Fraude fiscal: la fuerza por la boca

Con injustificada satisfacción recogen hoy algunos medios los timoratos “avances” de la Unión Europea para luchar contra el fraude fiscal, los paraísos en la Tierra y otros modos retorcidos pero bien conocidos de llevárselo crudo sin pasar por la ventanilla de Hacienda. El “caso Bárcenas” es bien ilustrativo. Si no basta, echen un vistazo a las ridículas liquidaciones de impuestos de las grandes multinacionales que tributan en aquellos países que, dentro de la propia UE, les ofrecen impuestos más bajos que los que tendrían que pagar en los que consiguen sus pingües beneficios.

De armonizar y homogeneizar el impuesto de sociedades en el seno de la propia Unión Europea nada dijeron ayer los jefes de Estado y de gobierno reunidos en una nueva cumbre de la que ha nacido otro ratoncillo famélico, como en tantas ocasiones anteriores. Se comprometen los 27 a tener ultimado antes de fin de año un mecanismo de intercambio de información fiscal de personas jurídicas – el de las físicas parece que ya existe, aunque sus resultados prácticos a la vista están. En todo caso, uno piensa que la directiva de marras debía haber estado en funcionamiento hace mucho tiempo y no ha sido así.

Claro que para eso habría que haber vencido antes las reticencias de países como Austria o Luxemburgo, el segundo de los cuales funda su riqueza precisamente en ser un paraíso fiscal. Ahora parecen haberse ablandado algo pero condicionan su oposición a levantar el secreto bancario al resultado de las negociaciones que la Comisión Europea deberá abrir con Andorra, San Marino, Liechtenstein y Mónaco, grandes superpotencias de las cuentas opacas incrustadas en pleno corazón comunitario y cuya existencia como estados con himno y bandera sólo se justifica precisamente por servir de escondite a los grandes evasores físicos y jurídicos. Y luego nos queda Suiza, país extracomunitario con el que también será necesario llegar a acuerdos para que colabore en esta batalla contra el fraude fiscal. Veremos hasta dónde están dispuestos los helvéticos a poner en riesgo su principal y casi única actividad económica.

Los que consideran un avance histórico lo acordado ayer en Bruselas recuerdan que ya Estados Unidos ha iniciado su lucha particular contra la evasión de impuestos, con la importancia que tiene para que esa lucha sea exitosa en un mundo en el que los capitales no saben de fronteras que se afronte globalmente. Por lo demás, es cuando menos insultante que algunos líderes comunitarios hablen de la necesidad de luchar contra el fraude por razones que podríamos calificar de “morales”.

Pues claro que los recortados ciudadanos de a pie, los parados o los pensionistas que no tenemos ni dinero ni oportunidad de esconderlo en paraísos fiscales estamos asqueados de tener que cargar con el peso de la crisis por la vía de los recortes o las subidas de impuestos, mientras políticos o grandes empresarios burlan tranquilamente a Hacienda y luego son generosamente amnistiados.

Claro que estamos hartos de oír desde hace años a los presuntos líderes europeos prometer que acabarán con los paraísos fiscales mientras no mueven un solo músculo para hacerlo. El Parlamento Europeo ha calculado que solo en la Unión hay un billón de euros ocultos en paraísos fiscales, una cifra equivalente al PIB español o al presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020. Ante la cuantía del escándalo, no por más conocido menos indignante, a los líderes europeos sólo se les ocurre impulsar una directiva comunitaria sobre intercambio de información fiscal. 

En un rapto de inexplicable euforia que demuestra que en este asunto a la UE la fuerza se le escapa por la boca con la misma facilidad con la que el dinero huye a Suiza, uno de ellos hasta declaró que el de ayer fue un mal día para los evasores fiscales. Seguro, es probable que esta noche no hayan podido pegar ojo.

Palabra de Aznar

¿Volverá Aznar al primer plano de la política? Esa es la pregunta que le hicieron anoche al ex presidente en una entrevista en televisión. Con el mismo rictus hosco que le caracteriza y con el que aseguró en su momento que Sadam Hussein tenía armas de destrucción masiva, declaró que “nunca eludo mi responsabilidad, cumpliré con mi responsabilidad, mi conciencia, mi partido y mi país”, por ese orden. Y remató: “No tenga dudas”. Y con la duda nos hemos quedado.

A decir verdad, Aznar nunca ha abandonado la política activa aunque la haya ejercido desde un segundo plano mediático. La FAES y otros foros le han servido de tribunas para hacerse notar y para intentar sentar cátedra sobre lo que debe y lo que no debe hacerse. Le pasa como a Esperanza Aguirre, que dice que se va pero se queda para repartir estopa a diestro y siniestro y presentar enmiendas a la totalidad de lo que hacen sus propios compañeros de partido ahora en el Gobierno.

Lo mismo hizo Aznar anoche: pedir una urgente reforma fiscal, bajar los impuestos “ya” y exigir que no se abandone a las clases medias. No se paró ahí: a Aznar le gustaría ver un proyecto político claro que ahora no ve en España y remachó con un “hay que ofrecer esperanza, no una lánguida resignación”. Me temo que Rajoy no ha pasado buena noche después de escuchar las declaraciones de quien le puso al frente del PP y le nombró digitalmente su heredero político. Un Rajoy con el que – palabra de Aznar – sólo ha mantenido una conversación “relajada” desde que el PP habita en La Moncloa. En realidad, ni falta que les hace hablar más: con las conferencias que el ex presidente da por esos mundos de Dios y entrevistas como la de anoche, tiene más que suficiente Rajoy para saber lo que piensa su mentor de la gestión del Gobierno y de la situación general del país. Debería de estar el presidente atento a las señales y, en su caso, poner las barbas a remojar como a Aznar se le ocurra volverse a dejar bigote, emblema inolvidable de su autoridad.

