El día tonto de Maroto

A falta de ideas, buenas son ocurrencias. Al PP no se le ha ocurrido mejor manera de sortear la negativa del PNV a negociar los Presupuestos del Estado mientras permanezca en vigor el 155 en Cataluña, que pedirle cinco votos prestados "al azar" al PSOE. El autor y difusor de idea tan chiripitifláutica no es otro que el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, del que lo más benevolente que se puede decir es que ha tenido hoy su particular día tonto. Con su genial propuesta, Maroto se ha hecho acreedor por derecho propio y méritos sobrados al Premio Tolete Político del Año. 

Apenas le ha faltado decirle a la dirección del PSOE cómo debería elegir entre los diputados y diputadas socialistas a los cinco llamados a salvar de la quema las barbas políticas de Rajoy. Me permito sugerirle que le plantee hacerlo en combinación con el número de la ONCE, a los chinos o por el infalible sistema de tin marín de do pingüé y a los que les toque que Pedro Sánchez se la bendiga. Y es que tamaña bobada no se había escuchado nunca antes en España, país muy dado a las bobadas especialmente entre sus políticos. 

Todo lo cual no quiere decir que el PNV no esté claramente sobreactuando con este asunto y mezclando churras con merinas. Conviene recordar que si el artículo 155 de la Constitución está en vigor en Cataluña no será por culpa del Gobierno del Estado o, por lo menos, no será única y exclusivamente por su culpa. Algo tendrán que ver, digo yo, los desaforados independentistas catalanes con los que los nacionalistas vascos se muestran ahora tan solidarios. Por tanto, su posición suena a trágala y chantaje: si no les gustan las cuentas que Montoro presenta mañana en el Congreso deberían decirlo claramente y por qué, en lugar de usar la disparatada deriva secesionista catalana como coartada para quién sabe qué objetivos políticos y económicos no confesados. 

Ahora bien, dicho lo anterior, lo que tienen que hacer el PP y el Gobierno de Rajoy es intentar al menos poner algo de su parte para levantar el 155 en Cataluña en lugar de fiar la salida de la situación solo a la acción de jueces y fiscales. Eso y, en paralelo, sentarse a negociar con el PNV y con el resto de fuerzas parlamentarias las cuentas públicas de este año. Uno que es ingenuo por naturaleza considera que es lo que le toca hacer a un Gobierno que está en minoría: conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante sus propuestas en el Congreso de los Diputados. Y por supuesto, si no lo consigue en un asunto del calado de unos presupuestos estatales, convocar elecciones anticipadas a la vista de su fracaso. Lo de buscar votos prestados "al azar" en otras fuerzas políticas para salvar el culo político propio no se le ocurre ni al que asó la manteca, salvo que se llame Javier Maroto y sea dirigente del PP, claro. 

El máster de Cristina es particular

Cristina Cifuentes, de la que algunos habían llegado a sugerir sin causa justificada aparente que estaba llamada a volar tan alto como el charrán, acaba de estrellarse contra su propio máster. Casi una semana después de que el asunto saltara a la opinión pública a través de www.eldiario.es, la presidenta de Madrid no ha dado aún una respuesta convincente que despeje las dudas más que razonables sobre las circunstancias en las que obtuvo un título del que, según los indicios de los que se dispone hasta ahora, no es merecedora.  Cualquier otro político en uno de los llamados países "de nuestro entorno" ya habría dado la cara ante la opinión pública si no tuviera nada que ocultar o habría dimitido si hubiera algo de cierto en la información periodística. 

Como Cristina Cifuentes no ha hecho ninguna de las dos cosas - por el momento se ha limitado a comunicados y vídeos autoexculpatorios - lo que cabe concluir es que su máster en la Universidad Rey Juan Carlos tiene poco de trigo limpio. Hasta la fecha, todo lo que ha hecho la presidenta madrileña es negar las informaciones periodísticas y escudarse en una abundante documentación que, sin embargo, no avalan sus protestas de inocencia. Como ni siquiera ha sido capaz de convencer a Ciudadanos, partido del que depende su continuidad como presidenta de la comunidad autónoma madrileña, hoy ha decidido embarrar el terreno de juego y matar al mensajero: se querella contra los autores de la información periodística, como si eso la exculpara automáticamente de toda mancha y despejara todas las dudas. 

De comparecer ante los medios y responder a las preguntas sobre esas dudas no parece que tenga intención alguna y para hacerlo ante la Asamblea de Madrid se tomará su tiempo ya que no lo hará hasta el 4 de abril, a la vuelta de la Semana Santa. Es difícil pero no imposible que para entonces haya aparecido en algún sitio el trabajo de fin de máster que Cifuentes jura y perjura haber hecho pero que a esta hora más parece el Santo Grial. Más difícil será aún explicar cómo pudo la alumna Cifuentes matricularse para ese trabajo de fin de máster si en dos asignaturas aparecía como "no presentada" y era condición indispensable haber aprobado todas las materias para la matrícula; o por qué se volvió a matricular cuatro meses después de supuestamente haber aprobado el trabajo de fin de máster. 

Aunque no es solo la señora Cifuentes la que tiene que dar aún muchas explicaciones. No le van a la zaga los responsables de la Universidad Rey Juan Carlos que, después de asegurar que todo estaba más claro que el agua clara, al día siguiente anunciaron una investigación interna de la que seguimos sin tener noticias de ninguna clase. El rector y los profesores del máster han dejado al centro académico a los pies de los caballos con una respuesta contradictoria en la que ni siquiera fueron capaces de explicar cómo es que el supuesto error de transcripción de las notas de Cifuentes no se descubrió hasta dos años y pico después de cometido. Añádase a todo lo anterior que los alumnos del máster - que tenía carácter presencial - no recuerdan haber visto jamás por clase a la alumna Cifuentes que, a pesar de todo, saco unos cuantos sobresalientes, y convendrán conmigo en que el asunto está requiriendo del olfato de un Maigret o un Sherlock Holmes. O el asunto se aclara o no habrá más remedio que concluir que el máster de Cifuentes es tan particular que se lo dieron gratia et amore por ser vos quien sois y representar al partido que representáis y no por  méritos académicos en los que, a día de hoy, la presidenta madrileña sigue figurando como no presentada.

Sin palabras para Cataluña

Desde este muy modesto blog insto a los señores académicos de la lengua para que se reúnan con urgencia: es imprescindible que cuanto antes nos provean de nuevas palabras capaces de describir con precisión la situación política catalana. Términos y expresiones como "bochorno", "vergüenza", "ridículo", "esperpento", "majadería" y "desprecio por los principios democráticos más elementales", hace mucho que han sido rebasados con creces por los hechos. Lo que viene ocurriendo en Cataluña desde hace unos años para acá, pero sobre todo desde el último verano, ya no tiene nombre que lo defina. Por ejemplo, no tiene nombre que quienes tan celosos defensores dicen ser de las instituciones catalanas de autogobierno lleven meses actuando con absoluto desprecio hacia ellas.

Tal vez piensan que enredando y obstaculizando el regreso a la normalidad democrática en Cataluña desgastan al Estado y acaparan la atención internacional. Ni una cosa ni la otra: Mariano Rajoy está encantado de la vida con el 155 que le está saliendo mucho mejor de lo que seguramente él mismo pensaba. Por su parte, los jueces y fiscales siguen haciendo su trabajo todos los días y en el ámbito internacional, las piruetas de Puigdemont y de sus seguidores me atrevería a decir que generan más bostezos que interés. El hecho que ha acabado con todos los términos empleados hasta ahora para describir la situación ha sido el pleno express de investidura convocado de prisa y corriendo por Roger Torrent. Al presidente del Parlamento catalán le bastó una ronda telefónica de contactos con los grupos parlamentarios para proponer para la investidura a otro candidato inviable. Eso a Torrent poco le importaba con tal de dar gusto a la estrategia de los partidos independentistas a los que se debe, olvidando su función institucional de garante de los derechos de todos los grupos de la cámara y no sólo los de su cuerda. 

Después de que el juez Llarena de Supremo haya decidido esta tarde enviarlo a prisión por su implicación en el en el 1-O, Jordi Turull  no podrá ser elegido mañana presidente de la Generalitat en una segunda votación. Eso sí, los independentistas ya han hecho de este santo varón un nuevo e irredento mártir al que venerar en el altar de la patria por conquistar. Añadan al martirologio secesionista a la secretaria de Ezquerra Republicana, Marta Rovira, que como el valiente Puigdemont y las heroínas que se fugaron con él, también ha optado hoy por huir de España aunque ella lo llame exiliarse, que suena como más revolucionario y dolorido. Con esta nueva payasada el PdCAT y ERC dejan claro que jamás han tenido intención de desbloquear la situación política sino de complicarla más si cabe y echarle un nuevo pulso al Estado. Aunque la CUP, tan exquisitamente integrista como siempre en su impostado ideario antisistema, les chafó en parte la jugarreta de investir un presidente que estaba a las puertas de la prisión, no creo que les haya importado mucho: ya se les ocurrirá algo en los próximos días que alargue la pesadilla cuanto más mejor. Lo más positivo de las últimas horas es que el reloj se ha puesto en marcha por fin: si en dos meses no hay presidente presentable desde el punto de vista jurídico, habrá que volver a las urnas. Ese escenario puede que no sea tan favorable para quienes hace tiempo decidieron ponerse el mundo por montera para  avasallar aquello para lo que no cesan de pedir respeto: las normas democráticas más elementales.

