Y todavía quedan otros tres años

Ha dicho Mariano Rajoy que ahora España estaría peor si el Gobierno que preside desde hace once meses tras ganar por mayoría absoluta las elecciones celebradas hace hoy un año no hubiese tomado las medidas que ha tomado. Es una afirmación indemostrable pero dudosa. Y como, tanto en la política como en otras muchas facetas de la vida, lo que cuenta al final son los hechos y no las buenas intenciones, a los hechos y a las realidades actuales de este país hay que referirse para valorar el primer año desde que el PP ganó las elecciones generales y completó el mayor poder que nunca antes había alcanzado un partido político en la etapa democrática.

Hechos

Y los hechos, por más que ahora se adornen con invisibles brotes verdes, son que, desde la llegada de Rajoy al poder en España hay 800.000 parados más, con especial incidencia entre los jóvenes, más de la mitad de los cuales no tiene trabajo. La panacea de la reforma laboral que abarató el despido que nunca se abarataría y dejó a los trabajadores prácticamente inermes ante los empresarios, está consiguiendo sus objetivos no confesados pero evidentes: que las empresas hagan el ajuste por el empleo y los salarios y puedan así volver a contratar a precios de saldo favorecidas por un mercado laboral convertido en una selva.

Como consecuencia de ello han crecido exponencialmente las cifras de familias en situación de exclusión social, la pobreza infantil, los desahucios que ahora se quieren frenar con parches a mayor gloria de los bancos y miles de españoles han abandonado el país buscando un futuro menos sombrío lejos de nuestras fronteras. Son hechos también, y no buenas intenciones, que el PP ha subido los impuestos a las clases medias que juró no subir, ha excusado a las grandes fortunas de contribuir más a salir de la crisis y ha pretendido resolver con parches ineficaces el grave problema del fraude fiscal.

Todo ello ha contribuido a congelar el consumo y agravar la pésima situación general, amén de generar entre los ciudadanos el convencimiento de que los esfuerzos para superar la crisis no están siendo equitativos. Dos huelgas generales en menos de un año y un sinfín de manifestaciones multitudinarias dan buena prueba del descontento social del país al que Rajoy sigue haciendo oídos sordos.

Desmantelamiento del estado del bienestar

El cerrilismo de la austeridad fiscal que impone Alemania y que Rajoy sigue a pies juntillas, en parte por convencimiento ideológico y en parte porque su irrelevancia política internacional no le permite plantar cara para conseguir combinar la austeridad con medidas de reactivación económica, está desmantelando a conciencia el estado del bienestar mediante recortes en la sanidad, la educación y las prestaciones sociales básicas, que corren paralelos a las privatizaciones ya en marcha.

Ese mismo fanatismo fiscal está consiguiendo por la vía de las restricciones presupuestarias recentralizar el modelo territorial del Estado, de lo que el PP siempre ha sido partidario aunque ahora con mucho menor disimulo. Esto ha llevado aparejadas tensiones indeseadas e innecesarias entre las comunidades autónomas y el centro que ponen en cuestión el futuro de ese modelo en un momento en el que el país no está para debates territoriales o modelos de Estado.

   
En el capítulo social, el primer año desde la llegada de los populares al poder se zanja con algunas leyes que nos devuelven a los inicios del periodo democrático, sino más atrás. Véase, por ejemplo, la implantación de las tasas judiciales, los planes sobre el aborto, la enésima reforma del Código Penal o los planteamientos retrógrados en educación. 

Ya estamos rescatados

Dice también Rajoy que, sin sus medidas, España habría tenido que pedir el rescate total – aunque él nunca empleará esa palabra –, olvidando convenientemente que el país ya está prácticamente rescatado y sus cuentas supervisadas con lupa por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo a cambio de resolver con dinero de todos los problemas generados por la codicia bancaria e incrementar de paso la deuda pública.

Estos son, grosso modo, los hechos que resumen el balance del primer año del PP en el poder, un partido que engañó abiertamente a los ciudadanos en las elecciones aplicando todo lo que juró no aplicar y más. Un año después, ni hay brotes verdes ni se ve la luz al final del túnel, por mucho que Rajoy y sus ministros se empeñen ahora en hacernos creer lo contrario con cifras fantásticas sobre recuperación y previsiones económicas y de empleo que nadie se cree.

¿Qué cabe esperar?

A la vista de ese balance, tiene uno la melancólica sensación de que la única esperanza que queda es que a las economías de otros países de la eurozona, empezando por Alemania, se les empiece a volver en contra la política de austericidio y admitan por fin que es urgente imprimirle un giro radical que sirva de verdad para crecer y no para menguar en riqueza y bienestar social. Pero que no desespere Rajoy porque este país aún puede estar mucho peor y superar incluso a Grecia en malestar y fractura social: por delante tiene todavía tres años para conseguirlo.

Stop parches antidesahucios

Afectados por desahucios presentarán hoy en los juzgados de primera instancia de todo el país escritos solicitando la paralización de todos los procesos de ejecución hipotecaria en marcha. Apelan a la sentencia que deberá emitir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que determinará si la legislación española en esta materia se acomoda al derecho comunitario sobre la protección de los consumidores. Después de conocido hace unos días el escrito de la abogada general de ese tribunal, en el que pone de vuelta y media la caduca normativa española sobre esta cuestión y su carácter leonino para con los deudores, cabe esperar un fallo demoledor que obligue a España a revisar de arriba abajo no sólo la Ley Hipotecaria de 1909 sino la de Enjuiciamiento Civil, responsable última de los abusos que cometen los bancos a la hora de ejecutar las hipotecas.

Medroso ante los fuertes y fuerte ante los débiles, el Gobierno de España se ha limitado a aprobar un Real Decreto Ley con una serie de medidas cosméticas a todas luces insuficientes para detener el drama social de los lanzamientos y que el propio Ejecutivo, tal vez en un lapsus del inconsciente, ha calificado de “paliativas”. Si recordamos lo que el término “paliativo” significa en Medicina podremos entender que, en efecto, las medidas apenas servirán para demorar por algún tiempo las ejecuciones hipotecarias sin que, en cambio, ello comporte alivio significativo para los desahuciados presentes y futuros que no se librarán de los descomunales intereses de demora que pueden llegar a cobrar los bancos. De ahí que las propias organizaciones sociales que han venido luchando contra los desahucios injustos consideren que acogerse a la moratoria aprobada por el Gobierno puede ser incluso una pésima solución. 

De los que ya han perdido sus viviendas ni oír hablar, toda vez que se desestima por completo el carácter retroactivo de estas medidas, anatema del mismo calibre que la dación en pago, habitual en otros países como Estados Unidos. Nada hay tampoco en esas medidas que resuelva el latrocinio legal que representa la doble tasación de las viviendas, la que se realiza en el momento de la concesión del crédito y la que se hace cuando se subasta la casa.

El Gobierno, que ha usado al PSOE como tonto útil para colocarse con toda urgencia la medalla de la sensibilidad ante el drama de los desahucios, ha visto como su intento se ha desinflado en pocas horas ante la oleada de críticas que han recibido sus medidas no sólo desde las plataformas ciudadanas sino de abogados y jueces y hasta del mismo Consejo del Poder Judicial, ahora muy activo después de permanecer sordo, ciego y mudo ante la situación que tenía ante sus mismas narices.

Se ha visto con meridiana claridad que, una vez más, ha sido el poder de la banca el que ha dictado las medidas que debía tomar el Ejecutivo legítimamente elegido por los ciudadanos y ha conseguido así parar el golpe que habría supuesto para sus prácticas abusivas haber emprendido una reforma en profundidad del marco normativo que regula las hipotecas y su ejecución en caso de impago. Ha contado para ello con el apoyo inestimable de los grandes poderes fácticos ubicados más allá de nuestras fronteras (Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea) que advirtieron seriamente al Gobierno español de que tuviera mucho cuidado con ser demasiado expeditivo en sus medidas contra los intereses de los bancos, no fuera a ponerse en riesgo la reestructuración del sistema financiero.

