athletic Club de Bilbao, fue lanzado a la fama y la presidencia por José María García. En efecto, fue el Butanito quien, en su particular batalla contra Pablo, Pablito, Pablete – Pablo Porta – consiguió hacer de Villar un digno sucesor del “abrazafarolas” con el que García dormía todas las noches a este país. 

“Durante años, hablar de la Federación de Fútbol ha sido hablar de Villar y de Padrón”

Si el abogado barcelonés Pablo Porta arrastraba un oscuro pasado franquista, el gris ex jugador bilbaíno y también abogado por Deusto, Ángel María Villar, ha dejado un reguero de irregularidades y opacidades al que la Justicia le sigue la pista desde hace casi una década. En principio y a expensas de lo que se pueda ir conociendo, la investigación se centra en averiguar cómo se las ha arreglado Villar para permanecer casi tres décadas al frente de la Federación y cuánto dinero del organismo deportivo presuntamente desvío para su propio beneficio y el de su hijo. Respecto a la primera de las líneas de investigación, todo apunta a una maquinaria de compra de votos bien engrasada con subvenciones y prebendas para aquellas federaciones territoriales que rendían vasallaje al señor feudal cuando tocaba volver a elegir presidente.

De ahí que la operación de la Guardia Civil que se inició esta mañana con la detención de Villar continúe a esta hora con registros en las federaciones de fútbol de media España. Mientras se aseguraba de este modo la continuidad en el machito un mandato tras otro, Villar aprovechaba los éxitos del fútbol español en las últimas décadas para organizar partidos amistosos de la selección y otros eventos deportivos cuyos beneficios terminaban en su cuenta o en la de su hijo Gorka. En paralelo hacia desaparecer cuantiosas cantidades de dinero público para proyectos de cooperación deportiva en África o América – véase el “caso Haití – que nunca llegaban a ejecutarse. Se calcula en un millón de euros la cifra que puede haberse embolsado indebidamente practicando el noble oficio de dirigir los destinos del deporte rey.

“Villar ha sido el señor feudal al que las federaciones territoriales han rendido vasallaje”

Mención aparte merece su blindaje en puestos de responsabilidad en las organizaciones futbolísticas internacionales como la UEFA o la FIFA, en donde compartió mesa y mantel con personajes como Michel Platini, tan opaco al frente del fútbol europeo como él al frente de fútbol español. Lo ocurrido con Villar indigna más que sorprende. De hecho, su arresto y el de su guardia de hierro con Padrón a la cabeza, era algo que se barajaba hacía tiempo a la vista de las investigaciones sobre él. Pero indigna porque este escándalo se une a los que protagonizan las mediáticas estrellas de este deporte, investigadas por fraudes fiscales millonarios y que deberían ser la vergüenza social del país. En el caso de la Federación Española y la actuación de su presidente, se produce además el agravante de que es la institución de la que dependen miles de chavales y jóvenes aficionados al fútbol para practicar su deporte preferido.

Que el fútbol profesional tiene ya muy poco de verdadero deporte y mucho de gran casino es indudable: a estas alturas pocos se atreven a negarlo por más que se mantenga la ficción de hacer pasar este gran circo mediático por una noble actividad deportiva. Ahora bien, que la podredumbre haya echado también raíces en el organismo encargado de fomentar la cultura y los valores deportivos es una muestra más de que ni siquiera los sueños futbolísticos de miles de jugadores aficionados están a salvo de la corrupción y de la sospecha.    

Venezuela: ¿Y ahora qué?

Recurriendo a sus propios medios y enfrentando la hostilidad del Gobierno de Maduro, la oposición venezolana ha hecho este domingo una innegable demostración de fuerza y movilización. Conseguir a pulso que unos siete millones de venezolanos acudieran al referéndum simbólico sobre la Asamblea Nacional Constituyente con la que Maduro pretende poner el poder legislativo a sus órdenes, es un éxito incontestable. Aún no siendo vinculante el resultado y no contando tampoco con el respaldo de las autoridades electorales del país controladas por el chavismo, que casi el 100% de los participantes haya rechazado los planes de Maduro es un serio aviso para un presidente que, al menos por esta vez y para variar, tuvo incluso el buen gusto democrático de no insultar a sus adversarios. La demostración de fuerza no sólo se ha circunscrito a Venezuela sino a más de qunientas ciudades de un centenar de países en donde quienes lo desearon pudieron expresar su rechazo al chavismo pero también su apoyo.

Lo ocurrido ayer en Venezuela tiene ante todo un enorme valor político: que más de un tercio de los ciudadanos con derecho a voto haya acudido a los centros de votación aún sabiendo que será muy difícil que su opinión sea escuchada, pone de manifiesto el nivel de hartazgo de una parte muy importante de la sociedad venezolana. En circunstancias políticas, económicas y sociales mucho menos dramáticas que las que vive el país desde hacer varios años, lo más probable es que la participación hubiera sido insignificante y que la oposición hubiera salido chasqueada del plebiscito.

“La oposición venezolana ha conseguido una indudable demostración de fuerza frente al chavismo” 

Su reto ahora es administrar ese hartazgo ciudadano para conseguir cambios pacíficos en Venezuela y eso pasa en primer lugar por una verdadera unidad de las fuerzas de la oposición que, a fecha de hoy, no es precisamente muy sólida. Su gran desafío es desatascar una situación “trancada”, como dicen los venezolanos, con Maduro enrocado en su decisión de llamar a las urnas el 30 de este mes para elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Su plan es reescribir la Constitución venezolana a la medida del chavismo y hacerlo por la vía de anular el parlamento salido democráticamente de las urnas de finales de 2015, en el que el régimen ya no goza de mayoría absoluta como ocurría hasta entonces.

Constituiría toda una sorpresa que el presidente venezolano cediera en ese punto y pospusiera o suspendiera unas elecciones constituyentes para las que sí ha mostrado mucha más celeridad que para las regionales que debían haberse celebrado ya y que aún no hay garantías de que se convoquen para finales de este año. Sin embargo, parece evidente que la oposición por sí sola no será capaz de desbloquear la polarización radical en la que se encuentra atascada la política venezolana. En esa tarea tendrá que colaborar la comunidad internacional, empezando por una Organización de Estados Americanos aquejada de una extraña parálisis a pesar de la deriva de los acontecimientos en Venezuela.

“La oposición debería utilizar el resultado del  referéndum como palanca para el diálogo”

El primer objetivo debería ser el cese inmediato de toda violencia y el llamamiento por parte de opositores y de Gobierno a la calma. Arengar a las masas sobre “la defensa con las armas de lo que no se consiga con los votos”, como hizo Maduro hace bien poco, no contribuye precisamente a detener el constante goteo de víctimas mortales en manifestaciones y tiroteos. Mientras, en lugar de continuar “trancando” las ciudades con manifestaciones que de forma casi invariable terminan en enfrentamientos con la policía y con algún muerto más, - ayer murieron otras dos personas -  la oposición debería replantearse si la estrategia de desalojar a Maduro del poder a toda costa está dando los resultados apetecidos. Tres meses y medio después de que se iniciaran las protestas contra el régimen, casi un centenar de personas ha muerto en ellas y Maduro sigue en el mismo sitio y con planes para aferrarse aún más al poder. 

Sé que todo esto es mucho más fácil decirlo o escribirlo que hacerlo. No obstante,  desde fuera se tiene la sensación de que, ni por una ni por otra parte, hay la más mínima voluntad en estos momentos de ni tan siquiera explorar la posibilidad del diálogo y el acuerdo, bien sea de manera directa o a través de la mediación internacional.  Lo cierto es que no hay otra salida de la crisis frente a una situación de atrincheramiento por ambas partes que no conduce a nada bueno para los venezolanos. La lección de participación ciudadana que la oposición le dio ayer a Maduro dentro y fuera de Venezuela debería ser el aval democrático más valioso para ofrecer y exigir el diálogo político que tanto necesita el país. 

Ajuste técnico en el Sahara

El ministro español de Asuntos Exteriores ha dicho que la decisión del Gobierno marroquí de poner el mar del Sahara bajo su soberanía ha sido “un ajuste técnico que no tendrá repercusiones en la delimitación de las aguas entre Marruecos y Canarias”. No puedo menos que aplaudir la capacidad de Alfonso Dastis para el eufemismo diplomático pero no me tranquilizan en absoluto sus explicaciones. Lo que pretende hacer el gobierno marroquí no es un “ajuste técnico”, es simplemente apropiarse de algo que no le pertenece o que, como mínimo, está en litigio. Marruecos no puede poner esas aguas bajo su soberanía porque ninguna instancia internacional con capacidad para ello le ha reconocido que tenga derecho a hacerlo.