En este laberíntico contexto, la crisis catalana hace tiempo que se ha convertido en un constante toma y daca exclusivo entre los independentistas y el poder judicial. El Gobierno del Estado, mientras, se limita a jalear a los jueces o a silbar a los independentistas pero siempre desde la barrera, como si esto no estuviera ocurriendo en España sino en un país imaginario y como si la idea fuera mantener el 155 per secula seculorum. En tres meses largos de bloqueo político desde las elecciones del 21-D no se ha atisbado el más mínimo signo de que alguien en algún momento y aunque fuera por error, sugiriera al menos de pasada la posibilidad de plantear algún tipo de solución política a un problema que, ante todo, es político. Total, para qué preocuparse de tal cosa si ya se encargan jueces y fiscales de hacer el trabajo del Gobierno. Si el enredo permanente de los independentistas ya no hay palabra en el diccionario capaz de calificarlo, la complaciente pasividad mostrada por Rajoy durante todos estos meses,  también hace tiempo que dejó de tener nombre.   

Otro debate de la nacionalidad para olvidar

A la vista de la escasa expectación que genera, ignoro las causas por las que todos los años por estas fechas, cuando el común de los mortales solo piensa en la Semana Santa, se empeñan los partidos políticos y el Gobierno de Canarias en celebrar el cansino debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Será por el continente o por el contenido o por los actores o por todo eso a la vez, pero lo cierto es que a cada año que pasa despierta menos interés entre la ciudadanía. Si no fuera por el esfuerzo y el despliegue de los medios de comunicación, en gran medida injustificado a la vista de la trascendencia de la cita, el debate pasaría absolutamente inadvertido en la calle. Apostaría algo a que ni un solo ciudadano de estas islas se inquietaría lo más mínimo si se borrara definitivamente de la agenda parlamentaria. 

Y no digo yo que no se aborden en él los problemas de las islas y hasta se propongan medidas y soluciones. Sin embargo, ocurre que los discursos están tan trillados, los argumentos están tan masticados y las respuestas son tan previsibles, que aquello que se quiere pasar por una cita parlamentaria trascendental apenas llega a la categoría de pequeño divertimento político y periodístico. A lo anterior solo hay que sumarle una oratoria paupérrima y deslavazada para hacer de este debate algo indigerible para la inmensa mayoría de los ciudadanos. 

Lo que escribí sobre el debate del año pasado podría valer perfectamente, frase arriba o frase abajo, para el de este año y seguramente para el que viene por mucho que estemos ya entonces a las puertas de las elecciones. De hecho, hace un año Clavijo estaba en minoría y un año después sigue en la misma situación y dentro de otro nada habrá cambiado a ese respecto. Que eso ocurra no es culpa ni de Clavijo ni de CC sino de la incapacidad del PP y del PSOE para producir un cambio político en Canarias. A nadie pueden engañar ya las jeremiadas y las críticas de socialistas y populares a las filas nacionalistas, toda vez que su único objetivo político parece ser competir por ser la pareja de baile de CC. Tanto da que el PSOE haga ahora de oposición dura cuando hace una semana era oposición blanda o que Antona se ponga bravo en la tribuna pero tierno en los despachos. 

En  este juego permanente de sillas alrededor de las cuales gira la política canaria, el debate apenas si permite a los canarios hacerse una imagen medianamente cabal de la realidad social y económica de las islas. Los discursos políticos son tan sesgados que, frente al "Canarias va bien" de un Gobierno tan poco proclive a la autocrítica como casi todos los gobiernos, tenemos una oposición para la que "nada va bien" y "todo está mal". Como siempre, es muy probable que la virtud esté en el punto medio entre esas dos posiciones extremas. El problema es que nadie en política está dispuesto a reconocer los errores propios ni los aciertos ajenos. Cuando acaben hoy los discursos se presentarán decenas de propuestas de resolución y aquellas que tengan la suerte de ser aprobadas irán directamente a la papelera de reciclaje: nadie más se acordará de ellas. Si al menos, en el debate del año que viene se hiciera balance de las cumplidas e incumplidas empezaríamos a creer de verdad que este es un debate útil para los ciudadanos. Mientras, seguirá siendo cada vez más una cita política irrelevante y bastante superflua. 

Prisión permanente: las víctimas como moneda de cambio

Flaco favor se han hecho esta semana a sí mismas, a la sociedad y a las víctimas de crímenes violentos las fuerzas políticas. Después del inane debate electoralista sobre las pensiones, el bronco pleno sobre la prisión permanente revisable añadió aún más distancia entre los políticos y el mínimo de racionalidad que se les supone. Ante un asunto tan delicado, que merecía un debate calmado y sustentado en argumentos técnicos y jurídicos, lo que se vivió fue un despropósito de principio a fin. Cuando los representantes de la soberanía se comportan con la irresponsabilidad con la que lo hicieron el jueves los españoles, hay un coste ineludible en términos de enfrentamiento social, hartazgo de que los políticos sean incapaces de mirar más allá de sus  intereses electorales más inmediatos y enquistamiento de los problemas. Como poco, faltó el mínimo de cordura exigible a los representantes públicos para haber aplazado el pleno a una fecha en la que las emociones por el caso del pequeño Gabriel no estuvieran tan a flor de piel. 

En lugar de eso, portavoces como los del PSOE y el PP optaron por explotarlo con fines electoralistas sin importarles ni mucho ni poco su nauseabundo proceder. Tan nauseabundo como la publicitada reunión del presidente Rajoy y la presidenta del Congreso con unos cuantos padres de niños asesinados para llevar el agua a su molino prometiéndoles que convencerá a la oposición para que no derogue la pena. Si lamentable y vergonzosa fue la intervención socialista en ese pleno, justo es reconocer también que han sido el PP y el Gobierno los primeros en empujar con todas sus fuerzas el carro del populismo punitivo. Fue el PP quien impulsó la prisión permanente revisable y quien ha llamado a los ciudadanos a firmar contra la derogación. El Gobierno ha cumplido su tarea aprobando una ampliación de los supuestos de aplicación de la pena y haciendo todo esto al calor de crímenes como el de Diana Quer, es decir a golpe puro y duro de titulares a cual más escandaloso. 

Ni en los planes del Gobierno, ni en los del PSOE y Ciudadanos, parece haber estado nunca la conveniencia de serenar el debate y alejarlo de los sentimientos y de las emociones, las peores consejeras imaginable para legislar sobre el alcance de las penas de privación de libertad. A nadie le interesa fundar sus argumentos en razones jurídicos o constitucionales ni en datos estadísticos: por citar solo uno, España es el tercer país por la cola de la UE en número de homicidios pero está en la media de reclusos por esa causa. Claro que, en la era de la posverdad, lo que cuentan no son los datos fríos sino la realidad que yo mismo me fabrique de acuerdo con mis intereses. Así, Ciudadanos ha pasado de hablar de populismo penal a apoyar la prisión permanente pasando entre ambos extremos por un sinfín de cambiantes posiciones según sople el viento de las encuestas. Al PSOE hay que recordarle que recurrió la prisión ante el Constitucional lo que, sin embargo, parece que se le ha olvidado o le importa bien poco por la manera en la que se desempeñó su portavoz en el lamentable pleno sobre este asunto. 

Si no mediara tanto interés meramente partidista, hubiera sido lo más razonable que tanto quien propone y defiende la derogación como quien apoya la pena se hubieran puesto de acuerdo para aguardar por la decisión del Constitucional. Si el Estado cuenta con una institución para, entre otros objetivos, determinar la constitucionalidad de las leyes, no tiene mucho sentido recurrir a él para ignorarlo cuando no interesa esperar por sus decisiones o nos importa un pimiento lo que decida. Se le puede instar a que resuelva con mucha más celeridad cuando están en juego derechos básicos, si no con tanta como la que exhibe cuando se trata de Cataluña, sí al menos de forma que sus decisiones no pierdan toda eficacia por extemporáneas. En resumen, un acuerdo entre las fuerzas políticas para esperar por el Constitucional, para aplazar el pleno o, al menos, para no tirarse el dolor de los familiares de las víctimas a la cabeza buscando rédito político, hubiera sido aplaudido sin reservas por todo los españoles, estén en contra o a favor de la prisión permanente. Han optado en cambio por despreciar una nueva oportunidad para recuperar parte del respeto social que han perdido por culpa de una visión alicorta y egoísta de la política.        

Rien de rien con las pensiones

Nada cabía esperar y nada positivo dio de sí el pleno monográfico sobre las pensiones celebrado en el Congreso al que Rajoy acudió, como es propio en él, arrastrado por las protestas de los pensionistas. Sus señorías podrían haberse ahorrado las molestias y los ciudadanos podríamos habernos ahorrado sus dietas. Confío en que los pensionistas no se hicieran ilusiones de ningún tipo sobre la posibilidad de que Rajoy se aviniera a abrir el monedero porque, en ese caso, a estas horas puede que estén aún subiéndose por las paredes. De todos modos, ya tendrán el sábado oportunidad de volver a reclamar una subida de sus pensiones que Rajoy se niega en banda a conceder. En contra de lo que su propio partido había planteado en la última reunión del Pacto de Toledo, el presidente se opone a una revalorización generalizada de las pensiones de acuerdo con el IPC. Si hace solo una semana el PP abrió la puerta a estudiar alguna fórmula que permita a los pensionistas mejorar un poco sus ingresos, Rajoy les acaba de arrojar un jarro de agua fría por encima. 