Ahora bien, si hablamos de sobresueldos ahí la cosa cambia. En este punto, el rictus de Aznar, aún sin bigote, sigue siendo igual de fiero pero el discurso encaja a la perfección en el de su partido y el Gobierno. “Rotundamente no; ni devengué ni percibí otra retribución que no fuera como presidente”. Y como en estos casos lo que procede es matar al mensajero, Aznar está convencido de que las informaciones de EL PAÍS en las que se asegura que siguió cobrando sobresueldos después de llegar a La Moncloa a pesar de la Ley de Incompatibilidades, son sólo fruto de la animadversión que el periódico de PRISA tiene contra él.

El mismo argumento que empleó también para descalificar que ese periódico haya publicado que el cabecilla de la trama corrupta Gürtel pagara la iluminación en el bodorrio de Estado de su hija con Alejandro Agag. A Aznar eso le parece la cosa más normal del mundo: “Parece normal - dijo - que los invitados a una boda hagan regalos a los contrayentes, algunos relacionados con la actividad que desarrollan”. Tal vez, aunque la actividad de esa trama fuera organizarle actos gratuitos a Aznar y aplicarles un margen de beneficios del 100% a los que contrataba con ayuntamientos y ministerios del PP, según informa hoy ese mismo periódico.

No debemos ser mal pensados y debemos confiar en que Aznar dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre lo que hizo, hace y piensa hacer. ¿Cómo no creer a alguien que se expresa con tanto aplomo y contundencia aunque las evidencias cuestionen seriamente sus palabras? De eso no tenga usted dudas: es palabra de Aznar.

Comer o no comer, esa es la cuestión

Miles de alumnos acuden cada día al colegio con el estómago vacío. No ocurre en un país castigado por los desastres naturales o la guerra, sino a la vuelta de la esquina. Sin ir más lejos, aquí en Canarias. La comunidad autónoma española en la que más se han incrementado los índices de pobreza desde el inicio de la crisis y en la que 3 de cada 10 menores es considerado pobre por las estadísticas oficiales, imparte educación a niños que en muchos casos apenas pueden hacer una comida diaria, precisamente la que toman en el colegio.

Desde que los efectos del paro empezaron a causar estragos en las economías familiares, fueron numerosas las organizaciones no gubernamentales y asociaciones de padres y madres de alumnos que reclamaron a las autoridades educativas la apertura de las comedores escolares en verano para que los menores pudieran al menos seguir disponiendo de esa comida diaria durante el periodo no lectivo.

Por fin, las reclamaciones tuvieron eco y el presidente del Gobierno anunció en el debate sobre la nacionalidad de finales de marzo un plan para abrir comedores escolares en verano y paliar en parte el problema. La idea consistía en destinar 30 millones de euros a la iniciativa, 20 de los cuales deberían aportarlos los ayuntamientos y el resto el Gobierno de la comunidad autónoma. Desde el anuncio de la iniciativa ha pasado más de mes y medio y nadie sabe todavía cómo se aplicará, quién la pagará y cuándo se pondrá en práctica, a pesar de que en un primer momento fue aplaudida desde casi todos los ámbitos.


Sin embargo, la resistencia de muchos ayuntamientos, particularmente los gobernados por el PP, a destinar recursos a hacerla posible la ha convertido en un nuevo episodio de desencuentro interinstitucional e incapacidad política para dar respuesta a los problemas reales de los ciudadanos más castigados por la crisis. Se le reprocha al Gobierno – y en esto no están faltos de razón quienes lo hacen –  haber lanzado la idea sin negociarla antes con los ayuntamientos. Del mismo modo, también se les puede y debe reprochar a muchos de los ayuntamientos que ahora se rasgan las vestiduras evidente falta de sensibilidad para afrontar la situación de miles de vecinos que no tienen medios suficientes para alimentar a sus hijos.

En cualquier caso, la cuestión de fondo y principal no es si el Gobierno debió haber contado con los ayuntamientos antes de hacer el anuncio – que debió de hacerlo - o si muchos de estos se han mostrado mudos y sordos ante el drama social de un buen número de sus vecinos – lo que retrata su grado de compromiso social. La cuestión es paliar el hambre de esos niños y ante eso resulta lamentable el tira y encoje en el que están inmersos desde hace semanas unos y otros. Por más que la medida no sea la panacea para resolver la situación social de esos menores, sí merece ser acogida con la responsabilidad, la sensibilidad y la altura de miras que la dramática situación social reclama a gritos. Porque, a la postre, la cuestión es comer o no comer y no quién hace el gasto o se apunta la idea. Así de sencillo.

Involución educativa

El Consejo de Ministros acaba de enviar a las Cortes la séptima reforma educativa de la democracia. Sólo cuenta con el apoyo del PP y, por supuesto, de la Conferencia Episcopal y los sectores más conservadores del partido que sustenta al Gobierno. Ni la inmensa mayoría de la comunidad educativa ni muchas comunidades autónomas ni la oposición respaldan una reforma que entienden ideologizada, conservadora y segregadora.

Las protestas y las llamadas al consenso para aprobar una reforma educativa con vocación de perdurabilidad y garantías de que no se volverá a cambiar en cuanto cambie también el color del gobierno, han sido ignoradas por quien se ampara en la mayoría parlamentaria y difunde la falaz consigna de que quien no está de acuerdo con los cambios es que no quiere que haya cambios de ningún tipo, lo cual es sencillamente mentira.

