Montón en la cuerda floja

El ruidoso silencio con el que el PSOE y el Gobierno han acogido los apuros de la ministra Montón con su máster en la Universidad Rey Juan Carlos - dónde, si no - hace presagiar que Carmen Montón tiene las horas contadas al frente de Sanidad. Me atrevería a decir, aunque puede que me equivoque, que lo único que falta para que se produzca el cese o la dimisión es que Pedro Sánchez encuentre a quien la sustituya al frente de una cartera de mucho peso social en un Gobierno que presume de social. No se trata ahora tanto de entrar en la enredina relativa a los matices sobre las circunstancias en las que Montón obtuvo su máster en Igualdad. Se trata, en líneas generales, de discernir si la aún ministra fue consciente de que estaba recibiendo un trato de favor por parte de una universidad pública, ya tristemente famosa por su afición a entregar másteres a dirigentes políticos que ni siquiera se molestan en cubrir las apariencias. 

La Rey Juan Carlos está pidiendo a gritos una auditoría externa que arroje luz sobre las corruptelas académicas que parecen rodear al menos aquellos másteres cursados por políticos, independientemente del color de su partido. Si el dinero público se está empleando en inflar los currículos académicos de los políticos es algo que los ciudadanos tenemos derecho a saber y, en su caso, a conocer a cambio de qué se han otorgado tales prebendas y  exigir que se depuren las responsabilidades correspondientes. Volviendo al caso de la ministra, las explicaciones que sobre las informaciones difundidas por eldiario.es ha dado Montón hacen pensar que, efectivamente, ella también ha sido agraciada con un máster en Igualdad como lo fueron Cristina Cifuentes y Pablo Casado con uno de Derecho Autonómico. Negarlo todo - como en su día hiciera Cifuentes - o decir que se limitó a hacer lo que le indicaron sus profesores - como afirma Casado - es a toda luces una explicación isatisfactoria por insuficiente y porque alberga contradicciones no aclaradas con la información periodística y de la propia universidad Rey Juan Carlos. 

Foto: El Huffington Post

Puede que no fuera ella la que pidiera el trato de favor a sus profesores pero cuesta creer que no se diera cuenta de que lo estaba recibiendo. De otro modo no se explicaría que se le permitiera la matrícula fuera de plazo, que no tuviera que acudir a clase en un máster exclusivamente presencial o que obtuviera brillantes notas en asignaturas a cuyas clases nunca acudió; por no hablar de la manipulación de sus notas, reconocida por la propia universidad. Podría argumentar alguien que a caballo regalado no se le mira el diente, pero no rige ese principio en este caso ni debería regir en ningún otro. Carmen Montón era nada menos que diputada del PSOE y responsable de Igualdad en el partido cuando cursó ese máster. Era su obligación moral no prestarse por acción u omisión a convertirse en receptora de ningún tipo de favor académico ni privilegio con respecto a los restantes alumnos del máster. 

Si así fue, como todo hace indicar, se hace imprescindible su dimisión o su destitución como ministra. La decisión está en sus manos o, en su defecto, en las de Pedro Sánchez, quien ha puesto tan alto el listón de la regeneración política que no está ahora en condiciones de contemporizar y dejar pasar como en sus buenos tiempos hacía Rajoy con este tipo de casos. Eso, además de desautorizar su discurso, implicaría de paso indultar a Cristina Cifuentes - investigada por el Supremo - y a Pablo Casado, sobre el que también podría caer en las próximas semanas la condición de investigado y que, por eso y no por otra cosa, adopta ahora esa postura de hipócrita respeto a la presunción de inocencia de Montón. Así que el margen de Sánchez es más bien escaso para no dejar caer al segundo miembro de su gabinete en solo tres meses en La Moncloa, un récord que de producirse será difícil de batir. 

El dilema de Casado

Vuelve a demostrarse que, en verdad, lo que desgasta a un político es la oposición, no el poder. La prueba es lo que le viene ocurriendo al PP desde que Rajoy fue desalojado de La Moncloa por Pedro Sánchez y sus interesados socios. Apenas han pasado tres meses desde que el ex presidente se dedica a la bien remunerada actividad de registrador de la propiedad, y al partido que gobernó con mano de hierro en guante de seda se le empiezan a ver las costuras internas. De hecho, ya el proceso sucesorio no fue precisamente una exhibición de cortesías versallescas, sino más bien una carrera de zancadillas y puñaladas traperas entre los candidatos y sus respectivas familias políticas. Al final, ignorando el parecer de una militancia a la que se tomó como coartada para aparentar democracia interna, los compromisarios bendijeron a Casado y desairaron a Soraya Sáenz de Santamaría, la ganadora en las urnas. Pasado mes y medio del congreso popular, es evidente que las heridas abiertas entonces no sólo no se han cerrado sino que supuran aún y amenazan con serios daños en un partido que se suponía rocoso y unido. 

Las fricciones entre la ex vicepresidenta y el nuevo líder son cada vez más notorias y amenazan con ir a más en las próximas semanas o meses. La pretensión, un tanto extraña, de quien fuera mano derecha de Rajoy de ocupar en la nueva dirección un peso similar al apoyo que recibió en el congreso del partido, fue solo el primero de una serie de roces que en parte han quedado tamizados al interponerse el verano de por medio. Ahora que esta en marcha un nuevo curso político frenético e intenso, con la posibilidad nada descabellada de un adelanto electoral, las desavenencias amenazan con exacerbarse. Es mucho lo que el PP se juega en la cita electoral del año que viene cara a recuperar el poder del que fue desbancado por la moción de censura y necesita estar lo más unido posible para conseguir ese objetivo. Sin embargo, de momento, no es esa la sensación que se tiene: lo acabamos de ver hace unos días en el Congreso cuando Sáenz de Santamaría faltó a la primera reunión del curso del grupo parlamentario popular, convocada por Casado. Cuando ella llegó a la cámara el presidente del PP ya se había marchado, lo que ilustra a la perfección la falta de sintonía entre ambos. Pero por si no había quedado meridianamente clara su posición, el sábado tampoco acudió a la Junta Directiva que los populares celebraron en Barcelona.

Foto: La Cerca

En el aire flota desde entonces la posibilidad de que Sáenz de Santamaría abandone la primera línea política. Ella, de momento y demostrando lealtad política, no suelta prenda antes de hablar con Casado y trasladarle sus quejas. El líder popular, por su parte, insiste en recordar que Sáenz de Santamaría tiene un sillón en la Ejecutiva popular, algo que la ex vicepresidenta considera a todas luces insuficiente para los méritos que seguramente considera atesorar y el resultado conseguido en el congreso del partido. Y es aquí en donde se le presenta el dilema a Casado: acceder a lo que quiere Sáenz de Santamaría le enajenaría los apoyos que le hicieron presidente del PP, entre ellos los del aparentemente incombustible José Manuel Soria - capaz de ganar batallas después de haber sido declarado políticamente muerto -, José Manuel García - Margallo o Dolores de Cospedal. 

Ellos y sus respectivas familias políticas se conjuraron para condenar a Sáenz de Santamaría al ostracismo y no verían con buenos ojos que Casado le devolviera parte del poder que tenía. Sin embargo, no hacerlo condenaría al presidente del PP a prescindir de alguien que en experiencia y conocimiento de la administración le puede dar unas cuantas vueltas y, por tanto, serle muy útil en el inmediato y complicado futuro para su partido. Si además de enfrentarse a esa disyuntiva la Justicia considera que debe comparecer como investigado para explicar su supersónico máster, mucho me temo que Casado tendrá que hincar mucho los codos para aprobar el curso político que tiene por delante. 

Clavijo y los medianeros

Es bien conocida la aversión del presidente canario, Fernando Clavijo, a tratar con medianeros de otros partidos políticos: a él lo que le pone es tratar en persona y personalmente con los jefes máximos de esos partidos. Así se lo espetó en su día a los socialistas canarios y así ha vuelto a hacer ahora con los populares. Justo cuando Asier Antona empezaba a entonar su aria de bravura presupuestaria, va Clavijo y se reúne en Madrid con Pablo Casado, un encuentro que vale por toda una declaración de intenciones. La versión oficial dice que el encuentro tenía como objetivo pedirle al líder de la derecha - uno de los dos líderes de la derecha, preciso - que le eche una mano para que Pedro Sánchez permita a Canarias gastarse en servicios públicos esos 600 millones de euros de superávit, que parecen pesarle como una losa al Gobierno de Canarias. 

Ni al más lerdo observador político se le pasaría por alto que en la reunión tiene que haber salido a relucir la reiterada petición de los populares canarios para que Clavijo acometa de una vez una rebaja generalizada del IGIC. Eso, o el PP no le apoyará las cuentas públicas del año que viene, año de elecciones, con lo que eso suele fastidiar a un partido en el Gobierno que aspira a repetir. Ahí tienen, además, a Pedro Sánchez remoloneando con la "agenda canaria" y posponiendo para las calendas griegas la firma de los compromisos con las Islas. Mientras él se dedica a tiempo completo a la crisis catalana y a los caprichos de Torra, algunos de sus ministros viajan a ultramar más en clave electoralista que institucional, provocando un razonable malestar ante el ninguneo. 