El Gobierno, por tanto, se pliega una vez más a los intereses de los mercados y se conforma con poner en marcha un paquete de medidas que ni siquiera son pan para hoy y hambre para mañana. Si de verdad tuviera la sensibilidad social de la que hace gala habría paralizado los desahucios y los intereses de demora y habría buscado una solución para las miles de familias que se han quedado literalmente en la calle. Paralelamente habría buscado de verdad el máximo  consenso y habría emprendido una reforma legal para equilibrar las relaciones entre bancos y ciudadanos que acabara con los sangrantes abusos en favor de los primeros. Nada de eso ha hecho ni se le ve intención de hacer y, salvo que la presión social y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le obliguen a cambiar la ley, este Gobierno seguirá si acaso poniendo parches y actuando al dictado de los bancos; mientras, el drama social que representan los desahucios seguirá aumentando.

Cho Vito: historia de una injusticia

En el momento de escribir este post un numeroso despliegue policial está desalojando a los vecinos del poblado marinero de Cho Vito, en el municipio tinerfeño de Candelaria, para pasar a continuación a derribar sus viviendas afectadas por la Ley de Costas. Se cumple así la sentencia firme que pesaba sobre las casas que aún quedan en pie después del tenso desalojo que se vivió en este mismo lugar hace poco más de cuatro años. Como en aquella ocasión, los vecinos se oponen pacíficamente al desalojo y denuncian la injusticia que se comete con ellos así como el cúmulo de oscuras irregularidades que han rodeado el proceso de deslinde marítimo terrestre del poblado.

Ver las imágenes del desalojo que ofrece en directo Televisión Canaria o escuchar los gritos de desesperación de los vecinos desalojados a través de Canarias Radio la Autonómica produce una indescriptible sensación de rabia e impotencia. Tiene uno la desagradable sensación y hasta el convencimiento de que se está cometiendo una injusticia irreparable que se podría haber evitado con sólo una pizca de sensibilidad social y cintura por parte de las administraciones públicas con competencias en este asunto que permitieran posponer el derribo hasta que se alcanzara una solución satisfactoria para todos. 

Los vecinos, en buena lógica, habían rechazado la oferta de un alquiler durante dos años mientras disponían de una nueva vivienda que sustituyera a las que las palas van a derribar hoy. Y digo en buena lógica porque, tras los derribos de 2008 y la huelga de hambre protagonizada por los afectados, se les prometió que se les concedería una vivienda social, promesa que nunca se ha hecho realidad. Ahora, los poderes públicos han pretendido cambiar aquella oferta por otra muy distinta y ante la negativa vecinal han dado luz verde para que las palas hagan su trabajo de destrucción.

Tampoco se ha tomado en consideración la denuncia documentada de los vecinos sobre las contradicciones entre dos deslindes de su poblado, en el primero de los cuales sus viviendas quedaban fuera del dominio marítimo terrestre y en el segundo dentro y, por tanto, expuestas al derribo. También han denunciado que tras el derribo de sus casas se ocultan intereses urbanísticos especulativos sobre la zona y el empecinamiento en construir un paseo marítimo en el lugar que hoy ocupan las viviendas.

Lo que vuelve a poner de manifiesto la demolición del poblado de Cho Vito y de otros muchos que se encuentran en una situación similar en Canarias y en toda España, es el clamoroso fracaso de la draconiana y retroactiva Ley de Costas de 1988, que vulnera principios tan elementales como el derecho a la propiedad y que ahora se pretende reformar, aunque para los vecinos de poblados como el de Cho Vito llegará demasiado tarde.

Muchos de esos poblados son muy anteriores a la promulgación de esa ley pero se ven igualmente afectados por ella a pesar de que en la mayoría de los casos se trata de la única vivienda de sus moradores, gente de escasos recursos, y reúnen, además, un conjunto de valores etnográficos e históricos que las palas de Costas y la insensibilidad de los organismos públicos convertirán en escombros.

Esa sensación de que se está cometiendo una injusticia con estos vecinos se acrecienta más si cabe si uno recuerda la docena larga de hoteles de lujo levantados sin licencia o a escasos metros del mar en Canarias, sobre los que pesan también sentencias firmes de derribo pero que siguen en pie, unos vacíos y criando hierbajos y otros abiertos y recibiendo visitantes. Para ellos sí hay mano ancha, facilidades y excusas de todo tipo con tal de no demolerlos. Para los humildes vecinos de Cho Vito y otros poblados que temen también que en cualquier momento se presenten las palas de la demolición a las puertas de sus casas, sólo existe la incomprensión. De lo que cabe concluir que el viejo principio según el cual dura lex sed lex sólo se aplica según y a quien.

Kilovatios, brotes verdes y cabreo general

Pasarse el día contando kilovatios o anunciando brotes verdes en la economía son dos formas igual de inútiles para acallar o intentar minimizar el estado de cabreo general que vive España. Puede que la de ayer no haya sido la huelga general con mayor seguimiento de la historia, un hecho en el que hay que considerar factores como la imposibilidad de muchos trabajadores de renunciar a un día de sueldo, el miedo a perder el empleo si se secundaba la protesta o la indiferencia de los que aún tienen empleo pero creen erróneamente que los problemas de este país no les afectan o hacen suya la burda propaganda antisindical de la derecha y sus terminales mediáticos o el mantra de que el país no está para huelgas.

Hasta puede admitirse que las multitudinarias manifestaciones que pusieron el colofón a la huelga general de ayer en más de cien ciudades españolas no hayan sido las más numerosas de la historia de este país y que en ellas no participaron millones de personas, como dicen los sindicatos, sino poco más de 800.000, como dice el Gobierno, aunque a la vista de las imágenes de televisión todo hace indicar que son los sindicatos los que están más cerca de la verdad. 

 

Enredarse en la cansina guerra de cifras  no nos lleva muy lejos. Lo esencial es comprender el sentido de las protestas de ayer en España y en otros países de la Unión Europea contra las políticas económicas de austeridad que hasta el mismísimo FMI - ¡vivir para ver! - considera contraproducentes. El Gobierno español y el resto de los gobiernos europeos abonados a una austeridad fiscal antisocial y empobrecedora de las clases medias y de los sectores de la población más vulnerables cometerán una grave irresponsabilidad si siguen haciendo oídos sordos al cabreo general que se respira a través de protestas como la de ayer, fuera su incidencia mayor o menor.

El propio Gobierno español admite el descontento social que están provocando sus políticas económicas y, por eso, resulta cada vez más frustrante que insista en que no hay alternativas y que hay que seguir haciendo sacrificios, aunque el mismo tiempo intente dorarnos la píldora con los alucinógenos brotes verdes. Todo esto lo hace un Gobierno que obtuvo su legitimidad en las urnas engañando descaradamente a los ciudadanos al prometer que no haría todo lo que no ha tardado ni un año en hacer, lo que ha contribuido a hacer más intenso el cabreo general.

Pecaran también de cortos de vista el Gobierno y la maquinaria política e institucional del Estado si no comprenden que el malestar social contra la austeridad a machamartillo y la sordera política ante el sufrimiento de la gente, algo que cualquiera con un mínimo de olfato e información es capaz de detectar, puede acabar desbordando los cauces democráticos convencionales con consecuencias imprevisibles. El desafecto social hacia la política y los políticos no ha parado de crecer desde el inicio de la crisis, lo que genera un caldo de cultivo muy peligroso para la estabilidad del sistema democrático.

A menudo algunos responsables públicos se llenan la boca alabando la capacidad de sacrificio del pueblo español, insidioso argumento que, como el de los brotes verdes, pretende convencernos para que sigamos soportando sin rechistar nuestro propio empobrecimiento y la continúa perdida de derechos y libertades. Sin embargo, que los españoles demostremos cada día con creces que estamos dispuestos a apretarnos el cinturón – aunque la mayoría muchísimo y una minoría absolutamente nada - no debe llevar al Gobierno a creer que también estamos dispuestos a ahorcarnos con él.