Que la España democrática esté a punto de aprobar sin apenas respaldo social su séptima reforma educativa en poco más de 30 años, habla con elocuencia del uso de la educación como arma política y no como herramienta estable y útil para la mejora continua de los ciudadanos, particularmente de las nuevas generaciones, en todos los ámbitos: humano, social, cultural y económico. Con esta reforma, el ministro Wert emula a su compañero de gabinete Ruiz-Gallardón en sus intenciones sobre el aborto y nos retrotrae no menos de tres décadas en materia educativa.

Desaparece Educación para la Ciudadanía y en su lugar se implanta una nebulosa asignatura de “valores sociales”; se vuelve a las clases de religión católica con nota computable para la beca; en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo se subvenciona con dinero público a los centros religiosos concertados que segregan a sus alumnos por sexo; se imponen reválidas al final de cada ciclo que expulsará del sistema a quienes no las superen; se abre de par en par la puerta a que los alumnos con menos recursos económicos se queden por el camino; se vacían de poder las comunidades educativas de los centros (profesores y padres); se tensa la cuerda con las comunidades con lengua cooficial y se recorta su autonomía en el establecimiento de los contenidos educativos.

No hay que ser demasiado perspicaz para comprender que detrás de estas medidas está la mal disimulada voluntad del Gobierno de devolverle a la Iglesia católica parte de la influencia social que ha ido perdiendo en una sociedad cada vez más secularizada y satisfacer a los sectores de la derecha más ortodoxa que añoran la España “una, grande y libre”. Salvo que se retire para su negociación o al menos se modifique sustancialmente en el trámite parlamentario para que cuente con el máximo consenso político y social posible – algo muy poco probable por no decir ilusorio – la reforma Wert nacerá con fecha de caducidad y no pasará seguramente mucho tiempo – tal vez en la próxima legislatura o en la otra - antes de que este país esté de nuevo dándole vueltas a la octava reforma educativa de la democracia.

Blesa o la caída de los dioses

Puede que termine siendo un espejismo pero lo cierto a esta hora es que Miguel Blesa, uno de los banqueros más prominentes del PP, ha pasado la primera noche en una cárcel de Madrid. Allí debe haberse encontrado con un empresario llamado Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la CEOE, ex propietario de Viajes Marsans (entre otras empresas hoy desaparecidas) y ex consejero de Caja Madrid, la entidad que Blesa dirigió como una finca privada durante casi 14 años y a la que llegó gracias a su vieja amistad con Aznar y al apoyo de sindicalistas y hasta de IU.

Blesa es el primer banquero de la crisis que da con sus huesos en una prisión desde el comienzo de la crisis y el segundo que corre la misma suerte en democracia después de Mario Conde, ahora rehabilitado para las tertulias de la caverna mediática. Es a esa promiscuidad político – empresarial – bancaria a la que se deben los males de las hoy desaparecidas cajas de ahorro y Caja Madrid es un ejemplo muy ilustrativo.

Blesa quiso hacer de “su” caja una entidad con gran proyección no solo nacional e internacional. Se expandió por todo el país abriendo centenares de sucursales al calor del ladrillo y no tuvo reparos en comprarse un banco estadounidense por el doble de su valor a pesar de que, según las autoridades norteamericanas, su solvencia era cuando menos cuestionable. Para lograrlo se saltó los controles de la Comunidad de Madrid dirigida por Esperanza Aguirre con el resultado final de un quebranto para la entidad de más de 500 millones de euros.

Su amistad con Díaz Ferrán facilitó mucho las cosas para que el ex patrón de la patronal a la vez que consejero de Caja Madrid se hiciera con créditos por más de 100 millones de euros que avaló con sociedades en números rojos. En paralelo se lanzó a dar créditos hipotecarios del 100% pero con escasas garantías de cobrarlos si las cosas se torcían, como terminó ocurriendo cuando reventó la burbuja inmobiliaria. También, y entre otras cosas, invirtió en ENDESA y en IBERIA, creó una inmobiliaria y puso 1.000 millones en otra, Martinsa Fadesa, que acabaría provocando la mayor bancarrota de la historia de España. Y no contento aún, se metió en la estafa de las preferentes de las que colocó unos 3.000 millones de euros y sobre las que dijo con chulería en el Congreso que no admitía “haber causado daños” con ellas.

Mientras se creía y actuaba como el Rothschild de la banca española, Miguel Blesa también miró por sus propios intereses y los de sus colaboradores con sueldos y bonus de escándalo en un país que ya se estaba adentrando en los más duro de la crisis. Su final en Caja Madrid fue de lo más tormentoso: después de la pugna entre Aguirre y Ruiz-Gallardón sobre su marcha o su continuidad terminó perdiendo la batalla a manos de Rajoy que se inclinó por Rato para dirigir una entidad que, al dejarla Blesa, presentaba una caída de resultados del 68% tras las nuevas obligaciones de provisión de fondos.

Había estallado la crisis y las cajas buscaban fusionarse casi a la desesperada: Caja Madrid se casó con Bancaja – otra que tal baila – y de ambas, más otras cajas pequeñas, nació un engendro llamado Bankia que a su vez provocó el rescate del sistema financiero del país. Ahora Miguel Blesa está en prisión a expensas de reunir los 2,5 millones de euros de fianza y tal vez preguntándose junto a Díaz Ferrán “cómo hemos llegado hasta aquí”.

En capilla hay unos cuantos banqueros más que actuaron como él, que depreciaron a sus clientes y a sus accionistas, que ignoraron la función social de las cajas y que hicieron de ellas un coto particular para políticos y empresarios especuladores. Hasta hace poco todos se creían dioses del Olimpo financiero y a resguardo de cualquier contratiempo. Sin embargo, el tinglado no es ahora más que una montaña de escombros y muchos de ellos seguramente ya sufren pesadillas ante la posibilidad de tener que dormir en una fría celda carcelaria como ha hecho esta pasada noche un tal Miguel Blesa.