No creo que a Casado le cueste mucho convencer a su hombre en Canarias para que no le amargue el dulce presupuestario a Clavijo. Bastará con que le recuerde que apoyó a Sáenz de Santamaría en el congreso del PP en el que el elegido fue Casado, para que Antona se avenga a razones. Si a eso une en su recordatorio que las candidaturas del año que viene las visará Casado, el aria de bravura presupuestaria de Antona es posible que se transforme en aria amorosa ma non troppo, entonada a dúo con Clavijo en el teatro de Teobaldo Power. Claro que antes de ese dulce instante pasarán semanas y semanas en las que Antona y los suyos repetirán de lunes a lunes y de la mañana a la noche que sin bajada generalizada del IGIC no habrá presupuestos. Es el ineludible peaje que habrá que pagar un año más para escuchar al final a los populares justificando el apoyo a unas cuentas que juraron rechazar hasta el día del Juicio Final.

Foto: El Día

Es probable que para guardar las apariencias y hacerle el trance menos duro al PP, Rosa Dávila se avenga a tocar el IGIC aquí y allí, pero nada más: de rebaja general nada de nada por más que CC la lleve prometiendo para un año siguiente que nunca termina de llegar. Cuando Paulino Rivero, entonces y ahora miembro de CC, subió el IGIC amparado en las exigencias de la crisis, prometió solemnemente que en 2012 se revertiría la situación y se volvería a la presión fiscal anterior. Les ahorro el cálculo de los años que han pasado aplazando al año siguiente el cumplimiento de esa promesa, que tampoco se va a cumplir en 2019 por mucho que Antona se suba a la parra. CC volverá - ya lo está haciendo - a esgrimir sus conocidos argumentos de que sin un nuevo modelo de financiación autonómico que ponga al día los recursos que necesita Canarias para atender en condiciones sus servicios públicos, no es oportuno bajar los impuestos. 

Y no le falta parte de razón en esa justificación en la que, sin embargo, obvia el espectacular crecimiento de la recaudación en los últimos años y el efecto positivo que tendría para el consumo y la propia recaudación una menor presión fiscal, al menos en productos y servicios esenciales para la mayoría de los ciudadanos. En todo caso y a la vista de lo ocurrido el año pasado, no tengo muchas dudas de que Clavijo conseguirá una vez más salirse con la suya y sacar adelante sus segundo presupuestos autonómico a pesar de contar con menos de un tercio de los diputados de la cámara. Y ya puede Antona arrancarse por soleares si se cumple de nuevo que en donde manda capitán no manda marinero ni medianero. 

Cuenta atrás para Sánchez

El plazo de gracia que por cortesía se concede a los nuevos gobernantes para que formen equipo, aclaren sus ideas y fijen sus prioridades toca a su fin para Pedro Sánchez. El presidente lleva tres meses en La Moncloa y lo mejor que se puede decir de su ejecutoria es que lo único que parece moverle es el deseo de seguir en el puesto. Sus primeros pasos con Cataluña fueron prometedores por cuanto apaciguaron el tenso clima político. No obstante, la evidente ausencia de una clara hoja de ruta y la contumacia de un independentismo dispuesto a persistir en sus tesis, han llevado a Sánchez a cometer algunos errores de bulto, entre ellos dudar sobre la conveniencia de defender al juez Llarena tras la denuncia de Puigdemont. Al presidente se le nota demasiado que hace lo imposible para no incomodar al independentismo, hasta el punto de que se aviene a la obscenidad de poner sobre la mesa la posibilidad de influir sobre la Fiscalía para que sea comprensiva con los líderes del procès en prisión. Los independentistas, mientras, responden a sus desvelos con más de lo mismo y con un soberano corte de mangas a su conocida propuesta de elaborar un nuevo Estatut y someterlo a referéndum. 

Por lo demás, estos tres meses se han caracterizado por un goteo permanente de propuestas y anuncios pensados más para la galería y la hinchada ideológica de parte del PSOE y de Podemos, su implacable socio parlamentario. En la mayoría de los casos se trata de iniciativas traídas por los pelos, como la brillante idea de la vicepresidenta Calvo de reescribir la Constitución para dotarla de un lenguaje "inclusivo". En ese grupo cabe también incluir la llamada "resignificación" del Valle de los Caídos que ha devenido ahora en "cementerio civil". Franco y la memoria histórica se han convertido en los banderines de enganche de un Gobierno que, consciente de su debilidad política, intenta disimularla con trucos de magia como la creación de una "Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil", nada menos que ochenta años después de su fin y como si la gigantesca bibliografía histórica sobre ese asunto no hubiera aclarado nada Lo anterior no significa que no deba el Gobierno dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica y al acuerdo parlamentario sobre la exhumación de los restos del dictador. Lo que se cuestiona es la urgencia y el expeditivo sistema del decreto ley empleado para la puesta en práctica de la medida. Tanto gusto parece haberle cogido Sánchez al decreto ley que ya se ha olvidado de cuando criticaba al PP por hacer lo mismo que él hace ahora sin que medie ni urgencia ni necesidad inaplazable. 

Foto: EFE

En esta feria de propuestas, anuncios y ocurrencias no faltan los resbalones, los olvidos y las contradicciones de un Gobierno al que se le nota descoordinado y falto de ideas concretas de lo que se propone hacer. El último de esos episodios ha sido el incremento de la fiscalidad del diesel, anunciado por la mañana en la radio por el presidente y calificado poco después de "globo sonda" por la ministra de Industria; por no hablar del "gol por la escuadra" del sindicato de prostitutas, o del impuesto a la banca que iba a contribuir a financiar las pensiones y del que nada más se ha vuelto a saber. No ha sido menor el desconcierto y la cofusión en inmigración, con un Gobierno que empezó enarbolando la bandera del Aquarius para pasar a las devoluciones en caliente por las que tan duras y merecidas críticas recibió el PP por parte del PSOE en la oposición. 

Sánchez dice ahora que la única opción del Gobierno es aprobar unos nuevos presupuestos en el primer trimestre del año que viene. Lo que no dice es si está dispuesto a adelantar las elecciones si no lo consigue, aunque es lo que parece deducirse de su afirmación. De buscar el acuerdo con el PP y Ciudadanos no ha dicho nada Sánchez, que en esto tampoco se diferencia de Rajoy, quien ni siquiera se molestaba en llamar a negociar a aquellos con los que daba por hecho a priori que no podría llegar a acuerdos. Tengo la impresión de que Sánchez empieza a tentar a su suerte y a estirar su estancia en La Moncloa más allá de lo que le conviene electoralmente. Tal vez convendría que fuera pensando en llamar a las urnas antes de que el souflé de las encuestas empiece a bajar, algo de lo que empieza a detectarse algún que otro síntoma. El tiempo y su manifiestamente mejorable presidencia de estos tres meses empiezan a jugar seriamente en su contra. 

Sánchez - Cuenca y la confusión sobre Cataluña

Decía Platón que el colmo de la injusticia es parecer justo sin serlo. En relación con un reciente libro del profesor Ignacio Sánchez - Cuenca, me atrevería a decir que el colmo de la indecencia intelectual es parecer honeste sin serlo. Su libro "La confusión nacional", en el que aborda el conflicto catalán, reúne más ingredientes propios del panfleto y la proclama de parte, que un análisis reposado y riguroso de las causas, el estado actual del problema y las posibles soluciones. El autor, que en un libro anterior ya había ajustado cuentas con todos los intelectuales que no comulgan con su credo, vuelve sobre sus pasos para presentarnos un cuadro lleno de furibundos nacionalistas españolistas, que con su incomprensión legalista sojuzgan las democráticas aspiraciones de la minoría de ciudadanos catalanes que supuestamente quieren dejar de ser españoles. Pronto se desmiente a sí mismo el autor, después de haber prometido en las primeras páginas del libro que analizaría de forma objetiva los fallos de una y otra parte en este embrollo. Sin embargo, nada más hecha la promesa, se lanza a una amplia relación de recortes periodísticos con los que pretende demostrar que la carga de la prueba corresponde únicamente a una de las partes, la del nacionalismo españolista que él ve hasta en la sopa.

Según la tesis del profesor Sánchez - Cuenca, ese nacionalismo "carpetovetónico" se agarra al legalismo constitucional e impide con su posición cerril que se pueda abrir una vía de diálogo con los santos varones del nacionalismo catalán, expresión ésta última que procura emplear lo menos posible. Las casi doscientas páginas del libro se hacen de empinada lectura ante tanta impostura intelectual: de principio a fin, es una diatriba incansable contra los partidos constitucionalistas, el Poder Judicial y los medios de comunicación que defienden el orden constitucional. De aquellos otros medios que lo atacan, lo vilipendian, se mofan y se lo pasan por el arco del triunfo, como la televisión autonómica catalana, no dice una sola palabra el ecuánime politólogo. Compra de la manera más acrítica la versión independentista de los hechos ocurrido en el referéndum ilegal del 1-O - tampoco lo llama nunca así - e ignora la contumacia de los dirigentes soberanistas y las mentiras económicas e históricas sobre las que han cimentado su reclamación.  A su juicio, sólo Madrid tiene la culpa ya que, unos por acción y otros por omisión, han dejado pudrirse un problema que debió haber tenido una respuesta política y no judicial.