A lo más que se ha comprometido es a subir las pensiones mínimas y las de viudedad y a mejorar el trato fiscal de pensionistas y familias. Todo ello si la malvada oposición le aprueba los presupuestos de este año. Así de alicorta es la visión del presidente: todo lo lejos que llega su altura de miras es hasta el límite final de este año. Más allá, el año que viene y los siguientes, son un ignoto insondable para el futuro de las pensiones. La suya es la conocida posición cortoplacista del mal político que sólo piensa en las próximas elecciones y no la del hombre de Estado que piensa en cómo encontrar soluciones para un problema extremadamente complejo. Ante eso, el presidente solo ofrece la fe del carbonero: confíen en mí y en mi política económica y verán lo bien que le irá a los pensionistas habidos y por haber.

Para Rajoy, los casi 20.000 millones de euros que tiene de déficit la Seguridad Social es un problema que se podrá resolver en un par de años con el mantra de la creación de empleo. Que sea precario y mal pagado no le enfría ni le calienta. De la posibilidad de tirar de los impuestos para financiar las pensiones o de sacar las no contributivas del sistema para aligerar la carga, rien de rien. Y menos aún sobre las tarifas planas que drenan recursos al sistema o del fraude de la economía sumergida y sus efectos negativos sobre los ingresos, el verdadero problema de las pensiones presentes y futuras. O le resbalan todos estos aspectos del problema o no se quiere calentar la cabeza pensando en ellos. Lo único que parece preocuparle es salvar el curso aprobando unos presupuestos para cuya presentación ni siquiera fija una fecha clara. Más fe del carbonero que Ciudadanos, que últimamente gira más que el gallo de una veleta, ya se ha ofrecido a comprarle a cambio, eso sí, de que eche una mano fiscal a los pensionistas. Esto sí le parece bien a Rajoy, obviando que los jubilados que pagan IRPF son solo una tercera parte , los que tienen la suerte de que sus ingresos superen los 12.000 euros anuales, el mínimo exento. Al resto, agua y ajo.

Aunque empleara palabros gruesos - el cachondeo con el Pacto de Toledo del que habló la socialista Robles - y frases para los titulares - la empatía que Iglesias le pidió a Rajoy -, tampoco ha estado más atinada la oposición: los merecidos reproches al presidente por su gestión de las pensiones deberían haberse acompañado de propuestas articuladas y coherentes y no de otra sarta de ocurrencias deslavazadas. De manera que vistos y oídos al presidente y a la oposición y aunque nada cabía esperar del debate, la incertidumbre ha subido unos cuantos enteros más: ¿Cobrarán pensiones quienes se jubilen dentro de 5, 10 o 20 años? ¿Serán tan o más raquíticas que las actuales? ¿Cómo se revierte el envejecimiento de la población? ¿Qué debe hacerse para que entre más dinero en la caja de la Seguridad Social? ¿Por qué si se crea empleo la caja sigue en números rojos? ¿Hay vida inteligente en La Moncloa? Por lo visto esta semana en el Congreso, rien de rien.

Ángel Víctor y el pacto de los puertos

Tiene razón Ángel Víctor Torres cuando afirma que hay un pacto entre CC y el PP para repartir determinados cargos públicos. Lo que sorprende es que lo descubra ahora y que lo llame tácito. Que se trata de un pacto claramente explícito ya quedó de manifiesto cuando el PP apoyó los presupuestos autonómicos de este año por más que CC rebajó y ninguneó la mayor parte de sus exigencias, empezando por la reducción del IGIC. El líder del PSOE canario debe haber sido el único que creyó que Antona iba en serio cuando anunciaba una "dura oposición" a Fernando Clavijo. Es lo que los científicos del fútbol llamarían no saber leer el partido y comprender que los aspavientos del líder popular no han sido otra cosa que un trampantojo para incautos y alpiste para la parroquia doméstica. Antona ni quiere ni puede hacer una verdadera oposición a Clavijo porque Rajoy necesita del voto de Ana Oramas en Madrid. A eso se reduce toda la cuestión por más filosofía que se le quiera echar. 

CC y el PP vienen comiendo de un huevo y dejando el cascaron desde que los socialistas fueron expulsados a las tinieblas exteriores en diciembre de 2016. A los hechos y no a las declaraciones de unos y de otros me remito porque - como dice el castizo -, hechos son amores y no buenas razones. La afinidad ideológica y la comunión de intereses hace que se atraigan como los metales al imán por más que CC también reparta mensajes nacionalistas a su parroquia para guardar las apariencias. Claro que, además de no haber sabido leer correctamente el partido, el error de Ángel Víctor puede haber estado en pretender sustituir al PP como pareja de baile de CC para encontrarse ahora nuevamente desairado. 

Después de que un Judas le traicionara la semana pasada, dejándole a los pies de los caballos en la votación para renovar dos puestos en el Consejo Rector de la RTVC, Torres se encontró a las pocas horas con una proposición de ley de CC, PP y ASG para cambiar la ley de la tele pública de la que se enteró por la prensa. Enfurruñado, el lunes se personó en el Parlamento y registró su propia iniciativa sobre el mismo asunto, obviando el hecho de que, salvo milagro, irá a parar por falta de apoyos suficientes a algún olvidado cajón de la cámara. Pero casi no había terminado de registrarla cuando salta a los medios que CC y el PP no sólo pactan qué hacer en la RTVC sino también a quién poner al frente de las autoridades portuarias.

Es aquí en donde el pisotón en el callo de Torres es más doloroso porque el acuerdo interesadamente filtrado se lleva por delante al socialista Luis Ibarra en la Autoridad Portuaria de Las Palmas para colocar en su lugar al popular Juan José Cardona. Pacto para el reparto de cargos lo ha llamado Ángel Víctor Torres, como si esa no fuera la práctica habitual cuando media un acuerdo político en el que lo que se dirime es qué sillones se reparten los firmantes, se llamen estos Fernando, Asier, Ángel Víctor o Childerico. Y no descarten que el acuerdo portuario no incluya a cambio el mutis del PP por el foro en el acuerdo que mantienen los populares con el PSOE, Podemos y NC sobre la reforma del sistema electoral canario, papa caliente que CC no sabe cómo quitarse de encima sin que se note demasiado. 

El enfurruñamiento de Torres le lleva ahora a amenazar con bloquear la renovación de los miembros de la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo o el Diputado del Común que, a este paso, bien haría el Parlamento en declararlos vitalicios y acabar con el guineo. Total, para que lo único que consiguiera rascar el PSOE fuera el premio de consolación del Diputado del Común tampoco debería ser como para que Ángel Víctor se rasgue muchos las vestiduras. Casi ocho meses después de acceder a la secretaría general de los socialistas canarios, Torres dista mucho de dar la sensación de tener bien sujetas las riendas del partido. Su debilidad política se agrava por momentos y puede que no tarden mucho en escucharse voces desde el fondo de la sala subiendo poco a poco de tono, nada nuevo por otro lado en un partido de tradición interna levantisca y revoltosa. Así las cosas, es probable que el camino para aspirar dentro de poco a hacerse con la candidatura a la presidencia del Gobierno - a cuyas primarias ya se apresuró a anunciar que concurrirá - se le haya puesto más cuesta arriba que la subida a la Montaña de Arucas.  

Una legislatura en blanco

Será por Cataluña, será por un Mariano Rajoy más quemado que la pipa de un indio o será por unas fuerzas políticas sin cintura alguna para el acuerdo. Lo cierto es que la legislatura está empezando a pedir a gritos una muerte digna. Los ejemplos de lo que va camino de convertirse en un periodo de completa esterilidad para el país se acumulan. Empezando por la propia Cataluña, en una situación política tan kafkiana como esperpéntica ante la que el Gobierno se limita a esperar que el tiempo y el aburrimiento resuelvan el problema. Y si no fuera así, siempre están a mano los jueces y los fiscales para paliar la falta absoluta de iniciativa política de Rajoy. Tan falto de ideas está el presidente que, para sustituir al ministro de Economía tras su marcha al BCE, solo se le ocurrió llamar al vicepresidente que tiene España en el Banco Europeo de Inversiones. Cambia un cromo por otro y mantiene la infrarrepresentación española en las instituciones comunitarias. No me digan que no es una genialidad la suya. 

Podemos continuar con el renacido debate sobre las pensiones que también ha pillado al Gobierno con el paso cambiado y sin una sola propuesta coherente para responder al reto de garantizar pensiones dignas para los pensionistas actuales y futuros. A ver qué dice mañana Rajoy en su comparecencia parlamentaria sobre este asunto en la que, por aquello de no ser puesto contra las cuerdas de nuevo, el PP se ha negado a que haya propuestas de resolución y perderlas, hasta ahí podríamos llegar. En cualquier caso, mejor será que no se hagan ilusiones de ningún tipo los pensionistas con lo que pueda decir mañana el presidente si no quieren llevarse un nuevo desengaño. Tampoco en esto han estado finas ni serias las demás fuerzas políticas ni los agentes económicos y sociales. Un año llevan reuniéndose los miembros del Pacto de Toledo sobre las pensiones y en ese tiempo no han sido capaces ni de parir un ratón. Ahora, cuando la presión de la calle achucha y los pensionistas asedian las puertas del Congreso, todo el mundo corre y sobreactúa, saca soluciones mágicas de la chistera y calcula cuántos votos de pensionistas puede conseguir. 