Rebelión a bordo en el PP

No le será fácil a Mariano Rajoy salir del jardín de espinas en el que se ha metido tras conocerse su disposición favorable a que Cataluña casi duplique este año el objetivo de déficit establecido para el conjunto de las comunidades autónomas. Sus barones más influyentes no han tardado en poner el grito en el cielo ante lo que entienden como un trato de favor para con una autonomía que, además de haber incumplido el objetivo fijado para el pasado año a pesar de los severos recortes en educación y sanidad, no afloja un punto en su deriva soberanista.

Argumentan que es injusto premiar a las incumplidoras y castigar a las que cumplieron y, en consecuencia, abominan de un reparto del déficit a la carta. Sospechan, y con razón, de que si Cataluña es premiada las demás serán obligadas a continuar con los recortes para que al final las cuentas globales puedan cuadrar. De hecho, el ministro Montoro, sospechosamente desaparecido desde hace unos días, ha venido a decir que es bueno que las autonomías que el año pasado cumplieron el déficit sigan apretándose más el cinturón este año, lo que seguramente ha ayudado a encender un poco más si cabe la rebelión en los feudos territoriales del PP.

Así las cosas, encaje de bolillos o la cuadratura del círculo tendrá que hacer el presidente para encontrar una solución que, en todo caso y a buen seguro, siempre dejará descontenta a más de una comunidad autónoma. Molesta, además, que la posibilidad de que Cataluña reciba un trato más favorable que el resto a pesar de ser una de las que mayor déficit presentan, se haya negociado de manera bilateral y casi en secreto entre Rajoy y Artur Mas y no en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que es donde las autonomías y Montoro se tiran civilizadamente los trastos a la cabeza.

Por lo pronto, la única posición conocida de Rajoy para sofocar la rebelión de sus barones ha sido pedirles “generosidad y altura de miras” y la respuesta ha sido elevar el tono de la protesta. Algo más tendrán que ofrecer Rajoy y Montoro para calmar a unos barones populares que están estos días de los nervios. La cuestión de fondo a dilucidar es qué criterios va a seguir el Gobierno para el reparto del déficit a la carta ente las comunidades autónomas, más allá de las vaguedades de González Pons al afirmar que será una “solución justa para todos”.

¿Qué primará en ese reparto? ¿La situación de la sanidad y la educación en cada comunidad después de los últimos recortes? ¿Los escalofriantes datos de pobreza que se hicieron públicos ayer con un aumento de la brecha social entre autonomías y con Canarias como la región en donde más ha aumentado este indicador en los últimos años? ¿La tasa de paro? ¿La singularidad territorial? ¿El endeudamiento? ¿Las insuficiencias de la financiación autonómica? ¿El color político de cada gobierno autonómico?

Una cosa está clara: a la vista de la respuesta airada de los barones populares, Rajoy no podrá en esta ocasión ni callar ni adoptar esa posición de perfil en la que es todo un maestro. Puede que al final consiga salir del jardín de espinas en el que se ha metido si por disciplina de partido los barones terminan por abandonar el motín que protagonizan estos días y plegarse a sus decisiones por más que no les gusten. En cualquier caso, eso no le salvará de sufrir unos cuantos y profundos arañazos políticos.

Contrato único y dos piedras

Un señor de cuyo nombre no puedo acordarme y que dice ser comisario europeo de Empleo, está disfrutando de unas pocas horas de gloria después de “sugerirle” a España que se piense la posibilidad de implantar un contrato laboral único para luchar contra el paro juvenil. Tengo la sensación de que lo dijo al buen tun – tun y sin pensárselo demasiado, evidencia de que, a pesar de su alto comisariado, desconoce por completo la realidad socioeconómica del país y va por esos mundos comunitarios de Dios soltando atrevidas ocurrencias.

Para empezar, porque no hay un país de la Unión Europea que tenga un contrato laboral único y sólo en Estados Unidos podríamos encontrar algo similar y salvando las distancias. De ahí en parte que, preguntados los expertos por la idea del comisario, nadie haya sido capaz de explicar en qué demonios consiste el contrato laboral único “y abierto” y si es bueno, malo o mediopensionista. En realidad, la idea no es nueva aunque fue rechazada en su momento: ya la plantearon hace algún tiempo varios economistas y hasta la ha vuelto a defender ahora UPyD, la única fuerza política, por cierto, que lo ha hecho. 

Por una vez y sin que sirva de precedente ante una “sugerencia” de la UE, el resto de partidos, el Gobierno – “muy satisfecho” de una reforma laboral que no piensa tocar - , los sindicatos, los empresarios y buena parte de los conocedores del derecho laboral la han considerado descabellada e inviable. Las razones son muchas y sería prolijo detallarlas aquí. Valga como ejemplo que chocaría contra la Constitución por cuanto podría suponer el despido sin causa y por tanto sin necesidad de que un juez determine su procedencia o improcedencia, algo elemental para establecer la correspondiente indemnización.

Se malician los sindicatos que eso es precisamente lo que busca la “idea” del comisario, el despido “gratis total”, y que el mercado laboral se precarice aún más de lo que está. No se han quedado atrás en las críticas los empresarios, que no acaban de entender cómo se puede aplicar esa medida en un país con una economía tan estacional como la española en la que es habitual hacer contratos por días o por temporadas en los servicios o en la agricultura. Por supuesto, despedir ya lo hacen y a precios “muy competitivos” como ponen de manifiesto las cifras del paro. Me pregunto si el comisario se ha leído la reforma laboral española y si conoce sus efectos, que desmienten con rotundidad que los trabajadores indefinidos estén tan sobreprotegidos frente a los que no lo son como afirma alegremente este señor.