Es tal vez en la necesidad de arbitrar vías políticas en donde únicamente se puede coincidir parcialmente con sus planteamientos, solo que su posición de partida, cargando toda la responsabilidad en una parte y exonerando a la otra, que aparece en el libro poco menos que como la doncella mancillada en sus derechos, lo invalida de golpe. Porque del sentido general del libro solo cabe concluir que el Estado español - que no el nacionalismo, como torticera e insidiosamente machaca  una y otra vez - debió haberse plegado a las ilegales exigencias de los representantes de una minoría del pueblo catalán y, llegado el caso, poner también la otra mejilla. Y esto lo afirma alguien como yo, en el que nadie podrá encontrar un gramo de ese obtuso nacionalismo españolista que Sánchez - Cuenca achaca a los ciudadanos de este país y al que culpa de los problemas en Cataluña. Solo lo dice un ciudadano de a pie para el que sin respeto a la legalidad y al orden constitucional - por poco que a nuestro profesor parezcan gustarle esos conceptos - no hay democracia que valga.

Como ciudadano de este país tengo derecho a expresar mi posición, como lo tiene el resto de los españoles, sobre un asunto como el que nos ocupa. Su denodados esfuerzos de malabarista para convencer al lector de que la soberanía se puede trocear cuando lo exige la minoría de una minoría, no convencerían ni a un estudiante de primero de Políticas. Sánchez - Cuenca debería saberlo porque enseña esa materia y tendría que ser más honesto con aquello que explica a sus alumnos. Retuerce a conciencia el orden constitucional - ya sabemos que eso le trae sin cuidado - y exprime la ciencia política como un consumado trilero para hacerles decir lo que quiere que digan: que no hay nada inconstitucional en que una minoría imponga su criterio a la mayoría.

Son también de premio sus analogías entre la soberanía que el Estado español ha cedido en el proceso de la construcción europea con la que cedería en el caso catalán. En su imaginativa osadía, considera que esa podría haber sido una solución al asunto catalán, pasando por alto que lo que piden los independentistas no es compartir la soberanía con el Estado español sino crear un Estado soberano con todas las de ley. Llegado el caso y al menos en teoría, España podría recuperar la soberanía cedida a la UE como pretende hacer el Reino Unido con el brexit, pero no podría recuperar la que le cediera a una Cataluña independiente salvo que se revirtiera la independencia de algún modo. También es de nota como un autor tan equidistante y riguroso como prometía ser al inicio del libro, pasa de puntillas por el desprecio que los independentistas han dispensado a las leyes y a las instituciones catalanas. No hay una sola palabra en el libro sobre la fuga de empresas y apenas si se hace mención a la corrupción que salpica a buena parte de los prohombres del independentismo, empezando por las cuentas en Andorra de la familia Pujol. De esto último también culpa al españolismo y a las que considera campañas orquestadas por Madrid y los medios de comunicación para desacreditar políticamente a los independentistas.

En fin, para qué seguir: les ahorro comentar la propuesta del profesor para superar la crisis catalana. Alguien con su falta de honestidad intelectual está deslegitimado para plantear ningún tipo de salida merecedora de un mínimo de credibilidad. Al comienzo de su libro se quejaba también el profesor del bajo nivel político e intelectual del debate que tenemos en España sobre Cataluña y se suponía que su aportación serviría para elevarlo algunos peldaños. Sin embargo, lo único que ha hecho es empobrecerlo y envilecerlo, con lo que flaco servicio le ha hecho a esa causa que dice preocuparle tanto. No obstante, estoy convencido de que quienes, por las razones que sean, están dispuestos a comulgar con las ruedas de molino del independentismo catalán se lo agradecerán como se merece.

Un cuento nacionalista

Cuando llega Navidad o se aproximan unas elecciones, los más viejos del lugar reúnen a los nietos y al resto de la familia en torno al fuego y cuentan una extraña y antigua historia. Aseguran que viene de sus abuelos, quienes a su vez la recibieron de los suyos. Abreviando, porque el relato tiene más capítulos que "Las mil y una noches", la historia es más o menos como sigue. Había en tiempos remotos y míticos un archipiélago al que los antiguos, después de unos cuantos vinos añejos y sin rebajar, llamaron Islas Afortunadas. En ese archipiélago, llamado también Islas Canarias, gobernaba un partido político conocido como Coalición Canaria. Su objetivo y razón de ser era sacarle los cuartos al gobierno de Madrid, del que dependía políticamente el archipiélago del cuento. Lo que hacían con los cuartos que conseguía lo explico otro día para no extenderme demasiado.

Nunca obtuvo ese partido votos suficientes para gobernar en solitario, pero siempre supo arreglárselas muy bien para ponerle una vela a Dios y otra al diablo; así, unas veces gobernaba con Dios y otras con el diablo porque lo importante, en definitiva, era gobernar. Y como, además, Dios y el diablo eran como el agua y el aceite y no había forma humana ni divina de que se pusieran de acuerdo para quitarle el poder a Coalición Canaria, ésta seguía gobernando tan ricamente. Sucedió en cierta ocasión que hubo que decidir quién debía ser el aspirante del partido a llevar el bastón de mando en las siguientes elecciones. Como entre las dos islas mayores del archipiélago imperaba un viejo encono crónico, los de la isla que en ese momento tenían agarrado el bastón por el mango se negaron a soltarlo para que lo llevaran los de la isla rival. Fue grande la pelotera y como resultado de la misma se produjo una división en Coalición Canaria de la que nació Nueva Canarias.

Foto: Canarias 7

A partir de ese momento, el nuevo partido se hace apellidar "nacionalistas de izquierda", un apellido que los politólogos de todos los tiempos aún no han conseguido descifrar. Sus antiguos compañeros de fatigas se han seguido llamando nacionalistas, sin más precisiones, y no les ha ido nada mal: han continuado aliándose con Dios y con el diablo, según les venga mejor, y han conservado el poder hasta la fecha presente. O sea, que las cosas le han seguido saliendo tan bien como siempre a pesar de la mencionada división, un fenómeno que también han intentado desentrañar sin éxito politólogos de todas las escuelas conocidas. Según unos es el sistema electoral y según otros es que los rivales sufren el síndrome de Estocolmo y ansían con desesperación que Coalición Canaria les llame para pactar. Aunque lo más misterioso de este cuento que narran los abuelos, es que cada cierto tiempo, se calcula que cada cuatro o cinco años, se escuchan en las frías y ventosas noches de invierno unas voces gimientes que piden la vuelta a la unidad nacionalista; a veces se reconocen las voces de los nacionalistas de izquierda, a veces las de los nacionalistas a secas y a veces las de ambos.

Se lamentan estas voces de todo lo que se podría conseguir en Madrid si en lugar de tirarse mutuamente de los pelos, unieran sus fuerzas y fueran de nuevo de la mano. Narran los viejos que cuando el viento trae estos lamentos hay gran mortandad de baifitos y se ven extraños prodigios en el cielo en las noches de luna llena. Ocurre que como lo que se repite con demasiado frecuencia termina aburriendo y el temor que estos extraños fenómenos pudiera provocar acaba por tomarse a risa, cuando se escuchan de nuevo estas llamadas a la unidad nacionalista los pastores se limitan a meter las cabras en el corral y esperar a que pase el guineo. No me pregunten si esto que cuentan los más viejos del lugar es verdad o puro cuento. Yo me limito a contarlo como me lo contó mi abuelo, que incluso estuvo en Cuba y sabía de brujería. Él decía que se lo había contado su abuelo y yo, lo único que digo, es que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Brujas, haberlas haylas, y por tanto puede que también haya algún día reunificación nacionalista y no mueran más baifitos. Cosas más raras se han visto.

Sondea, que algo queda

Ni me enfría ni me caliente que el PSOE se "dispare", que Podemos se "hunda" o que el PP y Ciudadanos "empaten" en la encuesta electoral publicada  este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Ni siquiera los contundentes términos empleados por los medios para atraer visitas a sus ediciones digitales pueden con mi escepticismo. Que me perdonen los estadísticos, pero mi nivel de confianza en sus proyecciones de voto lleva tiempo bajo mínimos. Las causas son varias, pero la principal es el escaso grado de acierto de esos sondeos cuando llega la hora de la verdad y los ciudadanos se expresan en las urnas. Aunque me ha dado un  poco de pereza comprobarlo, supongo que los medios estarán plagados de sesudos análisis sobre las causas y consecuencias de los datos de la encuesta del CIS. Imagino también que tendremos, como en botica, explicaciones para todos los gustos, desde quienes auguran elecciones anticipadas para pasado mañana hasta quienes no tienen duda de que Pedro Sánchez agotará la legislatura.

Creo que sacar conclusiones tan contundentes sobre un instante concreto de la coyuntura política es un ejercicio estéril y ocioso que no conduce a ninguna parte ni tiene más posibilidades de hacerse realidad que de acertar la Primitiva. No quiero decir con ello que los partidos no valoren el dato y lo tengan en cuenta en la definición de sus estrategia. En realidad, creo que uno de los grandes problemas de la política actual, es que los partidos tienen tanta dependencia de los sondeos que no dudan en decir Diego donde habían dicho digo para adaptarse a la volátil opinión pública. Pero de ahí a concluir que con los datos de esta encuesta es más probable un adelanto electoral dista un buen trecho. En primer lugar porque dudo mucho de que los propios partidos crean ciegamente en los resultados del sondeo, por mucho que lo firme el CIS. No creo que lo hagan ni los que mejores resultados obtienen - el PSOE en este caso - y mucho menos los peor parados. Salvo que el dato se repita y consolide en sondeos sucesivos, sería un atrevimiento político poco responsable tomar una decisión de esa trascendencia sin sopesar otros muchos factores.