Empezando por las Naciones Unidos, en donde desde 1963 el territorio hoy ocupado por Marruecos figura como no autónomo y pendiente de descolonización. Han sido las propias Naciones Unidas las que en numerosas ocasiones han instado a la descolonización mediante un referéndum de autodeterminación que Marruecos ha torpedeado una y otra vez sin que España, potencia colonial hasta que en 1975 fue expulsada por la Marcha Verde lanzada por Hasan II, haya hecho nada para que se celebrara. Es más, en los vergonzosos Acuerdos Tripartitos de Madrid entregó el control del territorio a Marruecos y a Mauritania en una de las decisiones más infames del gobierno español en décadas.

“No puede calificarse de ajuste técnico una decisión unilateral y contraria al derecho internacional” 

A fecha de hoy, la ONU sólo le reconoce a Marruecos la condición de potencia administradora del territorio del Sahara pero no de sus aguas y, por tanto, su anuncio de esta semana carece de efectos jurídicos prácticos. Además de la ONU, han sido también  los tribunales internacionales los que han negado vínculos de soberanía entre Marruecos y el territorio en cuestión. Empezando por la sentencia de 1975 del Tribunal Internacional de La Haya a instancias de las propias Naciones Unidas. En ella se estableció con claridad esa ausencia de vínculos que, a la postre, provocó la Marcha Verde en la que 350.000 colonos marroquíes ocuparon por la fuerza un territorio del que España huyó a la carrera abandonando a los saharauis a su suerte. Mucho más reciente es el fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea sobre el acuerdo pesquero en el que se remacha el clavo al indicar que el Sahara no forma parte del reino alaui. Son argumentos más que sobrados para concluir que la decisión del Gobierno marroquí, si bien no tiene efectos jurídicos internacionales, sí es un nuevo hecho consumado con el que Mohamed VI aspira a que los pueda llegar a tener.

En la decisión se puede atisbar también un intento de protegerse frente a la estrategia del Polisario de denunciar ante tribunales de otros países que los productos y mercancías procedentes del Sahara – fosfatos o pesca, por ejemplo – suponen un expolio de los recursos naturales del pueblo saharaui. Un caso reciente lo encontramos en Sudáfrica, en donde el Tribunal Supremo de ese país ha retenido un barco con 54.000 kilos de fosfato procedente de Marruecos a la espera de determinar quién tiene el derecho sobre el cargamento. 

“Desde el punto de vista de Canarias, la decisión marroquí no es tranquilizadora” 

Mirado desde el punto de vista de Canarias, la decisión marroquí tampoco es tranquilizadora por más que Dastis le quite hierro y que el presidente del Gobierno de Canarias se haya conformado con las explicaciones del ministro. Marruecos está tomando posiciones para la delimitación de la mediana de sus aguas con las españolas, un viejo contencioso que ningún gobierno español ha sido capaz de resolver después de casi tres décadas de negociaciones. En el horizonte puede verse incluso un indisimulado interés por los recursos naturales localizados en los fondos marinos canarios, el telurio entre ellos. De ahí su aviso a navegantes de que solicitará también la ampliación de su plataforma continental hacia el oeste, tal y como ya ha hecho igualmente España.  

Decir como ha dicho Dastis que la decisión unilateral de Marruecos es un “ajuste técnico” para adaptar su legislación a la normativa marítima internacional es pretender escurrir una vez más el bulto para no enfadar al incómodo vecino del sur. A Dastis se le suponen los conocimientos suficientes para saber que Marruecos no puede tomar decisiones de ninguna clase sobre unas aguas sobre las que ni siquiera tiene status de potencia administradora. El ministro debe comparecer en el Congreso para aclarar a todos los españoles, y en particular a los canarios, cómo de técnico es el ajuste marroquí y qué piensa hacer como responsable de Exteriores ante los posibles efectos para los intereses canarios y para la solución de un conflicto ante el que España no puede permanecer eternamente de perfil.   

Pasar sin aprobar

No sé mucho de sistemas educativos pero sí sé algo de esfuerzos y sacrificios para avanzar en los estudios y poder dedicarte a lo que te gusta. Hoy se llama cultura del esfuerzo pero no hace mucho era simple y llanamente hincar los codos. Llámese como se llame, no parece que las nuevas generaciones y una buena parte de las familias estén muy sobradas de ambas cosas. El ambiente social tampoco parece muy proclive a corregir una deriva en la que se amontonan los derechos sin su correspondiente contrapartida en deberes. Viene todo lo anterior al hilo de una noticia leída hoy que me ha asombrado y disgustado a partes iguales. Algunas comunidades autónomas, entre las que se encuentra Canarias, han decidido que los chicos tengan unas felices vacaciones este año y les han entregado ya el título de la ESO aún con dos asignaturas suspendidas, siempre que no sean Lengua o Matemáticas, o sin tan siquiera reunir un 5 de nota media.

En la práctica supone acabar el curso sin esperar a la convocatoria de septiembre y, por tanto, sin dar la oportunidad a quienes lo deseen de aprobar o subir nota. La decisión se ampara en el real decreto del Gobierno que suspendió las revalidas de la LOMCE y que abrió la puerta a lo que ahora ha ocurrido en estas comunidades autónomas. Me parece una insensatez y un sinsentido porque, a mi juicio, convierte la imprescindible cultura del esfuerzo en un eslógan político huero más. Dicen algunos expertos que aprender no es sólo aprobar y que hay que tener en cuenta las condiciones económicas y el ambiente social del alumno. Puede que sí y puede que no, ya he dicho que no soy un experto. 

“La cultura del esfuerzo se ha convertido en otro eslógan vacío en boca de los políticos”  

Sin embargo, en cuanto a lo primero me gustaría que esos expertos me explicaran qué fórmula alternativa que sea más objetivable que la evaluación continua y el examen proponen para comprobar que los alumnos han asimilado los contenidos educativos. Y respecto a lo segundo, me permito una pequeña aportación de mi experiencia personal: nací y me crié en el campo, mi padres fueron agricultores que se deslomaron de sol a sol, en mi casa no había más libro que el Almanaque Zaragozano, caminaba kilómetros con lluvia o calor para ir a clase y estudié la EGB y el bachillerato con una vela después de haber cumplido con las obligaciones domésticas que se me encomendaran.

  

Mi padre me lo había dejado bien claro: o apruebas o tendrás que ponerte a plantar papas, así que no había margen para ser un “ni ni”. Y dado que a mi como me gustan las papas es en el potaje, tuve clara enseguida la “ruta” que debia seguir. Al contrario de lo que ocurre hoy, las distracciones eran pocas o ninguna, lo que unido a la férrea vigilancia paterna disuadía rápidamente a quien se despistara de su obligación de estudiar y de aprobar. No pido volver a Esparta y ni siquiera a los años no tan lejanos en Canarias de verdadera austeridad y carencias, frente a los cuales los actuales son una pálida sombra. Aún así se licenciaban muchos médicos, abogados, profesores o periodistas y pocos de ellos eran hijos de potentados plataneros, poderosos aguatenientes o importadores. Lo que digo es que las condiciones sociales y ambientales no pueden convertirse en la coartada perfecta para rebajar la exigencia de esfuerzo e igualar por abajo a estudiantes buenos, malos y mediopensionistas.  

“O estudias o trabajas: no había margen para ser un ni ni”

Tampoco niego que influyan en el rendimiento académico del alumno su extracción social y el ambiente familiar,  pero ese es un problema social que debe resolverse con políticas sociales y no a costa de rebajar aún más unos umbrales ya de por sí bastante bajos de exigencia educativa. Los españoles aportamos de nuestros impuestos para el sistema educativo público y, como contribuyentes, tenemos derecho a exigir calidad y resultados. No sé si es un problema presupuestario, de concepto, de sistema o de implicación mucho mayor de autoridades, familias y docentes, puede que de todo eso combinado. Lo que sí sé es que la laxitud y el conformismo no parecen la solución más conveniente para mejorar unos resultados educativos que siguen sin progresar adecuadamente. En definitiva, me pregunto a qué sociedad aspiramos  si en lugar de marcarnos más y más ambiciosos retos preferimos optar por la comodidad del dolce far niente.    