14N: yo voy

Los motivos, en el último post:

   14N: seis millones de motivos para ir

14N: seis millones de motivos para ir

Los seis millones de parados que no tardará en tener España son motivos más que suficientes para apoyar la huelga general de mañana. Motivos que en muchos casos son dobles porque en ellos se engloban también buena parte de las cerca de 400.000 familias echadas de sus viviendas en virtud de una ley abusiva ante la que, en un indecente acto de hipocresía, todo el mundo se rasga ahora las vestiduras; figuran también entre esos seis millones de parados los centenares de miles de españoles que se han ido a buscar en el extranjero la oportunidad de trabajar que aquí se les niega para no pasar a engrosar el creciente número de personas que viven ya bajo del umbral de la pobreza.

Ante esa realidad que reflejan las frías estadísticas y que justifican con creces la huelga general de mañana, el Gobierno se empeña en hacernos creer que hay brotes verdes en la economía con el inconfesable fin de mantener al país adormecido, silencioso y en casa cuanto más tiempo mejor. Mientras, él sigue a lo suyo, haciendo lo que mejor se le da: arrasar desde los cimientos con el estado del bienestar que tanto ha costado construir y conduciendo al país a un pozo sin fondo con sus medidas de austericidio. 

 

Los empresarios claman: éste no es el momento más oportuno para la huelga dada la situación que vive el país. Ante un argumento de tanta enjundia uno no puede más que preguntarse cuándo es para los empresarios el momento más adecuado para convocar una huelga general. ¿Tal vez cuando reine el pleno empleo y los salarios se incrementen el 100% todos los años? ¿Cuando todos los ciudadanos tengamos acceso a sanidad, educación y servicios sociales universales, gratuitos y de calidad? ¿Cuando no se nos exijan más sacrificios para salvar a la banca de su propia codicia? ¿Cuando nadie sea expulsado de su casa por no poder hacer frente a las cuotas de la hipoteca después de perder el empleo? ¿Cuando los comedores sociales tengan que echar el cierre porque nadie necesita acudir a ellos en busca de un plato de sopa? ¿Cuando ningún español necesite buscar trabajo en otro país como hicieron sus abuelos? Para qué seguir. 

 

Se argumenta también que la huelga no va a resolver nada y se busca de este modo desmovilizar y conseguir que los ciudadanos mantengan la cabeza gacha y acepten en silencio, como si se tratase de una maldición divina, que cercenen sus derechos más elementales. Por poner un sólo ejemplo muy cercano de lo que puede conseguir la movilización social, basta fijarse en los efectos que están produciendo las denuncias de organizaciones como Afectados por las Hipotecas o Stop Desahucios contra los abusos de los bancos en las ejecuciones hipotecarias mientras instituciones, partidos y Poder Judicial miraban para otro lado. 

Pero si hay un argumento de verdad estúpido para intentar deslegitimar la huelga de mañana es el de que se trata de una huelga política y habría que prohibirla. Entre quienes lo esgrimen figura Esperanza Aguirre, la que se fue pero sigue aquí porque, en realidad, nunca se ha ido. Ella y quienes defienden ese ridículo argumento quieren hacernos creer que las políticas económicas del Gobierno están inspiradas directamente por el Espíritu Santo y que los sindicatos lo que buscan con esta movilización es torcer la voluntad divina y dictar una política económica distinta a la del Gobierno.

Tratan de ocultar sin conseguirlo que detrás del desmantelamiento del estado del bienestar con sus recortes salvajes en educación, sanidad y servicios sociales, su clamorosa pasividad ante el fraude fiscal y sus leyes regresivas no hay pura y dura ideología conservadora para la que todo lo público es anatema y debe ser destruido o entregado a manos privadas. Política, con mayúscula, es mucho más que votar cada cuatro años y asentir en silencio el resto del tiempo. Es también y sobre todo expresar libremente y en la calle, si es necesario, que no se está de acuerdo con lo que hacen aquellos que, como Esperanza Aguirre, entienden la política, con minúscula, como un coto cerrado vetado al resto de los ciudadanos.

Claro que la de mañana es una huelga política en defensa del estado del bienestar, de los derechos sociales amenazados, del empleo y de la calidad y universalidad de los servicios públicos. ¿Qué otra cosa puede ser?

Desahucios: de repente, todos alarmados

Han tenido que suicidarse dos personas y una tercera intentarlo – al menos, según cifras conocidas – para que cunda la alarma sobre el drama social de los desahucios. De repente, el Gobierno, la oposición, los ayuntamientos, los jueces, la policía, algunos bancos y hasta los medios de comunicación que ignoraron o minimizaron lo que está ocurriendo, se confiesan alarmados y proponen todo tipo de soluciones para detener tanto atropello. Todos se rasgan ahora las vestiduras y claman para modificar una ley que tiene más de un siglo de vida y que ata de pies y manos al deudor frente al acreedor sin dejarle apenas capacidad de defensa cuando, por causas sobrevenidas y ajenas a su voluntad, no puede seguir haciendo frente al pago de la hipoteca.

Hay mucho de hipocresía en esta alarma político-institucional que se ha desatado en torno a los desahucios. En los partidos políticos como el PSOE o el PP, porque tuvieron la oportunidad de cambiar la legislación y se conformaron con aprobar un inútil Código de Buenas Prácticas de adhesión voluntaria por parte de la banca que – a la vista está por el número de desahucios que se ha producido en España desde el inicio de la crisis – no ha servido para nada. La insensibilidad de la práctica totalidad del arco político ante el drama de miles de personas arrojadas a la calle, el miedo a incomodar a la banca y la promiscuidad entre políticos y banqueros, con deudas condonadas y créditos para campañas electorales pendientes de devolución, son la clave para entender la indiferencia que han mostrado hasta ahora. 

Tampoco el Poder Judicial ha estado a la altura de las circunstancias, insensible también hasta hoy ante el colapso de muchos juzgados, cuyos titulares tienen que dedicar a diario tiempo y esfuerzo que pagamos todos los ciudadanos para resolver las ejecuciones de desahucio a mayor gloria de la banca, a la que también tenemos que sanear con nuestro dinero para que no quiebre. Y lo mismo puede argumentarse de los ayuntamientos, que podían haber puesto en marcha mucho antes medidas de presión sobre las entidades que se niegan a atender a razones y solicitan el desahucio sin pararse a considerar las circunstancias personales del deudor.

Pero no todo el mundo acaba de caer en la cuenta ahora de que se debe frenar este drama por una ley injusta que es necesario cambiar con urgencia. Probablemente, sin el trabajo y la denuncia constante y tenaz de los últimos meses de plataformas ciudadanas nacidas al calor del 15M como Stop Desahucios o la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, unido al de organizaciones de usuarios de la banca como AUSBANC o ADICAE, las instituciones, los partidos, el Poder Judicial, la policía y los medios de comunicación seguirían mirando para otro lado como si los desahucios no pasaran de ser meras anécdotas sin mayor trascendencia social en lugar de un drama más que previsible.

La sociedad civil da una vez más ejemplo y marca el camino a una clase política y a unas instituciones ensimismadas en sus cuitas de salón y ajenas a la realidad social. En medio de esa alarma repentina se enmarca la reunión que hoy mantendrán el Gobierno y el PSOE para consensuar una modificación de le ley que equilibre las relaciones entre deudor y acreedor. Surgen voces incluso entre la oposición y hasta entre los jueces que piden que se paralicen todos los desahucios en marcha mientras no se modifique la ley, lo que puede tardar aún meses o semanas en el mejor de los casos.

Debería de ser así aunque, por desgracia, de nada le servirá a las cerca de 400.000 familias que han sido echadas de sus viviendas desde el comienzo de esta crisis. Otra tendría que haber sido su suerte si la repentina preocupación y alarma que hoy muestran todos por el drama de los desahucios se hubiese producido hace sólo tres o cuatro años. Es el precio que estamos pagando por poner los intereses privados por encima del bien de la mayoría.