En todo caso, este sondeo del CIS publicado hoy me da pie para un par de reflexiones sobre la proliferación de este tipo de encuestas en los últimos tiempos, a pesar de sus reiterados desaciertos cuando se enfrentan al veredicto de las urnas. En todo sondeo es imprescindible la participación de dos actores, el encuestador y el encuestado. El primero suele ser una empresa demoscópica contratada por uno o varios medios de comunicación que hacen uso a discreción de los resultados y los comentan y analizan profusamente, que para eso han pagado. Al ciudadano apenas si le llega una parte mínima de los entresijos del trabajo: muestra, fecha de la encuesta, margen estimado de error y poco más. Sin embargo, nada sabe de la "cocina" empleada en el proceso e interpretación de los datos recogidos. 

Cuestiones como a quién se pregunta, qué se pregunta o cómo se pregunta no son baladíes y pueden cambiar sustancialmente los datos. Estudios sociológicos han demostrado que el resultado se altera si se cambia el orden en el que se colocan en una encuesta los diferentes candidatos a una elección. Por poner un ejemplo, no es lo mismo preguntar si se prefiere para presidente del gobierno a Pedro Sánchez o a Pablo Casado que preguntar si se prefiere a Pablo Casado o a Pedro Sánchez.  Por otro lado, las muestras son a veces literalmente ridículas y cuesta creer que se puedan extrapolar las respuestas de dos mil o tres mil ciudadanos a las de un censo de más de 36 millones de electores. 

Desde el punto de vista del encuestado, no son menos ni menos importantes las pegas que cabe interponer a la fiabilidad de los sondeos. Por lo general, al ciudadano se le insta a responder sobre la marcha a cuestiones sobre las que no ha tenido tiempo de formarse una opinión o carece de elementos de juicio suficientes para decidir en cuestión de segundos a quién prefiere de presidente del gobierno. En esas circunstancias, el abanico de posibles respuestas puede ir desde ser sincero a ocultar el voto, pasando por mentir o afirmar que no votará. Respuestas todas ellas que se corresponden a un momento concreto y determinado y que pueden variar por completo en muy poco tiempo. Todo ello, unido a la menguante fidelidad de los votantes a un partido concreto y al hecho de que el voto se decide cada vez más en el último momento, imprimen una elevada volatilidad a las intenciones electorales de los ciudadanos que impide hacer previsiones con algo de fiabilidad más allá de periodos cada vez más cortos.

En este fenómeno tienen una influencia decisiva las omnipresentes redes sociales y  los propios medios de comunicación que encargan las encuestas: los asuntos de actualidad que las redes y los medios priorizan y el tratamiento informativo que reciben, son un factor clave en la conformación de la opinión pública que, con razón, muchos llaman opinión publicada. Como señaló el profesor Giovanni Sartori, "los sondeos son un eco de retorno, un rebote de los medios de comunicación, y por tanto ya no expresan una opinión del público sino opiniones inyectadas en el público". En otras palabras, sondea, que algo queda ya que el espectáculo debe continuar.    

Más libros y menos marcianos

Me pueden llamar anticuado, desfasado y cavernícola; si lo prefieren pueden decir que me quedé en la época de los Picapiedra, lo que deseen. Ni aún así me convencerán de las bondades de meter los llamados eSports en la escuela, aunque sea a través de una aparentemente inocua  liga escolar. Ya, ya sé que que para quienes apoyan la decisión del Gobierno de Canarias, los videojuegos son la pera limonera y que privar a los tiernos infantes e infantas de un invento tan pistonudo sería como hacerles sumar con granos de millo y trazar la "o" con un canuto de caña. Aún así, me sigue sin convencer el amplio muestrario de razones que exhibe el Gobierno para apostar por una actividad, se quiera o no, vinculada a las adicciones, el sedentarismo y la obesidad; por no mencionar los contenidos generalmente violentos o de mera evasión de la realidad de los que se nutren los videojuegos. Pero no hay manera, ninguna de esas pegas, algunas de ellas expuestas por la mismísima Organización Mundial de la Salud, animan al Gobierno a darle un par de vueltas más al proyecto antes de hacerlo realidad o meterlo en un cajón.

Dice también en su defensa el Gobierno que los eSports deben considerarse una modalidad deportiva más, aunque lo único que puede llegar a sudar durante su práctica sean los dedos gordos de las manos. Para tranquilidad general promete que el proceso estará acompañado y supervisado muy de cerca por docentes y padres, los primeros que arrugaron la nariz cuando la Consejería de Educación anunció la iniciativa. Ya puestos, me permito sugerir que se incluyan también en las actividades deportivas escolares algunas competiciones de Whatsapp y subida de fotos a Instagram, dos entretenimientos a las que los chicos también dedican sus buenos ratos diarios y que, de acuerdo con los argumentos de la Consejería, deberían recibir el mismo trato de favor que los eSports.

No sé, a mí todo esto me parece muy extraño: no entiendo el empeño digno de mejor causa del Gobierno en continuar adelante con un proyecto del que recelan padres, profesores, partidos, pedagogos, pediatras y expertos en educación física. El decidido y tenaz apoyo a la idea por parte de un determinado medio de comunicación privado no es algo que me tranquilice precisamente, sino todo lo contrario. Me preocupa y me parecería reprobable - y así lo digo abiertamente - que lo que se pretenda sea sencillamente meter el caballo de Troya en las aulas disfrazado con seudoargumentos pedagógicos y sociológicos que no convencen más que a quienes están detrás de la idea.

Puede ser también que tanto a mí como a otras muchas personas que desconfiamos de este plan, nos falten los conocimientos de los videojuegos que sí parece atesorar el presidente del Gobierno, no digo yo que no. Tal vez sea eso, junto al convencimiento de que la escuela tiene metas y objetivos mucho más elevados y trascendentales que cumplir, lo que impide a ignorantes como yo aplaudir la idea y cantar sus alabanzas. Yo solo hablo por mí y por mi experiencia: hice mis primeros palotes en una escuela pública de pueblo en cuya biblioteca no había más de veinte libros; cuando aprendí a leer los devoré casi todos en menos de un curso gracias al estímulo de unos inolvidables profesores. Admito que sigo siendo un ignorante, pero no cambiaría el gozo que me produjeron las novelas de Julio Verne que leí en esa escuela por todos los videojuegos del mundo.

¿Qué tal si fomentamos más la lectura en las aulas y dejamos en paz a los marcianitos? A lo mejor, andando el tiempo, seríamos un poco más cultos, estaríamos mejor formados para encontrar un empleo y no sería tan sencillo engañarnos con baratijas. Aunque igual el equivocado soy yo y el futuro de las nuevas generaciones de canarios pasa por aprender a matar marcianitos con eficiencia y eficacia y  jugar virtualmente al fútbol mejor que Ronaldo. Seguramente va a ser eso.

Menos demagogia con la inmigración

Aunque lo hacen, no deberían los partidos políticos convertir la inmigración irregular en una nueva coartada para lanzarse a la demagogia electoral más feroz. Demasiados asuntos de calado han caído ya bajo la losa de ese mal de los sistemas democráticos, como para añadirle uno que además tiene que ver con la vida y las esperanzas de muchos centenares de miles de personas. Recordemos, para no caer en el mismo error, las toneladas de demagogia que se vertieron en 2006 a propósito de la llegada constante de pateras y cayucos a Canarias. Aquella sangría humana se taponó temporalmente con el FRONTEX, pero las causas que la provocaron - hambre, miseria, persecución, guerra - siguen tan vigentes como entonces. 

Son las mismas causas que están llevando a las costas andaluzas a miles de inmigrantes subsaharianos en los últimos meses, desbordando literalmente los centros de acogida. Hay sospechas de que Marruecos ha relajado la vigilancia en sus fronteras, como es uso y costumbre cuando Rabat pretende alguna contraprestación española o europea. Pero aunque las fronteras estuvieran selladas - que nunca lo pueden estar por completo - el drama de estas personas solo desaparecería de los medios de comunicación pero no de suelo marroquí o de cualquier otro país de paso.

Foto: Diario de Córdoba

Por supuesto que España no tiene "papeles para los millones de africanos que esperan en África para llegar a Europa". La cuestión es que nadie ha pedido tal cosa y, en consecuencia, las declaraciones de Pablo Casado no solo son gratuitas, sino irresponsables e impropias del líder de un partido con posibilidades de gobernar. Solo cabe enmarcarlas en la polarización ideológica a la que quiere arrastrar al PP, acercándolo peligrosamente al trumpismo y a la ultraderecha xenófoba de Austria o Italia. Tergiversa Casado la realidad porque, entre otras cosas, en España está en vigor la Ley de Extranjería de 2009 que prevé la expulsión de los inmigrantes en situación irregular.  

Sus manifestaciones son también una enmienda a la totalidad de la política migratoria desarrollada por los gobiernos del PP en los últimos doce años, caracterizada por limitarse a las devoluciones en frío o en caliente, a la supresión de la sanidad universal y al descarado incumplimiento de sus compromisos firmes para el acogimiento de refugiados. Dicho lo anterior, también peca de demagógica e irresponsable cierta izquierda que parece convencida de que España debe se el país de relevo de Italia o Grecia en la recepción de inmigrantes. La realidad de los centros de acogida en Andalucía y las enormes dificultades para garantizar los derechos y prestar una atención adecuada a estas personas, echan por tierra cualquier fantasía de ese tipo.