Clavijo cruza el ecuador

Siguiendo la costumbre política de convocar a los medios para hacer balance de la gestión, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha querido echar esta semana su particular cuarto a espadas. De su balance han destacado las crónicas el descenso del desempleo desde que llegó al Gobierno en julio de 2015. En estos dos años el número de parados se ha reducido en casi 30.000 personas y el de afiliados a la Seguridad Social se ha incrementado en unas 70.000. Hasta ahí bien, aunque la cuestión de fondo es cuál ha sido la influencia real del Gobierno sobre esa reducción del paro y qué parte corresponde a la recuperación de la economía. No parece que haya dudas sobre la ínfima capacidad gubernativa para influir en los contratos y en su calidad, en los despidos o en los salarios, todos ellos asuntos fuera de su alcance.

En materia de empleo sus competencias son básicamente la formación y reinserción de parados, la seguridad laboral y la persecución de la economía sumergida y todo ello de la mano y con los recursos de la administración central. Prueba de todo lo anterior es el pálido reflejo que han tenido en las cifras de paro los casi 30 millones de turistas que han visitado Canarias en estos dos años. Ni siquiera puede el presidente echar mano de una nueva Ley del Suelo que aún no ha entrado en vigor ni tiene reglamento de desarrollo para atribuirle parte al menos del descenso del desempleo. Lo mismo cabe decir del tormentoso Fondo de Desarrollo de Canarias derivado de los recursos del IGTE, que apenas si está empezando a echar a andar ahora. Para valorar el efecto de ambas medidas sobre el empleo habrá que esperar al menos hasta el final de la legislatura. Para entonces Clavijo confía en que, si las previsiones macroeconómicas se mantienen, las islas puedan situarse con un 20% de paro, lo cual seguirá siendo una barbaridad. 

“La creación de empleo obedece sobre todo a la mejora  de la economía más que a las medidas del Gobierno” 

En el ámbito de los servicios públicos el balance hay que situarlo en la casilla del PSOE, que los gestionó salvo el de educación hasta la ruptura del acuerdo con CC en diciembre. Si bien han sido los nacionalistas los que han controlado el presupuesto, las listas de espera sanitarias y de dependencia y las estadísticas oficiales de pobreza y exclusión social siguen siendo de las más largas y altas de España. Hasta dónde se debe a un problema de insuficiencia de recursos o de gestión ineficaz es precisamente lo que enfrenta a las fuerzas políticas sobre un asunto que debería quedar lo más al margen posible de la guerra partidista. Los seis meses que llevan en sus cargos los nuevos consejeros responsables de la sanidad y los servicios sociales no son tiempo suficiente para hacer balance pero de momento ninguna de esas cifras presenta indicios significativos de mejoría. Cabe exigir que con el incremento de los recursos vía crecimiento económico y la mejora de las partidas procedentes de la administración central esa situación dé un vuelco radical. 

El cambio de las relaciones con el Gobierno central después de una legislatura a cara de perro es otra de las notas características de estos dos años. El “buen rollito” ha terminado dando algunos frutos relevantes como la cesión del IGTE (que pudo haberse gestionado de forma mucho menos retorcida), la modificación de los aspectos económicos del REF o la separación de ese régimen de la financiación autonómica. CC ha jugado con inteligencia la carta de su única diputada en Madrid quien, después de firmar con Pedro Sánchez la llamada “agenda canaria”, no dudo en ponérsela sobre la mesa a un Rajoy en minoría y necesitado de cuántos más apoyos mejor. Con el PSOE enrocado en el “no es no”, CC ha aprovechado la coyuntura para arrancar de Madrid concesiones impensables en un escenario en el que su voto hubiera sido sólo uno más y no uno de los decisivos.

“Los  servicios públicos básicos siguen muy lejos de haber mejorado de forma sustancial”

En el balance de estos dos años no se puede obviar la inestabilidad política latente que presidió el pacto entre CC y el PSOE hasta la ruptura de diciembre: incumplimientos, desplantes y desaires ante los que los socialistas no supieron reaccionar como correspondía a las circunstancias, abandonando el Ejecutivo antes de ser expulsados. La segunda parte de la legislatura la inicia ahora CC en minoría y con evidentes pocas ganas de atender a los requiebros del PP para entrar en el Gobierno. Su deseo público y confeso es que los populares sigan apoyando desde fuera, algo que estos aseguran no estar dispuestos a hacer. La cuestión es qué alternativa tiene el PP si no quiere salir de la situación en la qué lo metió su presidente Antona sin dar la imagen de haber fracasado. 

Tanto si acepta lo poco que CC parece ofrecerle como si se mantiene fuera del Gobierno, su capacidad de maniobra seguirá siendo limitada mientras Rajoy necesite del voto de Ana Oramas. Eso, que Antona no parece que calculara del todo cuando tocó en la puerta del Gobierno, lo sabe y lo explota a conciencia CC, que puede que no se vea en otra situación tan favorable para sus intereses políticos. Así pues, Clavijo cruza el ecuador de la legislatura en minoría y no habría que descartar por completo la posibilidad de que concluya el camino en la misma situación para hacer un nuevo balance dentro de dos años que serán entonces los canarios quienes tendrán que valorar. 

Miguel Ángel Blanco y la desmemoria

Creo que a la mayoría de los españoles que entonces tenía algo de uso de razón y se preocupaba un poco por lo que pasaba en este país, no se le olvidará jamás el asesinato hace ahora 20 años de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. En mi caso, solo escuchar el nombre del joven concejal del PP en Ermua reactiva casi como si hubiera ocurrido hoy la rabia de aquellos tres ominosos días de julio del 97, desde el secuestro, la extorsión y el chantaje, hasta los dos tiros infalibles en la nuca del hijo de emigrantes gallegos al que ni siquiera le interesaba mucho la política. Estos días, con ocasión del vigésimo aniversario de su martirio, el estómago se me ha vuelto a revolver de asco y repugnancia al revivir el cinismo sonriente con el que sus asesinos “Amaia” y “Txapote” afrontaron el juicio que se siguió contra ellos en la Audiencia Nacional.

¿Cómo olvidar aquellas horas de angustia y de impotencia, aquella agonía con la certeza casi completa de que Miguel Ángel Blanco sería asesinado por sus captores, que nada salvaría ya su joven vida de las balas criminales de ETA?. Es imposible salvo que un témpano de hielo ocupe el lugar del corazón y el fanatismo más absoluto haya nublado la razón como había ocurrido con la de los asesinos etarras. Pero no se trataba solo de condenar el asesinato de Blanco y olvidar lo ocurrido hasta que tuviera lugar un nuevo atentado, no en este caso. Ahora había sido diferente, ahora ETA había traspasado todos lo límites imaginables y había alcanzado el non plus ultra de su barbarie; como se dice últimamente, se había dado un tiro en un pie con el que probablemente fue el peor de los errores de la banda en su larga historia de muerte, extorsión y chantaje. 

“Con el asesinato de Miguel Ángel Blanco empezó el principio del fin de ETA” 

Seguramente no tardó en comprenderlo cuando millones de españoles se echaron a la calle para gritar ¡basta ya! y mostrar sus manos blancas contra el terrorismo. Los ciudadanos arrastraron a los partidos democráticos y obligaron a sus líderes a marcar de una vez por todas una línea divisora entre aquellos días de julio del 97 y el futuro: aquí tiene que comenzar el fin definitivo de ETA. Y así fue, el asesinato de Miguel Ángel Blanco significó el inicio del declive de la banda terrorista y, aunque aún hizo más daño, la cuenta atrás ya fue imparable hasta que en octubre de 2011 anunció el cese definitivo de sus atentados terroristas.

Lo que parecía casi inimaginable se había producido: la sociedad española se había puesto en primera línea en la lucha contra ETA y a muchos que hasta entonces solo veían en los terroristas a valerosos luchadores por la libertad de una “Euskalerría” sojuzgada por el fascismo y la dictadura, se les cayó la venda de los ojos para siempre. La eficaz acción coordinada de las fuerzas de seguridad españolas y francesas completo la tarea de convertir a ETA en una feroz pesadilla del pasado que ni la sociedad vasca ni la española podrán olvidar en décadas. 

“¿Es que nunca aprenderemos en este país de nuestros errores?” 

Hoy ETA es poco más que un cadáver sin mortaja del que lo único que se espera es que muera definitivamente para que pueda ser enterrado bien hondo y para siempre. Y es a esa tarea a la que deberían dedicar sus esfuerzos todos los partidos políticos democráticos sin excepción. Sin embargo, el vigésimo aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco ha vuelto a sacar a la luz lo peor de la política de este país: las absurdas excusas de la alcaldesa de Madrid para negarle un merecido homenaje a quien con su muerte activó los resortes de rechazo de una sociedad harta de violencia, la indisimulada patrimonialización por parte del PP de alguien que al segundo de su muerte ya había dejado de ser concejal popular para convertirse en símbolo social contra el terrorismo y, por último, un PSOE al que en asuntos como este le sobra demasiada tibieza y la falta mucha claridad y contundencia.   

