Pedro Sánchez y el registrador de la propiedad

Pedro Sánchez lo ha conseguido. Con su insistencia ha protagonizado un vuelco político sin precedentes y ha hecho historia: primera moción de censura que triunfa, primer presidente que no ha pasado por las urnas y primero también cuyo partido tiene menos escaños que los que suman los partidos que han apoyado su ascenso al poder. Entre otras cosas. Confieso que no daba un duro por el triunfo de esta moción y admito que no supe calibrar la capacidad de Sánchez para sumar los apoyos que necesitaba y hacer realidad el sueño personal que perseguía desde que fue elegido secretario del PSOE por primera vez. No quiero restarle méritos a la hazaña política que supone haber desembarazado por fin a este país de la pesada losa del Gobierno del PP y de Rajoy. 

Pero una vez pasada la euforia y las celebraciones, pido que se me conceda al menos que el éxito de la moción se ha basado en aceptar muchas de las reivindicaciones de quienes al final le han aupado a la presidencia y no en negociar y pactar un programa de gobierno para lo que queda de legislatura. Aquí no se ha negociado sobre nada - ni siquiera una posible fecha para las elecciones -  porque el propio Sánchez así lo quiso y exigió con el único objetivo de desalojar a Rajoy tras la grave sentencia sobre la Gürtel. Lo ha conseguido pero a cambio de dejarse la camisa prometiéndo al PNV gobernar con los presupuestos que rechazó la semana pasada por antisociales. Con los independentistas se ha comprometido a reabrir el diálogo con un Gobierno catalán que preside alguien a quien Sánchez llamó "fascista" hace unos días. Hace bien en tender puentes de diálogo con Cataluña después de la cerrazón de Rajoy y su única apelación a los jueces. Sin embargo le ha faltado mucha concreción sobre hasta dónde está dispuesto a llegar en la normalización de relaciones. 

Después de ganar la moción de censura y convertirse en el séptimo presidente de la democracia, Sánchez se enfrenta a la que puede ser una legislatura de tortura. Mucho tacto y cintura deberá mostrar para no conducir al país a un periodo de inestabilidad de la que no dudarían en sacar rédito Podemos y los independentistas. Pablo Iglesias, que empezó ofreciendo apoyo incondicional, ya le exige a Sánchez que forme un gobierno "integrador", adelantando por dónde pueden ir las nuevas relaciones entre ambos después de que el líder de  Podemos mostrara ayer un contrito tono de arrepentimiento por episodios como el de la cal viva. Sánchez tiene que ser consciente de que con 84 diputados del PSOE por 96 de los partidos que te apoyan, la acción de gobierno estará permanente condicionada cuando no cortocircuitada. Haría un flaco favor a este país si se empeñara en hacer lo que le critica a Rajoy y se mantuviera al frente del Gobierno hasta que las encuestas pinten oros para el PSOE. Puede ocurrir perfectamente que la inestabilidad y la parálisis política agraven más si cabe sus expectativas electorales. Este debe ser un Gobierno que gestione algunos asuntos centrales de la agenda política - presupuestos y relaciones con Cataluña - y más pronto que tarde llame a los ciudadanos a las urnas. 

Rajoy: de una salida honrosa a un adiós a la fuerza

Eso es lo que podría haber hecho Rajoy si no viviera en una realidad paralela en la que la corrupción en su partido es apenas una decena de casos aislados. Tras la demoledora sentencia de la Gurtel era su obligación política dimitir y convocar elecciones. En cambio, ha preferido enrocarse, negar por enésima vez las evidencias y hasta las sentencias y despedirse de la presidencia insultando a los ciudadanos y a los diputados con su ausencia de la cámara mientras se le censuraba. Él es el claro perdedor político y moral en una moción de censura que viene a sellar una trayectoria política de la que ni los españoles que le han votado pueden separar la corrupción que ha tolerado en su partido y de la que incluso pudo haberse beneficiado. El adiós a a la presidencia del  registrador de la propiedad no sé si apena o alegra en su gremio, pero estoy convencido de que  millones de españoles no sienten pena por alguien que tanto en sede parlamentaria como en sede judicial no ha tenido rubor en mentirles.

Pierde también Albert Rivera, quien para los que aún tuvieran dudas ha hecho un alarde de oportunismo político digno de mejor causa. El líder de Ciudadanos ha dejado patente ante los españoles que por encima del interés general está el interés de su partido en que haya elecciones ahora que las encuestas soplan a favor. Como ocurrió con el "caso Cifuentes", su verdadero compromiso con la regeneración política lo certifica su voto en contra de la moción de censura y su apoyo implícito a Rajoy. 

También es cierto que no es el único y que el resto de los actores políticos - empezando por Pedro Sánchez y continuando por Rajoy e Iglesias - tampoco han hecho otra cosa que pensar en si lo que les venía mejor a sus partidos era elecciones ahora o más adelante. Es uno de los males de la democracia que espanta a los ciudadanos y que los partidos son incapaces de superar: dar por hecho que los intereses del partido y los de los ciudadanos son exactamente los mismos. Si Sánchez no actúa con sentido de estado y pone el interés general por encima del de su partido, que no busquen culpables en otro lado: solo él y el PSOE serán los responsables del perjuicio que causen a los españoles. 

La moción de censura y el interés general

Hay dos formas de analizar el lío político en que vuelve a estar enredada España. Una es desde la perspectiva del interés puro y exclusivo de los partidos, es decir, de cómo juega cada uno sus cartas para mantenerse en el poder, para alcanzarlo o para evitar que los rivales directos lo alcancen. Esta forma es lo que cualquier ciudadano de a pie llamaría "politiqueo" no sin cierta razón. En él lo prioritario no es tanto el interés general como el particular de los partidos. Admito que el "polítiqueo" es parte esencial del sistema democrático, entendido éste como sistema competitivo entre partidos políticos en su lucha por la conquista del poder. No hay nada ilegítimo ni vergonzoso en este juego siempre y cuando no degenere en un tacticismo descarnado que apenas se intenta justificar apelando a valores y principios vagos e imprecisos. Cuando los líderes políticos se lanzan con tanto entusiasmo a estos juegos de trile como hacen estos días los españoles albergo pocas dudas de que sus intereses y los de los ciudadanos difícilmente concuerdan. 

Un análisis útil para la sociedad sobre la sucesión de regates en corto a los que asistimos desde la publicación de la sentencia sobre la corrupción en el PP, tiene que preguntarse por el interés general tantas veces invocado en vano. Mucho me temo que la primera víctima de la moción de censura contra Rajoy y las consiguientes reacciones está siendo precisamente el interés de los ciudadanos. Me explico: de prisa y corriendo, sin encomendarse siquiera a su Ejecutiva, el PSOE presenta censura pensando seguramente menos en Rajoy que en obligar a Rivera a retratarse; los naranjas, pillados a contrapie, se descuelgan con la perla de la moción instrumental que conduzca a la convocatoria de elecciones y Pablo Iglesias, vestido con piel de cordero, ofrece apoyo incondicional a Sánchez con la esperanza de que se abrace en su propia ansiedad por ser presidente. El líder del PSOE se enroca en su negativa a negociar nada con nadie y pide un cheque en blanco y la fe del carbonero en el programa socialista. Su gobierno monocolor carecería de la más mínima estabilidad pero eso no parece que importe demasiado si hay suerte y consigue pasar una temporada en La Moncloa hasta que las encuestas aconsejen convocar elecciones. 

Foto: ABC

Ciudadanos - el más comprometido de todos por su pacto con el PP - no está dispuesto a concederle esa baza pero tampoco puede votar en contra de la moción si Rivera quiere que su cuestionable discurso regenerador tenga credibilidad. En Podemos, su líder Pablo Iglesias ya empieza a pedir contrapartidas y a advertirle a Sánchez que si fracasa la moción - que, salvo milagro, fracasará - debería irse de nuevo a casa. Y por rizar el rizo añade Iglesias que, en caso de fracaso del PSOE, Podemos presentará otra moción aunque él - modesto como es - no será el candidato a La Moncloa, lo cual es muy de agradecer. ¿Alguien ve en todo esto al menos un gramo de interés general? ¿qué pretende Sánchez con una moción de censura que se niega a negociar? ¿ tal vez aparecer ante los españoles como el pistolero más rápido al este del Misisipi presentando mociones contra la corrupción? 

Si la corrupción en el PP es tan grave como dicen Ciudadanos, PSOE y Podemos que es y confirman los fallos judiciales y se adivina por los casos pendientes de juicio, Sánchez, Rivera e Iglesias deberían encerrarse en una habitación y no salir hasta que hayan llegado a un acuerdo para formar un gobierno alternativo al del PP. No me cabe duda de que si no lo han hecho ni hay esperanza alguna de que lo vayan a hacer, es porque no es el interés general el que les guía ni el que les mueve sino el único y exclusivo de sus respectivos partidos. Aunque para certezas la que tengo sobre el único beneficiado una vez más del juego de manos entre los tres partidos cuyos votos bastarían para producir el deseado cambio político que pregonan a diario. ¿Es necesario que diga de quién hablo?

¿Y esas prisas, Pedro?