La princesa Merkel

Aburridos de no tener nada que hacer, en el Banco Central Europeo se pusieron a cavilar a qué dedicar el abundante tiempo libre del que disponen. Así, pensando y pensando, cayeron en la cuenta de que, después de una década, seguimos con los mismos billetes de euro del primer día y se dijeron que esto no puede continuar ni un minuto más. Inmediatamente se pusieron manos a la obra y siguieron pensando en cómo remozar esos papelitos y monedas que nos hacen a todos tan felices, aunque a unos mucho más que a otros.

Como son unos clásicos, no tardaron en encontrar la solución: estampar la imagen de la princesa Europa en los nuevos billetes. Se trata de una princesa fenicia de la mitología griega que fue raptada por Zeus y que, a la postre, le dio nombre al también llamado viejo continente. ¡Qué emocionante! Los cerebros del BCE hasta han diseñado una campaña publicitaria para que a los euopeítos de a pie se nos caiga la baba contemplado lo apañados que quedarán los nuevos billetes y lo difícil que lo tendrán los malandrines para falsificarlos.

En Grecia ya piensan en declarar fiesta nacional el día en el que se pongan en circulación y otro tanto podrían hacer España y Portugal. Luego vendrá lo más fácil de todo, hacer que esos nuevos y flamantes billetes lleguen a quienes más los necesitan: los bancos. Lo poco que sobre es probable que el BCE lo done para obras de caridad y beneficencia.

Aplaudo la iniciativa, pero me permito discrepar del motivo escogido para los nuevos billetes. Después de más de una década viendo puentes, arcos y otros elementos arquitectónicos, tengo para mi que esos nuevos billetes de euro reflejarían mucho mejor la realidad europea si mostraran, por ejemplo, una sierra eléctrica, un cola del paro, un grupo de desahuciados o un banquero con puro y chistera. 

Pero si lo que a los cerebros pensantes del BCE les tira es la mitología, también podían haber echado mano de la que tienen más cerca, la germana: un rolliza walkiria con largas trenzas rubias habría sido también muy apropiada. Aunque, si lo que de verdad se quiere es plasmar el verdadero espíritu de la vieja Europa actual, nada habría resultado más oportuno y representativo que una imagen de Angela Merkel estampada con esmero sobre billetes y monedas. Además ¿quién se atrevería a falsificar unos billetes como estos?

Desahucios: con la banca hemos topado

Es de sobra sabido que cuando se quiere demorar la solución de un problema público grave como el de los desahucios, lo más adecuado es crear una comisión. Mejor si está integrada por expertos entreverados de políticos, porque ello garantiza que se siga mareando la perdiz por tiempo indefinido mientras el problema a resolver se complica. Para cuando la comisión llega a un acuerdo, el asunto del que se ha ocupado está tan enquistado que sus soluciones apenas sirven para parchear la situación; casi es mejor romper los papeles y crear otra comisión y, así, por los tiempos de los tiempos. 

El Gobierno y el PSOE, a través de sus respectivos números dos, – Soraya Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano -, se reunieron ayer durante más de dos horas en un almuerzo de trabajo en la Moncloa y acordaron eso, crear una comisión de seis expertos, tres de ellos nombrados por el PSOE y los tres restantes por el Gobierno, y que se reunirá el próximo lunes por primera vez. Su objetivo es proponer medidas que frenen de manera urgente el drama social de los desahucios provocados por la crisis económica y el paro.

La intensidad de la urgencia se desconoce, pero no es previsible que sea excesiva habida cuenta de que, con crisis o sin ella, con drama social o sin él, las cosas de palacio siempre van despacio. Por tanto, tampoco se puede saber a ciencia cierta cuándo se modificará la vetusta ley sobre desahucios ni en qué términos o si tendrá o no carácter retroactivo. Por tanto, hacen bien las organizaciones nacidas al calor de esta dramática situación en mostrarse cuando menos escépticas a la espera de conocer en qué quedarán finalmente las propuestas de la comisión de marras.

Y es que propuestas hay de sobra para poner fin al problema sin necesidad de comisiones de ningún tipo: sólo se necesita voluntad política de hacerlo; dación en pago, negociación de los plazos y los intereses de la deuda o prohibición expresa de desahuciar cuando la entidad ha recibido fondos públicos, son algunas de ellas. Esas soluciones han estado encima de la mesa desde el comienzo mismo de la crisis, cuando era más que previsible el drama de los desahucios a la vista de la alegría con la que los bancos habían vendido sus hipotecas sin pararse a pensar mucho en las garantías que tenían de cobrarlas, una alegría que terminó contagiando a muchos ciudadanos que picaron el anzuelo y se endeudaron hasta las cejas.

La brutal irrupción de la crisis y el aumento incesante del paro han derribado aquel castillo de naipes y han expulsado de sus hogares a más de 250.000 familias. Desde el Gobierno, el PSOE pudo haber hecho algo y, a pesar de contar con apoyos suficientes, no tuvo los arrestos suficientes para enfrentarse a la banca, que amenazó airada con poner las hipotecas a precios estratoféricos si se aprobaba, por ejemplo, la dación en pago, algo habitual en países como Estados Unidos. Por la misma razón, tampoco el PP, entonces en la oposición, mostró el más mínimo interés por el problema. A lo más que han llegado ha sido a un Código de Buenas Prácticas Bancarias de adhesión voluntaria y absolutamente inútil como demuestran las alarmantes cifras de desahucios. 

 

Tampoco movió una ceja el Poder Judicial, que no ha reaccionado hasta que ha caído en la cuenta de que muchos jueces de este país se han convertido en los cobradores del frac de la banca. Después de guardar en un cajón un informe de un grupo de juristas con soluciones para acabar con el drama de los lanzamientos, el Consejo General del Poder Judicial actúa ahora como si se hubiese bajado de un guindo y pide también que se cambie la ley, aunque al menos nos ha ahorrado otra comisión.

Por su parte, la banca calla, espera y sigue a lo suyo: con una mano agarra encantada el dinero público que le entregamos todos los españoles para que sanee sus cuentas y con la otra sigue desahuciando a mansalva y quedándose con los pisos embargados por debajo del precio de tasación mientras los desahuciados siguen pagando la deuda. En lo que la comisión acuerda lo que se debe hacer, el Gobierno y el Parlamento lo aprueban, entra en vigor y comienza a aplicarse, miles de familias más se quedarán en la calle y sin llavero y seguirán pagando por unas viviendas que ya no serán suyas. Eso sí, para entonces tendremos la banca más saneada con dinero público del mundo mundial.

Lo mejor está por llegar

El reelegido presidente Obama me acaba de alegrar el día y hasta me ha facilitado el título de este post. En el de ayer escribía que merecía ser reelegido a pesar de las luces y las sombras que han marcado su mandato porque, aún así, ha sido el primer presidente norteamericano que mira el resto del mundo con mucho más respeto que sus antecesores en la Casa Blanca. Por eso, y porque posee la sensibilidad y la preocupación necesarias para hacer frente a las abismales diferencias sociales de su país que a su multimillonario contrincante republicano le han faltado.

Aunque sólo fuera a través de las encuestas, el mundo ya había votado en las elecciones de ayer antes de que los hicieron los norteamericanos y había decidido por aplastante mayoría que Obama merecía seguir siendo presidente de los Estados Unidos cuatro años más. Ayer lo hicieron los estadounidenses y con su voto han respaldado a Obama para un segundo mandato en el que no son pocos ni pequeños los retos que tendrá que afrontar.

Bien es cierto que ese respaldo ha sido menor que el que obtuvo en 2008 y es que el poder desgasta, aunque también es verdad que mucho más lo hace no tenerlo. El poder, por tanto, sigue en manos de Obama y en él se depositan las esperanzas de que ahora, con más experiencia y conocimiento de la realidad que hace cuatro años, consiga concluir lo que ha dejado a medias y poner en marcha los cambios que no ha podido o no ha sabido emprender.