Para las fuerzas políticas es como si el llamado “espíritu de Ermua”, que reunió a los demócratas bajo la bandera del rechazo a la violencia terrorista, hubiera caducado y la memoria de Miguel Ángel Blanco no mereciera más que trifulcas y dimes y diretes entrecruzados. Es descorazonador y lleva a preguntarse si en este país no hay nada capaz de unir a los partidos por encima de sus legítimas estrategias y si ni siquiera el ejemplo modélico de una sociedad volcada en la calle contra el látigo inmisericorde de ETA, el peligro más cierto al que se enfrentó la joven democracia, merece ser recordado y respetado sin poses ni numeritos. ¿Es que nunca seremos capaces en este país de aprender de nuestros errores?

Las grietas de Maduro

Será por las relaciones históricas o será por la contumacia con la que los promotores de la "nueva política" en España se obstinan en negar las pruebas. Lo cierto es que para los españoles en general y para los canarios en particular, la situación política en Venezuela no puede pasar desapercibida. En un contexto de deriva autoritaria del régimen que encabeza Nicolás Maduro, la oposición acaba de anotarse una importante victoria con la excarcelación y pase a arresto domiciliario del líder opositor, Leopoldo López.  En primer lugar porque pone de manifiesto una nueva grieta en un régimen que está empezando a dar señales de resquebrajamiento a medida que endurece la represión contra las manifestaciones callejeras que ya se han cobrado más de noventa víctimas mortales.

Pudiera parecer que Maduro está fuerte y conserva intactos los apoyos del chavismo porque grita mucho y hasta amenaza con defender con las armas lo que no consiga con los votos. Sólo por esa frase, pronunciada hace pocos días, bastaría para retratar la convicción democrática del personaje pero, aún así, hay quienes como el líder de IU, Alberto Garzón, se resisten a considerar que estamos ante un autócrata  y se permite llamar golpista a Leopoldo López. Además de la presión internacional sobre Maduro para que abra el diálogo con la oposición y se convoquen nuevas elecciones, la propia dinámica de la situación interna está empezando a empujar al autoritario presidente venezolano hacia el borde del abismo.

“Por más que grite y amenace,  Maduro está empezando a mostrar grietas importantes” 

Junto con las incesantes manifestaciones de la oposición, de las que se cumplen ya cien días y a las que ni la represión policial consiguen acallar, en los últimos días se han producido algunos hechos que pueden ser tomados como ejemplos de la situación límite del chavismo. El primero fue el extraño tiroteo desde un helicóptero policial contra la sede del Tribunal Supremo. De su autor, un policía y actor, nada más se ha sabido y mucho menos de cuáles eran sus verdaderas intenciones ni con qué respaldo contaba o cuenta aún. Si descartamos un autogolpe para justificar la intensificación de la represión, que también pudiera ser, podríamos encontrarnos ante una seria advertencia de las fuerzas armadas a Maduro ante el clima de confrontación civil que se respira en el país.

Mucho más claro y transparente en sus motivaciones fue el asalto y secuestro durante casi ocho horas de los diputados de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, por un grupo de energúmenos armados con palos y cuchillos. Las condenas por parte de Maduro no consiguen, sin embargo, desterrar la sospecha de que detrás del ataque está el chavismo más extremista que, a la desesperada, quiere atemorizar a la oposición parlamentaria. Aunque para grieta evidente en el régimen chavista hay que citar a la fiscal general Luisa Ortega, que se ha convertido en la única voz discordante de un poder judicial sumiso y obediente ante Maduro. Ortega ha afeado con dureza el remedo ilegal de Asamblea Nacional Constituyente que Maduro se ha sacado de la manga para intentar  anular a la que los venezolanos eligieron a finales de 2015 y a la que el presidente no puede poner también a sus pies como ha hecho con el poder judicial. 

“Con la excarcelación de Leopoldo López, el régimen busca ganar tiempo y aliviar la presión ” 

El sueño de Maduro de concentrar en sus manos todo el poder empezó a torcerse cuando los venezolanos dejaron al chavismo en minoría. A partir de ahí, ha iniciado una huída hacia delante de la que el último episodio ha sido precisamente la liberación a medias de Leopoldo López. Sería un error ver en esa decisión un gesto de buena voluntad hacia la oposición para reconducir la situación del país. Se trata más bien de una maniobra para ganar tiempo y aliviar la presión internacional y de la calle con la vista puesta en recuperar las fuerzas necesarias para continuar aferrado al poder como un náufrago a una tabla. 

Y es por eso y antes de que la defensa del poder por parte del chavismo desemboque en consecuencias aún peores, por lo que es el momento de que la comunidad internacional y la oposición obliguen a Maduro a liberar al resto de los presos políticos y a sentarse a negociar una salida pacífica y democrática de un régimen que se empieza a agrietar tanto como su cabeza visible y que amenaza con alcanzar en su caída a todos los venezolanos.    

Trabajador y pobre

Cómo será la cosa que hasta la mismísima ministra de Empleo, Fátima Báñez, animó el otro día a empresarios y a sindicatos a ponerse de acuerdo para que el crecimiento del empleo “se vea acompasado por el de los salarios”. Y no sólo Báñez, también el patrón de patrones, Joan Rosell, acaba de reconocer que es imposible llegar a fin de mes cobrando 800 euros, aunque no creo que lo diga por experiencia propia. Yo llevo un par de días restregándome los ojos para creerme lo que leo porque, hasta ahora, mencionarle a un dirigente empresarial la necesidad de que los jugosos beneficios que ya obtienen las empresas reviertan en unos salarios desnutridos y al borde de la inanición, era como mentarle la bicha: que si la competitividad, que si la consolidación del crecimiento, que si hay que ver la situación empresa a empresa, que si la inflación.

En su mayor parte monsergas y excusas para no abrir la cartera y permitir que los que dan el callo en el curro empiecen a creerse de verdad aquello de que ya hemos salido de la crisis y estamos en la senda del crecimiento. Sobre todo esos trabajadores que, según organizaciones como Cruz Roja o Caritas, no salen de pobres trabajando en precario y a tiempo parcial porque sus salarios no les impiden tener que acudir al banco de alimentos más próximo. Y aún se sorprenden algunos sesudos analistas de que la economía sumergida campe por sus respetos y represente sólo en Canarias cerca de una tercera parte de la economía total. 

“Hablarle a un dirigente empresarial de subir salarios es como mentarle la bicha”

Se dan por tanto las condiciones para que por fin los sindicatos consigan arrancar de los empresarios la primera subida salarial decente después de años de congelación de sueldos o de subidas insignificantes como las del año pasado. El listón lo han puesto los sindicatos en el 3%, aunque soy mas bien escéptico ante la posibilidad de que los empresarios estén tan ágiles como para alcanzar ese nivel de incremento salarial que, como mucho, podrían aceptar para las retribuciones más bajas. Y quien aún tenga dudas de que los salarios se han quedado en la edad del hielo y los beneficios empresariales ya corresponden a la de las naves espaciales, sólo tiene que poner en relación el crecimiento del PIB con lo que ganan las empresas y lo que ganan sus empleados.

  

En un estudio reciente, la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) revela que este año el crecimiento de la economía ya se ha situado por encima de los niveles previos a la crisis y eso se ha debido precisamente y en gran medida a las ganancias de las empresas. En concreto, los beneficios empresariales ha aumentado un 26% frente a un crecimiento de los salarios del ¡2%!. Algunos alegan que los salarios tampoco es que hayan perdido tanto poder adquisitivo si tenemos en cuenta que la inflación ha sido moderada, como si no fuera precisamente unos salarios de miseria los que frenan el consumo y, por tanto, la subida de los precios. 

“La subida salarial tiene que llegar a los 5,4 millones de empleados en precario" 

En todo caso, estas consideraciones que podríamos llamar clásicas respecto a los salarios se ven seriamente distorsionadas por una característica singular del mercado laboral español: el subempleo o, si lo prefieren, el empleo basura. En este país, más de una tercera parte de los asalariados trabaja a tiempo parcial y con contrato temporal. Hablamos de 5,4 millones de trabajadores de esos a los que no les da el salario para llegar a fin de mes, como dicen Rosell o Cruz Roja. Está por ver hasta qué punto les beneficiará también a ellos el pacto salarial que parecen próximo a alcanzar sindicatos y patronal, que sí tendría una repercusión favorable en los casi 10 millones de asalariados con contrato indefinido y a tiempo completo.