Foto: Diario de Andalucía

En esa misma línea, se echa en falta más prudencia en las declaraciones y en los gestos del Gobierno de Pedro Sánchez. Acoger a los inmigrantes del Aquarius fue un gesto imprescindible por razones humanitarias pero, al igual que una golondrina no hace verano, un gesto como aquel tampoco va más allá del simple gesto; incluso puede convertir al país en un polo de atracción para las mafias que trafican con la vida y la escasa hacienda de los inmigrantes. Al mismo tiempo, anunciar que se van a eliminar las concertinas y luego tener que aplicar las criticadas devoluciones en caliente cuando centenares de inmigrantes saltan la valla de Ceuta, no habla en favor de la claridad de ideas del Gobierno en este asunto.

Hasta la saciedad se ha dicho que la única manera que tiene la UE de abordar este enorme reto es buscar cauces legales y ordenados de inmigración hacia un continente que envejece a marchas forzadas y que requiere savia nueva. Poner en marcha programas con ese objetivo precisa no solo de muchos más recursos, sino de un ingente trabajo que debió haberse iniciado hace ya mucho tiempo.
Crear megacentros de retención de inmigrantes dentro o fuera de la UE a cambio de dinero, aparte de mezquino, sólo servirá para constatar una vez más la impotencia europea para gestionar de manera razonable los flujos migratorios. Es ahí, insistiendo en este tipo de alternativas que impliquen en la solución de un desafío que es de todos a todos los países miembros, en donde España tiene que dar la batalla sin descanso. 

Es evidente que nadie tiene en su mano la varita mágica para encontrar la salida perfecta, aunque al menos deberíamos desechar para siempre las fórmulas cuyo fracaso ha quedado patente. Por eso deberían también los políticos evitar la tentación de hacer demagogia partidista y no convertir en centros de peregrinación veraniega las zonas de llegada de inmigrantes para hacerse la foto, atizar un poco más el fuego y desaparecer.  Emplear el tiempo precioso que dedican a lanzarse dimes y diretes en concertar propuestas realistas que no pasan ni por la xenofobia ni por la idea de España como tierra de promisión, sería mucho más positivo para todos.

Sánchez, solo ante el peligro

Con los interesados compañeros de viaje que tiene, no debería Pedro Sánchez preocuparse mucho de la oposición del PP y de C's. Me maravilla que haya gente que se espante aún de que Unidos Podemos o los independentistas catalanes, le hayan dado la espalda y dejado solo ante el dilema de seguir gobernando con las cuentas del PP o adelantar las elecciones. Lo que no se le puede negar a nadie es legitimidad democrática para tumbar los planes presupuestarios de Sánchez, de cuya debilidad parlamentaria solo él es el responsable. Cosa bien distinta es que sea posible encontrar algo de coherencia entre el discurso político de la oposición - la oficial y la encubierta -  y el interés general. Analizando actor por actor del nuevo sainete, lo que se encuentra es un ejercicio más de cortoplacismo electoral que no se compadece en absoluto con las necesidades del país.

De un PP, cuyo nuevo líder quiere imprimir su propio sello opositor y dejar claro quién manda en la derecha, no se puede esperar que contribuya a paliar las secuelas que sus propios políticas de austeridad causaron a la sociedad española. Y eso, ni aunque lo autorice Bruselas, la coartada perfecto de la que echó mano siempre Rajoy para apretarnos el cinturón a conciencia. Ciudadanos, intentando por su parte volver a encontrar su sitio en la derecha después de la invasión casadista de su territorio político, tampoco está por la labor de darle un respiro a los españoles si eso implica también darle aire a Sánchez.

En la supuesta izquierda del PSOE tampoco debería sorprender la posición de Podemos: como en la fábula de la zorra y las uvas, rechazó el aumento del gasto público que propuso el Gobierno porque le pareció insuficiente. Es muy propio del populismo despreciar la parte cuando no puede conseguir el todo, sin importar si de ese modo perjudica objetivamente a quienes con cuya defensa se llena la boca de la mañana a la noche. Tampoco sorprende que los independentistas catalanes le hayan hecho un soberano corte de mangas a Sánchez y ni siquiera le hayan reconocido los esfuerzos para pacificar las relaciones políticas con Cataluña. Tampoco a ellos les preocupa otra cosa que no sea el delirio independentista y los problemas de la sanidad, la educación o los servicios sociales deben sonarle a castellano antiguo.

El Gobierno de Sánchez se encuentra ahora entre la espada y la pared: el previsible rechazo por segunda vez del objetivo de déficit y el techo de gasto, abrirá un abismo político a sus pies que va a tener muy difícil sortear dada su menguante capacidad de salto. Si dentro de un mes la oposición oficial y la encubierta vuelven a rechazar sus planes, tendrá que decidir si sigue en La Moncloa con los presupuestos del inquilino anterior o llama a los españoles a las urnas. Salvo que encuentre una tercera vía, que está por ver, la mejor opción  para el interés general es la segunda y es la que debería prevalecer cuando un gobierno no es capaz de aprobar la ley más importante del año, la de presupuestos.

 Ocurre, sin embargo, que ni siquiera en el Gobierno parece haber acuerdo: del "no aguantaremos más de los razonable" de la ministra Celáa, se ha pasado al "habrá Presupuestos y no se adelantarán las elecciones " de Carmen Calvo. Debería explicar Sánchez a los españoles cómo piensa conseguir lo que promete su vicepresidenta y, de paso,  estrenarse en una rueda de prensa a tumba abierta como presidente, una actividad en la que sigue inédito dos meses después de llegar a La Moncloa. Suya es la competencia para convocar elecciones o estirar una legislatura, que una vez más va camino de la parálisis a medida que se acerquen las fechas electorales.

Con ese panorama y mirado incluso con los ojos del interés partidista, atornillarse al sillón contra viento y marea podría malograr la mejora de sus expectativas en las encuestas electorales. Estos son solo algunos de los peajes por vivir en La Moncloa y usar el Falcon para la agenda cultural; son también las consecuencias de una moción de censura instrumental en la que lo más difícil no fue encontrar socios para echar a un presidente que merecía ser echado, sino gobernar cuando te dejan solo ante el peligro. 

Canarias tiene razón

Después de años apretándose el cinturón, seguramente mucho más de lo que era incluso saludable, debería tocar recoger los frutos del sacrificio. Una comunidad históricamente mal financiada como Canarias - entrar ahora en las causas nos llevaría demasiado tiempo -, tiene derecho a que se le reconozca el esfuerzo en el cumplimiento del objetivo de déficit y la estabilidad presupuestaria. Porque aún padeciendo una deficiente financiación de sus servicios públicos recortó el gasto,  hasta el punto de que aún tendrá que pasar mucho tiempo para volver a la situación previa a la crisis, que ya era manifiestamente mejorable. Fruto de un sacrificio injusto para unas islas con múltiples carencias, la comunidad autónoma presume de tener equilibradas sus cuentas, que incluso presentan superávit, y su deuda bajo control. Otras, en cambio, continuaron gastando a espuertas como si no hubiera un mañana y endeudándose hasta las cejas y más arriba.

El incumplimiento de las normas que se suponía obligatorias para todos, no les acarreará en cambio ninguna de las consecuencias previstas. Antes al contrario, serán premiadas con un nuevo alivio del objetivo de déficit en 2019 que les va a permitir gastar del orden de unos 2.500 millones de euros más de los previstos inicialmente. Ese alivio apenas le sirve en cambio a las comunidades que, como Canarias, hicieron los deberes hace tiempo y que lo que necesitan es poder destinar lo que han ahorrado a mejorar los servicios públicos. Es aquí en donde entra la controvertida regla de gasto, por la que se establece el tope que pueden destinar las comunidades autónomas a fines como financiar las competencias transferidas por la administración central, entre otras la sanidad y la educación. No es necesario ser un experto para comprender que si la regla en cuestión se aplica por igual a todas las autonomías, hayan o no cumplido sus obligaciones con la estabilidad presupuestaria, las perjudicadas serán las cumplidoras y las beneficiadas las incumplidoras.

Es, expresado en otros términos, un evidente agravio comparativo que no hace sino ahondar la brecha y el recelo entre comunidades. Se podría debatir largo y tendido sobre si Canarias debió haber sido menos estricta en el cumplimiento de sus deberes con el déficit ante la evidencia de que, no por eso, el Gobierno central iba a ser más condescendiente con las necesidades de una de las comunidades peor financiadas. Siempre he creído que el Gobierno canario erró cuando decidió convertirse  en el primo de Zumosol del déficit a costa de deteriorar hasta niveles alarmantes los servicios públicos. Una política menos seguidista de la obsesión por el déficit que presidió la gestión del PP, seguramente habría permitido que la sanidad, la educación y los servicios sociales sufrieran mucho menos y que las islas no se vieran hoy implorando de Madrid que le permita gastarse el dinero ahorrado. Una petición que, dicho sea de paso, el Gobierno de Canarias debió haber planteado también al de Rajoy con la misma contundencia con la que ahora se la plantea al de Pedro Sánchez.

Aún así y partiendo de que no sirve de nada llorar sobre la leche derramada, es de justicia que el Gobierno de Sánchez busque la manera legal de diferenciar el cumplimiento de la regla de gasto, para que el dinero que hemos ahorrado todos los canarios en años de esfuerzos que otros no hicieron, revierta en la mejora de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Ese trato diferenciado se antoja más justo si cabe, si tenemos en cuenta que el propio Sánchez ha descartado de plano afrontar en lo que queda de legislatura la ya tantas veces aplazada modificación de la financiación autonómica. Es probable que en el PSOE hacer distinciones con comunidades autónomas por muy cumplidoras del déficit que hayan sido, no debe entusiasmar demasiado ante la previsible reacción del resto de autonomías. Aunque bien mirado, aplicando la misma receta a todas sí hace distinciones de facto al beneficiar a las últimas de la clase en detrimento de las primeras.