Desde luego, no debe ser bueno que en España existan más de treinta modalidades de contrato laboral aunque en la práctica sólo se utilicen dos o tres. Todo lo que sea aclarar esa tupida selva administrativa es bueno pero no hay ningún mercado laboral avanzado que pueda funcionar con un solo modelo de contratación. En cualquier caso y más allá de disquisiciones bizantinas sobre el contrato único o sobre si debe haber uno, dos, veinte o cincuenta variedades de contratación, lo que hasta el despistado comisario de Empleo seguramente entiende es que la creación de puestos de trabajo apenas guarda relación con ese hecho sino con que las empresas vean oportunidades de negocio y con que haya crédito para financiar las inversiones y reactivar el consumo. ¿Tiene para eso alguna sugerencia brillante el ocurrente comisario?

El aborto que viene

Estando Mariano Rajoy en el Vaticano visitando al papa Francisco volvió a tocar a rebato Rouco Varela y Ruiz Gallardón sólo tardó unas horas en anunciar una reforma de la ley del aborto. Más allá del interés de la Conferencia Episcopal y de los sectores más conservadores del país por mantener viva la cuestión, no había ningún debate social sobre la necesidad de cambiar esa norma. De hecho, con la que ahora está en vigor se han practicado menos abortos que con la anterior.

Aún así, el ministro de Justicia recogió el guante de los obispos y volvió a poner sobre la mesa una cuestión resuelta para la inmensa mayoría de la sociedad española. De lo que ha dicho hasta ahora respecto a los cambios que piensa introducir se deduce su intención de volver a los supuestos recogidos en la ley de 1985 bajo los que no era delito abortar y abandonar la ley de plazos de 2010. Entre aquellos supuestos, validado por el Tribunal Constitucional, figura el de la grave malformación del feto. Ruiz Gallardón quiere ahora penalizarlo de nuevo con el argumento de que España es un Estado social y de derecho en el que los discapacitados reciben un trato adecuado por parte de los poderes públicos.

Suena a sarcasmo hiriente viniendo del miembro de un Gobierno que está a punto de aplicar un nuevo recorte en las ayudas a la dependencia y elevar el copago de los dependientes. Su propuesta, no obstante, no ha gustado a muchos de sus compañeros de partido y el asunto se ha empantanado. A Celia Villalobos la han sancionado por abandonar un pleno en el que se debatía una propuesta del PSOE contra la posibilidad de volver a penalizar el aborto por malformación del feto. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que en su día firmó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto de 2010 en el que el PP comparaba la legalización del aborto por malformación del feto con las leyes nazis de exterminio y esterilización, también ha matizado las palabras de Gallardón.

El portavoz popular Alfonso Alonso tampoco lo ve con buenos ojos y hasta el presidente Mariano Rajoy, que también firmó aquel recurso preparado por Federico Trillo, ha dicho ahora que aún no hay nada decidido y que cuando lo haya se comunicará a la opinión pública. Por el medio y por libre, dándole color y altas dosis de estupidez al debate, se han colado una tal Beatriz Escudero diciendo con desparpajo que son las mujeres con menos formación las que más abortan y todo un ministro del Interior afirmando que “ETA y el aborto tienen algo que ver”.

Con todo, no es difícil prever cómo acabará el debate que se ha abierto en el seno del PP y del Gobierno: matiz arriba o abajo todo hace presagiar una vuelta a los supuestos bajo los que no es punible abortar, lo que implicará retroceder tres décadas respecto a la ley de plazos en un asunto que ya se daba por zanjado y en el que el PP, además de la Conferencia Episcopal, juegan interesadamente a mezclar la ciencia, la moralidad, la ética y la legalidad.

En ese sentido, no parece haber muchas dudas de que el Gobierno buscará la manera de rodear la sentencia del Constitucional sobre la ley de 1985 y, aún sin haberse pronunciado sobre la de 2010, volverá a penalizar el aborto por malformación del feto; sólo queda por saber si lo hará en todos los supuestos de anomalía o lo permitirá al menos en los más graves. Tal vez todo dependa al final no tanto del fallo del Constitucional sino de lo fuerte que vuelva a tocar a rebato Rouco Varela.

De Zapatero a Rajoy

Se pongan como se pongan o lo digan como lo digan Rajoy o sus ventrílocuos en el Gobierno y en el PP, no es cierto que la situación socioeconómica española sea hoy mejor que hace año y medio, cuando Zapatero abandonó La Moncloa. El paro se ha incrementado en más de un millón de personas, la deuda pública se ha disparado, el mantra del déficit sigue fuera de control y la situación social se ha deteriorado hasta extremos cada día más graves. Aún así, continúa el PP y el Gobierno aferrándose a la “herencia” para justificar sus políticas de ajustes, recortes y reformas que, a la vista está, sólo han conseguido ahondar más el foso de la crisis. Las últimas previsiones macroeconómicas del propio Gobierno lo confirman por más que el presidente y los suyos intenten hacer creer que España ha recuperado credibilidad y confianza porque nadie pregunta ya por el rescate. ¿Y el de los bancos qué es: una ayuda a fondo perdido y sin condiciones? 

Todo empezó hace ahora tres años cuando Zapatero, después de negar la crisis por activa y por pasiva y de camuflarla bajo el eufemismo de “desaceleración económica”, se cayó del caballo camino de Bruselas y compareció en el Congreso de los Diputados para anunciar un recorte de unos 15.000 millones de euros en el Presupuestos. El recorte se concretó en la congelación de las pensiones y la bajada salarial de los funcionarios, lo nunca antes visto. Después vino la primera reforma laboral que le costó una huelga general pero que se quedó a años luz de la del PP y que ha provocado también una amplia contestación en la calle.