Para comprobarlo basta con repasar las cifras de la encuesta de estructura salarial del INE de 2015, según la cual el salario medio anual de un trabajador con contrato indefinido se situó en el entorno de los 24.500 euros, 8.000 euros de media más que el  de los trabajadores con contrato a tiempo parcial. Esa es una asignatura que empresarios y sindicatos no pueden dejar para más adelante: o hay exigencia sindical y compromiso empresarial de mejorar radicalmente las condiciones laborales de esos  5,4 millones de contratos temporales y a tiempo parcial que hay en este país, o la mejora salarial que se pacte no sacará a muchos de esos trabajadores de la pobreza. 

Montoro necesita vacaciones

Creo que aparte de mí no hay otra persona en España que necesite más unas vacaciones que Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda está pasando un mes tan horribilis que ni tiempo ha tenido de relajarse leyendo su último bet seller recientemente publicada en el BOE: Presupuestos Generales del Estado, edición de 2017. Han sido semanas de sinsabores sin cuento que comenzaron con el bofetón constitucional a su graciosa amnistía fiscal a la que él, hombre de verbo fácil aunque atropellado, siempre llama “regularización fiscal”. De aquellos lodos le cayó hace unos días la reprobación de la mayoría de Congreso que tiempo ha venía con ganas de hincarle el diente en la yugular. En esta ocasión no ha podido parapetarse Montoro detrás de la mayoría absoluta del PP y poner en marcha el ventilador contra los partidos de la oposición. La minoría del Gobierno ya no da para prepotencias y desplantes y Montoro lo está aprendiendo en sus propias carnes. 

Por eso ha tenido que guardar en un cajón la chulería con la que solía despreciar las quejas de las víctimas de sus medidas de control del déficit. Tanto es así que después de pretender volver a endilgarle a las comunidades autónomas la ley del embudo fiscal que dispone lo estrecho para ellas y lo ancho para el Estado, no le ha quedado otra que rectificar. Para ello se ha vestido de trilero y ha echado mano de los cubitos para sumarle una décima al déficit de las autonomías que le ha restado al de la Seguridad Social. ¿Dónde está la bolita?  Según Montoro en que, como los sueldos van a subir hasta las estrellas el día menos pensado, el incremento de las cotizaciones compensará el recorte. 

“Montoro ha tenido que guardar la chulería y aliviar el yugo del déficit” 

Pero, como este hombre es un as de los números, aún le ha quedado margen para prometerle a Ciudadanos una rebaja del IRPF de las rentas más bajas y la exención de ese impuesto para los mileuristas. Montoro, al que las rebajas fiscales sólo le gustan cuando hay elecciones cerca, ha tenido que tragarse también ese sapo para que presuma Albert Rivera. No podrá alegar Rajoy que su ministro de Hacienda no hace toda suerte de contorsiones para conseguir que socialistas, nacionalistas y Ciudadanos den el “sí” cuando la próxima semana se discuta en el Congreso el llamado techo de gasto, primer paso para que el año que viene el ministro pueda volver a publicar en el BOE. Aunque la clave no está sólo en aliviar el objetivo de déficit sino en algo tan oscuro y técnico como la llamada regla de gasto. Se trata del método por el que se calcula el porcentaje que una administración autonómica o municipal que ha hecho sus deberes fiscales y que incluso tiene superávit puede destinar de sus ingresos a inversión o a servicios básicos.

Montoro tiene esa sartén bien agarrada por el mango y, salvo que ceda también en la interpretación de la bendita regla, la décima de más en el déficit puede quedar en un espejismo. Al ministro es al menos que se le escapa que España está vigilada de cerca por Bruselas, cansada de que año sí y año también el país incumpla el sacrosanto objetivo de déficit. La cosa es ir trampeando para salir del paso y cuando toque rendir cuentas ya veremos qué excusa damos o cómo lo arreglamos. Si en lugar de anunciar rebajas fiscales y tarifas planas en años de elecciones hubiera acometido la imprescindible reforma fiscal que necesita este país y se hubiera modificado el sistema de financiación autonómica, Montoro no tendría que andar sumando ahora dos y dos con la esperanza de que el resultado sea tres. 

"Para colmo de males se le ha aparecido también el fantasma político de Soria"

Por si todos estos quebraderos de cabeza no fueran suficientes, Montoro también se ha tropezado esta semana con un fantasma político que seguramente creía bien enterrado y amortizado: José Manuel Soria. A través de EL MUNDO, su periódico de cabecera, el ex ministro canario del petróleo ha amagado con unas memorias más explosivas que las de Bárcenas. En ellas hay una cuenta en Suiza, una madre muerta y un chivatazo de Montoro a Rajoy que llevó al probo ministro de las eléctricas a dimitir. Según esta versión blanqueada de su renuncia, la misma no tuvo nada que ver con sus papeles en Panamá sobre los que mintió entonces como miente ahora para cobrarle a Rajoy a través de Montoro el escarnio de haberlo dejado caer. Si a eso le añadimos la serie de informaciones publicados hace unos días en ABC, periódico bien conocido por su cercanía a Podemos, en la que se habla con todo detalle de una empresa fundada por Montoro que asesoraba a compañías eléctricas de postín, es fácil concluir que el esforzado ministro de Hacienda merece unas largas vacaciones, indefinidas a ser posible. 

Poder con Podemos

A ver si soy capaz de llegar al final sin bostezar porque el asunto de este post es de los que hastían. Después de las elecciones locales de mayo de 2015 Podemos consiguió por primera vez en su corta historia acceder al poder en algunas instituciones importantes. Pero no lo consiguió en solitario sino gracias a pactos de gobierno con otros partidos, es decir, mediante alianzas en las que los socios se ponen de acuerdo en lo que les une y aparcan lo que les separa. Hasta ahí y en teoría todo bien. Aunque la experiencia en instituciones como el ayuntamiento de Madrid daría para un tratado podemita completo,  me centraré sólo en Canarias para hacer más llevadero el trance.

Aquí la formación morada se incorporó a los gobiernos del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En el Cabildo, el presidente Antonio Morales prefirió apoyarse en Podemos que en el único consejero de CC con el que también hubiera sumado mayoría absoluta. Además de algunas coincidencias programáticas, el cálculo electoral para aislar por completo a CC y el refuerzo que Podemos le confería a la mayoría absoluta del grupo de gobierno seguramente fueron decisivos también para preferir esa opción. Y ello a pesar de que en las negociaciones previas, la dirección de Podemos – enfrentada ya con parte de sus propios consejeros – hizo lo imposible por bloquear e imposibilitar el acuerdo.

“Morales asumió el riesgo y se ha pasado dos años apagando los incendios de Podemos”

Pero Morales no atendió a las señales y el resultado han sido dos años apagando fuegos un día sí y al otro también en detrimento de la gestión de los problemas de la isla. Hasta que un día, de la noche a la mañana, se despertó con la mitad de los consejeros de Podemos que tenía el día anterior y sobre los que siguieron con él recayó de inmediato el sambenito de tránsfugas. En estas trifulcas internas se han ido una buena parte de los esfuerzos y del tiempo de estos dos años de mandato en el cabildo de una isla que requiere mucha más gestión y soluciones que las vistas hasta ahora y muchos menos juegos florentinos.

En el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en donde la gestión del grupo de gobierno no ha ido tampoco mucho más allá de pasear el megaproyecto de la metroguagua de punta a punta de la ciudad, la nota ha sido en cambio una cierta estabilidad política al menos de puertas afuera. De puertas adentro es conocida la inquina fenicia que el portavoz de Podemos en el consistorio Javier Doreste y la ex líder del partido, Mery Pita, se profesan mutuamente. Sin embargo, esas malas relaciones políticas no habían interferido hasta ahora en la gestión municipal como ocurrió en el Cabildo entre Pita y su enfant terrible Juan Manuel Brito.

“Quien pacte con Podemos deberá aprenderse y recitar su credo de memoria”

Hasta que ha llegado Noemi Santana, la sucesora y continuadora de la labor de Pita, y hemos vuelto a las andadas. Santana ha amenazado hoy con romper el pacto en el Ayuntamiento si Nueva Canarias, uno de los socios, no rechaza en Madrid el techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado del año que viene. Por decirlo de otro modo: Santana pone contra las cuerdas la estabilidad y la gestión del gobierno municipal de una ciudad de 400.000 habitantes sólo porque uno de sus socios de gobierno no vota lo que ella y su partido quieren en un ámbito político completamente distinto del municipal.