Véase también lo que ha pasado con el pacto de estado por la educación, otra de las solemnes promesas de Mariano Rajoy en su investidura, hoy al borde del despeñadero. El PSOE abandonó el y Podemos, que no iba a ser menos de izquierdas que nadie, se fue también argumentando que se lo había pedido la comunidad educativa. Sin desdeñar las razones para el abandono de las conversaciones y la cerrazón del PP para mejorar la inversión educativa, intuyo que también aquí hay buenas dosis de postureo político y deseos de hacerse visibles frente al bloque de la derecha encarnado por el PP y Ciudadanos. El fracaso del pacto por la educación, una reclamación histórica de todos los sectores educativos, es también el fracaso más sangrante de los partidos políticos para ponerse de acuerdo sobre algo tan trascendental para el futuro de un país como su sistema educativo. Aunque no creo que sea ese fracaso el que le quite el sueño a un Rajoy al que se le ve cada vez más mustio, sino las exigencias leoninas de Ciudadanos para aprobar los próximos presupuestos. 

Para los populares y sobre todo para Rajoy, es vital sacar adelante las cuentas de este año. Para eso no sólo tendrán que sortear las barreras que les pone Albert Rivera sino a los remolones del PNV que se niegan a negociar las cuentas con el 155 en vigor en Cataluña. Sin embargo, oposiciones más altas han caído y si el PP consigue convencer a vascos y a naranjitos - a los canarios ya los tiene en el bote - Rajoy podrá respirar y aspirar a agotar la legislatura. De lo contrario sería de obligado cumplimiento político un adelanto electoral que abra una nueva legislatura capaz de sacar a España de la petrificación actual. Sería una locura que no nos podemos permitir tirar dos años más con presupuestos prorrogados, sin nueva financiación autonómica, sin solución para las pensiones y con el sistema educativo cosido con alfileres, por citar solo algunas asignaturas pendientes y sin mencionar la crisis catalana. Si el Gobierno no gobierna y la oposición está más atenta a las encuestas que a los problemas del país, no hay otra solución que ir a las urnas y que decidan los ciudadanos. 

En días como estos

En días como estos pesa el ánimo y la pluma y pesa el corazón: cuesta toneladas de esfuerzos hilvanar las ideas, expresar los sentimientos, atemperar la rabia y el desconsuelo. Cuando un ser inocente, apenas acariciando la flor de la vida, muere como ha muerto el pequeño Gabriel en Almería, el diccionario se encoge como el espíritu y las palabras no fluyen. Podría acarrear aquí frases hechas y tópicos manidos por viejos y repetidos sobre la capacidad casi infinita del ser humano para lo mejor y para lo peor. Eso, no obstante, serviría de bien poco como consuelo de un alma abatida y horrorizada. 

En días como estos, uno no puede sino admirar y emocionarse ante una mujer como Patricia Ramírez, la madre de "Pescaíto". Pocas horas después de que a su hijo lo encontrara la Guardia Civil muerto en el maletero de un coche, ha tenido la suficiente entereza para pedir a todo el mundo " que no se extienda la rabia, que no se hable de esa mujer más [la detenida por la Guardia Civil por su presunta relación con los hechos] y que queden las buenas personas". Hay que tener mucho corazón y mucho coraje para pedir algo semejante cuando a tú hijo lo ha encontrado muerto la Guardia Civil en un coche y la persona a la que detienen es precisamente aquella en la que habías depositado las sospechas desde el primer momento. Y es que en días como estos es esencial mantenerse lo menos contaminado posible del ruido y la furia de las redes sociales por las que en las últimas horas se han extendido los deseos de venganza y esa rabia desbordada que Patricia nos pide que no diseminemos a los cuatro vientos. 

En días como estos se impone mantener la cabeza fría para no ceder a la tentación de sacar a pasear nuestros demonios interiores. Si algo nos diferencia y nos eleva por encima de los animales es nuestra capacidad de raciocinio para diferenciar con claridad entre justicia y venganza. Por eso también, en días como estos deberían abstenerse determinados representantes públicos de aventar el populismo punitivo del que algunos son tan entusiastas. No tengo la menor duda de que penas aún más duras o cumplimiento integral de las condenas - cosa que ya ocurre en España en mucha mayor medida que en el resto de la Unión Europea aunque la sociedad tenga una percepción distorsionada sobre esto -, no habrían evitado el trágico final de Gabriel. Aunque suene a tópico, sólo es necesario mirar lo que ha ocurrido en los últimos años en los que, a pesar del endurecimiento del Código Penal, se han seguido produciendo casos especialmente execrables. Si con eso no bastara, siempre se puede recurrir a los resultados que en términos de descenso de la criminalidad ha conseguido la pena de muerte en Estados Unidos. 

En días como estos, una sociedad democrática tiene el deber de imponerse a sí misma el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que aclaren lo ocurrido con las menores incertidumbres y en el menor tiempo posible. Del mismo modo, es propio de una sociedad madura poner en manos del sistema judicial la valoración de las pruebas y el establecimiento de responsabilidades mediante a la impartición de justicia, sin hacer juicios paralelos ni dictar sentencia acogiéndose a la ley del Talión. Pero sobre todo, en días como estos es imprescindible estar con los padres de Gabriel haciéndoles llegar apoyo, solidaridad y cariño que, por desgracia y por mucho que sea, nunca será el suficiente para llenar el vacío que deja la muerte de un hijo que empezaba a vivir. En días como estos toca estar con quienes sufren la pérdida de Gabriel y con aquellos sobre los que recae la grave responsabilidad de aclarar los hechos y de enjuiciarlos de acuerdo con el pilar maestro de todo estado democrático: el derecho.    

El día después

Después de la efusión de ayer en las calles de España hoy toca la reflexión. El 8 de marzo de 2018 ya pertenece por derecho propio a la historia de las mujeres de este país y a su lucha por la igualdad. Eso ya no lo podrá negar ni siquiera un Gobierno como el de Rajoy, descolocado y a la defensiva desde que se anunció la primera huelga de mujeres en España. El éxito ha sido tan arrollador que tengo la sensación de que las propias organizaciones convocantes aún no se lo terminan de creer del todo. Un éxito logrado, no obstante, a pesar de ciertos aspectos de esa llamada a la movilización que, a día de hoy, pasada la jornada de protesta, me siguen pareciendo forzados e innecesarios. Como escribí hace unos días, sigo manteniendo que una protesta como la de ayer, concebida para hacer visible la realidad social de la mujer, no necesitaba obligatoriamente excluir a los hombres. 

Opino que se puede haber perdido una inmejorable oportunidad para ganar aliados a través de la empatía con la justa reivindicación de igualdad. Proyectar una cierta imagen de que esta es una guerra de sexos y no una lucha contra estructuras sociales, políticas y mentales que debemos cambiar entre todos y todas, me parece erróneo. Pocos eran los hombres que se podían ver ayer en las manifestaciones multitudinarias celebradas en todo el país y estoy convencido de que la causa principal de su ausencia no es que no compartan las demandas de las mujeres. En esta línea también, algunas de las organizaciones feministas mostraron en el manifiesto de la convocatoria un lenguaje  radicalizado y excluyente - por no hablar de la jerga seudoideológica utilizada - que tampoco creo que contribuyera demasiado a aunar fuerzas. Pero pelillos a la mar porque, a la postre, lo que en este caso debe subrayarse es el resultado.

En todo caso y sin desdeñar el poder de convocatoria de esas organizaciones, creo que tanto el eco mediático y el apoyo de los sindicatos y de la mayoría de los partidos políticos, bien a la huelga, a los paros o a las manifestaciones, fueron determinantes para el éxito alcanzado. Que la subida al carro de la marea morada tuviera en algunos casos no poco de oportunismo político y electoral, que lo ha tenido, es también hasta cierto punto secundario a la vista de las calles repletas de manifestantes. Quienes no solo eludieron subirse a ese carro sino que han mostrado signos claros de estar descolocados, incómodos y a la defensiva han sido el Gobierno y el PP. Sin un discurso coherente, unas veces tibio, otras desdeñoso y otras directamente ofensivo - esa peluquería a la que según la diputada Pepa Luzardo se iban las huelguistas de ayer merece una rectificación urgente - el PP y el Gobierno no han sabido en ningún momento qué posición tomar ante la que se les venía encima. Y la que se les ha venido es que ayer se fijó una línea roja, un hito en la lucha de las mujeres por su igualdad con los hombres. 

A la brecha salarial hay que ponerle coto por mucho que Mariano Rajoy prefiera "no entrar en eso ahora". Esto es lo que le han dicho al presidente centenares de miles de mujeres españolas, quienes también le han exigido que remueva los obstáculos que les impiden acceder a los puestos de responsabilidad en igualdad de condiciones que los hombres. Y el tercer mensaje que debe haber resonado este jueves en los oídos de Rajoy ha sido el de la violencia machista: se debe y se puede hacer más para su erradicación, por ejemplo, poner sobre la mesa de una vez los 200 millones de euros comprometidos por el Gobierno en el pacto de estado contra esta lacra. Le guste mucho, poco o nada a Rajoy no le queda otra que actuar, si es que no ha perdido para siempre esa costumbre, y entrar a fondo en eso de lo que quiso huir de forma cobarde: la justa reivindicación de las mujeres a la igualdad de salarios y oportunidades profesionales que los hombres y el derecho a una vida libre de violencias y tratos machistas.  