Cuando Zapatero abandonó la Moncloa, algo que debió de haber hecho desde el momento en el que la política económica española quedó intervenida por los mercados y el presidente se convirtió en un mero ejecutor de la austeridad que ha impuesto Berlín hasta la fecha, el paro estaba en cinco millones de personas y el déficit público había escalado hasta el 9,4%, incluyendo las ayudas públicas que ya se habían dado a los bancos en un creciente proceso de socializar las pérdidas privadas y convertirlas en deuda de todos los ciudadanos.

Ante aquellas medidas con las que Zapatero cavó su propia fosa política y la de su partido, el PP, entonces en la oposición, respondió con una inusitada dureza y acusó al presidente de encabezar un Gobierno tutelado por Bruselas y los mercados, le afeó todas las medidas que había anunciado, dijo que si gobernaba nunca haría nada igual, exigió su dimisión y, en la correspondiente votación en el Congreso, votó en contra de ellas poniendo al país al borde del rescate financiero. Era la consigna de dejar que el país se hundiera que ya vendrían ellos a levantarlo.

Sin embargo, un año y medio después de que Zapatero hiciera las maletas y abandonara La Moncloa, el PP ha profundizado y endurecido todas y cada una de las medidas ensayadas casi a la desesperada y en contra de su voluntad por el presidente socialista; sólo que Rajoy y los suyos las aplican con total convencimiento y sin atender ni a la oposición, ni a los agentes económicos y sociales y mucho menos prestar atención al malestar social como no sea para demonizar a los que se atreven a manifestarlo en la calle. Pero los resultados están a la vista: la economía sigue en recesión, el paro se ha situado en 6,2 millones disparado por la agresiva reforma laboral de los populares y que ahora Merkel pide endurecer, la deuda pública ha seguido creciendo y el déficit ha llegado hasta el 10,6% incluyendo el generoso rescate a los bancos que, mientras, siguen sin dar crédito.

Y todo ello después de reiterados recortes en servicios públicos esenciales y subidas de impuestos que se prometió no aplicar nunca pero que ahora se prorrogan para lograr el desiderátum del cumplimiento del déficit, cada día más lejano cuanto más se retrasen las políticas de reactivación económica que prioricen la creación de empleo. Pocos meses después y tras conocer el déficit público que dejó el último gobierno de Zapatero, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría echó mano de la socorrida “herencia” y aseguró que si ella fuera socialista le “daría vergüenza salir a la calle”. Con las cifras de paro, déficit y empobrecimiento general del país después de un año y medio en La Moncloa, y sin entrar ahora en los casos de corrupción que afectan a los populares, ¿qué deberían sentir los dirigentes del PP y los miembros del Gobierno cuando salen a la calle?

Historias ejemplares de la banca

Podrían ser muchas más pero sólo serán tres. Las tres se han producido el mismo día y demuestran que, cuando se trata de hurgar en los bancos, es imprescindible usar guantes y tocar las piezas con exquisita delicadeza, no vaya a griparse el sagrado sistema financiero.

La primera historia llegó ayer de Bruselas. La Comisión Europea le acaba de enviar una carta al ministro de Guindos para que le informe con todo lujo de detalles qué es eso de que en Andalucía – y puede que también en Canarias – los respectivos gobiernos autonómicos van a expropiar temporalmente el uso de las viviendas con las que se quedan los bancos después de echar a sus desahuciados inquilinos que no pueden pagar las hipotecas. 

Preocupa mucho que esas decisiones contravengan las condiciones a cambio de las cuales se rescató a la banca española con 100.000 millones de euros. Tanta preocupación contrasta en cambio con el silencio cómplice de Bruselas mientras en España se aplicaba una ley hipotecaria abusiva  de la que han sacado buena tajada los bancos. Si no llega a ser por un juez español y por la presión de la calle nada se habría hecho para ponerle coto a esa situación y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no habría movido un dedo para sentenciar que la ley era contraria a la normativa comunitaria. 

Con todo, el PP y el Gobierno, siempre tan respetuosos con lo que dicta Bruselas y afecta a los bancos, acaban de aprobar en solitario una ley antidesahucios que, aunque contenga pequeños avances, se queda a años luz de las demandas sociales.

La segunda historia tiene su origen en el Tribunal Supremo. Sentencia que las cláusulas suelo de las hipotecas de tres entidades bancarias no son válidas porque no se informó con claridad a los clientes de su existencia. Determina el fallo que la validez de tales cláusulas sólo se justifica siempre que el banco, entre otras cosas, le explique claramente al cliente que si el Euribor baja la cuota de la hipoteca sólo lo hará hasta un mínimo y que, en consecuencia, se encontrará con que su crédito a interés variable se convertirá por arte de magia en un crédito a interés fijo que sólo puede variar al alza. 

Así que no vale camuflar la dichosa cláusula en un tupido bosque de letra pequeña para que cuele, aunque siempre podrá decirle al cliente que, o la acepta, o ya se puede ir a pedir el crédito a otro banco. Si bien sienta jurisprudencia, lo que no hace el Supremo es extender el alcance del fallo a las hipotecas con cláusula suelo del resto de las entidades que no eran objeto de este proceso. Y sobre todo, se cuida mucho de obligar a los bancos a devolver al usuario el dinero cobrado indebidamente a expensas de la cláusula suelo. La razón la expresa la sentencia de un modo un tanto enrevesado, tal vez para disimular un poco, pero se entiende bien: la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico. ¿Capisci?

La tercera historia es muy conocida, pero no está de más recordarla. Un estudio de FACUA – Consumidores en Acción difundido ayer concluye que los bancos nos cobran una media de 150 euros anuales en comisiones. Puede ser por una transferencia, un descubierto o simplemente por hacernos el favor de guardarnos los ahorrillos, aunque luego venga la troika y como en Chipre reclame su parte del botín. España es, después de Italia, el país con las comisiones bancarias más altas de la Unión Europea. Bruselas prepara una normativa para exigir transparencia en este campo y posibilitar que los consumidores puedan cambiar de banco con facilidad….y seguir pagando comisiones desorbitadas por conceptos muchas veces incomprensibles.