Ignoro si Santana cumplirá su amenaza pero, si nos atenemos a lo que ha ocurrido en el Cabildo, tal vez debería el alcalde Hidalgo irse preparando para lo peor. Una cosa sí parece clara y deberían tenerla en cuenta aquellas fuerzas políticas que en el futuro pretendan lleguen a acuerdos con Podemos: estarán obligadas a ver la realidad en blanco y negro y a aprenderse y recitar de memoria el catecismo podemita, cuyo primer mandamiento es claro y tajante: o conmigo o contra mi. No caben medias tintas ni legítimas estrategias políticas propias ni autonomía alguna que valga a la hora de tomar decisiones de partido. Todo eso hay que dejarlo en la puerta y plegarse sin condciones al credo de Pablo Iglesias o correr el riesgo de ser expulsado a las tinieblas exteriores. Que se lo vaya apuntando Pedro Sánchez para su ansiado mayoría alternativa.  

Referéndum ilegal y a la carta

No sé cómo terminará – si es que termina – el órdago independentista catalán. Sin embargo, a cada paso nuevo que dan sus impulsores, más me convenzo de que el final no será feliz. Ese último paso ha sido la presentación hoy mismo de una ley de referéndum ad hoc con la que se intenta lo imposible constitucionalmente hablando para amparar la consulta del 1 de octubre. A la vista de las reseñas periodísticas, el texto conocido hoy es un monumento a la ilegalidad constitucional con un amplio repertorio de medidas manifiestamente antidemocráticas. Inconstitucional porque, por  mucho que el papel aguante todo lo que le echen y escriban en él, esa ley de referéndum choca de frente con lo que establece la carta magna sobre consultas populares.

Presentarla además como una ley “suprema” que se impone a cualquier otra norma que se le enfrente – la Constitución – es de matrícula de honor en derecho constitucional.  Y es antidemocrática no sólo porque ignore y pretenda imponerse a una Constitución que sí lo es y que sí fue refrendada por una amplia mayoría del pueblo español, incluido el catalán, porque ni siquiera se molesta en fijar un mínimo que dé validez al resultado. Es perfectamente posible que vote por ejemplo solo el 40% del censo y bastaría con que la mitad más uno diga “sí” a la independencia para que el resultado se considere válido.

 “La ley de referéndum catalán es un monumento a la ilegalidad constitucional”

Sin solución de continuidad y apelando a un supuesto derecho a decidir que sólo existe en la imaginación de quienes impulsan el referéndum, esa decisión se convertiría en declaración unilateral de independencia antes de las 48 horas siguientes a la celebración del apaño refrendatario que los independentistas acaban de parir. Y todo esto en un clima de revueltas internas, con consejeros críticos con el referéndum purgados por el presidente Puigdemont y socios como el PdCAT literalmente “hasta los huevos” de ser ellos los que paguen los platos rotos. En medio, pillados entre dos fuegos, funcionarios de ayuntamientos y otras instituciones que a día de hoy se deben a la administración general del Estado y a los que la Generalitat pretende convertir en rehenes y cómplices a la fuerza de su ilegalidad.

Cuando se ignoran los problemas pensando que el tiempo todo lo cura suele ocurrir que se complican, se multiplican y se enquistan. Eso es lo que está pasando con el “problema catalán” y la postura que ha mantenido ante él en los últimos años el PP. Mariano Rajoy, al que la estrategia de no hacer nada y esperar a que pase el mal tiempo le ha dado buenos resultados en otros ámbitos, ha intentado aplicar la misma técnica con Cataluña y sólo ha conseguido que lo que empezó siendo mar de fondo esté a punto de convertirse en galerna.

Después de enviar el estatuto catalán al Constitucional para que lo afeitara a conciencia en un fallo que según algunos juristas no hay por dónde cogerlo - véase lo que dice el profesor Muñoz Machado al respecto en su libro "Vieja y nueva Constitucion" (Ed. Crítica) - el líder del PP se ha limitado durante años a esgrimir el cumplimiento de la ley para responder a los embates del soberanismo catalán. Durante ese tiempo no ha dado ni un solo paso digno de ese nombre para encontrar una salida política a un problema que es, ante todo, político por más que se empeñe en verlo única y exclusivamente desde la óptica judicial.  

“Mariano Rajoy apenas tiene ya otra alternativa que la judicial después de años despreciando cualquier otra” 

Tampoco puede el PSOE, aún hoy el principal partido de la oposición, presumir de una postura definida y coherente en este asunto. Dependiendo de si el viento soplaba por la izquierda o por la derecha o de las relaciones con los socialistas de Cataluña, ha ido de la defensa de la unidad nacional consagrada en la Constitución a esa genialidad del diseño político de última hora llamada la “nación de naciones“ y la “plurinacionalidad”. 

Sin embargo es sobre los hombros de Rajoy sobre los que recae en estos momentos la responsabilidad de actuar ante la convocatoria de un referéndum ilegal amparado en una parafernalia normativa igual de inconstitucional. Lo que vaya a hacer sólo él lo sabe aunque es improbable que se aparte del monólogo judicial que ha caracterizado su discurso sobre Cataluña en los últimos tiempos. En realidad, a estas alturas no parece que le quede ya ninguna otra alternativa que no sea la judicial a la vista de la gangrena del problema a la que ha contribuido de manera tan eficaz después de años desdeñando cualquier otra salida.  

Transparencia ma non troppo

El Diccionario define la transparencia como la cualidad de los cuerpos para dejar pasar la luz. Si nos fijamos en los datos que hoy ha presentado el Comisionado de Transparencia de la Comunidad Autónoma, la conclusión es que lo que transparenta el cuerpo de las administraciones públicas canarias apenas llega a la categoría de débil pabilo. No es para estar muy contentos que apenas dos de cada diez de esas administraciones aprueben los requisitos de la Ley Canaria de Transparencia,  que tampoco es que sea el no va más de las exigencias. Los aprobados – Gobierno de Canarias, tres cabildos y unos pocos ayuntamientos – sacan en todos los casos notas manifiestamente mejorables. Entre los suspendidos hay de todo, desde quienes apenas cumplen algunos de los requisitos de la ley hasta quienes ni siquiera cuentan con portal de transparencia.

Claro que ese portal tampoco es la panacea para que los ciudadanos conozcan cómo y dónde se gasta el dinero público y cuáles son los ingresos y patrimonios de sus representantes y gobernantes. Abrir una página web vinculada a un sitio oficial del ayuntamiento o el cabildo de turno y saturarla de documentos sin orden ni concierto tiene más bien el efecto de disuadir la curiosidad y el derecho a saber de los ciudadanos que de satisfacerlo. La sobreabundancia de información no equivale a buena información o a información de interés, sino a maraña inextricable para moverse por la cual hay que disponer de conocimientos, horas y paciencia que la inmensa mayoría de los ciudadanos no tienen.

“La sobreabundancia de información no es sinónimo de buena información”

Sin embargo, ser o no ser transparente ya no es una opción para las administraciones públicas, las empresas que de ellas dependen y las instituciones del sistema democrático. La transparencia en el empleo de los recursos públicos es una obligación nacida al calor del debate sobre la opacidad con la que tradicionalmente se han venido desempeñando los políticos. Los contratos y adjudicaciones de servicios al sector privado o las retribuciones de gobernantes y legisladores deben ser del dominio público en tanto es del bolsillo público de donde sale el dinero para pagarlos. De ahí que la obligación de transparencia se haya convertido en un instrumento imprescindible para el control y la fiscalización por parte de los ciudadanos sobre sus gobernantes y representantes.

En cierto modo, esa labor de fiscalización, que en un sistema democrático menos escorado a favor del poder ejecutivo debería realizar el parlamento, devuelve a los ciudadanos una parte al menos de la soberanía que han ido perdiendo a medida que su capacidad de decisión ha quedado apenas limitada a votar cada cuatro años. El politólogo francés Pierre Rosanvallon considera que la transparencia es un síntoma de buen gobierno y subraya un hecho capital: mientras que el control del voto dura lo que dura una jornada electoral el control que ejercen los ciudadanos a través de la transparencia exigible a los representantes públicos es permanente.