A la hora a la que escribo esto sigo sin tener muy claro si Pedro Sánchez ha presentado una moción de censura contra Rajoy para ganarla, para perderla, para que se retrate Ciudadanos o para que Pablo Iglesias deje de dar la vara pidiéndole que la presente. En realidad, no salgo de mi asombro: cuando el país aún andaba desayunándose con la sentencia de la Gürtel, Pedro Sánchez ha acudido raudo y veloz y ha registrado en el Congreso una moción de censura que ni siquiera ha discutido con los miembros de su Ejecutiva. Al parecer, llamó por teléfono a unos cuantos barones territoriales y estos le animaron a continuar adelante con los faroles. Dicho sea entre paréntesis, si yo formara parte de esa Ejecutiva a esta hora habría renunciado a esa responsabilidad por ninguneo y puenteo del secretario general. Pero más allá de eso, mi estupefacción es absoluta ante un paso que puede terminar convirtiéndose en un boomerang contra Sánchez y contra el PSOE. Se me escapa lo que el líder socialista quiere demostrar con esta precipitada decisión pero tengo pocas dudas de que se trata de un error mayúsculo. 

Dudo entre atribuírsela a su inconsistencia política, a su desesperada necesidad de ganar crédito ante los ciudadanos y subir en las encuestas o a ambas cosas al mismo tiempo. Hasta el más lerdo  comprendería que una decisión de ese calado debe estar fundamentada en al menos alguna mínima posibilidad de éxito. Eso, a fecha de hoy, no es posible porque hacen falta los votos de dos partidos incompatibles entre sí - Podemos y Ciudadanos - como quedó de manifiesto tras las elecciones de 2015 y 2016. Si lo que Sánchez quería era que Ciudadanos se retratara, ya conoce la foto porque Albert Rivera, en su línea habitual, le acaba de ofrecer una salida más que honrosa a Rajoy: anticipar las elecciones. Si lo que busca es que el PP se divida va dado y, en cuanto al apoyo de Podemos, tengo la sensación de que Sánchez padece síndrome de Estocolmo si sigue confiando en Iglesias como compañero de viaje. Apoyarse en el voto de los independentistas tal y como está la situación en Cataluña es cuando menos una frivolidad de mal gusto, y anunciar elecciones que no precisa cuándo serían, es otro dislate sin parangón. 

No quiero decir con todo esto que la sentencia del a Gürtel no sea argumento más que suficiente para desalojar a Rajoy y al corrupto PP del poder por una muy larga temporada. Eso es lo que pide el cuerpo de quienes seguimos pensando que se puede hacer política desde la derecha, el centro o la izquierda con honradez y decencia, algo que el PP acredita no poseer. Pero lo que debe guiar la acción de un líder político no es lo que le piden el cuerpo, las tripas o el corazón sino lo que le dictan la cabeza y la razón. Estas dicen que decisiones como la que de manera tan precipitada ha tomado hoy Pedro Sánchez requieren reposo y reflexión, cabeza fría y, sobre todo, algo que ofrecer a los ciudadanos. ¿Aparte de prometer honradez y limpieza, que se le suponen, qué más ofrece Pedro Sánchez a los españoles? ¿Con quién quiere gobernar y para qué? ¿Cuáles serán sus apoyos y a cambio de qué? 

Como el propio Sánchez ha demostrado esta mañana, en presentar una moción de censura se tarda apenas un minuto. La dificultad es ganarla y asumir la responsabilidad de gobernar, salvo que el único objetivo sea provocar la enésima bronca parlamentaria sobre la corrupción que una vez más no llevaría a ninguna parte. Si ese es el objetivo en poco se diferenciaría Sánchez de quienes han hecho de la soberanía popular su caja mediática de resonancia. Del líder del principal partido de la oposición cabría esperar más sentido de estado, más racionalidad política y menos reacciones precipitadas y en caliente. Y que recuerde que las metas en política no se alcanzan corriendo más que nadie sino siendo más inteligente, constante y convincente que tus rivales. 

El borroso borrador vacacional

El borrador de decreto con el que se pretende regular el alquiler vacacional en Canarias, más que resolver las disfunciones de esta actividad las difumina. Es cierto que se trata de una propuesta abierta a las alegaciones de los actores implicados que deberían servir para mejorarla sustancialmente. Sin embargo, los mimbres sobre los que se basa no permiten siquiera atisbar un mínimo consenso entre todos los intereses y derechos que hay en juego. A la vista de las primeras reacciones, lo que se adivina es un consenso contrario a las premisas de las que parte el Gobierno. Insistir en la prohibición del alquiler vacacional en zonas turística tradicionales, salvo que el cabildo o el ayuntamiento correspondientes decidan lo contrario, tiene el riesgo de reincidir en un error que ya anuló el TSJC en un fallo recurrido por el Gobierno canario ante el Tribunal Supremo. Mutatis mutandi, nada impediría que por el mismo motivo acudieran de nuevo a los juzgados los propietarios que consideren vulnerado el derecho a hacer uso de su propiedad privada según su deseo y de acuerdo con la ley. En esa misma situación se encontrarían los dueños a los que se les prohíbe alquilar a turistas habitaciones de su vivienda habitual.

Más allá de lo llamativo que resulta que la opción reguladora elegida por el Gobierno haya sido precisamente la que con más ahínco ha defendido casi en solitario la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife, en el borrador no se aclara de manera suficiente por qué no se puede destinar a alquiler vacacional una vivienda situada en suelo residencial de una zona turística tradicional, salvo que el ayuntamiento o el cabildo decidan lo contrario. Bien está que se intente proteger el derecho de los residentes en esas zonas a acceder a una vivienda a precios razonables. Sin embargo, la prohibición no se extiende expresamente a las áreas urbanas en donde el alquiler vacacional está en auge y en donde los precios del alquiler de larga estancia han subido también a niveles estratosféricos. El mismo derecho asiste a los vecinos de estas zonas como a los de las turísticas y sin embargo sólo se prohíbe con carácter general en las segundas y se deja al albur municipal en las primeras. Es incluso previsible que en estas últimas el alquiler para los residentes se incremente aún más al reducirse el ámbito en el que una vivienda se puede destinar al alquiler turístico.  

De entrar en vigor este decreto en términos similares a como fue presentado el borrador, tendrán que ser cabildos y ayuntamientos los que precisen la letra pequeña de la regulación a partir de una propuesta excesivamente abierta. Partiendo de que los modelos turísticos canarios no son uniformes, tiene sentido que el Gobierno permita a las corporaciones insulares y locales una cierta modulación en la regulación del alquiler vacacional en sus respectivos ámbitos territoriales. Eso, sin embargo, no puede desembocar en una mayor inseguridad jurídica, en regulaciones completamente antagónicas - en teoría el ayuntamiento de un municipio turístico puede prohibir el alquiler vacacional y el de al lado autorizarlo - y en distintas velocidades en función del desarrollo del planeamiento urbanístico municipal o los planes insulares de ordenación del territorio. 

El Gobierno, que reconoce que de las casi 30.000 viviendas de alquiler vacacional que hay Canarias sólo unas 6.000 están registradas, tampoco precisa en su borrador qué mecanismos o medidas aplicará para combatir la economía sumergida que rodea la actividad. Como demuestra con creces la experiencia, las prohibiciones y las restricciones más que solucionar los problemas los enquistan y son un caldo de cultivo perfecto para que florezca la ilegalidad.  Desde luego, 14 inspectores para controlar un fenómeno en ebullición como este son a todas luces demasiados pocos inspectores. Que estemos ante un problema complejo no es causa suficiente para renunciar a ejercer las competencias de las que se es titular sino más bien para todo lo contrario: a los ayuntamientos les corresponden entre otras las competencias sobre la convivencia entre visitantes y vecinos y a los cabildos la ordenación del territorio y el encaje en él de las actividades económicas. Sin embargo, es responsabilidad del Gobierno y solo del Gobierno regular de manera mucho más precisa que lo que hace este borrador una actividad que no es posible detener con prohibiciones y hacerlo, sobre todo, pensando en el interés general y nunca en el particular o en el de determinados grupos de presión por poderosos que sean.   

Sin salida para Cataluña

Que levanten la mano quienes respiraron aliviados porque con la designación a dedo de Quim Torra como presidente catalán nos íbamos a librar una temporada del monotema; que se manifiesten quienes pensaron que Torra traería por fin un poco de normalidad política, recuperaría las instituciones catalanas de autogobierno y conseguiría que acabara la aplicación del 155. Supongo que solo los ingenuos y los bienpensados supusieron una cosa así. Los tuits y otras excrecencias literarias del ungido presidente por Puigdemont alertaron desde primera hora de que el personaje no venía precisamente a normalizar nada sino a mantener la anormalidad y a exacerbarla cuanto más mejor. 

En realidad no hace sino lo que le ordenó el Ausente, mantener el pulso con el Estado así perezca el mundo mientras los problemas de los catalanes siguen esperando que alguien tenga un día el detalle de acordarse de ellos. Y eso es lo que está haciendo el racista Torra a pedir de boca: primero fue su singular toma de posesión ignorando la Constitución y, a renglón seguido, nombrando consejeros de su gobierno a dos presos y a dos fugados. Rajoy, que en todo este interminable asunto ha actuado siempre a la defensiva y a rebufo de los independentistas, se ha visto obligado a frenar la publicación oficial de los nombramientos y mantener la aplicación del 155. La decisión es cuando menos discutible jurídicamente toda vez que los consejeros nombrados por Torra mantienen intactos sus derechos políticos. Cosa distinta es que se pueda dirigir una consejería de lo que sea desde Estremera o desde Bruselas. No sabemos cuál será ahora el siguiente movimiento de los independentistas pero pueden apostar lo que quieran a que tampoco será normal desde el punto de vista constitucional. 