Desde luego, su discurso de esta madrugada tras saberse ganador invita al optimismo: ese “lo mejor está por llegar” es una hermosa frase cargada de buenos augurios y su apelación al consenso del pueblo estadounidense y a la acción política con mayúsculas como instrumentos para mejorar la vida de millones de ciudadanos que se han ido quedando en la estacada de la crisis, permiten abrigar esperanzas de que ahora sí se cumpla de verdad aquella otra frase famosa que marcó su campaña electoral en 2008: “Yes, we can”. No sólo a los estadounidenses les importa mucho que lo consiga.

Por lo pronto y a la espera de lo que haga Obama con su renovado poder, podemos celebrar su reelección escuchando este “The best is yet to come” pero en versión de Tonny Bennet y Diana Krall...

Haz el amor y no la puñeta

La ya lapidaria frase de Obama también me viene de maravilla para la segunda parte de este post: lo mejor también está por venir para las parejas homosexuales españolas. Siete años y más de 22.000 matrimonios entre personas del mismo sexo después, la ancestral institución familiar sigue viva y coleando a pesar de los lóbregos agoreros que pronosticaron su muerte cuando en 2005 entró en vigor la ley que reconoce los matrimonios homosexuales. Es más, podría hasta decirse con ironía que está más fuerte que nunca, con esos miles de jóvenes que no pueden independizarse de sus padres porque no encuentran trabajo y con esos abuelos que cuidan a sus nietos o mantienen a su prole con su exigua pensión.

Ironías al margen, lo cierto es que la decisión del Tribunal Constitucional que rechaza el recurso del PP contra los matrimonios homosexuales y, por tanto, respalda la constitucionalidad de la ley, supone acabar con la espada de Damocles que pendía sobre las cabezas de las matrimonios homosexuales formalizados en nuestro país. Es más, la sentencia conocida ayer tarde y aprobada por una amplia mayoría de los magistrados, extiende a este tipo de uniones la adopción y la posibilidad de tener hijos por el sistema de embarazos subrogados.

Conocida la decisión del Constitucional, la caverna mediática empezó a removerse mientras el PP intentaba pasar de puntillas sobre este varapalos judicial. Mariano Rajoy, que en 2005 aseguraba que “a lo largo de la historia el matrimonio ha sido la unión de un hombre y una mujer”, - también podía haber dicho que matrimonio era sólo la únión de blanco con blanca, negro con negra, amo con ama y esclavo con esclava -  ha olvidado convenientemente aquella afirmación y ahora dice que lo único que no le gustaba es que a ese tipo de uniones se les llame matrimonio. Todos en el PP parecen haber olvidado ya su apoyo a las manifestaciones convocadas por los obispos contra una ley que amplía los derechos, la libertad y la igualdad de los ciudadanos independientemente de su sexo y que, en consecuencia, no podía ser inconstitucional.

A la espera de lo que diga ahora la Conferencia Episcopal, organizaciones como Hazte Oír o el Foro de la Familia ya le han pedido al Gobierno que derogue la ley porque dicen - ¿lo adivinan? - “es la sentencia de muerte para la familia”. No creo que el PP, deseoso de pasar cuanto antes esta vergonzosa página, se atreva a tanto. Lo más seguro es que, en lugar de seguir haciendo la puñeta con este asunto, lo olvide y deje que la gente haga el amor con quien estime conveniente. 

De hecho, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que siendo alcalde de Madrid no tuvo reparos en celebrar bodas homosexuales reflejando así la división interna que este asunto produjo en el seno del PP, asegura que se acatará el fallo del Constitucional y no se modificará la ley. Esperemos que esa sentencia ayude también a que Ana Botella, su sucesora en la alcaldía madrileña, se aclare por fin entre las peras y las manzanas.....

 

Obama merece ganar

No es difícil leer o escuchar estos días comentarios desencantados sobre el balance de la gestión de Barak Obama como presidente de los Estados Unidos, sobre lo que prometió hace cuatro años y no ha cumplido o sólo ha cumplido a medias. En ese balance han influido de manera decisiva varios factores.

En primer lugar, la deteriorada situación económica de la todavía primera potencia mundial, con un elevado paro, un abultado déficit público y un sistema financiero desregulado al que tampoco ha sido capaz de meter en cintura a pesar de las multimillonarias ayudas públicas recibidas; ha influido también la propia indeterminación de un presidente a menudo dubitativo o atrapado en las redes de los poderosos grupos de presión económica de Estados Unidos; la enconada oposición de un Partido Republicano, aliado natural de esos mismos grupos de presión, ante las reformas emprendidas por el presidente – véase lo ocurrido con la sanidad pública - es otro elemento a tener muy presente en el recuento final; y, por último, las a todas luces exageradas expectativas que puso en él medio mundo cuando llegó a la Casa Blanca. 

La conjunción de todos esos factores permiten comprender mejor porque Obama ha llegado a su reelección para un segundo mandado sin el aura renovadora e ilusionante que mostró a su país y al mundo hace cuatro años. Si en política interna, en definitiva la que más le interesa a los votantes estadounidenses, el balance de Obama arroja al menos tantas luces como sombras, ocurre lo mismo en política internacional, que es la que más le interesa al resto del mundo.

Obama no ha podido acabar con la ignominia de Guantánamo, no ha conseguido avanzar lo más mínimo en la resolución del conflicto palestino-israelí, ha abandonado a Irak a su suerte y dentro de poco hará lo mismo con Afganistán. Es verdad que son dos conflictos que él no inició pero que tampoco ha sido capaz de concluir con éxito. Por otro lado, siendo muy benevolentes, su compromiso en la lucha contra el cambio climático ha sido más que tímido a pesar de ser Estados Unidos uno de los países más contaminantes del mundo.

En su haber hay que contabilizar, no obstante, una visión multilateral de la realidad mundial, con varios países emergentes que empiezan a hacerle sombra a la que seguirá siendo la primera potencia del mundo al menos por algún tiempo más. Aunque sólo fuera por el hecho de que, por primera vez en muchas décadas, un presidente de Estados Unidos ha dejado de mirar al resto del mundo por encima del hombro, Obama merece ganar la reelección.

Pero también porque, a pesar de su balance de claroscuros, ha demostrado una sensibilidad desconocida en su rival de hoy Mitt Romney, ante una sociedad norteamericana que sufre una profunda brecha de desigualdad social y económica entre los cada vez menos y más ricos y los cada vez más numerosos y más pobres en el ya mítico país de las oportunidades.

Es esa actitud la que le lleva también a comprender que la suicida política de masoquismo fiscal que impera en la Unión Europea es el camino contrario al que se debe seguir para superar la crisis y, Estados Unidos – como el propio Obama ha reconocido –, se juega mucho en que Europa salga de la crisis. Frente a él, el multimillonario Mitt Romney – una especie de Merkel made in USA – al que no se le conoce ni una sola idea de política internacional, barre para casa y únicamente predica austeridad fiscal y más rebajas de impuestos. Y aunque sólo fuera también por ese discurso plano, cansino y monótono de la derecha estadounidense más conservadora, Obama merece ser reelegido hoy por sus compatriotas. De lo que no cabe ninguna duda es de que, a pesar del justificado desencanto, Obama tendría la reelección asegurada por aplastante mayoría si el resto del mundo pudiera votar en Estados Unidos.

Madrid Arena: la hora de las responsabilidades

Pasan los días, avanza la investigación y se acumulan las evidencias de las gravísimas responsabilidades que rodean la tragedia del Madrid Arena del pasado día 1 en una macrofiesta de Halloween – cuatro chicas fallecidas y una en estado muy grave que, aunque no se teme por su vida , sufrirá secuelas permanentes.