“La transparencia devuelve a los ciudadanos parte de la soberanía perdida”  

Podría decirse que la obligación de transparencia cambia por completo la relación entre representante y representado o entre gobernante y gobernado y lo hace a favor del segundo y en detrimento de primero. Seguramente por eso hay tanto político reacio a transparentarse y tanta institución y administración pública resistente a arrojar toda la luz que sea posible sobre el uso del dinero público. El reto está precisamente en que los ciudadanos hagan de la transparencia una obligación legal exigible a sus representantes y gobernantes quienes, en no pocas ocasiones, utilizan ese término con fines meramente propagandísticos y vacío de todo contenido real. Sin embargo, según los datos conocidos hoy, las visitas de los ciudadanos canarios al portal de transparencia de la comunidad autónoma apenas alcanzaron el 1% el año pasado y las solicitudes de información no llegaron a 200. Demasiado poco interés para tanta opacidad como aún sigue reinando en las administraciones públicas. 

Violencia machista: ¿qué hacer?

Con desesperanza se preguntaba hace unos días la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, qué hacer ante el aumento del número de mujeres asesinadas vilmente a manos de sus parejas o ex parejas. Era una reflexión en voz alta a propósito de dos recientes y nuevos casos de sendas mujeres que perdieron la vida en menos de 48 horas en Sevilla y en Tarragona. En ambos casos medió un arma blanca asesina y un hombre que probablemente sigue convencido a esta hora de haber hecho lo que tiene que hacer todo hombre que se precie cuando esa mujer, a la que ha puesto en el mismo nivel que cualquier otra propiedad material suya, no se aviene a sus deseos y a su dominio.

El descorazonamiento de Becerril es más que comprensible si uno repasa las frías pero elocuentes estadísticas sobre la violencia machista en España difundidas hoy mismo por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. En los seis primeros meses de este año el balance asciende a 31 mujeres asesinadas, la cifra más alta de los últimos 7 años, casi el doble de la del año pasado.

“El número de mujeres asesinadas este año en España casi duplica el del año pasado”

Por si el dato no fuera suficientemente dantesco, a las 31 mujeres asesinadas hay que añadir la muerte de seis menores, un número que no se registraba desde hacia cuatro años y que multiplica por seis el de menores asesinados el año pasado en este contexto de violencia doméstica y de género. A la estadística del horror hay que añadir, además, 15 huérfanos, los últimos correspondientes a los asesinatos del pasado fin de semana en Sevilla y Tarragona.

Atención especial merece el número de víctimas mortales de la violencia machista registradas en lo que llevamos de año que había denunciado malos tratos y cuántas de ellas contaban con protección judicial. Y es aquí en donde de nuevo se aprecia una de las fallas por las que probablemente la lucha contra esta lacra sigue flaqueando. De las 31 mujeres asesinadas sólo 6 habían denunciado a su agresor y, de ellas, sólo cuatro tenían medidas de protección. El escaso número de mujeres que denuncia en relación con el de asesinadas y la aparente renuencia de los jueces para conceder protección a las victimas se ha convertido en una cansina constante de las estadísticas sobre violencia machista.

El aún reducido número de denuncias tiene causas conocidas en el miedo de muchas de las víctimas a empeorar la relación o en la esperanza, la mayor parte de las veces vana, de que mejore. Lo que merecería una reflexión a fondo por parte del Consejo del Poder Judicial y del legislador es por qué los jueces de violencia de género parece tan pacatos cuando se trata de ordenar protección. A lo que hay que añadir que en no pocos casos esas órdenes no han sido en absoluto garantía de seguridad para las mujeres protegidas por ella.

 "Mientras, los partidos discuten sobre si es violencia machista o de género"

Las cifras que hoy ha publicado el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género deberían servir también para sacar de una vez de su modorra a la subcomisión del Congreso de los Diputados creada hace meses para consensuar un pacto contra este goteo constante de mujeres asesinadas y minutos de silencio al día siguiente ante las instituciones. A fecha de hoy, los partidos que integran esa subcomisión parece que no se han puesto de acuerdo prácticamente en nada. Tal es así que ni siquiera hay consenso sobre si hay que hablar de violencia machista o de violencia de género.

Si no fuera trágico sería de risa que la discusión esté encallada en una cuestión semántica y que nada se sepa aún de cambios legislativos, medios materiales y medidas preventivas y educativas para luchar contra lo que todos podemos coincidir en llamar simple y llanamente viles asesinatos. Pues claro que es para estar descorazonado y preguntarse qué hacer si, mientras siguen muriendo mujeres a manos de sus parejas, quienes tienen la responsabilidad pública de hacer frente a este azote se limitan a convocar minutos de silencio y discutir sobre si son galgos o podencos: son asesinos y punto. 

Patinazo real

En España somos tan monárquicos que no nos basta con un rey: necesitamos cuatro, dos eméritos y dos haciendo méritos. Puede que no haya muchas cosas en las que destaquemos en el concierto internacional pero en número de reyes no hay monarquía parlamentaria que nos haga sombra. El problema surge cuando necesitas decorar, por ejemplo, el Congreso de los Diputados y te sobran reyes. Entonces pasa como con los jarrones chinos de los que hablaba Felipe González, que no sabes qué hacer con ellos ni dónde ponerlos. No quieres que un jarrón chino determinado por valioso y antiguo que sea le reste protagonismo al último que acabas de añadir a la colección y te preguntas si al menos por esta vez no no sería mejor dejarlo en el desván. 

Eso, poco más o menos, es lo que ha pasado este miércoles con ocasión del solemne acto institucional con el que se conmemoraron los cuarenta años desde las primeras elecciones democráticas, después de otros cuarenta en los que la palabra votar había sido tachada del diccionario.  Allí se dieron cita algunos padres de la Constitución ya talluditos junto a recién llegados con camisetas reivindicativas para los que todo aquello de la Transición del 78 les suena a cosa superada y con olor a naftalina. Son gente esta que tal vez nunca ha sabido de verdad lo que es correr delante de la policía, esconder libros perseguidos o panfletos  y cuyo modelo de democracia le debe más a regímenes que de democráticos tienen lo que yo de budista.

“Somos tan monárquicos que no nos basta con un rey, necesitamos cuatro” 

Lo cierto es que, como en todo acto institucional que se precie, hubo sentidos discursos sobre el valor de la transición pacífica de una dictadura a una democracia imperfecta pero perfeccionable; se subrayó también la necesidad de recuperar el consenso de hace 40 años que ha hecho posible que los españoles hayamos enterrado de una vez los garrotes goyescos con los que históricamente nos habíamos venido atizando con un entusiasmo digno de mejor causa. Hubo aplausos y silencios elocuentes y cada uno dejó constancia fehaciente del valor que le otorga y la trascendencia que le da a aquel 15 de junio de 1977 cuando los españoles pudimos empezar a ser libres. 

Pero en esta institucional escenografía conmemorativa faltaba un jarrón chino cuya ausencia no le pasó desapercibida a nadie: la del rey emérito que a la sazón era el jefe del estado cuando se celebraron aquellas elecciones. Los corrillos no tardaron en comentar la falta y el propio afectado se las arregló para que el país supiera a través de los medios de comunicación que no le había hecho ni pizca de gracia que se le tratara precisamente como un jarrón chino molesto que no cabe en el protocolo de los actos institucionales en los que interviene su hijo heredero.

“La exclusión de Juan Carlos I  del acto en el Congreso es un patinazo real”

Comentan algunos que tienen hilo directo con la realeza que el patinazo real se originó en la Casa Real – léase rey en prácticas – al considerar que no había sitio en la tribuna del Congreso para dos jarrones chinos a la vez ni tiempo para hacer reformas que le hicieran un hueco al más antiguo. De manera que se optó por dejarlo en casa viendo la tele o repasando las fotos de la última cacería en África. Craso error porque, como ha dicho incluso Pablo Iglesias, reconocido monárquico de toda la vida, el viejo y descangallado jarrón chino ausente  hizo méritos sobrados en su día para haber estado ayer en un lugar bien visible y preminente del Congreso de los Diputados. 

Ese jarrón chino, del que ayer sólo se conoció su justificado cabreo, desempeñó un papel decisivo en el cambio político pacífico en este país. Sin negar las muchas sombras, claroscuros y luces que han acompañado su desempeño de la jefatura del estado y de las que la historia terminará dando cuenta detallada antes o después, ocultar su figura en el acto conmemorativo de una fecha histórica de la que fue protagonista destacado es, cuando menos, un real patinazo propio de un rey novato e imberbe. Y esto lo dice alguien mucho más partidario del gorro frigio que de los jarrones chinos. 

