Estando Mariano Rajoy en el Vaticano visitando al papa Francisco volvió a tocar a rebato Rouco Varela y Ruiz Gallardón sólo tardó unas horas en anunciar una reforma de la ley del aborto. Más allá del interés de la Conferencia Episcopal y de los sectores más conservadores del país por mantener viva la cuestión, no había ningún debate social sobre la necesidad de cambiar esa norma. De hecho, con la que ahora está en vigor se han practicado menos abortos que con la anterior.
Aún así, el ministro de Justicia recogió el guante de los obispos y volvió a poner sobre la mesa una cuestión resuelta para la inmensa mayoría de la sociedad española. De lo que ha dicho hasta ahora respecto a los cambios que piensa introducir se deduce su intención de volver a los supuestos recogidos en la ley de 1985 bajo los que no era delito abortar y abandonar la ley de plazos de 2010. Entre aquellos supuestos, validado por el Tribunal Constitucional, figura el de la grave malformación del feto. Ruiz Gallardón quiere ahora penalizarlo de nuevo con el argumento de que España es un Estado social y de derecho en el que los discapacitados reciben un trato adecuado por parte de los poderes públicos.
Suena a sarcasmo hiriente viniendo del miembro de un Gobierno que está a punto de aplicar un nuevo recorte en las ayudas a la dependencia y elevar el copago de los dependientes. Su propuesta, no obstante, no ha gustado a muchos de sus compañeros de partido y el asunto se ha empantanado. A Celia Villalobos la han sancionado por abandonar un pleno en el que se debatía una propuesta del PSOE contra la posibilidad de volver a penalizar el aborto por malformación del feto. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que en su día firmó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto de 2010 en el que el PP comparaba la legalización del aborto por malformación del feto con las leyes nazis de exterminio y esterilización, también ha matizado las palabras de Gallardón.
El portavoz popular Alfonso Alonso tampoco lo ve con buenos ojos y hasta el presidente Mariano Rajoy, que también firmó aquel recurso preparado por Federico Trillo, ha dicho ahora que aún no hay nada decidido y que cuando lo haya se comunicará a la opinión pública. Por el medio y por libre, dándole color y altas dosis de estupidez al debate, se han colado una tal Beatriz Escudero diciendo con desparpajo que son las mujeres con menos formación las que más abortan y todo un ministro del Interior afirmando que “ETA y el aborto tienen algo que ver”.
Con todo, no es difícil prever cómo acabará el debate que se ha abierto en el seno del PP y del Gobierno: matiz arriba o abajo todo hace presagiar una vuelta a los supuestos bajo los que no es punible abortar, lo que implicará retroceder tres décadas respecto a la ley de plazos en un asunto que ya se daba por zanjado y en el que el PP, además de la Conferencia Episcopal, juegan interesadamente a mezclar la ciencia, la moralidad, la ética y la legalidad.
En ese sentido, no parece haber muchas dudas de que el Gobierno buscará la manera de rodear la sentencia del Constitucional sobre la ley de 1985 y, aún sin haberse pronunciado sobre la de 2010, volverá a penalizar el aborto por malformación del feto; sólo queda por saber si lo hará en todos los supuestos de anomalía o lo permitirá al menos en los más graves. Tal vez todo dependa al final no tanto del fallo del Constitucional sino de lo fuerte que vuelva a tocar a rebato Rouco Varela.
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