Las primeras pesquisas policiales se han centrado en determinar si se superó el aforo permitido y ya no parece haber duda al respecto: a pesar de que la empresa organizadora anunció que esperaba unas 7.000 personas y luego reconoció que fueron casi 10.000 para un aforo de unas 10.600 – versión sorprendentemente seguida a pies juntillas por el ayuntamiento de Madrid - la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad no parecen dejar lugar a dudas de que la fiesta congregó a muchas más personas.

Queda también fuera de toda duda que al recinto accedieron numerosos menores de edad – una de las fallecidas lo es - y que muchos se colaron. Los testimonios de varios participantes en la trágica fiesta ponen de evidencia que los controles de acceso eran cuando menos laxos ya que no se comprobaba la entrada ni la edad ni se revisaba el contenido de las mochilas. Una avalancha humana entre los que querían entrar y los que querían salir a través de un único pasillo y que parece coincidir en el tiempo con el inicio de la actuación del disc jockey estrella de la noche, generó las desgraciadas consecuencias ya conocidas. El lanzamiento de al menos dos petardos pudo provocar una situación de pánico que previsiblemente agravó la situación.

Y todo ello, con un despliegue de seguridad a cargo de la empresa organizadora a todas luces insuficiente: 38 vigilantes privados para supuestamente 10.600 personas y una docena de policías locales enviados por el Ayuntamiento. Por si todas estas evidencias no fueran suficientes para concluir que lo ocurrido ha estado plagado de irregularidades que requieren que se depuren responsabilidades judiciales, en las últimas horas hemos conocido dos datos más: el Sindicato Unificado de la Policía ha denunciado que el Madrid Arena carecía de licencia de funcionamiento a pesar de tratarse de una instalación municipal.

El Ayuntamiento alegó el sábado que, precisamente por ser municipal, no necesitaba licencia, lo cual no puede sino producir indignación: ¿está la administración pública dispensada de cumplir sus propias normas? Lo cierto es que, según pública hoy El País, el ayuntamiento de Madrid solicitó esa licencia en 2009 pero los técnicos municipales se la denegaron tras comprobar las graves deficiencias del recinto de la tragedia. ¿En qué quedamos? ¿Necesita o no necesita licencia?. Y, sobre todo: ¿por qué el ayuntamiento no corrigió los defectos señalados por los expertos en lugar de desistir de obtener la licencia y continuar autorizando fiestas multitudinarias como la de la tragedia del pasado jueves?.

Ahora promete la alcaldesa Botella que nunca más alquilará el ayuntamiento un recinto municipal para ese tipo de fiestas en las que acaba de descubrir sorprendida que se congrega mucha gente joven y se consume mucho alcohol: a buenas horas la medida, cabe responderle. No les bastará a la alcaldesa y a su equipo con esa promesa y con asegurar que se personará en la causa judicial por lo ocurrido para esquivar sus responsabilidades, empezando por las políticas. ¿Por qué el ayuntamiento se apresuró a respaldar la versión de la empresa organizadora sobre el aforo del recinto? ¿Tiene algo que ver en ello la estrecha amistad entre el empresario y algunos destacados concejales del grupo municipal de gobierno? ¿Por qué el ayuntamiento autorizó una fiesta en un recinto de su propiedad que carecía de licencia de funcionamiento y que no reunía las condiciones adecuadas para ello ? ¿Por qué no se extremaron las medidas de seguridad ante la previsible concurrencia de miles de personas al Madrid Arena como se hace, por ejemplo, en los estadios de fútbol?

Lo que parece claro es que la tragedia del pasado jueves en Madrid no es el resultado del azar o la mala fortuna, sino la consecuencia de un cúmulo de irregularidades que salpican de lleno a la empresa organizadora y al ayuntamiento. Además de que sus responsables respondan por ellas, lo ocurrido debería de servir de dolorosa lección para que los poderes públicos sobre las que recae la competencia de este tipo de eventos cumplan y hagan cumplir a rajatabla la normativa al respecto y, si es necesario, la hagan más estricta. Esa es una obligación que en ningún caso cabe soslayar por desidia, amiguismo o interés privado.

Madrid: la luz que va delante

Fue Cataluña la primera comunidad autónoma en imponer el cobro de un euro por receta médica expedida y ahora se le acaba de sumar Madrid con una medida idéntica que entrará en vigor el 1 de enero próximo. El popular Ignacio González, el nuevo presidente de la comunidad madrileña, sigue así no sólo los pasos del muy nacionalista Artus Mas, sino los de Esperanza Aguirre, que en sus últimos tiempos al frente del gobierno autonómico madrileño ya ni se molestaba en disimular sus querencias por la sanidad privada.  Como en Cataluña, la injusta, ineficaz y peligrosa medida del cobro de un euro por receta se presenta con las habituales engañifas: “no tiene afán recaudatorio sino disuasorio porque se hace un uso irracional de los medicamentos” y "con esta medida se garantiza la universalidad y la calidad de la sanidad pública".

Puede que los españoles no seamos muy conscientes de que los medicamentos los pagamos con nuestros impuestos y su uso irracional sólo contribuye a incrementar el gasto sin que eso suponga una mejora general del estado de salud de la población. Esa es una realidad que no se puede negar, pero pretender atajarla por la vía de un nuevo repago sumado al  impuesto por el Ministerio de Sanidad en toda España no es la mejor manera. Son mucho más eficientes y justos los programas de prevención y educación sanitaria y sin embargo apenas se aplican con la convicción, profundidad y continuidad que serían necesarias para que sean eficaces. 

El cobro de un euro por receta – además de ser de muy dudosa constitucionalidad que lo pueda aplicar una comunidad autónoma por cuanto establece diferencias injustas de acceso a la sanidad pública entre ciudadanos según su lugar de residencia – castigará más aún a los sectores más vulnerables de la sociedad que, precisamente, son los que más necesitan de los medicamentos. El hecho de que Madrid y Cataluña ni siquiera se hayan planteado la posibilidad de cobrarlo en función de la renta del paciente hace aún más injusta la medida y puede provocar, en cambio, que personas que realmente necesitan acudir al médico con frecuencia se lo piensen antes de hacerlo. Algunas voces autorizadas provenientes de la profesión médica ya han advertido de que eso es lo que está pasando desde que se implantó el copago de los medicamentos. 

Que el presidente madrileño no hace sino continuar los pasos de Esperanza Aguirre y su programa privatizador de la sanidad pública, lo demuestra también el hecho de que seis hospitales públicos de la comunidad autónoma pasarán a ser gestionadas por empresas privadas y el mismo camino llevan buena parte de los centros de salud. El mapa sanitario que se dibuja en Cataluña y en Madrid – por ahora - es el de centros sanitarios privados para quienes se los puedan permitir y centros sanitarios públicos de beneficencia para los pobres de solemnidad.

Madrid es semillero de votos para el PP y laboratorio de ideas neoliberales con un denominador común: reducir a su mínima expresión el estado del bienestar hasta situarlo de nuevo en los tiempos de la caridad y la beneficencia pública. Si es cierta la máxima de que la luz que va delante es la que alumbra, es probable que medidas como las que se van a aplicar en la comunidad de Madrid no tarden en extenderse a otros territorios.

Por lo demás, es muy significativo y esclarecedor que las dos primeras comunidades autónomas que han dado el paso de aplicar el euro por receta hayan sido Madrid y Cataluña, en donde, por cierto, el PP le exige a Mas que retire la misma medida que va a aplicar el popular presidente madrileño. Así, mientras crece a modo de cortina de humo el lío y la algarabía entre el nacionalismo catalán y el nacionalismo de Madrid, la derecha une sus fuerzas para dar en el suelo con el estado del bienestar. ¡Qué coincidencia!

El dilema de la economía sumergida

Al menos que yo recuerde, ésta es la primera vez que una administración pública le pone números a la economía sumergida, que por su propia definición y características no es fácil de cuantificar. La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias acaba de reconocer públicamente que en el Archipiélago existen unos 125.000 trabajos “sumergidos”, esto es, no regularizados. Si es cierta, la cifra espanta porque supone el 43% de los trabajadores en paro inscritos en las oficinas públicas de empleo de la comunidad autónoma, que ascienden a casi 289.000 personas.