El banquero Rothschild dijo una vez: “Denme el control financiero de una nación y ya no me interesará quién haga sus leyes”.

Mas se enroca

El Tribunal Constitucional acaba de adoptar una decisión cuando menos inédita: suspender los efectos de una declaración política, que no de una ley o cualquier otra figura con fuerza legal. Hablo de la que adoptó el Parlamento de Cataluña en febrero y que definió al pueblo catalán como “sujeto político y jurídico soberano”. Salvando todas las distancias históricas que se quieran, suena como si el Alto Tribunal hubiese suspendido a los pocos meses de su publicación los efectos del Manifiesto Comunista o los del “Grito de Baire” con el que se inició la guerra de independencia cubana.

Los magistrados se dan un plazo de cinco meses para estudiar el fondo de la cuestión y determinar si la declaración soberanista catalana es o no constitucional. Aseguran los constitucionalistas que el Tribunal no podía hacer otra cosa una vez que el Gobierno del Estado impugnó la declaración y ahora tendrá que determinar si era o no impugnable para luego decidir si es constitucional. Cabe recordar que contra la impugnación se pronunciaron dos miembros del Consejo de Estado. Los efectos prácticos de la declaración suspendida no existen y, por tanto, se suspende lo que no existe, lo cual es también inédito.

La trascendencia de esta decisión del Tribunal Constitucional radica en que viene a tensar más si cabe las ya difíciles relaciones entre Madrid y Cataluña a raíz de que Artur Mas viera en la Diada del año pasado la oportunidad de oro para envolverse en la bandera soberanista y lanzar una densa cortina de humo sobre los verdaderos problemas de los catalanes: el paro, los recortes o el endeudamiento público.

Desde que vio la luz de la independencia como la solución a todos los males de Cataluña, el presidente Mas se ha embarcado en una carrera frenética hacia el precipicio en la que no le ha importado echarse en brazos de Ezquerra Republicana de Cataluña de la que ahora es rehén político. En su deriva ha arrastrado también a un PSC timorato y ambiguo ante el riesgo de perder comba electoral si no se alinea con el bloque independentista que Mas quiere ver mayoritario cuando, según el último barómetro del CIS, sólo un tercio de los catalanes apuesta por la independencia.

En sus relaciones con Madrid, el presidente catalán ha empleado la vieja táctica de sorber y soplar a un mismo tiempo: amenaza con la independencia y a la vez exije ayuda para salir del pozo económico en el que está sumida la comunidad catalana y que se le conceda trato de favor en cuestiones como el cumplimiento del objetivo de déficit.

En frente, el Gobierno de Mariano Rajoy no ha hecho demasiado por rebajar la tensión y explorar vías de acuerdo respetuosas en todo caso con el marco legal que nos hemos dado todos los españoles, incluidos los catalanes. Sin embargo, a nadie se le oculta la dificultad del objetivo ya que el órdago de Mas no tiene encaje en un marco constitucional como el vigente, que pide a gritos una profunda reforma que dé respuesta a las tensiones territoriales.

Lo que desde luego no contribuye a relajar la tensión es que las declaraciones políticas de un Parlamento sin fuerza legal alguna deban ser objeto de análisis constitucional. Por eso, la decisión conocida ayer se convierte en un nuevo balón de oxígeno para el victimismo de Mas y un nuevo escollo para el entendimiento entre Madrid y Barcelona.

La infanta acompañante

A la Casa Real no le ha sorprendido que la Audiencia de Palma haya decidido dejar sin efecto la imputación de la infanta Cristina por el “caso Nóos”. A decir verdad, ni a la Casa Real ni a casi nadie. Después de mostrar su “sorpresa” cuando el juez Castro decidió citarla a declarar como imputada por presunta complicidad y cooperación necesaria en los turbios negocios de su marido, ahora expresa su “máximo respeto” ante las decisiones judiciales sobre todo, como es el caso, si le benefician. O eso al menos deben de creer en La Zarzuela, aunque no sería prudente descorchar el champán de forma tan apresurada como han hecho ya el PP y el Gobierno que también se alarmaron en su momento por la decisión del juez.

A eso se le llama neutralidad y respeto a las decisiones judiciales en las más altas instancias del Estado que, al mismo tiempo, no dudaron en movilizar a la Fiscalía y a la Abogacía pública para que le pararan los pies al juez instructor. Y lo han conseguido, aunque sólo a medias, gracias a una decisión que tiene un cierto aroma salomónico por cuanto, si bien deja sin efecto la imputación de la infanta como cómplice y cooperadora de los negocios de su esposo, no cierra en cambio la puerta a la posibilidad de que sea llamada a declarar en esa misma condición si se verifica algún tipo de delito fiscal o de blanqueo de capitales. De hecho, el auto le indica al juez Castro el camino que debe seguir a partir de ahora, siempre a expensas – eso sí - de que la Casa Real, la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado no vuelvan a “sorprenderse” si se le ocurre imputarla de nuevo.

El auto por el que dos de los tres jueces de la Audiencia de Palma decidieron ayer evitar que la infanta haga por ahora el paseíllo judicial, tiene algunos hallazgos jurídicos dignos de mención como corresponde a una buena pieza de 61 folios frente a los 19 que gastó el juez Castro en la imputación. Dice por ejemplo que, el hecho de que la infanta figurara en los folletos con los que Urdangarín camelaba a los políticos para que financiaran los proyectos del filantrópico Instituto Nóos, era de “mero acompañamiento impune” y, por tanto, no implica que la hija del rey fuera consciente de que su marido desviaba ese dinero público a la empresa pantalla Aizoon cuya propiedad compartía al 50% - qué casualidad - precisamente con ella.