Un gerente a tiempo parcial y a precio de oro

¡Menudo chollo ser gerente municipal de limpieza en Las Palmas de Gran Canaria! El actual cobra la redonda y bonita cifra de 60.000 euros al año - 5.000 mes tras mes - y además puede irse a casa el jueves y no volver hasta el lunes. Si ya me lo decía mi madre: "¡estudia para gerente de limpieza, mi niño, si quieres llegar a algo en la vida!". Se da la circunstancia nada menor de que el agraciado con la lotería municipal es natural de Torrelavega, comunidad de Cantabria, muy al norte de la Península y, claro, siente morriña o como se diga en cántabro. El terruño y los guisos de la abuela tiran que es una barbaridad, así que por qué no permitirle que deje la oficina el jueves para que tenga tiempo suficiente de estar con la familia y tomarse unas cañas con la cuadrilla. 

Por lo demás, es público y notorio que los alquileres en Las Palmas de Gran Canaria superan con creces los de Tokyo y Nueva York y con la miseria que cobra no tiene el pobre para alquilarse un pisito de 50 metros cuadrados con derecho a azotea en el que residir en los pocos ratos libres que le deja el curro. Que se vaya a casa desde el jueves para que descanse es la mejor solución y si surge algún problema urgente lo puede resolver con un par de wasaps y seguir disfrutando de su gente y de los verdes paisajes de su tierra. Eso sí, al chico en cuestión hay que reconocerle que es una joya en lo suyo y, además, hay que agradecerle como se merece que dejara el puesto que tenía en el ayuntamiento de Torrelavega para anunciar la buena nueva de la limpieza en Las Palmas de Gran Canaria. 

Que la ciudad esté más o menos como siempre, más limpia en unos sitios e igual de sucia en otros, es solo porque aún no le ha dado tiempo de desplegar todo su saber hacer, pero dejen que pasen otros dos meses y nos convertiremos en la ciudad más limpia del Atlántico medio y parte del extranjero. Que nadie se rasgue las vestiduras ahora por el sueldo que le paga el ayuntamiento a cambio de trabajar cuatro días a la semana: sabido es lo estresante que resulta ser gerente municipal de limpieza y la necesidad de reposo que tienen los que se dedican a este peligroso oficio. Cosa distinta sería que en Las Palmas de Gran Canaria hubiera decenas de personas sin techo durmiendo al raso, paro, exclusión social y barrios dejados de la mano municipal y, lo que es peor, sin esperanzas algunas de que algún día pase por ellos la muy famosa y publicitada metroguagua. 

A Dios gracias, nada de eso ocurre en esta ciudad y, en consecuencia, podemos ponernos rumbosos con el salario y las condiciones laborales de un gerente que conviene no obligar a trabajar demasiado no vaya a ser que en una de sus escapadas de largo fin de semana a Torrelavega se nos quedá por allí y no vuelva: ¡a ver en dónde íbamos a encontrar otro de su valía y conocimientos, y sobre todo, a tan buen precio! Ni caso a quienes se acuerdan ahora del "carácter marcadamente social" de este gobierno municipal para echarle en cara el salario de nuestro gerente estrella. Y menos caso aún a quienes sacan a relucir que el partido de la concejal que ha pescado a esta séptima maravilla de la gerencia de la escoba y el rastrillo, llegara hace tres años a las instituciones prometiendo otra forma de hacer política y acabar con la casta repartiendo a diestro y siniestro toneladas de honestidad y transparencia. ¿Es que alguien pone en duda que lo está demostrando con creces y, sobre todo, con una extraordinaria generosidad? 

Cataluña: ¿de verdad no pasa nada más en España?

Abra usted cualquier periódico de los de llamada "tirada nacional" que abra, encontrará un día sí y otro también el mismo asunto repetido hasta la náusea: Cataluña y las piruetas políticas de los saltimbanquis independentistas. En ocasiones tiene uno la sensación de estar leyendo el periódico del día anterior o el de la semana anterior: las mismas frases, las mismas posiciones, las mismas imágenes, los mismos análisis, los mismos discursos políticos, el mismo inmovilismo, idénticas premisas. Y que conste que la sensación no es distinta en la mayoría de los informativos de radio o televisión. No sé muy bien quién ni por qué decide que ese debe ser el asunto merecedor cada día del mayor número de páginas o de más tiempo en la prensa aunque, en esencia, no haya nada nuevo que contar ni analizar. 

Puedo entender - hasta ahí llego - que esté en juego la unidad nacional recogida en la Constitución y el respeto al ordenamiento constitucional. Comprendo - hasta ahí llego también - que no se puede minimizar ni pasar por alto el desafío permanente de los nacionalistas a las instituciones democráticas de este país. Hasta admito el juego de estrategias políticas de los partidos de ámbito estatal al que da pie el asunto catalán, siempre a mano para tirárselo a la cabeza al rival. Comprendiendo y asumiendo todo lo anterior, así como la función informativa y de formación de opinión de los medios en una sociedad democrática, considero en cambio como ciudadano de a pie que la inflación informativa sobre la crisis catalana hace tiempo que se ha vuelto estomagante. Las decisiones judiciales, los interrogatorios, las idas y venidas, los cambios de opinión y hasta de humor de los independentistas, sus desplantes, sus planes más menos ciertos o imaginados, sus intenciones públicas u ocultas, todo eso conforma desde hace tiempo una indigesta sopa informativa cada día más difícil de tragar. Pareciera - esa es la creciente sensación que experimento - como si en este país no pasará nada de trascendencia más allá de lo que pasa desde hace meses en Cataluña. 

Es como si los pensionistas no estuvieran protestando en las calles para defender su derecho constitucional a una pensión digna o las mujeres no estuvieran en vísperas de ponerse en huelga para que el resto de la sociedad asuma de una vez que no puede funcionar sin ellas; parece como si el Gobierno no estuviera desaparecido en combate y la oposición se limitara a hacer aspavientos para que se note que también existe, mientras los asuntos pendientes siguen esperando que alguien se ocupe de ellos; mientras se habla de Cataluña, millones de españoles siguen sin saber en qué consiste la recuperación económica de la que presume el Gobierno, los salarios siguen siendo una miseria para millones de trabajadores que no salen de pobres, la sanidad pública necesita medicina de caballo para sacarla del atolladero y la dependencia sigue sin tirar como se había prometido, defraudando las esperanzas de miles de familias de este país. 

Aunque algunos asuntos suelen ir por barrios y tener más presencia en unos medios que en otros, en general la educación, clave para el futuro de este país y al albur de un pacto político imposible, o la corrupción que corroe las instituciones y acaba con la confianza de los ciudadanos en ellas, no son tampoco realidades que merezcan desde hace meses una atención informativa acorde con la trascendencia que ambas tienen para el futuro del país o la credibilidad en el sistema democrático. Los partidos luchan por su minuto de gloria en los medios pero nadie da palo al agua para que el país avance, más bien dan vueltas a la noria y hacen cálculos para las siguientes elecciones.  De estas y de muchas otras realidades sociales, económicas o políticas de este país que podría enumerar aquí se habla o escribe mucho menos, poco o prácticamente nada. ¿De verdad no pasa nada más en España que lo que pasa en Cataluña? ¿de verdad que no hay hueco en los medios para atender las realidades comunes de esa España plural con la que se llena la boca algunos? ¿tenemos los españoles no catalanes y los catalanes no independentistas la obligación y el deber de estar informados minuto a minuto y día a día de lo que hacen, dicen o piensan los soberanistas catalanes y sus antagonistas constitucionalistas? ¿cuál es nuestro pecado?

La reformilla del sistema electoral

No es cierto como escriben algunos que la reforma del sistema electoral canario sea solo un asunto de estricto interés partidista. Mienten quienes tal cosa afirman y lo saben. Contar con un sistema electoral que tienda al principio de "un ciudadano, un voto", es algo que interesa a cualquier sociedad cuyo sistema político reciba el nombre de democrático. Que en el caso de Canarias los ciudadanos no paren por la calle al presidente del cabildo de Tenerife y le pregunten por el sistema electoral, no implica que el mismo sea la primera maravilla de los sistemas que en el mundo son o han sido. Quienes aseguran que este es un rollo político que solo interesa a los políticos le hacen un flaco favor a la democracia con su desprecio por uno de sus pilares: la representación de la soberanía popular en el parlamento. 

Tal vez lo que busquen quienes así piensan y escriben es descalificar el debate y a quienes defienden la ineludible necesidad de cambiar las reglas del juego democrático por otras que reflejen la realidad demográfica de estas islas, convencidos de que los parlamento representan ante todo a ciudadanos más que a territorios. Por repetidos hasta la náusea no es momento ahora de volver a sacar a relucir las singulares características del descompensado sistema electoral canario que, lejos de tender al principio señalado, se aleja lo más posible de él. Desde luego, no lo acerca mucho a ese objetivo la propuesta de reforma que, a regañadientes, acaba de dar a conocer CC. Después de mucho hacerse rogar propone ahora que el número de escaños regionales se incremente en tres, uno por Gran Canaria, otro por Tenerife y el tercero por Fuerteventura. Eso y una bajada a la mitad de los límites para conseguir escaño. 

Si la propuesta del PP, PSOE, Podemos y Nueva Canarias ya era de mínimos - 10 diputados más y bajada de barreras de acceso a la mitad - esta no llega siquiera a esa consideración. Ignoro si lo que CC busca es un punto intermedio entre ambas propuestas pero si ésta es la última palabra de los nacionalistas, es a todas luces insuficiente por raquítica y tacaña. En términos de mejora de la proporcionalidad de la representación de las islas más pobladas - Gran Canaria y Tenerife - apenas resuelve nada y, además, rompería la sagrada triple paridad entre islas no capitalinas y capitalinas y entre provincias. No descarto que con esta propuesta se esté buscando abrir una brecha en el bloque de los cuatro partidos que defienden elevar en nueve el número de escaños y añadir uno más por Fuerteventura. 