No olvidemos, sin embargo, que las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA ) que conocíamos el pasado viernes colocan el número total de desempleados en el Archipiélago en 378.000 personas, casi 100.000 más que las que han confiado en los servicios de la administración pública para encontrar un trabajo. Quiere ello decir, que a esos 125.000 trabajos no declarados hay que añadir seguramente algunos miles más de desempleados que no confían ya en los servicios públicos de empleo para encontrar una ocupación regulada.

Las causas de estos preocupantes datos no son difíciles de adivinar: por un lado, la inveterada tradición nacional, tanto de empresarios como de trabajadores, de burlar las cargas fiscales y sociales que implican el trabajo regularizado, algo que por desgracia está demasiado extendido incluso en épocas de bonanza económica; por otro, la expulsión del mercado laboral legalizado de millones de trabajadores a raíz de la crisis económica y de las facilidades concedidas a los empresarios para despedir a precio de saldo. 

Es seguramente esta segunda causa la que ha hecho que se haya disparado el número de trabajadores que, ante las nulas perspectivas de encontrar un empleo legal, han optado por aceptar una ocupación en precario pero cuya remuneración, por baja que sea, está exenta de cotizaciones sociales y pago de impuestos. A nadie se le escapa que esta práctica supone, sobre todo, un quebranto para las arcas de la Seguridad Social y la hacienda pública, además de una competencia desleal para los empresarios que hacen frente a sus obligaciones y una presión a la baja de los salarios de la economía legal.

Es una vieja máxima que la economía sumergida – sobre todo en épocas de crisis tan profunda como la actual – es una válvula de escape sin la cual la conflictividad social podría llegar a alcanzar cotas de intensidad incontrolable y de consecuencias imprevisibles: mejor dejarla estar para evitarse más problemas que los que ya tenemos y, de paso, permitir que los trabajadores y empresarios sumergidos puedan seguir tirando hasta que vengan tiempos mejores.

El problema es serio y el dilema para resolverlo también: permitir que cada vez más trabajadores y empresarios se adentren en la economía sumergida no hará sino agravar las tensiones de las cuentas públicas, pero perseguirla y sancionarla puede dar lugar a situaciones de mayor depauperación social que las que ya sufrimos en España y, particularmente, en Canarias.

¿Que hacer entonces? La solución no es fácil y, hasta ahora, las medidas que se han adoptado para aflorar el empleo sumergido han arrojado un balance bastante pobre: o a las autoridades laborales les faltan medios y convicción para afrontar la situación o a los trabajadores y empresarios sumergidos le sobran artimañas para eludir la legalidad, o ambas cosas a la vez.

Lo que parece evidente es que la mejor manera de luchar contra el empleo sumergido no es poniendo el despido a precio de saldo y suprimiendo derechos laborales, sino adoptando medidas que favorezcan el trabajo digno y de calidad y aplicando la ley a los que opten – trabajadores o empresarios – por la ilegalidad. En cuanto a la primera condición, el camino emprendido es justamente el contrario, con lo que nadie debería de extrañarse de que la economía sumergida termine engullendo a buena parte de la economía productiva de este país.

Báñez y la irrealidad

La realidad:

1.- Casi 5,8 millones de españoles están a día de hoy en el paro y en dos millones de hogares de este país no trabaja ninguno de sus miembros. Uno de cada cuatro españoles no tiene trabajo y en comunidades como Canarias no lo pueden hacer tres de cada diez. Causa directa de estos datos es la aplicación de la injusta y desequilibrada reforma laboral que ha disparado los expedientes de regulación de empleo al calor del abaratamiento del despido. La tasa de paro juvenil de España supera el 50% y en comunidades como Canarias alcanza el 62%.

2.- Cerca de medio millón de personas se han ido de España en lo que llevamos de 2012 en busca de las oportunidades de trabajo que en nuestro país no encuentran.

3.- La tasa de pobreza en España afecta a dos de cada diez ciudadanos y en comunidades autónomas como Canarias a tres de cada diez. 

4.- La tasa de pobreza infantil en España afecta al 24% de los niños y en Canarias a casi el 30%. España es el país con mayores tasas de desigualdad social de la Unión Europea. 

5.- En muchos lugares de España, incluida Canarias, hay niños que sólo pueden hacer una comida diaria, la que reciben en el comedor escolar, porque sus familias no disponen de recursos para alimentarlos mejor.

6.- En los dos últimos años, que han coincidido con el agravamiento de la situación económica, organizaciones como Cruz Roja, Cáritas o los bancos de alimentos se han visto desbordadas ante las peticiones de comida. 

Larga cola de españoles saliendo de la crisis

 7.- Desde el comienzo de la crisis económica se han registrado en España más de 350.000 desahucios, y la cifra sigue aumentando acompañada además de episodios de desesperación que han conducido al suicidio. Ni el Poder Judicial ni el Gobierno ven necesario hacer frente a este drama social.

8.- Desde el comienzo de la crisis han cerrado en España más de 300.000 pequeñas y medianas empresas, y la cifra sigue aumentando.

9.- Desde que se puso en marcha la reestructuración del sistema bancario, las entidades financieras han recibido miles de millones de euros públicos para sanear los activos tóxicos generados por su mala cabeza especulativa; y más que recibirán en virtud del rescate bancario. 

10.- Desde que comenzó la crisis, los directivos y altos ejecutivos bancarios se han llevado centenares de millones de euros en concepto de pensiones por jubilación y primas. Mientras, miles de españoles estafados con productos como las participaciones preferentes siguen esperando una solución.

 

11.- Con la llegada del PP al Gobierno se ha exacerbado la política de recortes emprendida por el PSOE y se ha implantado el copago en la sanidad, se ha excluido a los inmigrantes irregulares del Sistema Nacional de Salud y se ha reducido drásticamente el número de medicamentos financiados por la sanidad pública. Además, también se ha recortado a conciencia en educación, investigación y cultura.

12.- Las comunidades autónomas, asfixiadas por los recortes presupuestarios para cumplir el objetivo de déficit, se han quedado sin recursos para atender las competencias en sanidad, educación y prestaciones sociales y muchas de ellas han tenido que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico y someterse a la intervención de sus cuentas y a nuevos ajustes y recortes. 

13.- Ni antes con el PSOE ni ahora con el PP se ha perseguido con decisión el fraude fiscal ni se han gravado las grandes fortunas o los bienes de la Iglesia Católica. Se han incrementado en cambio el IVA y el IRPF y se ha hecho recaer la mayor presión fiscal sobre las espaldas de la clase media, cada día más depauperada. 

14.- Desde el comienzo de la crisis, los ciudadanos de este país cada vez contamos menos en las decisiones económicas que nos afectan y que se nos imponen porque lo dictan los mercados. Se nos engañó en la campaña electoral prometiendo que no se haría todo lo que se ha hecho después y se nos sigue engañando cada día cuando se asegura que todas esas medidas servirán para crecer y crear empleo.

La irrealidad:

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dicho: “Estamos saliendo de la crisis, hay señales. Estamos viendo ya señales esperanzadoras en un entorno de una crisis económica muy dura. Y no me refiero a un optimismo vacío sino al relato de la realidad.

Las preguntas:

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué color, intensidad y tamaño son las señales? ¿Son brotes verdes o azules? ¿Flipa la ministra? ¿Se cree lo que dice? ¿Cree que los españoles creen en lo que dice? ¿Es la ministra un ser de este mundo en crisis? ¿Los parados, los excluidos, los desahuciados y los hambrientos son también personas humanas para la ministra? ¿Nos toma el pelo la ministra? ¿Por qué?