Foto: elEconomista.es

Lo que como ciudadano de este país me pregunto desde hace meses es adónde nos lleva todo esto. Supongo que no soy el único que se hace esa pregunta y que millones más de españoles querrían saber también cuál es la salida a esta situación. El drama es que quien se supone que debería tener alguna estrategia u hoja de ruta no parece tener nada por el estilo. El Gobierno de Rajoy es un zombie político con respiración asistida: toda su estrategia pasa por sacar adelante los presupuestos y garantizarse la continuidad en el poder dos años más. Con respecto a Cataluña la única estrategia es continuar recurriendo a los jueces cada vez que los independentistas hacen de las suyas. No creo que fuera a eso a lo que se refirió Ortega y Gasset cuando dijo que la única solución al problema catalán era la "conllevanza". La "conllevanza" sería convivir y entenderse en un marco de normas aceptadas por todos a pesar de las diferencias, pero no mantener un pulso permanente en torno a la legalidad democrática como pretende una de las partes. 

A la vulneración de la legalidad es evidente que se debe responder con la ley pero no solo con la ley. Sobre todo si tenemos en cuenta que la respuesta legal puede ser enmendada en Europa como ha ocurrido ya dos veces en Alemania y en Bélgica y puede ocurrir próximamente en Gran Bretaña. Sin iniciativa ni respuesta política en el interior y sin relato que contrarreste al de los independentistas en el exterior, en donde se pasean sin complejos por media Europa, el Gobierno de Rajoy se limita a hacer lo único que cree que sabe: acudir a los jueces y esperar a que el soufflé independentista se desinfle solo. La pregunta que inquieta y para la que no hay respuesta ni se le espera es cuánto tiempo tendrá que pasar para que Rajoy comprenda que solo con lo primero no basta y que lo segundo no va a ocurrir en ningún caso.        

Zaplana, enésimo caso aislado de corrupción

Con lo engrasada que debe estar ante este tipo de casos, me apuesto algo a que la maquinaria del PP ya tiene listo el argumentario que sus líderes y cargos públicos deben utilizar cuando le pregunten por la detención hoy de Eduardo Zaplana. Basta repasar cuáles han sido las explicaciones ante otros casos similares para imaginar que en este no será muy diferente. La recomendación podría empezar con una apelación a la tranquilidad para no decir incoveniencias políticas de las que después cueste arrepentirse. A partir de ahí lo único que hay que hacer es repetir sin descanso que el de Zaplana es solo un caso aislado de corrupción en las filas del PP. Hay que negar la mayor y bajo ninguna circunstancia admitir que el partido está podrido hasta las raíces, por lo que sería más saludable políticamente hablando disolverlo y refundarlo con  otros dirigentes que se tomen en serio la lucha contra el trinque organizado. Hay que subrayar siempre que el PP es un partido serio y honrado, con una trayectoria ejemplar de servicios a la democracia que no puede empañar algún desafortunado episodio esporádico de corrupción. 

No hay que hacer distingos sino tratar a todos los casos aislados por el mismo rasero: da igual que los protagonistas se apelliden Zaplana, Camps, Costa, Bárcenas, Cifuentes, González, Granados, Cotino, Mato, Rato, Gallardón o Aguirre. Como algunos de ellos han caído en desgracia y otros han sido suspendidos de militancia o expulsados, a todos ellos hay que referirse siempre como "el señor" o "la señora de la que usted me habla" ya no es cargo público o ya no forma parte del PP, lo que corresponda. Conviene también insistir hasta el aburrimiento en que el PP es el partido que más medidas ha impulsado para luchar contra la corrupción y que los demás partidos no pueden decir lo mismo. Si se tercia es muy importante desviar la atención hacia los casos de corrupción en otros partidos - el de los ERE de Andalucía es todo un clásico - para conseguir aliviar la presión. Disolver y esparcir la porquería en todas las direcciones como hace el calamar con su tinta es una vieja táctica que siempre ha dado buenos resultados: impide ver el detalle y abona la idea de que si todos en conjunto son igualmente responsables nadie lo es de manera individual. 

Foto: El Confidencial

La idea principal de la autodefensa es desvincular la corrupción de la militancia política: si Zaplana y los otros cometieron delito lo hicieron a título particular y no porque militaran en el PP o representarán a este partido en las instituciones. En consecuencia, el partido lo único que puede hacer es respetar la presunción de inocencia y confiar en la justicia. Esto es aplicable a cualquier cargo público incluso en pleno ejercicio de sus funciones como el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, al que también acaban de imputar por prevaricación y malversación: que sea nada menos que el número dos de Montoro no cambia las cosas ni tiene porque suponer la petición de que dimita. "Sé fuerte, José Enrique", sería en todo caso el mensaje que correspondería en este caso. 

Así pues, que nadie ose subir el tono y salir en los medios diciendo que ya no soporta el hedor y que abandona. No hay que perder de vista que lo de Zaplana, por muy expresidente autonómico, exministro y exportavoz popular que fuera, dejará de ser noticia en unos días y todo volverá a la normalidad como ha ocurrido con todos los casos anteriores. Y por el coste electoral tampoco hay que preocuparse demasiado: si Ciudadanos le da al PP un repaso por la derecha no será tanto por la corrupción como porque a Rajoy se le está atragantando Cataluña mucho más de lo previsto. Por peores casos aislados de corrupción ha pasado y ahí lo tienen, gobernando más por incomparecencia de la oposición que por méritos propios, pero gobernando que es lo que importa.  

El chabolo de Pablo e Irene

De verdad les digo que ni me enfría ni me calienta gran cosa que Pablo Iglesias e Irene Montero - Irene Montero y Pablo Iglesias - se hayan agenciado un chabolo con piscina en la sierra de Madrid por el que van a desembolsar mediante hipoteca a 30 años casi 600.000 euros del ala. Me encanta que la gente salga de pobre y prospere, que ya hay en este país demasiados pobres de solemnidad como para lamentarnos de que Irene y Pablo - Pablo e Irene - hayan conseguido alcanzar el sueño de pequeño burgués por el que suspira la gran mayoría de los españoles: una casita en el campo y una mujer que me quiera, un barril de vino tinto y luego que vengan penas. También me es indiferente que vayan a pagar su imponente choso con el dinero suyo y mío a través del sueldo de diputados que al parecer piensan conservar siete u ocho legislaturas más. Cada cual con su dinero puede hacer lo que quiera y legalmente no esté prohibido. 

Todo lo demás son moralinas políticas que no vienen al caso, sobre todo porque moral y política nunca se han llevado bien y esta no es una excepción. Analizando precisamente el asunto desde el ángulo político, la compra del palacete serrano en el que Irene y Pablo - Pablo e Irene - criarán sus retoños alejados del mundanal ruido mediático del que tanto gustan los progenitores, tampoco me subleva ni hace que me agarre de las vigas del techo. Siempre he sido muy lerdo para entusiasmarme con los mesianismos políticos o de cualquier otro tipo y, en consecuencia, no me supone ningún drama comprobar lo que siempre sospeché: que solo sería cuestión de tiempo que el látigo de la casta se convirtiera en castizo él también. Lo único que tal vez me llama la atención es el poco tiempo que ha pasado antes de que eso ocurriera.

Foto: Levante

Es lo que tiene este sistema corrupto controlado por las élites que Pablo e Irene suelen motejar como "régimen del 78" pero que, sin embargo, también permite apetitosos dulces a los que ni el rey de la moralidad política es capaz de hacerle ascos. Gastarte el dinero que ganas limpiamente como te parezca mejor sin que nadie tenga que decirte si haces bien o si haces mal es uno de esos dulces y da lo mismo si el chalé lo quieres para vivir, para especular o para instalar la sede de Podemos en él. Lo que sí creo es que aquí el único problema con el chabolo serrano lo tienen ellos, sus acólitos y sus seguidores, aquellos que han visto en Iglesias al revolucionario de coleta y perilla elegido por el Destino para salvar a España de la casta y en Montero su portavoza en la tierra. Se trata de dirimir si cuando el dinero entra por la puerta la coherencia debe salir despedida por la ventana y son ellos, por tanto, los que tendrán que preguntarse si prometer conquistar los cielos e irse a vivir a la sierra de Madrid son mensajes complementarios o mutuamente excluyentes. 

Por decirlo en otros términos: decidir si el camino que conduce a Galapagar es el mismo que lleva a los cielos por conquistar y la mansión serrana es solo una estación para el descanso del líder máximo en su larga marcha hacia la victoria final. Siempre atentos al sentir de sus seguidores, Pablo e Irene les preguntarán si deben seguir siendo la vanguardia del proletariado o retirarse de la primera línea de combate e irse a vivir a un piso de protección oficial en Vallecas. Me parecerá bien cualquier cosa que decidan sobre una propuesta del más genuino cesaropablismo y con tanto sentido político, que la estudiarán dentro de dos mil años los alumnos de Políticas de la Complutense junto con La República de Platón. Posee la misma trascendencia que hacerse la raya a un lado en vez de peinarse para atrás o llevar coleta en lugar de soltarse la melena. Ante todo subraya el significado que tiene la democracia para Pablo e Irene: una frívola asamblea permanente y un circo mediático en el que tal vez lo próximo sea preguntar a los militantes qué marca de coche deben comprar, qué vino deben beber o si el líder debe llevar a los plenos corbata lisa o con topos  y la portavoza hacerse las mechas. Eso sí, entretanto el cielo puede esperar.    

