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Ley del Suelo: de la panacea al apocalipsis

Si uno hiciera caso de las loas y alabanzas a la Ley del Suelo que el Parlamento de Canarias está a punto de aprobar, lo siguiente sería sentarse a mirar crecer la economía y el empleo una vez entre en vigor. Si por el contrario atendiera a quienes ven en esa ley la hidra de las mil cabezas, ya estaría tardando en hacer las maletas y emigrar. Es hasta cierto punto lógico y natural que las fuerzas políticas exageren la nota cuando se trata de defender o atacar una iniciativa de la parte contraria. Sólo que en este caso se han superado todos los listones de la exageración a favor y en contra en un debate que, dada la sustancia del asunto, debería haber sido menos interesado y enconado y más esclarecedor para la ciudadanía. En definitiva somos los canarios y no determinados intereses creados que ya aplauden la nueva ley, quienes nos tendríamos que beneficiar  de las ventajas que ven en esta norma sus defensores o los perjudicados si se cumplen los peores vaticinios de sus detractores.

La ley, iniciativa estrella del Gobierno canario para esta legislatura, nació con el objetivo declarado de desenredar la madeja normativa y burocrática que frena y demora inversiones y creación de empleo. En este punto coinciden casi todas las fuerzas políticas que, sin embargo, discrepan radicalmente en las soluciones. A pesar de esa declaración de principios, se trata de una norma de más de 400 artículos, lo que de entrada no es precisamente un ejemplo de simplificación y claridad sino de prolijidad tal vez excesiva e innecesaria. A este pecado original hay que unir la ausencia de un estudio riguroso sobre la relación entre la economía canaria y el suelo que debería haber servido de guía de actuación sobre el territorio.

“Somos los canarios quienes deberíamos beneficiarnos de esta ley”

Una de las grandes batallas del debate ha sido el control de legalidad de las actuaciones urbanísticas, ciertamente capitidisminuido en el texto que aprueba el Parlamento con respecto a las funciones actuales de la denostada COTMAC, el organismo al que los defensores de la ley culpan de que las inversiones se eternicen. Está por ver si la solución mejor ha sido vaciarla de contenido o hubiera sido preferible dotarla de las herramientas necesarias para que hiciera su trabajo en tiempo y forma, garantizando la legalidad de las actuaciones sobre el suelo. El uso del suelo rústico o las competencias municipales, insulares y autonómicas sobre el planeamiento y sus excepciones han sido también caballos de batalla en el debate previo a la aprobación. Si como dice el presidente canario la nueva ley aporta transparencia y evita eventuales corruptelas derivadas de la demora en la resolución de los expedientes, no es menos cierto que la laxitud regulatoria también puede ser causa de todo lo contrario.


En algunos aspectos el texto ha mejorado sensiblemente y ha despejado dudas e indefiniciones que habrían dado lugar a interpretaciones dispares sobre lo que se puede hacer o no en un territorio fragmentado y por definición escaso como el canario. Así lo ha reconocido no sólo el bloque parlamentario que apoya la Ley – CC, PP y Agrupación Socialista Gomera – sino algunos de los que se integran en el bloque opositor como Nueva Canarias y el PSOE, aún dejando claras estas dos fuerzas sus profundas discrepancias.

“No debería cerrarse en falso un debate clave como el del uso del territorio”

Mención especial merece la postura de los socialistas, a los que la presentación de esta ley por parte del presidente Clavijo cogió literalmente con el pie cambiado a pesar de formar parte del Ejecutivo. Su reacción fue entonces de desconcierto y cuando menos dubitativa ante un texto que no les gustaba pero que parecían dispuestos a envainarse en aras de la continuidad del pacto con CC. Liberado el PSOE de esas ataduras, la labor de su portavoz Nayra Alemán en la ponencia que estudió la ley les permitirá ahora a los socialistas presumir de que muchas de las mejoras introducidas en el texto son mérito suyo. La duda es qué hubiera hecho el PSOE si hoy continuara formando parte del Gobierno.  

Lo que debería preocupar al Gobierno, a las fuerzas que apoyan la ley y al conjunto de la sociedad es el ajustado consenso de 33 votos que la respaldan. Las razones por las que una norma de este calado no ha recibido un apoyo parlamentario mucho más amplio, que la dotara de estabilidad, habrá  que buscarlas en ambos bloques políticos y en su voluntad real de consenso. Cerrar en falso el debate sobre una cuestión de la trascendencia de los usos del territorio es un riesgo que no deberíamos habernos permitido. En todo caso y a la espera de comprobar los efectos de la aplicación de la ley para determinar si es la panacea o la hecatombe, convendría adoptar de momento una prudente equidistancia entre apocalípticos e integrados y aplicar aquello de que la virtud está justo en medio de los extremos.    

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