Creo que Canarias pone en la balanza razones objetivas de mucho peso que no puede exhibir la mayoría del resto para plantear la misma petición. Toda vez que no habrá nueva financiación autonómica a corto plazo y que quienes han eludido los sacrificios que hizo Canarias se verán premiadas con un déficit más llevadero, nada de trato de favor tendría que se autorizara a esta comunidad a emplear sus propios recursos en atender sus maltrechos servicios públicos.  

Casado se sale por la derecha

Lo podrán vestir los analistas de la  caverna como mejor les parezca, pero el giro radical más hacía la derecha del PP con Pablo Casado al frente es difícilmente disimulable. Así las cosas y, se miren como se miren, esta no es una buena noticia para el país y, si me apuran, ni siquiera para el PP. Las conquistas sociales que se pensaban consolidadas han sido puestas claramente en cuestión por el joven líder de los populares durante la campaña de las primarias y en el Congreso de su partido; los avances hacia la modernidad de un país que venía de décadas de atraso con respecto a nuestro entorno, de pronto se tambalean ante el discurso de Casado. Sacar a pasear a estas alturas del siglo XXI la ley de supuestos para el aborto, desdeñar la eutanasia sin más matizaciones o rechazar la improrrogable necesidad de que las víctimas de la dictadura franquista reciban el resarcimiento que la democracia española les debe, no tiene nada de renovación y sí mucho de involución. Llamar renovación a sus propuestas sobre educación, por ejemplo, es un claro abuso del lenguaje.

Mención singular merece la posición de Casado sobre la crisis en Cataluña, que quiere "reconquistar" arrimando un fósforo al barril de pólvora en el que se ha convertido este asunto. No sé qué otra expresión emplear para explicar que Casado proponga endurecer el Código Penal en materia de rebelión y sedición o ilegalizar los partidos independentistas. De alguien que considera una pérdida de tiempo sentarse a hablar con las fuerzas independentistas, solo cabe esperar que haga todo lo que esté a su alcance para evitar una salida política a un problema de índole político.

Foto: El Independiente

En su conjunto, el discurso de Casado nos retrotrae a las esencias del aznarismo, que ha sobrevolado como un fantasma con bigote por estas primarias del PP. Al menos Rajoy sí ha dicho que se aparta pero Aznar siempre ha estado ahí, como al acecho, pendiente de que su obra maestra no se malogre. En Casado parece haber encontrado el ex presidente un aventajado pupilo seguidor de su catecismo ultraconservador, por más que algunos pretendan pintarlo de liberal de centro derecha. Me queda la duda de cuánto ha habido en ese discurso de necesidad de diferenciarse de la propuesta cansina y tecnócrata de su rival Sáenz de Santamaría para ganarse el apoyo de los compromisarios, y cuánto de programa político que Casado no dudaría en plasmar en su acción de gobierno si tuviera oportunidad de ello. Es probable que en la contienda electoral tenga que moderarse si no quiere enajenarse el apoyo de esa amplia masa de votantes que se suele mover en el centro del espectro político, alejada de cualquiera de los dos extremos del mismo. Por eso sospecho que Casado no tendrá más remedio que plegar velas cuando llegue el momento de medirse en la arena electoral,  para impedir que Ciudadanos y el PSOE ocupen el campo político que les dejaría libre con su evidente deriva derechista.

Es pronto aún para saber en qué medida el nuevo líder del PP mantendrá esas posiciones que alejan a su partido de sus homólogos conservadores europeos. Hay aún muchas incógnitas por resolver, como la integración de la candidatura perdedora y su rival en las primarias Soraya Sáenz de Santamaría; de otra parte, sobre el liderazgo de Casado pende la espada de Damocles de una investigación por su máster de Derecho Público que le puede ocasionar más de un disgusto político y judicial. Estos factores serán determinantes para ir viendo hasta qué punto será capaz el nuevo líder popular de mantener o variar su discurso rupturista con la grisacea trayectoria ideológica de Rajoy, al que ha jubilado políticamente y sin miramientos.  Por sus obras los conoceréis, dice la cita bíblica. De Casado no conocemos aún los hechos pero sí las ideas y éstas no tienen ya encaje en la realidad social y política de un país, que no toleraría la vuelta al pasado que propone el flamante nuevo presidente popular. El largo viaje al centro político que el PP dijo haber iniciado hace años, en realidad se ha venido desarrollado en dirección opuesta y la elección de Casado este fin de semana no ha hecho sino alejarlo mucho más de esa meta.

Nicaragua no tiene quien le escriba

Sangra Nicaragua y en la izquierda apenas si se oye el vuelo de una mosca. Daniel Ortega ordena bombardear durante horas Masaya y no se publica un solo comunicado de condena de ninguna organización de izquierdas; tampoco se convocan concentraciones, manifestaciones, encierros, sentadas ni recogidas de firmas. Siempre tan ágil y dispuesta a condenar al capitalismo o al imperialismo, en este caso ni está ni parece que debamos esperarla. Pareciera como si la consigna tácita fuera continuar con los desgastados lemas de la Revolución Sandinista sin hacer caso de lo que pasa en las calles de Nicaragua. Tal vez el sepulcral silencio tenga que ver con el viejo y maniqueo principio revolucionario de no proveer de argumentos al enemigo, no darle munición, como se suele decir en el argot. Si se quiere ser fiel a esa estrategia, hay que actuar y pensar como hacía J.P. Sartre cuando lo único que veía en la URSS de Stalín era el paraíso de la clase obrera en la tierra. El testigo de Sartre lo ha recogido y lo defiende esta izquierda que, en pleno siglo XXI, se toma cualquier critica al régimen venezolano o al nicaragüense como una afrenta a los valores de una revolución que solo existe en su imaginación calenturienta.

Los jóvenes asesinados en Nicaragua por fuerzas parapoliciales y paramilitares a las órdenes del Gobierno de Ortega, quedan en un muy segundo plano en su distorsionada escala de principios morales y políticos, casi podrían llamarlos daños colaterales. Por encima de todo debe primar la Revolución Sandinista y los supuestos logros que con ella ha alcanzado el pueblo nicaragüense. Una Revolución que, más allá del romanticismo, murió a manos de quienes mismos la hicieron posible y que enterró bien profundo el mismo Daniel Ortega, al que de revolucionario solo le queda ya el bigote. Basta preguntarle al Premio Cervantes Sergio Ramírez o al poeta y sacerdote Ernesto Cardenal y te dirán que, de aquella gesta épica de un pueblo pobre y pequeño, que echó del poder y del país a la dinastía criminal de los Somoza y a sus asesores estadounidense, hace tiempo que no queda nada. La alianza de Ortega con los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica y del empresariado no cuentan para esa izquierda muda; tampoco parece que importe ni poco ni mucho que el régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo, controle todos los poderes del estado y los medios de comunicación.

Foto: La Prensa

El icono que ilusionó en los ochenta a los jóvenes de medio mundo, debe seguir vivo por encima de los muertos, de la ausencia de libertades y derechos y de la pobreza y la desigualdad. Nada debe empañar el recuerdo de las canciones de Carlos Mejía Godoy ni los conciertos de Silvio Rodríguez en Managua ante un mar de banderas rojinegras bordadas con las siglas del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional). Callar es otorgar y consentir sin mover un dedo ni elevar la voz ante la represión y el goteo de muertos en Nicaragua, debería ser impropio de los valores morales de la izquierda. En cambio, lo que tenemos ante nuestros ojos es un nuevo ejemplo de incapacidad para condenar los crímenes y las injusticias independientemente de quiénes sean los responsables y en dónde tengan lugar. Esa izquierda debería avergonzarse de que les haya tomado la delantera de la condena el Vaticano, la UE o la Organización de Estados Americanos.

No hay camino para una sociedad más justa e igualitaria que no pase por el respeto a las libertades y derechos y por las elecciones libres y democráticas. Sin embargo, buena parte de la izquierda no parece haber aprendido absolutamente nada de la historia: creer aún que si se condena sin medias tintas el autoritarismo y la brutalidad de Ortega y Maduro se le hace el juego al imperialismo, es demostrarse incapacitada moral y políticamente para aspirar a defender y luchar por un mundo mejor. Es hora de escribirle a Nicaragua y a los nicaragüenses y de decirles que la izquierda está con ellos y con su lucha y no con quienes les persiguen y bombardean. Es hora de volver a cantar "Ay Nicaragua, Nicaragüita"  con un renovado espíritu de justicia y de libertad frente a quienes, después de tantos sacrificios, mataron la esperanza de una Nicaragua mejor. 

El programa de Sánchez

Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso para dar a conocer su programa de gobierno. Lo ha hecho cincuenta días después de que tocara presentarlo en el debate de la moción de censura contra Rajoy de finales de mayo. No dudo de que con los agobios de última hora y la necesidad de sumar apoyos suficientes, se le fuera a Sánchez el santo al cielo y olvidara que la Constitución establece que las mociones de censura deben ser constructivas. Esto quiere decir que, además de presentar un candidato alternativo a la presidencia del gobierno, también hay que presentar y defender un programa alternativo de gobierno. Como es fácil deducir, la ausencia de ese programa significa que los diputados carecen de argumentos de peso sobre los que decidir si apoyan o no al candidato que se propone para la investidura.