Palestina, causa perdida

Lamento ser tan pesimista aunque en realidad creo que solo soy realista: la libertad de los palestinos es una causa irremisiblemente perdida. Creo que en setenta años de lucha y sufrimiento, los mismos que acaba de cumplir el estado de Israel, nunca antes sus esperanzas habían caído tan bajo. Lo acaba de ver el mundo con indiferencia el pasado lunes en las franjas de Gaza y Cisjordania: un ejército israelí desatado y de gatillo fácil abrió fuego contra miles de manifestantes acabando con la vida de 60 e hiriendo a casi 3.000. No fue la suya una heroica hazaña en una batalla militar entre dos fuerzas razonablemente similares: fue una masacre, una más, aunque en este caso la más grave desde 2004. El delito de los muertos y heridos fue unirse a las manifestaciones de protesta contra la decisión del prepotente Donald Trump de trasladar la embajada de EEUU desde Tel Aviv a Jerusalén. 

Se da así carta de naturaleza como capital israelí a la ciudad considerada santa por cristianos, judíos y musulmanes y se  genera un conflicto gratuito para agradar al socio israelí. El respeto a ese estatus cuasi sagrado de Jerusalén había sido hasta ahora una frontera que ningún presidente norteamericano se había atrevido a cruzar, sabedor del significado y de las repercusiones que podría tener un gesto como ese. Trump desprecia esas jerigonzas, en parte por ignorancia y en parte por soberbia, y atiza más si cabe un conflicto en el que solo cabe un vencedor: Israel. El brutal régimen de Netanyahu ha quedado con las manos libres para masacrar a conciencia al pueblo palestino, ahora que nadie en Washington le va a llamar más a capítulo por su política de tierra quemada en la zona. Es más, incluso se verá alentado y respaldado para que concluya el trabajo de someter a sangre y fuego a los palestinos.

Foto: El Comercio

Tel Aviv se convierte en el gendarme de Trump en esa explosiva parte del mundo y eso es garantía de muchas cosas y ninguna buena: más mano dura con los palestinos, más tensión militar con Siria e Irán y más yihadismo en todo el mundo. Sobre todo después de que el energúmeno de la Casa Blanca decidiera romper de forma unilateral el pacto nuclear con Irán dejando a sus aliados europeos, cofirmantes del acuerdo, literalmente en la estacada y preguntándose si pueden seguir confiando en la protección del primo americano. En medio, un pueblo palestino desgarrado política y geográficamente, que asiste impotente y en directo a su propia destrucción. Mientras, apenas si se escucha el apagado y confuso rumor de esa entelequia llamada comunidad internacional. Nadie parece querer dar la cara ante Trump y sus matones israelíes, de manera que lo único que se oye en la ONU, en la UE o en la Liga Árabe son farisaicos golpes de pecho al tiempo que se derraman lágrimas de cocodrilo por el torturado pueblo palestino. 

Palestina y los palestinos son un pueblo, uno más, abandonado a su suerte como lo es, sin ir más lejos, el saharaui: víctimas de los intereses geoestratégicos de las potencias mundiales, su causa es ya la de la utopía y la de quienes creen todavía que la justicia puede florecer en medio de la ambición y la razón de estado. No sé cuál es el futuro del pueblo palestino pero me aventuro a decir que no va camino de ser el estado libre y soberano al que lleva tanto tiempo aspirando y por el que tanto ha sufrido y padecido. El palestino es un pueblo perseguido y sojuzgado paradójicamente por los dirigentes del pueblo más perseguido y sojuzgado de la Historia de la Humanidad. Este hecho terrible e incomprensible trasciende la política y las luchas entre estados para situarse mucho más allá, incluso en el plano de la banalidad del mal que de manera magistral describió Hanna Arendt en su día. 

Rivera sabe lo que quiere y sabe donde va

Como en aquella vieja canción sobre la juventud, Albert Rivera también sabe lo que quiere y sabe donde va. Es joven y ambicioso y estos días cabalga sobre la cresta de las encuestas. Aún con toda la cocina que suele ponerle el CIS a sus sondeos, el partido de Rivera, un parvenu de la política, ya le echa el aliento en el cogote a Rajoy sin el más mínimo complejo. De paso deja en la cuneta a la gente de Sánchez e Iglesias, el primero sin capacidad apenas de reacción y el segundo literalmente desaparecido. No sé si las encuestas de Metroscopia para EL PAÍS tienen más o menos sal y pimienta que las del CIS, pero juraría que tampoco les falta el correspondiente adobo. Lo cierto es que en ellas el joven líder ciudadano literalmente se sale por la zona alta de la tabla y deja apiñados en un pañuelo del 20% a sus fatigados perseguidores. Un politólogo famoso llamado Giovanni Sartori dejó escrito que "los sondeos son un eco de retorno, un rebote de los medios de comunicación que ya no expresan la opinión del público sino las opiniones inyectadas en el público". Podría decirse - parafraseando a otro famoso expertos en los mass media llamado McLuhan - que "la encuesta es el mensaje transmitido por el medio". 

Vayan pensando en esa dos ideas mientras les cuento que, con este panorama y a la espera de que próximas encuestas confirmen si son tendencia o solo foto fija, no se le puede reprochar a Rivera que hoy diga una cosa, mañana la contraria y pasado la contraria de las dos anteriores; tampoco se le puede echar en cara que predique en la plaza pública que el suyo es el partido de la regeneración y continúe apoyando al PP en el gobierno de la comunidad de Madrid. Desde luego, no van a ser los suyos quienes le afeen tantas contradicciones entre la teoría y la praxis como muestra su líder. Para eso ya están Rajoy y ahora también Sánchez: ni uno ni otro entienden que un partido que se dice constitucionalista plantee una medida abiertamente contraria a la Carta Magna como la de mantener la aplicación del 155 en Cataluña aún con un nuevo gobierno de la Generalitat legalmente constituido. Bien está que tanto a Rivera como a la gran mayoría de los españoles el señor Torra nos parezca un supremacista con alarmamentes ramalazos fascistas, además de una mera marioneta en manos de Puigdemont. Pero de ahí a aplicar una especie de 155 preventivo sobre el convencimiento de que Torra y sus seguidores volverán a hacer de las suyas más pronto que tarde, va un abismo constitucional y legal imposible de sortear que Rivera ignora interesadamente. 

Albert Rivera en la cocina de Bertín Osborne (Foto: Exclusiva Digital)

Nadie debería suponer que el líder de Ciudadanos no es consciente de estar jugando con fuego cuando propone una medida que contribuye a alimentar el discurso independentista de sostenella y no enmendalla. Por no hablar una vez más de la imagen de desunión entre las fuerzas constitucionalistas que los independentistas aprovechan para sus propósitos. La posición de Rivera sobre el 155 puede parecer extemporánea o extraña pero no lo es tanto si consideramos que lo único que hace es lo mismo que hacían las veletas que antiguamente se colocaban en lo alto de algunos edificios: girar en la dirección del viento, en este caso, del viento que marcan los sondeos electorales. El líder de Ciudadanos percibe que lo que un buen número de españoles reclama es mano dura con Cataluña y él, siempre solícito y atento a las demandas de la ciudadanía, hace todo lo posible por satisfacerla. 

Arrastra a su molino al ala dura del PP y se lleva de paso a quienes tampoco ven en el PSOE la firmeza y la determinación necesarias para pararle los pies al independentismo rampante. Si mañana percibiera que las relaciones entre Madrid y Barcelona entrar en un clima de relativa normalidad, nadie debería extrañarse de que pidiera poner en libertad a los políticos secesionistas presos. Así es Rivera, un hombre que parece haber hecho suya aquella máxima de Groucho Marx: "estos son mis principios y si no le gustan tengo otros". Ahora bien, no debemos perder de vista que el líder de ciudadanos es un joven que sabe lo que quiere y sabe donde va y ese sitio no es otro que La Moncloa. ¿Es que acaso el objetivo no merece unas cuantas incoherencias como en su día valió París para Enrique IV una buena misa católica? Pues eso.  

Otra UE es posible, pero hay que imaginarla

Uno de los deportes favoritos de los euroescépticos es denostar a la UE; no digamos nada de los eurófobos como ha puesto de manifiesto el brexit o el ascenso de la derecha populista y xenófoba en varios países europeos. Admito que formo parte de ese amplio grupo de ciudadanos que ha ido perdiendo progresivamente la fe en el proyecto europeo de integración: han sido muchas decepciones y pocas alegrías, sobre todo por la manera de gestionar la brutal crisis de la última década. Observar a una UE sometida al dictado alemán dedicando todos sus desvelos a resolver el problema de los mercados financieros y ninguno a las consecuencias sociales de la crisis, no ayudó mucho a aliviar  el escepticismo sobre un proyecto que parece sin rumbo ni objetivos definidos. Tal vez por eso nadie parece capaz tampoco de explicar a los ciudadanos qué es y hacía dónde va la UE. De esa idea parte precisamente un libro relativamente reciente del politólogo Daniel Innerarity titulado "La democracia en Europa" ( Galaxia Gutenberg). 