De momento se mantienen en sus trece, aunque en política es fama que los burros pueden llegar a volar. Lo que sí me parece cada vez más evidente es que CC está comprando todos los boletos para que la reforma nos la aprueben en Madrid los diputados por Cuenca, Burgos o Jaén y no los representantes canarios en el Parlamento autonómico. Tratándose de un partido que se reclama nacionalista, la paradoja no puede ser más llamativa. A estas alturas y a la vista de la escasa voluntad de los nacionalistas para poner sobre la mesa una propuesta de reforma que permita la unanimidad o por lo menos un amplio consenso, parece que no va quedando otra salida. Resignarse a aceptar lo que propone CC sería asumir la imposibilidad de entender a Canarias como un solo pueblo y dar por bueno que el voto de un ciudadano de alguna isla no capitalina tiene forzosamente que valer catorce veces más que el de uno de una isla capitalina. Sería, en definitiva, conformarse  todo lo más con una reformilla, es decir, hacer como que han cambiado las cosas sin que en realidad haya cambiado prácticamente nada.    

Caso Faycán o cuando el tiempo todo lo cura

Esto se veía venir desde el primer día de la vista oral de este caso, una trama nada disimulada en el ayuntamiento de Telde que empezó orientada a la financiación irregular del PP y terminó financiando el bolsillo de los cofrades. Todo presuntamente, faltaría más. Ya resultó sospechoso que, de los casi treinta acusados, el primer día del juicio veinte de ellos  se convirtieran en testigos después de un acuerdo con la Fiscalía que les libra de la cárcel a cambio de reconocer su implicación. Ahora acaban de confirmarse los temores del primer día y se hace inevitable pensar que la vista ha sido poco más que un teatrillo para cubrir el expediente. En la víspera de las conclusiones finales, el fiscal Luis del Río ha vuelto a dar la campanada al tener a bien rebajar la petición de pena para los pocos que seguían siendo acusados, entre ellos el ex alcalde Valido y la ex alcaldesa Castellano. Aquí, el argumento es que han sido víctimas de una indebida dilación del proceso. Dicho lo cual, ninguno de ellos irá tampoco a la cárcel por presuntamente meter la mano hasta el codo en la lata del gofio. Todo lo más serán multados e inhabilitados, lo que puedan pagarán y los más se declararán insolventes y aquí paz y después gloria. 

Añádase a lo anterior que el presidente del tribunal juzgador sigue sin dictar sentencia contra quienes llegaron como acusados a la sala y casi por arte de magia se convirtieron en testigos. A poco que el resto de los acusados se hubiera avenido al pacto con la Fiscalía habríamos asistido al primer juicio de la historia solo con testigos y sin ningún acusado. Se trata, además, de un magistrado que se encuentra precisamente a un paso del banquillo de los acusados como presunto responsable de cuatro delitos a cual más grave tratándose de un servidor de la Justicia: cohecho, prevaricación, falsedad y revelación de secreto. A pesar de todo, ni él parece tener intención alguna de dar un paso a un lado mientras se dirime su situación judicial ni un presunto gobierno de los jueces llamado Consejo del Poder Judicial mueve un dedo para apartarlo ante el riesgo de que todo el proceso se desmorone. 

De todos modos, poco importa ya cuando estamos ante un caso que va camino de terminar de la manera más desmoralizadora posible en un procedimiento por corrupción: con los presuntos corruptos saliendo casi por la puerta grande del juzgado. Resumiendo el desolador panorama, tenemos que quienes han confesado en sede judicial y ante un tribunal que utilizaron dinero público para su enriquecimiento ilícito o para la financiación irregular de un partido político apenas merecerán reproche penal; quienes no lo han reconocido y se siguen considerando inocentes, igualmente podrán dormir tranquilos porque - a Dios gracias - la Justicia en este país tiene el cansino andar de las tortugas con el inestimable apoyo en algunos casos de los propios jueces. Cabe recordar aquí que cierto magistrado defendió en su día que había que dejar pasar las últimas elecciones autonómicas antes de celebrar este juicio para no perjudicar lo intereses políticos de la ex alcaldesa Castellano, acusada en este caso. 

Como ciudadano me siento estafado y defraudado ante este tipo de componendas. No tengo culpa alguna de las "indebidas dilaciones del proceso" y no entiendo cómo el Ministerio Público - al que se supone garante judicial del interés público - propone para los acusados de graves delitos contra ese mismo interés condenas mínimas y casi simbólicas en comparación con lo que se establece en el Código Penal. No me mueve ningún deseo de venganza ni deseo ver a nadie injustamente encarcelado: sólo demando que se aplique la ley con rigor y que quienes usaron de sus cargos públicos para el enriquecimiento personal o el de su partido en uno de los escándalos de corrupción más graves de cuantos ha habido en Canarias, paguen por ello. Lo contrario hará que cada vez sea más cuesta arriba no considerar la aplicación de la ley en los casos de corrupción política como una simple escenificación formal de la justicia, una farsa para salvar las apariencias ante la sociedad.  

Montoro y su chistera

Permítanme la licencia poética, ya sé que Montoro no usa chistera, pero no me negarán que es el mago del Gobierno de Rajoy. Su habilidad para sacar de la nada conejos y palomas han convertido en proverbiales sus trucos de predistidigitación fiscal. O es que ya no se acuerdan de la famosa reforma fiscal que nos vendió hace unos años y que de reforma tenía lo que yo de esquimal. Más bien fue un catálogo de parches a mayor gloria de las rentas altas aunque la presentara con la promesa de hacernos a todos más ricos, más altos, más rubios y más esbeltos. Por no mencionar la graciosa amnistía fiscal para que los que se lo habían llevado crudo y en bolsas al extranjero, pudieran regularizar – bonita palabra – su situación a un módico precio al pasar por la ventanilla de Hacienda. 

Su penúltima fullería tiene que ver con los cabreados pensionistas. Les ha prometido que les rebajará la presión fiscal para que el dinerito que se ahorren lo puedan dedicar a los achaques de la edad. El bondadoso ministro oculta que su gesto caritativo apenas beneficiará a poco más de un tercio de los pensionistas de este país, exactamente aquellos que cobran de pensión más de 12.000 euros al año. Ese es el mínimo exento de tributación y al que no llega el 63% de los pensionistas. Dicho en plata, Montoro anuncia que le rebajará la presión fiscal a los pensionistas que mejores pensiones cobran y a los demás que les den dos duros. Porque eso y poco más es lo que van a cobrar de aumento este año los pensionistas de este país después de la raquítica subida del 0,25% aprobada por el Gobierno del mago Montoro.  

El de Hacienda ha intentado salir al rescate de un PP que no gana para sustos, con Albert Rivera achuchando desde la derecha y el PSOE desde la izquierda, pero enseguida se le han visto las intenciones.  Si de verdad el Gobierno quisiera echarle una mano a los pensionistas para que levanten cabeza después de años de crisis gastándose lo que no tenían en sacar adelante a los hijos y a los nietos en paro, podría empezar por subir las pensiones hasta el nivel al menos del IPC. Esto era lo que se había venido haciendo siempre hasta que el PP decidió meter la tijera al tiempo que se gastaba una hucha en la que llegaron a acumularse 70.000 millones de euros para los tiempos de las vacas flacas. 

Su reforma laboral y la epidemia del empleo precario que trajo consigo son las responsables directas de que hoy la hucha críe telarañas, de que la subida de las pensiones sea ridícula y de que los pensionistas estén en la calle protestando como jóvenes imberbes para reclamar su derecho constitucional a una pensión digna. Pero no es de estas cosas de las que le gusta hablar al Gobierno o al PP si no es para decir que no deberían quejarse tanto los yayoflautas porque ni con la crisis ha dejado de subir su pensión. O, como Montoro, para prometer una ayuda fiscal para la minoría de los pensionistas seguramente con la idea de que en las próximas elecciones no se olviden a quién se la deben devolver. Ven cómo la chistera de Montoro es inagotable y el ministro un tahúr de los trucos fiscales. Lástima para él que cada vez se le vean con más claridad las cartas marcadas con las que juega.

Huelga feminista

El próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, en tiempos llamado Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Con tal motivo se ha convocado una huelga de mujeres en unos 150 países de todo el mundo. Se trata de un acontecimiento inédito, tanto por el número de países en los que se va a desarrollar como, sobre todo, por el hecho de que sea solo de mujeres. Entre las principales reivindicaciones figura el rechazo a la discriminación salarial que sufren las mujeres con respecto a los hombres. Se mire por donde se mire, la práctica en cuestión supone una flagrante discriminación social por cuanto no hay razones objetivas que la sustenten: a igual trabajo el salario debe ser igual y nada puede oponerse a ese principio básico y democrático.  España es un caso flagrante de discriminación salarial de las mujeres, con una de las brechas más anchas de la Unión Europea: el salario bruto de un hombre en España ronda los 2.000 euros y el de la mujer no llega a los 1.700; las trabajadoras que ganan menos de 1.000 euros al mes son el doble que los hombres en la misma situación porque son ellas las que ocupan los empleos peor retribuidos. Esa realidad es objetiva y tangible por más que Rajoy prefiera escurrir el bulto o su ministra de Empleo diga que nunca antes había sido tan corta la discriminación. 