Para la Audiencia, del hecho de que la infanta formara parte de la junta directiva de Nóos y de que fuera la copropietaria con su marido de Aizoon, no cabe deducir culpabilidad de ningún tipo. Tampoco de que supiera – como sabía – que Urdangarín aprovechaba para sus negocios su parentesco real, como han desvelado algunos de los correos tóxicos de su ex socio y ahora enemigo judicial, Diego Torres, para el que el auto pide un plazo improrrogable con el fin de que escupa de una vez todos los mensajes venenosos que guarde aún en sus archivos.

A la espera de lo que haga ahora el juez Castro y de lo que en su caso decida de nuevo la Audiencia si – como es seguro – fiscalía y abogacía públicas recurren un nuevo auto de imputación, el que ayer evitó a la infanta “acompañante” acudir al juzgado a explicar su participación en los negocios de su esposo le hace un flaco favor a la Corona, ahora tan respetuosa con las decisiones judiciales.

Primero, porque ninguna Audiencia del mundo, ninguna fiscalía y ninguna abogacía del Estado se molestarían en cuestionar una decisión tan de sentido común como la que adoptó el juez Castro respecto de la infanta a la que, de hecho, le hacía un gran favor citándola como imputada con todas las garantías jurídicas que ese hecho comporta. Y eso que el juez hiló lo más fino que pudo en su auto de imputación, algo que probablemente no habría hecho tratándose de un ciudadano común y corriente en lugar de la hija del rey.

Y en segundo lugar y sobre todo, porque este auto de la Audiencia de Palma desmiente una vez más las palabras del propio rey asegurando que la Justicia es “igual para todos”. No es verdad y, de hecho, nunca lo ha sido ni aquí ni en ninguna otra parte, para qué nos vamos a engañar. Al menos por ahora, este caso lo vuelve a confirmar y, por tanto, nada de lo que sorprenderse.

Pacto a la genovesa

El último barómetro del CIS dibujó un panorama político en España que refleja con bastante precisión la imagen que los españoles tienen en estos momentos de la clase política y de las instituciones del país. La intención de voto de los dos grandes partidos suma poco más del 60%, lo que suena a inicio del fin del bipartidismo mientras aumenta el voto en blanco y la abstención; ningún líder político supera el 4 de nota y quien más se acerca (Rosa Díez) dirige un partido minoritario aunque al alza. El presidente del Gobierno es peor valorado que el jefe de la oposición, al tiempo que se desploma el conjunto de las instituciones hasta el punto de que la Monarquía, que desciende tres puestos en la clasificación, aparece incluso como un problema para el 1% de los encuestados.

Sobre este oscuro telón de fondo trufado con escandalosos casos de corrupción la vida política oficial del país gira monótonamente en torno a la crisis económica, sus soluciones y sus consecuencias. Pasa el tiempo y mes tras mes y trimestre tras trimestre se ahonda la herida del paro y día a día se ensancha la brecha de la pobreza y la exclusión social. El PSOE, probablemente necesitado de recuperar iniciativa política, mostrarse como alternativa de gobierno y de paso desviar la atención sobre sus problemas internos, lleva semanas proponiendo al Gobierno acuerdos sobre empleo y otras materias. 

Éste, sin embargo, los ignora o los descalifica directamente en aras del cumplimiento del déficit, santo y seña prioritario de su política inflexible por más que sea la principal responsable de la situación actual. El último desdén ha sido el rechazo del presidente Rajoy a la posibilidad de destinar parte del rescate bancario no gastado a fomentar el crédito a empresas y particulares. Sobre la otra propuesta – una moratoria de los despidos por razones económicas en la que la empresa y el Gobierno asuman a partes iguales el salario de los que conserven el empleo – ni siquiera se ha pronunciado.

A Rajoy estas ideas parecen sonarle a cuerno quemado y las despacha con un desdeñoso “sería pedir el rescate para España”, como si el país no estuviera ya rescatado con las condiciones que ha impuesto la troika a cambio de salvar a los bancos de las consecuencias de su propia codicia. Aún siendo todo lo interesada que se quiera, la oferta del PSOE, a la que hay que unir las peticiones de grandes acuerdos lanzadas por los sindicatos y la patronal, por no hablar de la inmensa mayoría de una sociedad hastiada de la escasa altura de miras de los políticos, se responde con la apelación a la herencia socialista y se rechazan con el argumento falaz de que no se pueden repetir los “errores” que han llevado a España a la situación actual.

Así las cosas, no queda más alternativa que adherirse con entusiasmo a las medidas de un Gobierno que asegura “saber lo que hace”, que “incumplió su programa electoral obligado por las circunstancias” y que subió los impuestos después de prometer que los bajaría “para evitar el crack del país”. Un pacto a la genovesa – por el nombre de la calle madrileña en la que está la sede de los populares – es lo que ofrece como alternativa el Gobierno y su presidente que, amparado en su mayoría absoluta, cree tener un cheque en blanco que le permite ignorar a la oposición – ahí están las decenas de decretos con los que viene gobernando – y desoír lo que vienen manifestando los ciudadanos en la calle y a través de encuestas como la del CIS.

Los datos de esa encuesta revelan con claridad que la crisis en España ya no es sólo económica sino también política e institucional por cuanto un creciente número de ciudadanos considera que los políticos y las instituciones ya no son la solución sino el problema, lo que abona el terreno al populismo y la demagogia. El país necesita con urgencia un traje político nuevo pero para confeccionarlo es imprescindible mucho más sentido del Estado y mucha cintura política. Justo lo que más escasea en estos momentos.