Confieso que después de su lectura mi pesimismo europeo ha cedido un poco pero solo un poco. Entre las muchas habilidades del autor figura la de derribar mitos y tópicos políticos aún reconociendo que detrás de un tópico siempre hay al menos un poco de verdad. El primero de ellos es la inutilidad que tiene pensar en la UE como en una mera suma de estados en vez de imaginar un proyecto que trasciende el concepto tradicional del estado nación circunscrito a un ámbito territorial, social y político perfectamente delimitado.  En este contexto también carece de sentido reprocharle déficit de calidad democrática a una UE que en realidad sólo es el reflejo de los estados que la conforman. Sin embargo - sostiene - los ciudadanos no le dan la espalda a Bruselas solo porque detecten poca calidad democrática sino porque no entienden o no confían en lo que se ventila en las instituciones comunitarias. A partir de aquí desarrolla Innerarity un sugerente análisis sobre el déficit democrático de la UE y la lentitud de gigante con pies de barro con la que toma decisiones. Considera que la eficiencia de esas decisiones puede ser un elemento de legitimidad democrática pero advierte contra el peligro de caer en la tecnocracia, algo que en mi opinión ya ocurre con frecuencia. Eficiencia de las decisiones y legitimidad democrática de quienes las toman - dice el autor - deben estar equilibradas. 

Frente a quienes temen que un fortalecimiento de las instituciones democráticas vaya en detrimento de la soberanía del estado nación, Innerarity echa mano una vez más del hilo conductor de todo el libro: la única manera de avanzar en la integración es superar la visión alicorta circunscrita de manera exclusiva a los intereses nacionales. Para avanzar en la integración - viene a decir Innenarity - hay que ceder soberanía. Lo que no es razonable es exigir a los estados una legitimidad democrática que debido a la globalización y la transnacionalización no están en condiciones de proveer. Sólo la UE podría hacerlo y de ahí la paradoja de que sea precisamente ese gigante al que tan poco democrático vemos el que pueda garantizar los principios esenciales de la democracia: solo él - viene a decir Innerarity - puede garantizar una respuesta democrática de los estados miembro ante esta nueva realidad. 

El autor se pregunta si existe un "demos" europeo que dé legitimidad democrática a la UE y concluye que no existe tal figura dada la diversidad de culturas e intereses de los diferentes pueblos del viejo continente. Ahora bien, en su opinión tampoco es imprescindible su existencia ya que una red institucional que asuma los asuntos a los que los estados no pueden hacer frente por separado, sería suficiente para esa legitimidad democrática. La propuesta es cuando menos discutible ya que estaríamos ante algo así como una suerte de "democracia sin pueblo". Innerarity imagina una UE dinámica y contingente, con capacidad de adaptación a los cambios y liberada de las ataduras del estado nación, aunque faltaría saber cómo se concreta esa idea en una Europa sujeta a la éjida alemana y con cerca de treinta estados mirando más sus intereses nacionales que por los comunitarios. 

En aras a paliar el déficit democrático propone incrementar el poder del Parlamento Europeo y  ceder determinadas competencias estatales a organismos comunitarios, todo ello con el fin de alejar la toma de decisiones del cortoplacismo político que imponen los sondeos electorales a los partidos. No abunda - y es una pena - en cómo hacer que en el ámbito comunitario se produzca la competencia electoral entre partidos que tiene lugar en el ámbito estatal y que es precisamente una de las señas de identidad de todo sistema democrático. Se decanta en cambio porque las instituciones comunitarias y los lobbys de presión estrechen sus lazos, lo cual no deja de ser ser arriesgado e incluso peligroso para los intereses de los ciudadanos. Con lo que no se puede sino estar de acuerdo es con la crítica a la gestión de la crisis, cuyos principales fallos achaca a una arquitectura comunitaria incompleta con moneda única pero sin unidad fiscal ni política. 

El autor aboga por combinar la responsabilidad fiscal de los estados con la solidaridad entre ellos y por hacer posible que los ciudadanos de un país puedan decir algo sobre las decisiones de otro que les afecten. Por último y por lo que supone de desdén por la democracia, el autor rechaza de plano ese lenguaje de la irreversibilidad al que nos acostumbraron los políticos españoles  durante la crisis ("esto es lo que hay y no se puede hacer otra cosa"), y anima una vez más a ver en la UE la oportunidad para rescatar la democracia en un plano nuevo y distinto al del estado nación en donde ya no es realizable plenamente. En resumen, ideas valientes en una UE enmarañada y desnortada, causas principales del desafecto ciudadano y de la bajísima participación en las elecciones al Parlamento Europeo. Ideas controvertidas pero imaginativas para fomentar el debate y romper el círculo vicioso en el que dan vueltas el europtimismo acrítico y el euroescécpticismo  pesimista.   

La importancia de apellidarse Torra

Si uno ha nacido y vive en Cataluña, se apellida Torra Pla y se llama Joaquim tiene una alta probabilidad de ser designado por el jefe de la tribu para ser su lugarteniente provisional al frente del país, perdón, de la república. Del currículo no hay que preocuparse y menos en los tiempos actuales en los que los currículos salen en las bolsas de papas fritas: con ser diputado regional y tener un número suficiente de tuits del tipo "todos los españoles son unos fascistas", "los españoles solo saben expoliar"  o "todos los españoles están locos", va que se mata. No hace falta que ponga que es ingeniero aeroespacial o sexador de pollos para que pase el corte. Tampoco debe haber demostrado dotes especiales de liderazgo político más allá de haberse puesto un lazo amarillo en la solapa y haber cantado en público al menos cinco veces "Els segadors" envuelto en la estelada. No necesita demostrar que sabe cómo se gestionan los asuntos públicos, basta con haber sido presidente interino de Ómnium Cultural unos cuantos meses y con eso queda resuelto ese capítulo del expediente. Que no se obsesione pensando cómo gobernar para todos los ciudadanos porque eso sería un error imperdonable: tiene que pensar únicamente en los que votaron a favor de la independencia y al resto llamarlo "españolista", "fascista" y "nacionalista". 

De la sanidad, la educación, el paro o la economía que se olvide por completo, todos esos asuntos se resolverán solos cuando la república esté proclamada, constituida, consolidada y forme parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Esos problemas no son otra cosa que zarandajas con las que los españolistas quieren impedir el avance del "procès" y en cuyas trampas hay que evitar caer por todos los medios. El esfuerzo debe centrarse en el "procès" y nada más que en el "procès". Para empezar se coloca un gran lazo amarillo en la fachada de la Generalitat para que el enemigo tenga claras cuáles son nuestra intenciones y no se llame a engaño. Lo siguiente es proponer y adoptar leyes y medidas que vayan de forma clara contra la Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico, incluido el propio de Cataluña. 

Foto: www.mundiario.com

A los partidos españolistas representados en el Parlament hay que hacerles la vida imposible, arrinconarlos, saltarse sus derechos y ningunearlos y todo ello envuelto en guante de seda para demostrar que a demócratas no hay quien nos gane. Tampoco necesita el ungido sentarse a diario con sus colaboradores y asesores de cabecera para que le aconsejen qué hacer o qué decir ante esto o aquello. Lo que sí tiene obligación ineludible de hacer es llamar puntualmente cada mañana a Berlín para que el jefe de la tribu le lea el orden del día con las oportunas instrucciones para su correcta aplicación. Así, con un currículo que reúna los requisitos señalados anteriormente y no olvidando hacer la llamada diaria a Berlín para recibir instrucciones de gobierno, un señor como Quim Torra, de acendrada trayectoria supremacista y xenófoba, no debería tener grandes dificultades para desarrollar su misión divina con plenas garantías de éxito. 

Pero, como el enemigo es taimado y solo quiere acabar con el "procès", si hubiera algún problema sabe que puede salir de naja y refugiarse en Bruselas, Berlín o cualquier otro lugar en función de sus preferencias gastronómicas. Eso es lo que hizo en su momento el jefe de la tribu y algunos de sus discípulos más aventajados y por ahora, salvo por el hecho de que no termina de encontrar el camino de vuelta a casa, tampoco le ha ido tan mal. Eso sí, solo una cosa le está vedada al entronizado: ocupar el despacho del Ausente, santuario sacrosanto que deberá presidir hasta su regreso una imagen a tamaño real de su legítimo dueño. Cumplido este último requisito, ya puede un señor apellidado Torra continuar la sagrada misión de convertir a Cataluña en una mala caricatura de sí misma. 

La vanidad de la titulitis

¡Qué manía la de algunos políticos de adornar sus currículos con estudios que no han terminado o ni siquiera han comenzado! Creo que la práctica deriva de una cierta superchería relacionada con la titulitis que aún padece este país. Se trata a mi juicio de resabios de épocas no tan lejanas en las que tener un título universitario daba un ringo rango y una autoridad con los que el resto de los mortales solo podía soñar. Sin embargo, los tiempos han cambiado y en este caso también lo han hecho para mejor. El acceso a los estudios superiores se ha democratizado y, en la actualidad, haber pasado por las aulas universitarias no reviste a nadie de poderes mágicos sobre sus semejantes. Es más bien - o debería ser - su desempeño como ciudadano lo que le distinga y eleve por encima del resto y no tanto el número de títulos colgados en el salón de estar. El caso del máster de Cristina Cifuentes está empezando a hacer aflorar otros iguales o parecidos a él y todos ellos - qué casualidad - protagonizados por cargos públicos en activo. 