Sin embargo, hay algo en la convocatoria del 8 de marzo que me chirría. Puede que sea el hecho de que las convocadas a protestar sean sólo y exclusivamente las mujeres. Pareciera como si fuera una huelga contra los hombres, en cuyo caso me parece un completo error por cuanto desvía el tiro contra las estructuras sociales y económicas responsables de la discriminación salarial. Si este problema tiene solución, que no me cabe la menor duda de que la tiene, deben buscarla conjuntamente mujeres y hombres y no las primeras contra los segundos. Puede que lo que me chirríe también sea el discurso fundamentalista de determinadas organizaciones feministas que tienden a ver patriarcado y machismo por todas partes y en todos los hombres. Quienes así piensan y actúan se hacen un flaco favor a sí mismas y se lo hacen a la causa de la igualdad social y salarial. Concebir la lucha por los derechos de la mujer como una pelea a cara de perro entre mujeres y hombres – y viceversa – es la coartada perfecta para el inmovilismo de quienes prefieren que las cosas sigan exactamente igual: divide y vencerás, decían los latinos. Este tipo de feminismo de tintes excluyentes desprecia el hecho de que son mayoría los hombres – de eso tampoco me cabe la menor duda – que apoyan de buen grado la exigencia de que se acabe con la discrminación salarial de las mujeres con respecto a ellos. 

No me llama la atención ni me sorprende que la derecha desdeñe la protesta y hasta la tilde de “elitista”, como ha hecho la ministra de Sanidad. Lo que sí me sorprende es que la izquierda nominal de este país y los sindicatos mayoritarios se hayan alineado de manera acrítica con una huelga de cuya participación las convocantes no dudan en excluir expresamente a la mitad de la población. El argumento para esa exclusión - decir que se quiere subrayar la visibilidad de la mujer como víctima de la discriminación salarial - me resulta pueril y falaz. Sospecho que los partidos de izquierda, una vez amortajada y enterrada la lucha de clases y a falta de proyecto político que oponer a la derecha, no tienen ya otra salida que sumarse a las protestas sectoriales de mujeres, pensionistas, investigadores en precario, estudiantes o policías pidiendo aumentos salariales. Convertir la huelga del 8 de marzo en un acontecimiento mundial que marque un hito histórico en la lucha contra la discriminación salarial, dependerá de que quienes promueven la protesta sean capaces de convertir a los hombres en cómplices de su justa reivindicación y no en enemigos a batir. Por decirlo en lenguaje políticamente correcto, esta es una lucha de todas y de todos. 

Los límites de la libertad de expresión

Tal vez el título de este post extrañe un poco en un tiempo en el que está muy extendida la creencia de que los derechos son absolutos y no deben ir unidos a deberes, como la cara y la cruz de una misma moneda. No me cabe la menor duda de que también la libertad de expresión tiene límites, no todo vale ni todo está permitido en aras de este derecho. El respeto a lo que establecen las leyes sobre el honor o la propia imagen son algunos de esos límites en nuestro país. Cierto que son límites intangibles y difíciles de precisar pero existen. Admito que me adentro en un terreno muy pantanoso pero me niego a aceptar que con invocar el derecho a la libertad de expresión deben removerse todas las barreras que se le interpongan en su camino y quedar libre su ejercicio de cualquier tipo de reproche social o legal. Cuestión distinta es la intensidad de ese reproche en cada caso concreto. 

Me parece excesivo que al rapero mallorquín  se le condene a tres años y medio de cárcel por sus letras ofensivas para la Corona, amenazantes y enaltecedoras del terrorismo. El mal gusto que rezuman sus textos se podía haber zanjado con una sanción o una advertencia, teniendo en cuenta, además, la ausencia de antecedentes. Por otro lado, ordenar, pedir o sugerir la retirada de unas obras de una exposición porque aluden a unos señores a los que se presenta como “presos políticos”, es una supina estupidez de quienes tomaron y ejecutaron esa decisión amparados en un ridículo deseo de no perturbar el conjunto de la exposición. Con ella han terminado haciendo famoso y puede que rico a un artista  del que muy pocos habían oído hablar hasta ahora y a una obra que probablemente no pasará a la historia del arte por su calidad artística. 

Tanto en el caso del rapero mallorquín como en el del autor del montaje artístico me parece evidente el ánimo provocador de ambos, algo por otro lado más antiguo que la pana cuando lo que se pretende es llamar la atención social y sacar la cabeza en un mercado extraordinariamente competitivo. A fe que lo han conseguido los dos gracias a un exceso judicial y a una lamentable torpeza política. Un caso distinto es el del libro “Fariña” del periodista Nacho Carretero, secuestrado judicialmente ahora, tres años después de salir a la venta. El celo de una juez madrileña en defensa de los derechos de un cacique gallego ha disparado las ventas del libro, que se cotiza ya a 300 euros, y ha puesto los dientes largos a una cadena de televisión que ya ha anuncido el adelanto a esta semana de una serie para cuyo estreno aún no tenía fecha: la decisión judicial se la ha proporcionado gratis y camino va de convertir la obra en un best seller. Se trata, en mi opinión, de otra sobreactuación judicial que contiene también con claridad todos los elementos propios de la censura. 

En una sociedad democrática son en último extremos los jueces los encargados de determinar si se ha rebasado la línea roja de la libertad de expresión y se han conculcado otros derechos concurrentes con la misma. Esa línea, imprecisa y muchas veces borrosa, tiene que estar en todo momento lo más lejos posible de cualquier tentación de censura como se aprecia en estos tres casos, distintos entre sí pero unidos por un denominador común: el uso de la libertad de expresión. Estamos ante un derecho que constituye la clave de bóveda de la democracia, lo que no lo convierte sin embargo en absoluto. Por decirlo con palabras de la filósofa y catedrática de Ética de la Universidad de Barcelona, Victoria Camps, “uno no puede decir todo lo que quiera y, por tanto, conviene pensárselo dos veces antes de ofender o sentirse ofendido”. ¿No es de sentido común?

Sobre alertas y borrascas

¿Se exagera con las alertas meteorológicas como la que acabamos de vivir en Canarias? Yo creo que sí, que se sobreactúa tal vez con la intención de que si ocurre lo peor no haya motivo de reproche ni crítica. Este fin de semana ha llovido en Canarias y ha hecho viento pero tanto una como el otro han estado por debajo de las previsiones meteorológicas. Al margen de los problemas puntuales del tráfico aéreo en algunas islas, de algunos desprendimientos en determinadas carreteras y de varios cortes del suministro eléctrico, nada más hay que reseñar del paso de esta borrasca por las islas. A la alerta máxima por lluvias y viento decretada por el Gobierno canario, se unieron enseguida ayuntamientos y cabildos con un verdadero diluvio de comunicados sobre suspensiones y aplazamientos de actividades debido al mal tiempo; ni queriendo le habrían podido dar cauce los medios de comunicación a tantos comunicados. En muchos casos, estas comunicaciones han llegado también acompañadas de toda suerte de consejos de autoprotección para los ciudadanos ante lo que se suponía que se avecinaba. Puede que contagiados por la bola de nieve que no paraba de crecer y por la urgencia de aprovechar el fenómeno para generar visitas de internautas, la inmensa mayoría de las ediciones digitales de los periódicos de papel no pararon de alertar en grandes y gruesos titulares de la proximidad del fenómeno y de sus posibles consecuencias. 

De esta manera, entre instituciones públicas sobreactuando y medios de comunicación digitales a la caza de lectores ansiosos, se fue generando un clima de sobreexitación, palpable con claridad en las redes sociales, impropio de una sociedad adulta ante un fenómeno absolutamente normal en invierno, por más que en Canarias se prodigue ahora mucho menos que hace unas décadas. En mi modesta opinión, no creo que exagerando la nota para llamar la atención de la ciudadanía sobre los riesgos de una borrasca se garantice mejor la seguridad. Tiene por otro lado el inconveniente de tratar a los ciudadanos como infantes de pecho y no como adultos a los que, como tales, se les supone el sentido común para no arriesgar su seguridad y las de los demás innecesariamente. Y si eso ocurriera, existen normas y mecanismos para sancionar a los imprudentes que pongan en riesgo la vida de los demás o generen gastos públicos innecesariamente. Aplíquense a quienes hacen caso omiso de las recomendaciones. 

Vivimos ya en una sociedad notablemente infantilizada en la que se ha perdido buena parte de algo tan elemental como la percepción del riesgo y en la que no dudamos en apelar al estado para que venga en nuestro rescate cuando somos víctimas de nuestras propias niñerías. No creo que la máxima a seguir por parte de administraciones y medios de comunicación ante este tipo de fenómenos – da igual que sea una borrasca que una ola de calor, - sea pasarse con la cantidad de información que se difunde antes que quedarse corto: el exceso  genera ruido y distorsiona el mensaje, que en buena medida termina así transformado en memes y chascarrillos en las redes sociales en las que naufraga por completo. No lo digo yo, ya lo decían hace mucho tiempo los griegos: eso que llamamos virtud, aplicable también a este caso, es el punto intermedio determinado por la razón y por aquello que decidiría una persona prudente ante una borrasca como la del fin de semana. El mérito está en encontrar ese punto y acercarse lo más posible a él, no en pasarse por temor a quedarse corto.  