Aunque todo lo anterior suene solo a teoría constitucional, conviene recordarlo y reprochárselo a quien incumple ese precepto como hizo Sánchez en su moción contra Rajoy. Que la cuestión a decidir fuera si se echaba a Rajoy más que si se elegía a Sánchez por su desconocido programa de gobierno, no es excusa para no cumplir lo que la Constitución establece para estos casos. Aclarado lo anterior, vamos con lo que Sánchez llama la "agenda para el cambio" para definir su programa de gobierno y que se centra en la "agenda social", la economía, los impuestos y algunos gestos que cuestan poco dinero pero visten políticamente y pueden dar rédito electoral. En otros términos, un poco de todo como en botica pero con un brillo nuevo y un tono mucho menos cansino del que nos tenía acostumbrados Rajoy. 

Foto: El Independiente

Aún así, tengo que confesar que no me ha quedado muy claro si estamos ante un programa de gobierno o ante un programa electoral, aunque me inclino mucho más por lo segundo. Sobre todo, porque para aprobar algunas de las medidas anunciadas necesita Sánchez de una mayoría parlamentaria de la que no dispone y que no creo sea capaz de conseguir en esta legislatura. Anuncia el presidente una subida de los impuestos a las grandes empresas que, aunque bienvenida, no deja de ser un nuevo parche del sistema fiscal, necesitado de un traje nuevo mucho más progresivo y con menos agujeros y excepciones que el actual. Su intención de impulsar una ley que prohíba amnistías fiscales como la de Montoro es cuando menos una licencia poética: la puede cambiar otro gobierno posterior, ya la había anunciado el propio Montoro y los límites de ese asunto ya los expresó con claridad el Constitucional en la sentencia que anuló la de 2012.

Aunque para límites los que se ha encontrado Sánchez al llegar al Gobierno y verse obligado a asumir que la ley le prohíbe hacer lo que prometió cuando estaba en la oposición: publicar la lista de quienes se acogieron a la amnistía de Montoro. Esto es lo que ocurre cuando los políticos se lanzan a hacer promesas a sabiendas de que nos las podrán cumplir por inviables, por ilegales o por ambas cosas a la vez. Se trata de un engaño consciente a los ciudadanos, que los políticos deberían esforzarse en evitar si aspiran a recuperar parte de la credibilidad que han ido perdiendo por comportamientos como ese.

Foto: Noticias de Álava

En cuanto a Cataluña, propone el presidente que los catalanes voten un nuevo estatuto de autonomía que sustituya al que afeitó el Constitucional a instancias del PP. Mi escepticismo ante este asunto es infinito, aunque hay que decir en favor de Sánchez que al menos hace propuestas política en donde hasta ahora sólo había denuncias y recursos judiciales. Lástima que el PP y Ciudadanos antepongan sus intereses partidistas a la necesidad de encontrar una salida a la crisis catalana y descalifiquen con trazo grueso cualquier cosa que Sánchez diga o haga sobre ese asunto.

La necesaria exhumación de los restos de Franco y algunos otros guiños y gestos orientados a la izquierda, completan esta "agenda para el cambio" de Pedro Sánchez y a la que le sobra imaginación y le faltan tiempo y apoyos suficientes para hacerla realidad en lo que resta de legislatura. Algunos la llamarían brindis al sol y no les faltaría algo de razón habida cuenta las circunstancias políticas y la aritmética parlamentaria sobre la que se asienta Sánchez. Cabe concluir que, a pesar del notable retraso con el que lo ha hecho, con la presentación de este programa de gobierno el presidente ha cumplido  el expediente y su obligación constitucional y, sobre todo, deja trabajo adelantado para las elecciones.

El PP aprende democracia interna

Y lo hace, diría yo, a marchas forzadas y obligado por las circunstancias. Tengo la sensación de que casi nada está saliendo como lo había planeado Rajoy, lo que una vez más demuestra la poca utilidad de hacer planes muy detallados en política y encima confiar en que se cumplan. Es mucho más útil y práctico irse adaptando a las circunstancias según vayan surgiendo, que es en definitiva lo que ahora intenta hacer el PP con más pena que gloria. Seguramente será la falta de costumbre, pero ya se sabe que para todo hay una primera vez. Tengo la impresión de que Rajoy soñaba con una sucesión ordenada, aburrida y cuando él considerara que era el momento procesal oportuno para abdicar la corona de máximo mandatario del PP. No podía sospechar que una moción de censura acabaría con su gobierno y, aunque pudo haber seguido presidiendo el PP, su crédito político entre sus propios votantes estaba ya bajo mínimos como para volver a intentarlo.

Así que tuvo que dar un paso a un lado y - eso hay que reconocerle - se cuidó en público de no señalar con el dedo a su sucesor o sucesora, como hiciera Aznar con él. Su retirada habría salido como la planeó si aquel en quien confiaba para tomar el mando no hubiera dado la espantada y descolocado a todo el partido. No tengo dudas de que la renuncia de Núñez Feijoo  ha impedido una coronación a la búlgara y por aclamación del nuevo presidente de los populares, tal y como marca la inveterada tradición del partido. Si acaso se habría presentado a las primarias algún concejal de pueblo para salir en la tele, pero no Sáenz de Santamaría, Casado o Cospedal. La situación ahora es de peligrosa proximidad al abismo de la división interna si quien gane la batalla no integra a los perdedores en la dirección del partido.  

Foto: El Economista

Ese sería el momento correcto de la unidad, no el previo al congreso, en el que lo que debería producirse es el debate y la confrontación de ideas y de proyectos para el partido y para el país. Sin embargo, la situación que se aprecia es bien distinta: Casado propone el debate y Sáenz de Santamaría lo esquiva con el inestimable apoyo del aparato del partido, al que le entran temblores fríos solo de imaginarse a los candidatos disputando en público. Al margen de que su candidatura sea más de regresión que de avance hacia posiciones acorde con los tiempos actuales, es Casado el único que se ofrece a debatir y pospone la unidad a cuando corresponde: después del congreso del fin de semana. Su rival, en cambio, hace de la unidad un principio sagrado en sí mismo y se escabulle del intercambio de posiciones con Casado alegando que las líneas del partido están claras para todos.

Visto así, Sáenz de Santamaría no parece aspirar a otra cosa que a sustituir a Rajoy y continuar como si aquí no hubiera pasado nada, con el único argumento a su favor de su condición de mujer. Casado, en cambio, propone al menos la necesidad de hacer cambios en el partido, aunque sea para volver a conectarlo con las esencias del pasado aznarista. Con este panorama y con los apoyos que uno y otra exhiben sería más que arriesgado aventurar un resultado que, a la postre, va a depender más de los compromisarios y de los juegos de poder, que de unos militantes que se pueden ver desairados si el elegido es Casado. Lo que es seguro es  que estas primarias dejarán secuelas tras un proceso en el que el PP ha derrochado más democracia interna que en toda su historia hasta la fecha. Que sea para bien, aunque también parece evidente que tendrá que esforzarse mucho más en la próxima ocasión.   

Puigdemont, una causa sin rebelde

Nones, dice el Tribunal de Schleswig-Holstein (Alemania) que Puigdemont no es un rebelde con causa sino que la suya es una causa sin rebelde. Los jueces alemanes han sopesado y medido con mucho detenimiento el asunto y han fallado que en el procès soberanista "no hubo la cantidad suficiente de violencia" como para considerar que el fugado ex presidente catalán sea un rebelde porque España le ha hecho así. Lo más, dicen los magistrados teutones, es una malversación de caudales públicos por organizar y llevar a la práctica aquella fiesta de la democracia que fue el referéndum del 1-O. Para mi satisfacción descubro una vez más todo lo que se puede aprender fijándose en el significado de ciertas palabras colocadas en determinados contextos. Me maravillo de que los jueces alemanes hablen de "cantidad de violencia" para justificar jurídicamente su decisión.

¿Cuánta hace falta para que algo sea o no sea una rebelión? ¿un kilo? ¿tres y medio? ¿cinco toneladas? No lo aclara el auto, por desgracia. Claro que no soy experto en el sistema judicial alemán y puede que allí se tipifique la rebelión al peso, como las salchichas y la cerveza. También puede haber ocurrido que el traductor no entendiera bien y en donde pone "cantidad de violencia " quiere decir "intensidad", que es de lo que habla el juez Llarena en su euroorden. En fin, lo cierto es que Puigdemont ya no será juzgado en España por rebelión y veremos si lo será por malversación. Llarena se está planteando ahora retirar la euroorden contra Pauigdemont habida cuenta de que no sirve de mucho. Ello condenaría al expresidente a vagar por el espacio exterior a España, incluida Cataluña, en donde sería detenido en cuenta pusiera un pie. Pedro Sánchez está convencido de que Puigdemont se sentará en un banquillo de acusados en España, aunque no estaría yo tan seguro. Para empezar gobierna a través de Torra y para continuar, ahora que vuelve el diálogo y la política en las relaciones con Cataluña, una rebaja de la calificación del presunto delito de malversacion podría obrar milagros.

El País

Lo que me pregunto es qué pensarán desde ayer sus colaboradores que, como hizo él, no salieron por pies y cargan sobre sus hombros la acusación de rebeldes y malversadores. Sospecho que se deben haber arrepentido unas cuantas veces de  no haberse fugado con él: hoy están entre rejas, mientras el jefe del procés pasea por Berlín y se saca fotos ante el Bundestag. A la espera de lo que decida Llarena, sí podría Pedro Sánchez ir pensando en lo que quiere hacer con la euroorden. Si al juez de un país miembro de la UE - democrático con todas las de la ley - los jueces de otro país miembro - tan democrático como el anterior - le pueden enmendar la plana sin conocer de cerca el caso ni haber valorado a fondo las pruebas, la tal euroorden - que debe basarse en la confianza mutua en el sistema judicial de los países comunitarios - no sirve de gran cosa. 