Desde el líder del PP canario con sus estudios sin terminar en su currículo parlamentario o el falseamiento de su lugar de nacimiento, hasta un alcalde de Tenerife - el de La Guancha - al que se le olvidó quitar una "n" de su currículo y apareció como "doctorado" en Química cuando solo era "doctorando". Tenemos también un caso mucho más grave en un concejal de pueblo que dice que es médico, que ejerce como médico pero que, según todos los datos disponibles, no es médico. Me refiero al hasta el martes último primer teniente de alcalde de Ingenio y secretario del PSOE de ese municipio grancanario. Se llama Juan Rafael Cabellero y ese día, en un comunicado de diez líneas, anunció su dimisión alegando "causas estrictamente personales". ¡Y tan personales si es verdad que no tiene titulación para ejercer la medicina! Desde entonces ha desaparecido de la faz de la tierra sin ofrecer más explicaciones. 

En el Colegio de Médicos de Las Palmas aseguran que no figura como colegiado y, al parecer, tampoco lo está en ningún colegio del país, por lo que cabe concluir que el señor Caballero lleva unos años actuando en sentido contrario a lo que indica su apellido y presuntamente cometiendo un delito. No solo ha engañado a sus electores, sino que ha dejado en broma de mal gusto el portal de transparencia del ayuntamiento. En él se podía leer hasta hace poco que Caballero es médico, lo que da idea de la credibilidad que se le puede atribuir a este tipo de instrumentos cuya transparencia deja no poco que desear. Con todo, lo más grave es haber ejercido una profesión como la medicina sin estar habilitado para ello. Aquí me temo que no sólo él sino quienes tienen la obligación de vigilar que estas cosas no pasen deben algunas explicaciones a los ciudadanos. 

El alcalde de Ingenio ha dicho - como exculpando al concejal - que nadie vota fijándose en el currículo del candidato. Me gustaría que el alcalde me explicara entonces para qué rayos pone alguien en su currículo unos estudios que no tiene como no sea por pura vanidad. No creo que esta absurda e infantil manía de presumir de titulitis que muestran los políticos se resuelva poniendo más controles en parlamentos y ayuntamientos que certifiquen la veracidad del currículo, como se han apresurado a pedir algunas fuerzas políticas para las que basta con añadir un poco más de burocracia  superflua para acabar con el problema. En todo caso, deberían ser los partidos los responsables de que sus cargos públicos no mientan a los ciudadanos sobre sus méritos académicos que, por otro lado, nadie les pide. En definitiva, lo único que se necesita es seriedad y respeto para con los ciudadanos e incluso para con uno mismo. ¿Por qué es tan difícil entenderlo? 

El reto de Patricia

¿A qué espera la diputada regional socialista Patricia Hernández para acudir al juzgado de guardia y denunciar al consejero autonómico de Sanidad, José Manuel Baltar? ¿A qué espera Baltar para hacer lo propio si Hernández insiste en sus acusaciones contra él? La diputada ha asegurado en varias ocasiones en el Parlamento y fuera de él, tener en su poder documentación que acredita que Baltar está beneficiando deliberadamente a la empresa sanitaria privada para la que trabajaba antes de ser nombrado máximo responsable de la sanidad pública del Archipiélago. Sus graves acusaciones contra el consejero las ha difundido además a través de un vídeo que ha hecho circular en las redes sociales. En ellas señala que datos procedentes de "fuentes de la Consejería", revelan que la citada empresa ha recibido un porcentaje de pacientes derivados de la sanidad pública notablemente superior que el resto de los hospitales privados.

Más allá de que el consejero los rebata, lo cierto es que esos datos a los que alude Hernández no demuestran necesariamente que la mano de Baltar esté detrás de ellos. Lo más que podría decirse es que son sospechosos o  llamativos, pero sobre las sospechas solamente  no se puede sostener una acusación tan grave como la que hace la diputada socialista. Sin encomendarse más que a la fe del carbonero, otras fuerzas políticas y determinadas organizaciones le han comprado la especie a Hernández y han dado por hecho probado que el consejero favorece con dinero público a la empresa para la que trabajaba. ¿Tiene de verdad Hernández los documentos que prueban sus acusaciones o todo es solo una estrategia orientada a conseguir titulares escandalosos en los medios de comunicación? ¿Tiene algo que ver en ese caso la necesidad de no perder proyección política ante la batalla en el PSOE por la designación en primarias del próximo candidato o candidata a la presidencia de la comunidad autónoma en 2019? 

A medida que pasa el tiempo y la documentación que Hernández dice tener en su poder no se deposita en manos de un juez, es inevitable sospechar que lo suyo es puro teatro. Ahora bien, ante ese supuesto se impone otra reflexión: ¿vale todo, incluso lanzar graves acusaciones contra los rivales, en el juego de la política o en el control de la gestión del Gobierno? Estoy convencido de que no todo vale ni todo está permitido en el ya suficientemente enfangado terreno de la riña entre políticos. Existen lo que ellos mismos denominan líneas rojas que debería estar vedado traspasar salvo que se puedan defender ante un juez afirmaciones como las de Hernández. 

A contrario sensu, el aludido, el consejero de Sanidad, debería acudir de inmediato a un juzgado y querellarse contra quien le acusa de malversación de dinero público en beneficio de una empresa privada. Es intolerable que los ciudadanos que pagamos y merecemos la mejor sanidad pública posible asistamos a este espectáculo lamentable sin saber de qué parte está la verdad en estas acusaciones. Convertir un servicio público fundamental como la sanidad en una riña mediática trufada de graves acusaciones que no se concretan en acciones judiciales, hacen un muy flaco favor al servicio, a los ciudadanos y a la política. Quien tenga pruebas que las presenten en donde corresponde y, si no lo hace, quien se sienta concernido que exija la justa reparación en el mismo lugar. Es lo que se hace en un estado derecho como el propio Baltar ha admitido en el Parlamento, aunque eso parecen ignorarlo tanto él como Hernández. Todo lo demás es sólo politiqueo de la peor especie. 

Turistificación: el peligro de la turismofobia

Podría decirse parafraseando el Manifiesto Comunista que un fantasma recorre el sur de Europa: la turistificación. La palabrota se refiere a la creciente presencia de turistas en ciudades como Venecia, Lisboa, Barcelona, Sevilla, Valencia o Madrid. La novedad es que no son turistas de paso, que han llegado en guagua para una visita rápida y luego siguen su camino. Se trata de turistas alojados en pisos de estas ciudades en donde se quedan hasta dos semanas, conviviendo con los lugareños. Ocurre que no siempre el roce hace el cariño y encontrarte a diario en la escalera o en el ascensor con personas a las que no has visto en la vida y que ni siquiera hablan español,  no siempre es una experiencia estimulante. No digamos nada si se toman las vacaciones al pie de la letra y organizan una fiesta flamenca en el piso de arriba a las dos de la madrugada. Los observadores advierten de que son ese tipo de situaciones y el alza de los alquileres las que pueden dar lugar a brotes de turismofobia como los que se registraron el pasado verano en Barcelona. Es cierto que no han ido a mayores pero habría que actuar antes de que eso pase. 

Es aquí, precisamente, en donde está el nudo gordiano del problema: cómo afrontar la regulación de una actividad que no es flor de un día y en la que están en juego intereses económicos opuestos y determinados derechos como el de la propiedad o el del descanso. Respecto de los primeros, asistimos a una batalla a brazo partido entre el alojamiento tradicional de hotel y apartamento y el auge del alquiler vacacional, más económico y atractivo para quienes huyen del turismo masivo y quieren conocer a fondo la ciudad que visitan. Consumen en los negocios locales generando riqueza y empleo e incluso contribuyen a la rehabilitación de edificios emblemáticos. 

Frente a los indudables aspectos positivos, los hay también negativos y no pocos. La falta de regulación hace que una inmensa mayoría de los pisos dedicados al alquiler vacacional no exista para la Hacienda pública, lo que constituye una flagrante competencia desleal con respecto a los establecimientos convencionales. El fenómeno distorsiona también el mercado al presionar al alza el precio de los alquileres para los residentes que tienen enormes dificultades para alquilar a precios razonables. No son extraños los casos en los que los caseros hostigan a sus inquilinos para que dejen la vivienda libre con el fin de destinarla al alquiler vacacional. Puede que en el problema influyan otros factores como la falta de viviendas sociales o el parque de pisos vacíos en manos de los bancos, pero el alquiler de viviendas para fines turísticos es determinante. 

Como consecuencia perversa cabe mencionar también el proceso de expulsión a la periferia de ciudadanos que viven de alquiler en el centro de las ciudades y que no pueden hacer frente a las subidas que el propietario les exige. La guinda de todo lo anterior es el deterioro de la convivencia social, un fenómeno al que las autoridades deberían prestar mucha más atención. Su obligación es evitarlas regulando el sector, como pretende hacer de un modo un tanto drástico el ayuntamiento de Palma: prohibir el alquiler vacacional en todo el municipio salvo en viviendas unifamiliares. En Canarias, después de que una sentencia tumbara la regulación de esta actividad por prohibirla en las zonas turísticas, el Gobierno regional lleva casi dos años dándole vueltas a un nuevo decreto que no termina de ver la luz ni en forma de borrador. 