Desahucios y alarma social

El Gobierno español actual y los anteriores se han distinguido por modificar el Código Penal a golpe de titulares. Ante cada nuevo caso de asesinato, secuestro o violación, especialmente cuando las víctimas son menores de edad, todos ellos han optado por endurecer las penas con las que se castigan estos delitos y dar así pábulo a un populismo penal claramente inducido por ciertos titulares de prensa y determinados programas de televisión de intenso color amarillo. Se ha conseguido así que nuestro país posea uno de los códigos penales más duros de su entorno y que, a pesar de ello, registre la población reclusa más numerosa y que sea, además, el lugar en donde los penados más tiempo pasan entre rejas, aunque haya una falsa percepción social que cree todo lo contrario. Todo esto en un país que tiene una de las tasas de delincuencia más bajas de la Unión Europea.

Ni que decir tiene que las reiteradas reformas del Código Penal no han servido para evitar que ese tipo de sucesos se sigan produciendo, del mismo modo que la pena de muerte no ha servido para que en los países que la aplican – véase el caso de Estados Unidos – no se sigan cometiendo homicidios y asesinatos. No debe ser, por tanto, la benevolencia de las penas lo que hace que se mate, secuestre o viole y, en consecuencia, no es el endurecimiento de las condenas la panacea para que ese tipo de sucesos se reduzca a su mínima expresión.

Esta altísima sensibilidad penal de los sucesivos gobiernos- que ahora amenaza con exacerbarse aún más a través del endurecimiento de las penas relacionadas con manifestaciones o protestas callejeras - contrasta con la insensibilidad mostrada ante un drama que también está generando una importante alarma social pero ante el que no parece haber la más mínima voluntad de cambiar las leyes: los desahucios de sus viviendas de familias que, debido a la crisis económica, ya no pueden hacer frente al pago de las hipotecas suscritas en la época en la que atábamos los perros con longanizas en este país. 

Se calcula que desde el comienzo de la crisis, unas 350.000 familias españolas han perdido sus casas que, en la mayoría de los ocasiones, han ido a engrosar los activos de los bancos después de quedárselas muy por debajo de su valor de tasación mientras los deudores han tenido que seguir pagando la hipoteca por una vivienda que ya no poseen. Y eso, a pesar de que ahora los bancos no sepan muy bien qué hacer con tanto piso dada la situación de estancamiento del mercado inmobiliario español.

A lo más que ha llegado el Gobierno es a aprobar un llamado Código de Buenas Prácticas de carácter meramente voluntario para los bancos y que, a la vista está, es a todas luces insuficiente para frenar los desahucios de familias que ese están quedando literalmente en la calle en un dantesco escenario de paro y exclusión social. Dos ejemplos claros de esa situación de desamparo absoluto los acabamos de vivir hace unos días con un hombre que se ahorcó en Granada poco antes de ser expulsado de su vivienda, y otro en Valencia que intentó también suicidarse tirándose al vacío desde el balcón de la vivienda de la que iba a ser desahuciado.

Coincidieron estas noticias con la decisión del Consejo General del Poder Judicial de meter en un cajón el informe de un grupo de jueces – informe encargado por el propio Consejo, para mayor escarnio – en el que se hacen una serie de recomendaciones para adaptar la caduca legislación de ¡1909! sobre desahucios a la realidad social y económica de la España actual. 

Recomendaciones como establecer la dación de la vivienda en pago de la hipoteca, extender a las familias en apuros las suculentas ayudas con dinero público que va a recibir la banca para librarse precisamente de sus activos inmobiliarios tóxicos, alargar los plazos de pago o rebajar temporalmente los tipos de interés, no son asumidas por el Consejo que, en consecuencia, no las elevará al Gobierno para que vea la posibilidad de modificar la vetusta normativa al respecto.

Esta completa insensibilidad del Poder Judicial ante un drama social como el de los desahucios es acorde con la del Poder Ejecutivo: preguntado por este asunto, el Gobierno se ha limitado a responder que, “ si hace falta, revisará el Código de Buenas Prácticas”. La cuestión es no incordiar a los bancos con medidas que vayan en contra de sus intereses, mientras depauperamos a conciencia el país para que las entidades financieras limpien sus balances con el dinero de todos los ciudadanos y el sufrimiento de los que han perdido y perderán sus viviendas gracias a una legislación injusta y desfasada. Esta es la doble vara de medir la alarma social que tiene el Gobierno: para unos la ley, para otros el favor.

Músicas para una vida - America: "A horse with no name"

El grupo se llamaba America pero era inglés. Se creó a finales de los 60 y grabó varios discos con George Martín, el productor de los Beatles. Su última grabación es de 2007, aunque siempre se le recordará por este "Caballo sin nombre"

Muerte a las puertas del ex paraíso

Abandonaron sus lejanos países subsaharianos huyendo de la guerra, el hambre y la miseria y recorrieron a pie miles de kilómetros con la vista siempre puesta en el Norte, en donde habían escuchado que habitaba la abundancia y la felicidad. Había entre ellos mujeres, incluso embarazadas, niños y adultos. Puede que muchos quedaran por el camino incapaces de superar la falta de comida y agua, las enfermedades o el calor intenso por el día y las gélidas temperaturas nocturnas.

Los que aguantaron en pie continuaron adelante haciendo miles de sacrificios hasta que, por fin, alcanzaron las costas que les ponían a un tiro de piedra de lo que esperaban fuera un mundo mejor que el que habían dejado atrás. La mayoría no se conocía entre sí, aunque la camaradería y la solidaridad fue surgiendo entre ellos después de las largas y calurosas jornadas de camino y de muchas noches bajo las estrellas y el frío.

Otros se vieron por primera vez al llegar por fin a la costa, en donde establecieron contactos con unos hombres que se mostraron encantados de poderles ayudar a cubrir el corto trayecto que les separaba de sus sueños. A cambio sólo tenían que entregarles los pequeños ahorros de toda una vida y, los que no tuvieran nada para pagar el viaje, comprometerse a hacerlo una vez hubiesen llegado a su destino y encontrado un trabajo.

Apalabrado el contrato subieron todos los que pudieron a una desvencijada barca de pescadores sin más pertrechos que unos bidones de agua y un poco de comida porque – según les habían dicho – el viaje sería corto y no entrañaba riesgo: en pocas horas pisarían la tierra prometida y sus penurias habrían concluido.

Cuando ya tenían al alcance de la vista los contornos de su sueño estalló la tragedia: la frágil y sobrecargada embarcación se quedó a la deriva y el oleaje no tardó en dejarla medio hundida. Algunos – los menos – lograron sobrevivir aferrados a los carcomidos tablones de la patera, mientras el océano ahogaba en sus profundidades el sueño de la mayoría. Después llegaron unos hombres que sacaron del agua a los escasos supervivientes y recogieron los pocos cadáveres que flotaban ya cerca de la patera.

A los que consiguieron salvar la vida les aguarda ahora la deportación a sus lugares de origen después de haber pisado por unos días la tierra de sus sueños. Mientras, los que se dejaron la vida en el intento nunca sabrán que en el primer mundo en el que aspiraban a hacer realidad sus deseos de una vida mejor ya no se les quiere ni como mano de obra esclava y, si se ponen enfermos, nadie les atenderá si no pagan por adelantado.

Los que hubiesen conseguido burlar por un tiempo a la policía habrían malvivido escondidos tal vez en un piso patera o durmiendo en algún banco o bajo un puente hasta que la autoridad les echase el guante. La gran mayoría habría sido repatriada a sus países de origen para cuyo desarrollo cada vez llega menos ayuda del rico mundo del norte en el que los gobiernos sólo piensan en salvar a los bancos y cumplir el objetivo de déficit a mayor gloria de los mercados. Su martirio ha sido en vano, aunque no evitará que otros lo sigan intentando - el hambre, la miseria y la desesperación no entienden de PIB ni de déficit - y perdiendo la vida en el intento, desconocedores también de que lo que jamás fue un paraíso para ellos hoy lo es menos que nunca.