En el momento de escribir
este post un numeroso despliegue policial está desalojando a los
vecinos del poblado marinero de Cho Vito, en el municipio tinerfeño
de Candelaria, para pasar a continuación a derribar sus viviendas
afectadas por la Ley de Costas. Se cumple así la sentencia firme que
pesaba sobre las casas que aún quedan en pie después del tenso
desalojo que se vivió en este mismo lugar hace poco más de cuatro
años. Como en aquella ocasión, los vecinos se oponen pacíficamente
al desalojo y denuncian la injusticia que se comete con ellos así
como el cúmulo de oscuras irregularidades que han rodeado el proceso
de deslinde marítimo terrestre del poblado.
Ver las imágenes del
desalojo que ofrece en directo Televisión Canaria o escuchar los
gritos de desesperación de los vecinos desalojados a través de
Canarias Radio la Autonómica produce una indescriptible sensación
de rabia e impotencia. Tiene uno la desagradable sensación y hasta
el convencimiento de que se está cometiendo una injusticia
irreparable que se podría haber evitado con sólo una pizca de
sensibilidad social y cintura por parte de las administraciones
públicas con competencias en este asunto que permitieran posponer el
derribo hasta que se alcanzara una solución satisfactoria para
todos.
Los vecinos, en buena
lógica, habían rechazado la oferta de un alquiler durante dos años
mientras disponían de una nueva vivienda que sustituyera a las que
las palas van a derribar hoy. Y digo en buena lógica porque, tras
los derribos de 2008 y la huelga de hambre protagonizada por los
afectados, se les prometió que se les concedería una vivienda
social, promesa que nunca se ha hecho realidad. Ahora, los poderes
públicos han pretendido cambiar aquella oferta por otra muy distinta
y ante la negativa vecinal han dado luz verde para que las palas
hagan su trabajo de destrucción.
Tampoco se ha tomado en
consideración la denuncia documentada de los vecinos sobre las
contradicciones entre dos deslindes de su poblado, en el primero de
los cuales sus viviendas quedaban fuera del dominio marítimo
terrestre y en el segundo dentro y, por tanto, expuestas al derribo.
También han denunciado que tras el derribo de sus casas se ocultan
intereses urbanísticos especulativos sobre la zona y el
empecinamiento en construir un paseo marítimo en el lugar que hoy
ocupan las viviendas.
Lo que vuelve a poner de
manifiesto la demolición del poblado de Cho Vito y de otros muchos
que se encuentran en una situación similar en Canarias y en toda
España, es el clamoroso fracaso de la draconiana y retroactiva Ley de
Costas de 1988, que vulnera principios tan elementales como el
derecho a la propiedad y que ahora se pretende reformar, aunque para
los vecinos de poblados como el de Cho Vito llegará demasiado tarde.
Muchos de esos poblados
son muy anteriores a la promulgación de esa ley pero se ven
igualmente afectados por ella a pesar de que en la mayoría de los
casos se trata de la única vivienda de sus moradores, gente de
escasos recursos, y reúnen, además, un conjunto de valores
etnográficos e históricos que las palas de Costas y la
insensibilidad de los organismos públicos convertirán en escombros.
Esa sensación de que se
está cometiendo una injusticia con estos vecinos se acrecienta más
si cabe si uno recuerda la docena larga de hoteles de lujo levantados
sin licencia o a escasos metros del mar en Canarias, sobre los que
pesan también sentencias firmes de derribo pero que siguen en pie,
unos vacíos y criando hierbajos y otros abiertos y recibiendo
visitantes. Para ellos sí hay mano ancha, facilidades y excusas de
todo tipo con tal de no demolerlos. Para los humildes vecinos de Cho
Vito y otros poblados que temen también que en cualquier momento se
presenten las palas de la demolición a las puertas de sus casas,
sólo existe la incomprensión. De lo que cabe concluir que el viejo
principio según el cual dura lex sed lex sólo
se aplica según y a quien.
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