Todo indica que es el rechazo frontal de la poderosa patronal hotelera tinerfeña a la autorización de los pisos para turistas en zonas turísticas, lo que está demorando la aprobación de la medida. Aceptar esa condición implicaría insistir en lo que la Justicia ya ha dicho que es ilegal, que no se puede establecer esa prohibición porque vulnera la libre competencia e incluso el derecho a hacer uso de la propiedad privada para fines lícitos. Gobernar es asumir responsabilidades y pisar callos si hace falta; la inactividad mientras los problemas se enquistan no es gobernar y tampoco lo es pretender endosarle a ayuntamientos y a cabildos una competencia que es del Ejecutivo. No se entendería que, mientras por un lado reclama nuevas competencias, por el otro se inhibe por incómodas de las que ya tiene.

Rivera y la falsa regeneración

Atribuirse méritos no merecidos es un ejercicio de vanidad presuntuosa al que, por desgracia, nos tienen acostumbrados muchos políticos de este país. El último caso se ha producido en Madrid a raíz del escándalo por el máster de Cristina Cifuentes. Desde que la ex presidenta madrileña anunció su dimisión, no han parado los dirigentes de Ciudadanos de presumir por los rincones de que han acabado con otro caso de corrupción en las filas del PP y de venderse a la opinión pública como los reyes de la regeneración política. Menos lobos porque va a ser que no. No creo que sea necesario recordar que los problemas de Cifuentes con su máster no los denunció Ciudadanos sino un medio de comunicación, www.eldiario.es; después, ante el numantinismo con el que la presidenta se aferró al cargo y Rajoy la sostenía, las cloacas del PP regurgitaron el vídeo de las cremas que Cifuentes se iba a llevar sin pagar de un supermercado. Esa fue su puntilla y no la acción de Ciudadanos. 

En todo este lamentable asunto, el partido de Rivera no ha hecho otra cosa que buscar su propio rédito político envuelto en un discurso para incautos sobre la necesario regeneración política que el país reclama y que sigue sin llegar. Si de verdad las cosas fueran como las quiere hacer ver Rivera con su relato a beneficio de inventario, Ciudadanos habría roto con el PP y se habría sumado a la moción de censura del PSOE. El líder de la formación naranja pretende hacernos comulgar con la idea de que la corrupción del PP de Madrid no va más allá de Cifuentes y que, una vez que esta ha dimitido, la casa vuelve a oler a rosas. Se olvida interesadamente de incluir en lista a nombres como Granados, González, Aguirre o Rato, por solo mencionar los más relevantes. 

Es comprensible que Rivera se vea en la necesidad de hacer circular esa majadería para justificar que su partido continúe apoyando a un PP corroído por los escándalos en la comunidad de Madrid. Con sus votos aupará a la presidencia de la comunidad a Ángel Garrido, el gris número dos de Cifuentes, a la que defendió sin rubor en el escándalo del máster y al que Rajoy ha nombrado a dedo - marca de la casa - para quemarse a lo bonzo hasta las elecciones del año que viene. Rivera no es creíble cuando habla de sanear la vida política española porque tiene la oportunidad de producir un cambio político en Madrid para apartar al PP del Gobierno y la va a ignorar. 

En realidad, Rivera y los suyos solo piensan en hacerse fuertes en Madrid a costa de un presidente interino y de perfil político bajo al que ya sueñan con barrer el próximo año en las urnas. Ese y no otro es el interés que mueve a Ciudadanos por mucho que lo pretenda enmascarar con un discurso superficial sobre la regeneración que luego desmiente con los hechos. ¿Regeneración? ¿Qué regeneración? Más bien una nueva degeneración política de este país, una más. 

Rajoy desatado

¿Quién dijo que Rajoy es un inmovilista, que no da un palo al agua y que se sienta a esperar que los problemas se resuelvan con el tiempo y una caña? Eso son solo burdas mentiras y manipulaciones de la prensa que le tiene ojeriza: Rajoy es un presidente muy activo, de los más activos que ha tenido España en democracia. Vean, por ejemplo, los acuerdos para subir las pensiones que se ha marcado en las últimas semanas con Ciudadanos primero y con el PNV después. Es una pena que los ingratos pensionistas no se lo hayan agradecido como se merece y persistan en sus protestas callejeras. Se quejan de que el acuerdo medio arregla el problema este año y el que viene y quieren saber qué va a pasar después. Debe ser que no tienen intención de morirse pronto y aliviarle así un buen dolor de cabeza al presidente. 

En esa actividad frenética que Rajoy viene protagonizando desde hace semanas se enmarca hoy una reunión al más alto nivel con la cúpula de Nueva Canarias, incluyendo al diputado Quevedo, conocido ya en ambientes parlamentarios como el "diputado 176". Se trata de garantizar que en los presupuestos de este año haya dinero suficiente para pagar la subida del descuento aéreo de los residentes del 50% al 75%. Eso para empezar a hablar, porque Román Rodríguez amenaza con ponerle a Rajoy un tocho de enmiendas en la mesa de La Moncloa por importe de 380 millones de euros que a ver cómo se lo salta el presidente. Si quieren que les diga la verdad, tentado estoy yo también de aprovechar que el presidente derrocha liberalidad estos días para pedirle algo aunque no se me ocurre qué. 

Lo que no está nada claro y empieza a preocuparme un poquito es cómo piensa pagar Rajoy tanta esplendidez presupuestaria como viene exhibiendo en esta temporada primavera - verano. Una generosidad que, dicho sea de paso, no me cabe duda alguna de que no tiene ningún tipo de relación con su situación de minoría parlamentaria y la necesidad casi existencial de seguir en La Moncloa un par de años más a ver si consigue rearmar las maltrechas naves populares frente al abordaje de Ciudadanos. El presidente - todos lo saben - es hombre generoso con las necesidades sociales de los ciudadanos y aunque no estuviera en minoría seguro que habría respondido con la misma magnanimidad. 

Pero esto parece que no lo entienden en Bruselas, en donde un cenizo comisario de Economía le ha recordado al Gobierno español que es el único país de la UE que sigue bajo la lupa comunitaria por déficit excesivo y que las alegrías presupuestarias del mago Montoro no van a ayudar a salir de esa situación. Ya sé que el Gobierno habla ahora de obligar a las grandes empresas tecnológicas a pagar un impuesto para financiar la alegre subida de las pensiones urbi et orbi. Yo, perdonando el escepticismo, lo creeré cuando lo vea. En todo caso, la consigna entre las fuerzas políticas cuyo voto es decisivo para salvar las cuentas y con ellas a Rajoy, es aplicar la máxima de que las ocasiones las pintan calvas - barbadas en este caso - y sacar el máximo rédito posible. Y no digo yo que no sea lógico y hasta cierto punto necesario, pero también me pregunto si esto lo vamos a tener que terminar pagando de un modo u otro todos los ciudadanos. Lo que sí me parece una lástima es que al activo Rajoy no esté ni se le espere para explicar cuándo piensa ocuparse de la corrupción en su partido o cuál es su hoja de rota para Cataluña. No desesperemos ni pensemos mal, seguramente es por falta de tiempo.   

Reforma electoral con o sin CC

Coalición Canaria, con el inestimable apoyo de la Agrupación Socialista Gomera, ha dado un paso más para hacer realidad uno de sus objetivos en esta legislatura: impedir de nuevo que se reforme el sistema electoral. Su renuencia a presentar propuestas de reforma, su filibusterismo parlamentario y su aferramiento al mantra de la triple paridad como el bálsamo de Fierabrás para las islas no capitalinas, ha dado su primer fruto: no habrá reforma en Canarias. Si desde que se puso en marcha la comisión de estudio primero y la ponencia después eran más que dudosas las ganas de los nacionalistas de cambiar nada de ese sistema, los hechos han terminado corroborando aquellos recelos. Primero fue la pega de que el "colegio de restos " era poco transparente; después, y cuando los otros partidos ya desesperaban de que los nacionalistas hicieran alguna aportación, se descolgaron con una reforma de bolsillo para guardar las apariencias a sabiendas de que sería rechazada. Por último, cuando se planteó una lista autonómica para incrementar en 10 los escaños regionales, fingieron que la estudiarían y pasadas unas cuantas semanas volvieron a dar el no por respuesta. 

En esta ocasión la pega es que los ciudadanos no entenderían un aumento de diputados por el gasto público que supondría. Es una excusa a todas luces endeble y de circunstancias que, como tal, tendría una fácil y rápida solución eliminando unos cuantos gastos superfluos de la propia cámara regional, para no ir más lejos. Por resumir, lo que ha faltado desde el primer día en CC ha sido verdadera voluntad política para contribuir a cambiar un sistema de representación política injustamente desproporcional, el más desproporcional de España como ponen de manifiesto todos los expertos. La raíz de esa falta de voluntad hay que buscarla en la oposición de los históricos líderes insularistas temerosos de perder poder y en el líder de la ASG, cuyos votos son esenciales para CC, al que le podría costar mucho más obtener representación política si hubiera reforma. 

Con todo, la última palabra no está dicha ni mucho menos. Si los partidos que acordaron la modificación en Canarias mantienen la unidad y suman a Ciudadanos - que no ve la hora de entrar en el Parlamento canario - la reforma podría salir adelante en Madrid junto con el nuevo Estatuto de Autonomía y estar lista para 2019. Es ya la única esperanza que queda de que los ciudadanos votemos el próximo año de acuerdo con un sistema que refleje de manera más fiel la realidad demográfica canaria. 