Enredando

La política en España es desde hace meses una insufrible trama de enredos sin término ni objetivo, debates de campanario sobre himnos, banderas, palabras, naciones o lenguas en los que tan a gusto se siente la derecha y la izquierda, tanto da que da lo mismo. En la derecha, los machos alfa Rajoy y Ribera se embisten con saña en su pugna por controlar el mismo espacio político y en la izquierda, que haberla se supone que la hay, Podemos y el PSOE dan muestras de la más completa sequía política. Más allá de eslóganes y proclamas, no se escucha ni una propuesta coherente ni un programa de gobierno que desmienta la indigencia intelectual y política de Sánchez e Iglesias. Completan el desolador panorama unos nacionalistas catalanes que van camino de batir todas las marcas del ridículo y que, como empiezan a poner de manifiesto algunas encuestas, aburren y hastían ya hasta a los suyos. 

Es patético que una discusión sobre lo símbolos traída por los pelos de una cantante en busca del protagonismo mediático perdido, ocupe el centro del debate político de un país cuyos ciudadanos lo que demandan es trabajo digno y decencia política. Por lo demás, no niego que haya que echarle una seria pensada al singular modelo de inmersión lingüista en Cataluña y al papel residual del castellano en esa comunidad autónoma. Eso es una cosa y otra bien distinta actuar con ventajismo político y ampararse en el poder que da el 155 para intentar perpetrar un golpe de mano en el sistema educativo. Por su parte, si a las fuerzas nacionalistas catalanas les queda un gramo de vergüenza torera, deberían abandonar de una vez el estúpido juego de tronos al que llevan entregados hace más de un mes y emplearlo en formar un gobierno que se ocupe por fin de la sanidad, la educación y la economía de los catalanes. Todo ello dejado de la mano de Dios desde que el calenturiento independentismo se enseñoreó de las instituciones catalanas y se embarcó en una ensoñación soberanista tan descabellada como perniciosa para los ciudadanos de Cataluña. 

Los españoles tienen problemas muy serios como para que los políticos se permitan perder el tiempo discutiendo cuestiones banales como la letra del himno o el sexismo de las palabras. Deben bajar de una vez del campanario en el que llevan tanto tiempo encaramados y darles una respuesta a los pensionistas en lugar de insultarlos, como ha hecho el inefable portavoz del PP al asegurar que no les ha ido tan mal con la crisis. Olvida éste, que más que portavoz es un bocazas incorregible, que han sido los pensionistas los que han sostenido a las familias en paro de este país a pesar de sus míseras pensiones. En el mismo sentido, es intolerable que las protestas ante la escandalosa discrininación salarial por razón de sexo sean calificadas de “elitistas” por el partido del Gobierno o que el mismísimo presidente despache el problema con un bochornoso “no entremos ahora en eso”. 

La corrupción, de la que todos se acusan mutuamente, requiere soluciones: no pueden continuar con el palabrerío y el postureo que no engaña a nadie y demuestra que la voluntad real de luchar contra esa lacra es exactamente ninguna. A los trabajadores que no salen de pobres o a los investigadores que tienen que hacer las maletas o los parados de más de 45 años que han perdido las esperanzas de volver a trabajar o a los jóvenes tratados como mano de obra barata no se les resuelve el problema poniéndole letra al himno nacional. Ya vale de tomarnos el pelo y ya es hora de que todos estos asuntos reciban atención por parte de quienes tienen la obligación de afrontarlos porque para eso han sido elegidos y para eso cobran de nuestros impuestos. Es indignante este enredo permanente y absurdo de unos políticos a los que parece preocuparles mucho más poner su culo a salvo en las próximas elecciones que cumplir con sus obligaciones democráticas. ¡País!, que diría el llorado Forges.  

Forges, que estás en los cielos

Por mucho que lo intente,  nada que yo o cualquier otro pueda escribir hoy será capaz de mejorar y ni siquiera igualar una sola de las miles de viñetas que dibujó Forges a lo largo de sus más de 50 años dedicados al humorismo gráfico. Antonio Fraguas “el Forges” ha sido el cronista perspicaz, penetrante y certero del último medio siglo de la vida española, de sus grandes alegrías, de sus tristezas y de sus no pocas miserias. Sus funcionarios gandules, sus obsesos del fútbol y la televisión, sus burócratas insensibles de mente cuadriculada, sus náufragos, sus empresarios orondos o sus trabajadores esmirriados, son parte por derecho propio del imaginario de este país. También sus palabros que – esos sí y no otros impostados que algunas intentan meter con calzador –  se han integrado de tal manera en el lenguaje común desde hace décadas que los usamos con absoluta naturalidad: sociata, bocata, muslamen y tantas otras palabras de nuestra jerga diaria. Sus a veces desolados personajes del mundo rural y de la ciudad, sus mendigos o sus banqueros hinchados nos hablan también de una sociedad que cambia a pasos agigantados y de forma muchas veces descontrolada. 

Las viñetas de Forges han sido el altavoz de la denuncia diaria de la injusticia social, de la miseria, de la explotación laboral, de la burocracia ridícula o del desprecio por la cultura y, en muchas ocasiones también, gritos explícitos contra el terrorismo o el machismo o contra cualquier otra lacra social. Nada de lo que de relevante ha ocurrido en todos los ámbitos en este país e incluso del mundo durante el último medio siglo ha sido ajeno a la ironía – a veces tierna, a veces ácida y a veces dura – del gran Forges. En muchas ocasiones, sus caricaturas han dicho más y con más claridad que cien sesudos editoriales y páginas de opinión. Porque escribir un buen artículo sobre un asunto determinado no es tarea fácil, pero mucho menos lo es condensar con profundidad en unos cuantos trazos y en un par de frases humorísticas todo un modo de ser y de estar ante la realidad. Forges ha sido ante todo un demócrata cabal, fiel durante toda su trayectoria a los principios y valores que nos hacen ciudadanos libres pero tolerantes, sujetos de derechos pero también de deberes. Su espíritu crítico y de profundas convicciones democráticas se puede rastrear sin dificultad alguna en todas y cada una de sus viñetas y en cada una de las frases que las acompañan. Por su enriquecedora trayectoria es merecedor de formar parte de la historia reciente de este país y este país le debe mucho a su aguda y sensible visión del mundo. El humorismo gráfico español ha perdido hoy a un maestro pero deja un legado tan ingente como imprescindible para entender los 50 últimos años de la vida española.

EEUU: una matanza más

El Gobierno de un país en el que 17 inocentes mueren tiroteados en una escuela y el presidente se limita a lamentarlo en las redes sociales, es un gobierno indigno con su máximo responsable en la cúspide de la indignidad. La sociedad de un país que no se pone en pie cuando un chaval de 19 años puede disponer con relativa facilidad de un arma de fuego semiautomática y causar una masacre a la salida de una escuela, es una sociedad enferma. Si los Estados Unidos no estuvieran gobernados por un gobierno indigno presidido por un presidente más indigno aún, lo ocurrido ayer en una escuela de Florida tendría que haber provocado un compromiso inmediato de poner los medios para evitar hasta donde sea posible que algo así ocurra otra vez. Si la inmensa mayoría de la sociedad estadounidense no estuviera enferma del virus de las armas y en verdad valorara la vida humana, una ola de protesta se habría levantado ya en muchos estados de la Unión para exigir el fin de  estas masacres convertidas en rutinario espectáculo televisivo. Pero ni el actual ni los anteriores gobiernos de Estados Unidos han tenido lo que se necesita para frenar estas carnicerías: dignidad y valentía para hacer frente al poderoso lobby de las armas y establecer un control mucho más férreo sobre su uso y tenencia. Ni Trump ni Obama ni Bush ni Clinton ni Reagan: ninguno de ellos ni de sus antecesores han hecho otra cosa que lamentarse y condolerse a cada nueva matanza. 

Desde este punto de vista, todos ellos han sido presidentes indignos por incumplir una de las obligaciones inherentes al gobierno de cualquier estado democrático que se precie: garantizar hasta donde sea humana y técnicamente posible la vida de sus ciudadanos. Clinton se atrevió en su día a restringir el acceso a las armas de asalto con una especie de moratoria que concluyó en 2004 y que recibió más críticas que apoyos. También Obama lo intentó en 2015 a raíz de la matanza en otra escuela,  en aquella ocasión en Conneticut, en la que murieron 20 niños y 6 adultos. También él tardó poco en desistir ante el poder de los defensores de las armas y el convencimiento de una gran parte de la sociedad americana de que tener una pistola o un rifle en el cajón de la cómoda o detrás de la puerta de la cocina te hace más libre frente a las injerencias del Gobierno o frente a quien invada tu propiedad sin permiso. 

Cuando el acceso a las armas es relativamente tan sencillo como en Estados Unidos, a nadie puede extrañarle que dispongan de ellas no sólo las honradas familias sino también personas desquiciadas con cuentas atrasadas en su empresa o en su colegio por un maltrato real o imaginario y las empleen para cobrárselas. Ese primitivo atavismo del pueblo norteamericano en relación con la posesión privada de armas de fuego, reflejado incluso en su Constitución como un derecho, ha costado ya demasiadas vidas inocentes como para conformarse con derramar unas cuantas lágrimas y cruzar los dedos para que algo igual no vuelva a pasar en mucho tiempo. ¿Cuántas víctimas inocentes más deben caer para que el Gobierno del país más poderoso de la tierra le ponga coto por fin a la barbarie de la adoración a las armas de fuego? Por desgracia, me temo que muchas más.