Doctores tiene el Derecho y muchos coinciden en que no era ni es competencia de los jueces alemanes entrar en el fondo del asunto: su función era solo comprobar si el delito de rebelión por el que se reclama a Puigdemont en España tiene equivalencia en la legislación alemana y lo cierto es que la tiene: alta traición. Sin embargo, los magistrados de un país en el que los partidos independentistas son ilegales, entienden que Puigdemont debió al menos haber sacado los tanques a las calles de Cataluña el 1-O para que se le pueda considerar un rebelde con causa.

El 75% y Santo Tomás

Con el asunto del 75% de descuento en los viajes de los residentes en Canarias a la Península proclamo un escepticismo digno de Santo Tomás: cuando lo vea, lo creeré. No será necesario que vea la marca de los clavos en las manos del ministro Ábalos ni que meta la mano en su costado: me bastará con que lo apruebe el viernes el Consejo de Ministros y el sábado entre en vigor, sin sorpresas ni más trampa ni cartón. Los optimistas, casi todos en el PSOE, aseguran que así será y que el culebrón tendrá final feliz. Pero insisto, se han visto tantos bultos sospechosos, fenómenos paranormales y maniobras aéreas en la oscuridad en las últimas dos semanas, que prefiero certificarlo con mis ojos para no llevarme más sustos. Estarán conmigo en que no es ni medianamente normal tanto lío para tan poca cosa: el año pasado se aplicó el mismo descuento en los viajes interinsulares y no pasó nada de lo que esta pasando en esta ocasión.

De entrada tenemos a un ministro destemplado, asegurando en el Congreso que había que esperar al menos seis meses por la medida. Se montó de inmediato la zapatiesta y los humos del ministro empezaron a bajar: a los pocos días ya era posible sacar adelante el descuento con un decreto por la vía de urgencia que, con suerte y una caña, acortaba los plazos uno o dos meses. Continuó el galimatías hasta que los presidentes de Canarias y Baleares le hicieron ver que el asunto era mucho más sencillo de resolver: lo aprueba el Consejo de Ministros y se aplica de inmediato. Aún así y aceptando la salida, el ministro quiere decreto y anuncia que enviará uno al Congreso para darle seguridad jurídica a la medida. Hay quien sostiene, seguramente con razón, que tal esfuerzo no es necesario como no lo fue el año pasado, pero si Ábalos se empeña tampoco le vamos a dejar con las ganas de decreto.

Foto: EFE

Lo cierto es que el descuento está en los Presupuestos del Estado en vigor y figura en la propuesta del nuevo REF canario que se tramita en las Cortes para que adquiera carácter permanente, así que el decreto parece superfluo. Pero lo grave no es eso, sino que en el texto del dichoso decreto alguien coló que el descuento de marras se aplicaría sobre una tarifa bonificable - discrecionalmente decidida por el Gobierno de turno - y no sobre lo que me cuesta realmente  el billete. Y el rebumbio se reactivó, como era previsible y natural. Primero, porque contraviene los acuerdos del Gobierno anterior con NC, la fuerza política que negoció el descuento pero, sobre todo, porque se enmienda la plana de toda una Ley de Presupuestos con una norma de rango inferior como es un simple decreto. Llegados a este punto de la misteriosa historia del 75% - espero que hayan sido capaces de seguir el enrevesado relato - uno no sabe ya qué pensar, aunque caben varias explicaciones de tanto disparate encadenado.

Una, que el Ministerio de Fomento le quede demasiado ancho a Ábalos, insuficiencia que agravaría de manera severa su nula cintura para la crítica. Si no fuera eso podría ser que se ha rodeado de unos asesores a los que debería darles vacaciones indefinidas: se podría ahorrar más vergüenzas en público y ayudaría a que a sus compañeros del PSOE canario se les suavice el rojo subido de los cachetes que este caso les está causando. Hay una tercera posibilidad y es la existencia de una mano negra en ese ministerio que, en cuanto oye que los canarios se quejan de que no tienen AVE ni trenes y piden que se les compense la lejanía para viajar, introduce la coletilla de la "tarifa bonificable" a ver si cuela.

 Hay que recordar que ya ha pasado con anteriores ministros de Fomento y no puede descartarse que Ábalos también haya sido víctima de la famosa mano negra y haya pagado la novatada correspondiente. Ello, por supuesto, no exime de responsabilidad a un ministro que antes de lanzarse al vacío no parecer tener por costumbre comprobar si se ha puesto el paracaídas. Tres buenas costaladas se ha dado ya a propósito del asunto del descuento, quedando ante los canarios como un ministro digno de olvidar sin haber cumplido aún los cien días en el cargo. A ver si lo arregla y cómo lo arregla este viernes o se da un nuevo pertigazo. Mientras, yo como Santo Tomás: ver para creer.   

Cataluña: vuelve la política

No tengo muchas dudas de que Torra y Sánchez hablaron ayer de muchos más asuntos de los que se contaron al final del encuentro de casi tres horas en La Moncloa. Teniendo en cuenta que hacía dos años que un presidente del Gobierno de todos los españoles no se sentaba con uno de todos los catalanes, no se le puede achacar a ninguno falta de generosidad con el reloj. En cualquier caso, si en el dilatado encuentro se acordó algo de lo que no se ha informado, tampoco me preocupa en exceso: creo que terminaremos enterándonos más pronto o más tarde. Prefiero ocuparme de lo que sé, más que de lo que se podría intuir. Y lo que sé y saben todos los españoles es que, el solo hecho de hablar, ha escocido como la sal y el vinagre en la derecha mediática y en la oposición a Sánchez, además de en los radicales de la CUP. Ladran, luego cabalgamos, podríamos decir. Leer hoy algunos titulares y escuchar a algunos líderes, es la prueba del algodón de que contra Cataluña vivían mejor que en una situación en la que todo no es tan negro o tan blanco como con el Gobierno del PP.

Por eso, escuchar a Albert Rivera decir que si por él fuera nunca habría recibido a Torra en La Moncloa, plantea serias dudas sobre la utilidad democrática de su partido. Es cierto que el presidente catalán no es precisamente el adalid del orden constitucional y que su pasado de activista supremacista y xenófobo revela más de sus ideas que todo cuanto él pueda decir. Pero es - guste más o menos - el presidente legítimo de Cataluña y, como se suele decir, con esos bueyes hay que arar. Que todo un líder político como Rivera, aspirante con fundamento a presidir el gobierno del país, rechace la vía del diálogo en política refleja un pensamiento que cuestiona la esencia del sistema democrático: diálogo incluso con quienes más alejados puedan estar de tus puntos de vista. En su favor únicamente cabe aducir que tiene al menos el valor de decirlo públicamente, no como Rajoy, que practicó la ausencia de diálogo con Cataluña durante años aunque jamás lo reconoció ni lo reconocerá.

Foto: El Español

Tal vez si Rajoy hubiera hablado más y hubiera fiado menos la solución del problema a jueces y a fiscales, la reunión de ayer hubiera estado rodeada de mucho menos dramatismo político. Porque, al fin y al cabo, lo extraño no es que el presidente del Gobierno español y el de una comunidad autónoma se sienten literalmente a hablar de todo; lo que constituye una verdadera anomalía democrática en un país como España es que no lo hubieran hecho desde hacía dos años. Dicho lo anterior, lo más positivo del largo encuentro es que Torra y Sánchez no se han despedido con un portazo sino con el compromiso de volverse a ver en unos meses. El primero ha cumplido con el guión previsto reivindicando el derecho a la autodeterminación que solo está en su cabeza y en las de los independentistas y el Gobierno ha trazado ahí la línea roja, como era su obligación y su deber.

No obstante, ha extendido la mano para resolver cuestiones atascadas entre ambas administraciones y que pueden ser abordadas en el marco constitucional al que nos debemos todos. Ahora, y después de tantos gestos por parte de Sánchez, falta saber si Torra y los suyos hacen alguno que no sea el de sostenella y no enmendalla. No me hago ilusiones de ningún tipo y más bien creo que no desaprovecharán la primera oportunidad que se les presente para seguir adelante con los faroles. Si tal cosa ocurriera - nada improbable - el Gobierno sigue teniendo la opción de la Justicia sin que ello implique cerrar de nuevo la puerta del diálogo, con lo que la pelota sigue en el tejado independentista.

El tiempo y los hechos lo dirán aunque, mientras eso ocurre,  no debería olvidar Sánchez que gobierna para todos los españoles y no solo para los que viven en Cataluña. El catalán es un asunto de una extraordinaria dificultad pero no puede copar al completo la agenda del presidente. Tampoco puede llevar a Sánchez a conceder ventajas económicas y políticas a una comunidad para calmar a sus levantiscos dirigentes en detrimento de las demás, ni relegar los problemas y las carencias de estas a un segundo plano en su orden de prioridades. Mal negocio sería para Sánchez y sobre todo para el país que, intentando apagar un incendio, se provoquen nuevos focos de descontento y agravio comparativo en otros territorios. Dicho lo cual, bienvenida sea la vuelta de la política siempre que su fin sea resolver los problemas de los ciudadanos: esa es su función y de ella deberán responder los políticos ante esos mismos ciudadanos.