CC arriesga mucho al deja escapar la posibilidad de ser parte de la solución. Ninguna de las dos propuestas planteadas por el resto de los grupos hubiera erosionado sus expectativas electorales y hasta podría haber seguido siendo la novia con la que el PSOE y el PP quieren desposarse al comienzo de cada legislatura. Ahora podría enfrentarse en Madrid al riesgo de una reforma más radical que los cambios casi cosméticos a los que se podía haber sumado en Canarias, zanjando este asunto tal vez para un buen número de años más.

Creo que ha llegado el momento de afrontar una reforma profunda del sistema electoral con todas sus consecuencias y le duela a quien le duela. Ningún tipo de calculo político cortoplacista de ninguno de los partidos que tienen en su mano producir ese cambio debería volver a frustrar la necesaria adaptación del sistema electoral a parámetros de representación política homologables con una democracia avanzada. Son los nacionalistas los que tendrán que gestionar la contradicción en la que incurren al haber provocado con su numantina posición que esa reforma se decida a 2.500 kilómetros de las islas por diputados que nunca han pisado Canarias. 

La Manada: de despropósito en despropósito

Escribí hace unos días en las redes que este país no conoce término medio, que va de un extremo a otro como un péndulo y que en él, quien más y quien menos, aprovecha cualquier ocasión propicia para agitar las aguas y pescar en río revuelto. Desde la publicación de la sentencia sobre La Manada hemos ido de despropósito en despropósito, en una deriva al parecer interminable y peligrosa. Reina el griterío y la confusión, los juicios paralelos y apresurados y las peticiones de linchamiento de los responsables del fallo y de todo el sistema judicial por extensión. De la sentencia en sí no tengo nada que añadir a lo que expresé en su momento: ateniéndome a los hechos probados no tengo la menor duda de que se trató de una violación y me sigue pareciendo incomprensible que los miembros del  tribunal no lo consideraran así. 

Dije también y lo mantengo que la de la Audiencia de Navarra no es la última palabra en este caso ya que quedan aún los recursos al Tribunal Superior de Navarra y al Tribunal Supremo, e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Del mismo modo señalé que conviene revisar el Código Penal para dejar bien sentado qué es violación y qué es abuso y evitar fallos como el de La Manada. Lo que me preocupa es que el despropósito de la sentencia se pretenda corregir o paliar con nuevos despropósitos. En ese sentido, la flagrante intromisión del ministro de Justicia en el ámbito del Poder Judicial es de una gravedad merecedora de la destitución inmediata por parte de Rajoy. Que el PSOE se sumara a esa injerencia es incomprensible, sobre todo cuando los socialistas apoyaron en su día la reprobación de Catalá por su manejos con la Fiscalía General del Estado. 

Saltarse la ya precaria separación de poderes con unas afirmaciones insidiosas sobre la capacidad para juzgar del magistrado que emitió un voto particular, parece más bien otro intento del Gobierno para obtener rédito aprovechando la indignación social y desviar la atención de lo que de verdad importa: el contenido de la sentencia. En poco se diferencia esa posición y la del presidente Rajoy que con su silencio avala esta injererencia del Ejecutivo en el Judicial, del populismo punitivo del PP a propósito del endurecimiento de la prisión permanente revisable. Catalá se fuma los mecanismos de los que dispone el Poder Judicial para apartar de sus funciones a los jueces que no cumplan con sus obligaciones como servidores públicos y se sube al carro camino de la pica en la plaza pública. 

En esa plaza pululan toda suerte de grupos y grupúsculos para los que las instituciones democráticas son ante todo el objetivo a batir y en los que el resto de los partidos políticos tampoco son nada reacios a echar la red de pesca. En esas estábamos cuando aprovechando una campaña en las redes, una ex política canaria denunció haber sido víctima de abusos sexuales hace 27 años por parte de un político aún en activo. El gesto - que le honra - se queda corto por cuanto no identifica al responsable y porque lo remata asegurando que "denunciar no vale la pena". Es fácil suponer el efecto disuasorio que esa afirmación puede tener sobre las mujeres que sufran hechos como los que denuncia la ex política. Con el máximo respeto a su libertad para hacer lo que estime más oportuno, entiendo que ayudaría más a la causa concretar a quién se refiere con la denuncia que mantenerla en la nebulosa de la sospecha. 

Quien menos derecho tenía a señalar ese nombre es, sin embargo, quien lo hizo de una forma además frívola. Las magistrada Rosell no dudó en lanzar a las redes una insidiosa insinuación sobre el supuesto autor de esos abusos como si se tratara de un simple acertijo y no de un asunto de una extraordinaria gravedad. Todo esto da una idea cabal del terreno cenagoso en el que nos estamos moviendo desde hace días. Y mientras, apenas se escucha alguna voz autorizada que pida cordura y sentido común y aclare que esa postura no está reñida con criticar las decisiones judiciales y pedir los cambios normativos que se consideren oportunos. Lo que no vale es aprovechar el rechazo social ante  una sentencia a todas luces injusta para buscar votos o arremeter contra un sistema que, con todos los achaques, fallos y defectos que se le quieran imputar, funciona y no tiene sustituto mejor. 

Mario Vargas Llosa y el liberalismo

No es mucho lo que el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa aporta a la ciencia política con su último libro titulado "La llamada de la tribu" (Alfaguara, 2018), que acabo de leer. Se trata de un trabajo próximo al panfleto en ocasiones, en el que hace un  bosquejo superficial de la obra y  figura de unos cuantos prohombres del pensamiento liberal desde Adam Smith a Jean - François Revel, pasando por Ortega y Gasset, Hayek, Popper, Aron y Berlin. Ni en lo personal aporta el gran escritor ninguna noticia nueva sobre su opción política, ni en lo doctrinal propiamente dicho hay ningún punto de vista original o renovador del pensamiento liberal. De cada uno de los seleccionados se limita a espigar unas cuantas ideas que no por casualidad son casi siempre las mismas en todos ellos: la libertad y  el riesgo de que un Estado demasiado poderoso la sustituya por la tiranía totalitaria. 

Que proclame que el liberalismo es el único sistema político que garantiza las libertades democráticas tal y como se conciben en el mundo occidental no es precisamente un descubrimiento científico de primer orden. Como él mismo se encarga de subrayar de manera casi obsesiva a los largo de las más de trescientas páginas del libro, ahí tenemos al derrumbado régimen soviético de recordatorio permanente de lo que el estalinismo o, en el extremo opuesto el nazismo, pueden llegar a suponer. En efecto, la Unión Soviética, China y Cuba son - entre otros países -  sus objetivos predilectos a la hora de confrontar las ideas liberales con el comunismo y sacar la conclusión de que sólo las primeras pueden garantiza libertad, paz y progreso a los ciudadanos. Nada que objetar a eso sobre el papel: en efecto, la democracia solo puede ser liberal o no es.

A sus iconos del liberalismo les dispensa el autor un trato comprensivo de sus errores o sus contradicciones pero a Marx y a los marxistas los somete al tercer grado página tras página. La sospecha de que la honestidad intelectual de Vargas Llosa cojea ligeramente se confirma cuando alaba sin ningún tipo de rubor político las figuras de Reagan y Thatcher, en buena medida responsables ambos de las medidas desreguladoras que están en el origen de la crisis y de la privatización de servicios públicos esenciales con las que se enriquecieron las empresas privadas y se empobrecieron los ciudadanos en el Reino Unido. Ninguno de estos asuntos aparecen mencionados en el libro, en donde ni siquiera se hace una mínima alusión a otras consecuencias negativas derivadas de un sistema como el capitalista, estrechamente vinculado al liberalismo.

Por solo citar algunas, los graves problemas medioambientales de ámbito global como el cambio climático, la preminencia de los intereses de las empresas financieras transnacionales frente a los gobiernos nacionales y sus ciudadanos o el incremento de la desigualdad entre ricos y pobres. Vargas Llosa pone el acento en la libertad pero apenas incide en las desigualdades sociales que el liberalismo genera y que no es capaz de corregir de manera satisfactoria. Con afirmar que el sistema provee los medios para la igualdad de oportunidades de partida y dejar que sean el mérito y el esfuerzo los factores que hagan el resto, se da por satisfecho.

Ni siquiera la socialdemocracia - una suerte de liberalismo de izquierdas - le termina de convencer a pesar de que fueron gobiernos de este signo los que más hicieron en la posguerra por atenuar las diferencias sociales. El estado del bienestar que impulsaron y perfeccionaron estos gobiernos tampoco merece reconocimiento alguno en la pluma de Vargas Llosa: prefiere alinearse con Hayek, uno de sus autores preferidos y uno de los más ultraliberales de cuantos glosa, y considerar a los socialdemócratas como compañeros de viaje de los comunistas dispuestos a implantar la dictadura del proletariado a las primeras de cambio. Siempre encomiástico y en ocasiones hagiográfico con sus pensadores liberales de cabecera, Vargas Llosa nos ofrece un libro desde todo punto de vista innecesario y en consecuencia prescindible. Lo que sí viene a confirmar "La llamada de la tribu" es que Vargas Llosa es un gran escritor, pero de literatura de ficción.