Ha dicho Mariano Rajoy
que ahora España estaría peor si el Gobierno que preside desde hace
once meses tras ganar por mayoría absoluta las elecciones celebradas
hace hoy un año no hubiese tomado las medidas que ha tomado. Es una
afirmación indemostrable pero dudosa. Y como, tanto en la política
como en otras muchas facetas de la vida, lo que cuenta al final son
los hechos y no las buenas intenciones, a los hechos y a las
realidades actuales de este país hay que referirse para valorar el
primer año desde que el PP ganó las elecciones generales y completó
el mayor poder que nunca antes había alcanzado un partido
político en la etapa democrática.
Hechos
Y los hechos, por más
que ahora se adornen con invisibles brotes verdes, son que,
desde la llegada de Rajoy al poder en España hay 800.000 parados más, con especial incidencia entre los jóvenes, más de la mitad de los cuales no tiene trabajo. La panacea de la reforma laboral que abarató el
despido que nunca se abarataría y dejó a los trabajadores
prácticamente inermes ante los empresarios, está consiguiendo sus
objetivos no confesados pero evidentes: que las empresas hagan el
ajuste por el empleo y los salarios y puedan así volver a contratar
a precios de saldo favorecidas por un mercado laboral convertido en
una selva.
Como consecuencia de ello
han crecido exponencialmente las cifras de familias en situación de
exclusión social, la pobreza infantil, los desahucios que ahora se
quieren frenar con parches a mayor gloria de los bancos y miles de
españoles han abandonado el país buscando un futuro menos sombrío
lejos de nuestras fronteras. Son hechos también, y no buenas
intenciones, que el PP ha subido los impuestos a las clases medias
que juró no subir, ha excusado a las grandes fortunas de
contribuir más a salir de la crisis y ha pretendido resolver con
parches ineficaces el grave problema del fraude fiscal.
Todo ello ha contribuido
a congelar el consumo y agravar la pésima situación general, amén
de generar entre los ciudadanos el convencimiento de que los
esfuerzos para superar la crisis no están siendo equitativos. Dos
huelgas generales en menos de un año y un sinfín de manifestaciones
multitudinarias dan buena prueba del descontento social del país al
que Rajoy sigue haciendo oídos sordos.
Desmantelamiento del estado del bienestar
El cerrilismo de la
austeridad fiscal que impone Alemania y que Rajoy sigue a pies
juntillas, en parte por convencimiento ideológico y en parte porque
su irrelevancia política internacional no le permite plantar cara
para conseguir combinar la austeridad con medidas de reactivación
económica, está desmantelando a conciencia el estado del bienestar
mediante recortes en la sanidad, la educación y las prestaciones
sociales básicas, que corren paralelos a las privatizaciones ya en
marcha.
Ese mismo fanatismo fiscal está consiguiendo por la vía de las restricciones presupuestarias recentralizar el modelo territorial del Estado, de lo que el PP siempre ha sido partidario aunque ahora con mucho menor disimulo. Esto ha llevado aparejadas tensiones indeseadas e innecesarias entre las comunidades autónomas y el centro que ponen en cuestión el futuro de ese modelo en un momento en el que el país no está para debates territoriales o modelos de Estado.
Ese mismo fanatismo fiscal está consiguiendo por la vía de las restricciones presupuestarias recentralizar el modelo territorial del Estado, de lo que el PP siempre ha sido partidario aunque ahora con mucho menor disimulo. Esto ha llevado aparejadas tensiones indeseadas e innecesarias entre las comunidades autónomas y el centro que ponen en cuestión el futuro de ese modelo en un momento en el que el país no está para debates territoriales o modelos de Estado.
En el capítulo social, el primer año desde la llegada de los populares al poder se zanja con algunas leyes que nos devuelven a los inicios del periodo democrático, sino más atrás. Véase, por ejemplo, la implantación de las tasas judiciales, los planes sobre el aborto, la enésima reforma del Código Penal o los planteamientos retrógrados en educación.
Ya estamos rescatados
Dice también Rajoy que,
sin sus medidas, España habría tenido que pedir el rescate total –
aunque él nunca empleará esa palabra –, olvidando
convenientemente que el país ya está prácticamente rescatado y sus
cuentas supervisadas con lupa por la Comisión Europea, el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Central Europeo a cambio de
resolver con dinero de todos los problemas generados por la codicia
bancaria e incrementar de paso la deuda pública.
Estos son, grosso
modo, los hechos que resumen el
balance del primer año del PP en el poder, un partido que engañó
abiertamente a los ciudadanos en las elecciones aplicando todo lo que juró no aplicar y más. Un año después, ni hay
brotes verdes ni se ve la luz al final del túnel, por mucho que
Rajoy y sus ministros se empeñen ahora en hacernos creer lo
contrario con cifras fantásticas sobre recuperación y previsiones
económicas y de empleo que nadie se cree.
¿Qué cabe esperar?
A
la vista de ese balance, tiene uno la melancólica sensación de que
la única esperanza que queda es que a las economías de otros países
de la eurozona, empezando por Alemania, se les empiece a volver en
contra la política de austericidio
y admitan por fin que es urgente imprimirle un giro radical que
sirva de verdad para crecer y no para menguar en riqueza y bienestar
social. Pero que no desespere Rajoy porque este país aún puede
estar mucho peor y superar incluso a Grecia en malestar y fractura
social: por delante tiene todavía tres años para conseguirlo.
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