Reunionitis política

El síntoma principal de la reunionitis política son los deseos irrefrenables de reunirse casi todos los políticos entre sí sin causa justificada aparente. En la práctica son reuniones en las que quedan en verse más adelante para fijar la fecha de otra reunión. Y así hasta el infinito. España es un país encantado de conocerse y de reunirse y por eso la prevalencia de la reunionitis entre su clase política debe ser de las más elevadas del mundo. En los últimos días parece que estamos asistiendo a un repunte de casos a tenor de los análisis que uno lee y escucha. Raro es el que no ha mojado su pluma en los ríos de tinta de la reunionitis y no ha escrito sobre las razones por las que Pedro quiere a Pablo y viceversa o por los parecidos y diferencias razonables entre Mariano y Alberto. Los más osados se atreven incluso a especular con la posibilidad de ver sentados a una misma mesa a Pablo, Pedro y Alberto. ¿Para qué? Pues para volver a reunirse, para qué si no.

Exagerando un poco, a veces pienso que las elecciones son sólo pequeños paréntesis entre una campaña electoral y la siguiente. La misma noche de los resultados los perdedores se proclaman vencedores morales y anuncian reuniones para el día siguiente con el fin de preparar la victoria en las elecciones siguientes. Mientras la reunionitis se convierte en dolencia crónica de la clase política también se cronifican los problemas. A algunos de ellos les crecen las raíces y les salen canas de viejos y sin que nadie se ocupe de afrontarlos como no sea con parches y cataplasmas. Si me pusiera exhaustivo me faltarían posts para enumerar la lista de cuestiones olvidadas en aras de la reunionitis. Me conformaré tan sólo con ser ilustrativo de las dimensiones del problema al que se enfrente un país en el que está mal visto hacer hoy lo que puedes dejar para mañana o para el año que viene.

“A veces creo que las elecciones son solo un breve paréntesis entre dos campañas electorales”

Empezaré por la parte inferior de la pirámide de población en donde se acumulan los jóvenes que o no tienen trabajo o el que tienen no les da para salir de pobres. Lo ha dicho hoy mismo el Consejo de la Juventud, cuyos datos revelan que no llegan ni a dos de cada diez los jóvenes de entre 16 y 29 años  que se pueden emancipar del hogar paterno. Salarios de hambre quienes los tienen y acceso prohibitivo a la vivienda impiden que jóvenes en su mayoría sobrecualificados puedan desarrollar su proyecto de vida. Las familias de este país, que durante los años de la crisis han tenido que sacar aceite de la exigua pensión de los abuelos para llegar a fin de mes, ahora tienen que seguir manteniendo a toda una generación a la que las empresas de este país sólo le ofrecen condiciones laborales en precario o dique seco.

En el extremo opuesto están los pensionistas presentes y futuros. Sin prisa pero sin pausa el gobierno del PP se ha ido gastando el dinero de la hucha con la que se abonan las pagas extra. Apenas quedan 15.000 millones de euros en donde hubo cerca de 70.000. En otras palabras, por primera vez en muchos años el Gobierno va a tener que echar mano del Tesoro para pagar la extra de julio. Salvo que caiga maná del cielo, en diciembre tendrá que volver a hacer lo mismo, lo que engordará un poco más si cabe la deuda pública. ¿Qué van a hacer los poderes públicos para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, pilar central del estado del bienestar? Pues justo para eso llevan reuniéndose sus señorías en una comisión específica del Congreso desde el comienzo de esta legislatura. A fecha de hoy lo que piensen hacer sólo lo sabrán ellos si es que lo saben.

“Los líderes políticos se reúnen sin parar y los problemas echan raíces y canas”

Pero no se vayan que aún hay más: en el Congreso hay también subcomisiones de comisiones para estudiar el gran pacto de estado por la educación que prometió Rajoy en su investidura y para el no menos gran pacto de estado contra la violencia machista. Tampoco se sabe para cuándo habrá una propuesta sobre educación ni en qué términos. Por otro lado, apenas pasa semana sin que se convoquen minutos de silencio aquí y allá  por otra mujer asesinada a manos de su pareja o ex pareja. Admito que la pintura tiene colores crudos pero nadie podrá decir que no responde a la realidad. El diálogo y el acuerdo sobre visiones diferentes de la realidad deben formar parte insustituible de la democracia. Lo que no puede ocurrir es que la reunionitis sea la coartada para demorar sine díe la solución de los problemas mientras se practica el figureo político en busca de los focos de la banalidad mediática. 

Playas más seguras

Que Canarias recibiera el año pasado 15 millones de visitantes no le da derecho a los responsables públicos a considerar los ahogamientos en las costas de las islas como una cuestión sin relevancia estadística. En primer lugar porque la vida y su protección es un valor en sí mismo que no requiere de ninguna otra justificación. Pero, además, porque la imagen de un destino turístico como Canarias no se puede permitir un constante y rutinario goteo de fallecimientos en el medio acuático sin apenas hacer nada por remediarlo.

Un total de 72 personas murieron ahogadas el año pasado en Canarias, colocando a esta comunidad autónoma a la cabeza de la clasificación nacional por este motivo. A pesar de ello, brillan por su ausencia las campañas de prevención impulsadas por las administraciones con competencias en la materia, especialmente la autonómica y la municipal. La situación contrasta con lo que ocurre a propósito de los accidentes de tráfico. Por esta causa murieron el año pasado en las carreteras de las islas 38 personas, es decir, poco más de la mitad de las que perdieron la vida ahogadas. Sin embargo, las autoridades competentes mantienen campañas permanentes de prevención y sanción de conductas de riesgo al volante.  

“Las autoridades no pueden tratar los ahogamientos como una cuestión estadística sin relevancia”

Se me escapan las razones por las que una región como Canarias en la que tanto solemos presumir del número de visitantes, lleva años dándole vueltas a un decreto sobre medidas de seguridad en el medio acuático que no termina de ver la luz. Es igualmente incomprensible que en ayuntamientos en los que el turismo es la principal actividad económica, sus responsables racaneen con los recursos que se deben destinar a garantizar la seguridad en las zonas de baño. Es evidente que la seguridad absoluta no existe pero eso no puede llevar a encogerse de hombros y confiarse a la suerte para ahorrarse unos miles de euros. Si esa hubiera sido la actitud ante los accidentes de tráfico es seguro que no se habría reducido el número de fallecidos en las carreteras en los últimos años. La resignación no es una opción por parte de las autoridades por más que sea inevitable que quien lo desee ponga en riesgo su integridad física..

  

Mapa de Ahogamientos presentado hoy por "Canarias, 1.500 kilómetros de costa"

Por fortuna las cosas parece que empiezan a cambiar para bien y son cada vez más las instituciones que están tomando medidas en este ámbito. Ese paulatino cambio de actitud hay que registrarlo en el haber del proyecto “Canarias, 1.500 kilómetros de costa”. Impulsada con escasos medios pero con mucho empeño por el periodista Sebastián Quintana, está consiguiendo que poco a poco las autoridades responsables de esta materia empiecen a reaccionar para mejorar la seguridad y minimizar los riesgos. Una vez más se demuestra que la sociedad civil adelanta y sobrepasa a la burocracia y su desesperante lentitud a la hora de reaccionar.

“Canarias registró el año pasado 72 muertes por ahogamiento"

Habla por sí sólo del nulo interés que este asunto ha despertado hasta ahora en las administraciones públicas, el hecho de que las primeras estadísticas fiables sobre el número de accidentes en el medio acuático y el perfil de las víctimas haya sido elaborada precisamente por el proyecto “Canarias, 1.500 kilómetros de costa”. Al parecer, a nadie le había preocupado hasta este momento disponer de datos fiables sobre los que basar la toma de decisiones quizá por la sencilla razón de que en sus agendas no figuraba la intención de tomar decisión alguna.  

Sin embargo, el tiempo de ignorar el problema y mirar para otro lado debe quedar definitivamente atrás para los responsables públicos, entre cuyas  competencias figura garantizar la seguridad pública hasta donde sea humanamente razonable. Un archipiélago como Canarias que ingresa miles de millones de euros anuales gracias al turismo tiene que destinar medios y recursos suficientes para prevenir los ahogamientos y sancionar con severidad los comportamientos de riesgo y desprecio al sentido común que, como todos sabemos, también los hay. Bien está presumir dentro y fuera del vergel de belleza sin par pero mucho mejor estará cuando se pueda hacer con unas costas y unas playas mucho más seguras que las actuales.