"No son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos" (Epicteto)

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7 de noviembre de 2016

El suelo de todos

Un territorio pequeño y fragmentado como Canarias, caracterizado además por valores ambientales únicos en el mundo, requiere una gestión del suelo capaz de compatibilizar con exquisito equilibrio lo público y lo privado. El enconado debate que sigue suscitando el proyecto de Ley del Suelo aprobado por el Gobierno de Canarias y que esta semana inicia su trámite en el parlamento autonómico, con partidarios entuasiastas y críticos irreductibles, es un buen ejemplo de los intereses en liza y de lo que nos jugamos los canarios en este envite: nada más y nada menos que hasta dónde pueden llegar los intereses privados en esta materia y hasta dónde los públicos.

Gobierno, oposición y agentes económicos y sociales comparten el objetivo de podar la maraña normativa sobre el suelo con el fin de agilizar los procedimientos administrativos y no demorar sine die proyectos de cuantiosas inversiones, supuestamente generadores de riqueza y puestos de trabajo. Las discrepancias surgen desde el momento en el que se intentan identificar las causas del problema y las soluciones para resolverlo.  Los detractores achacan al Gobierno demasiada prisa a la hora de impulsar un proyecto que hubiera requerido de un análisis previo mucho más profundo sobre el suelo y su vinculación con la economía canaria, así como de un esfuerzo mucho mayor de pedagogía para que los ciudadanos podamos tener suficientes elementos de juicio sobre un asunto vital para el futuro de estas islas.

Por desgracia, a fecha de hoy sigue predominando por parte de todos – detractores y favorables al proyecto de ley - el trazo grueso y la consigna antes que el análisis reposado de un  problema muy complejo y la búsqueda consensuada de soluciones. Culpar a la COTMAC (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias) se ha convertido casi en un tópico entre quienes defienden la iniciativa gubernamental y abogan por la desaparición de este organismo al que culpan de lento, ineficaz y superfluo. De esa crítica a la COTMAC participa el propio Gobierno de Canarias, decidido a descargarla de las funciones que ahora tiene encomendadas para que sean los ayuntamientos los que puedan desarrollar su propio planeamiento urbanístico si más controles medioambientales y de legalidad que los que en su caso establezcan los tribunales de justicia.


Es cierto que CC y el PSOE han sellado un acuerdo para que la COTMAC o el órgano que la sustituya en la nueva ley se ocupe al menos de la llamada evaluación estratégica ambiental. Sin embargo, causa inquietud que la responsabilidad primera y última sobre el planeamiento urbanístico quede en manos de ayuntamientos que en su inmensa mayoría carecen de los mínimos medios técnicos y humanos para ejercerla. Si llamativo resulta que la Comunidad Autónoma abdique sus competencias en instituciones que difícilmente las podrán desempeñar salvo que se dote a la ley de una adecuada ficha financiera, no lo es menos la posibilidad que se reserva el Gobierno de suspender el planeamiento bajo el amparo del interés general, algo que la ley debería precisar con el máximo cuidado para cerrar la puerta a cualquier posibilidad de especulación.

En ese mismo sentido, autorizar usos complementarios en suelo rústico con el argumento de mejorar las rentas del sector primario puede tener un efecto perverso si no se delimita bien el alcance de la medida: que lo complementario se convierta en principal y lo principal – la ganadería y la agricultura – en secundario. Del mismo modo es imprescindible que quede meridianamente claro que la principal joya de la corona de esta tierra, sus espacios naturales, no pueden albergar usos incompatibles con sus valores culturales, ambientales y paisajísticos.

El Gobierno, que presume de lo participativa que ha sido la ley, tiene tiempo aún de hacer un nuevo esfuerzo para que la norma que quiere que el Parlamento apruebe antes de que acabe el año cuente con el máximo consenso. En caso de que no fuera posible, debería plantearse la posibilidad de retirarla y acordar un nuevo plazo para lograrlo, por más que la demora decepcione a determinados intereses económicos que aguardan ansiosos y que ya empiezan a revolverse contra los cambios que podrían introducirse en el trámite parlamentario. Un cambio legal del calado y la trascendencia que se propone, bien merece el esfuerzo de buscar el mayor respaldo social y político posible sobre lo que se puede y no se puede hacer en el suelo de todos los canarios.  

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