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Popular: el extraño caso del banco zombi

Una semana después del chollo bancario del año se acumulan las preguntas sin respuesta. ¿Cómo es posible que un banco que hace no mucho tiempo valía 19.000 millones de euros se vendiera al precio de la chuche de un chino?. Esa es la principal pero hay muhas más. El Popular arrastraba problemas de ladrillo que se han valorado en más de 36.000 millones de euros, de sobra para lastrar cualquier balance. Lo que no se ha aclarado es la razón por la que otros bancos que también sufrían indigestión inmobiliaria consiguieron superarla y el Popular no. Con las cuentas de este banco y con la operación que lo ha convertido en una nueva perla del collar bancario de Ana Patricia Botín, continúa habiendo más confusión que claridad. 

El ministro de Economía, Luis de Guindos, compareció este lunes en el Congreso con la supuesta intención de aclarar las dudas pero no aclaró prácticamente ninguna. El mismo ministro que a mediados de abril decía que el Popular era estable y solvente lo ha calificado ahora de banco zombi. Todo un récord para un banco que en apenas mes y medio haya conseguido pasar de ser una joya del sistema financiera a un detritus con un agujero del tamaño del triángulo de las Bermudas valorado  entre menos 2.000 y menos 8.000 millones de euros. Y eso después de haber aprobado los famosos test de estrés realizados el año pasado por la Autoridad Bancaria Europea que, a lo que se ve, ese día optó por el aprobado general.

“Luis de Guindos se cuida por todos los medios de que no se le sitúe en la escena del crimen”


El mismo de Guindos que en abril loaba al Popular – se supone que con conocimiento de causa de lo que decía -  se cuida ahora mucho de que no se le sitúe en la escena del crimen. Si le preguntan qué entidad financiera examinó al paciente la noche de la venta dice que no lo sabe; si la pregunta es por qué se le dio el visto bueno en los test de estrés recuerda que esos exámenes los organiza la Autoridad Bancaria Europea y para la falta de vigilancia y diligencia sobre la salud del Popular  remite al Banco de España, al Banco Central Europeo y a la Comisión del Mercado de Valores. Él se quita ahora de en medio y le pasa el mochuelo a organismos a los que, es verdad, cada día parece quedarles más grande el calificativo de supervisores.


El Banco de España sí que parece un banco zombi con buena parte de las competencias sobre el sistema financiero en manos del Banco Central Europeo con sede en Frankfort. Y en cuanto a la Comisión del Mercado de Valores, responsable último de las ampliaciones de capital del Popular, también hay que exigirle explicaciones por no suspender la cotización a pesar de que se hundía a ojos vista en la bolsa. Una pasividad que contrasta poderosamente con la agilidad con la que ha prohibido ahora durante un mes las operaciones especulativas sobre Liberbank. ¿Se estaba dejando caer al Popular para encontrarle comprador a precio de saldo? ¿Qué papel jugó en la tormenta perfecta que se desató en torno al banco en sus últimas semanas de vida su propia cúpula, encabezada por Emilio Saracho, un hombre vinculado durante años al Santander? ¿Por qué la auditora PwC cerró y abrió al poco tiempo las cuentas de 2016 para pedir más provisiones? Preguntas que, junto a otras muchas, requieren respuestas y una investigación a fondo, técnica y judicial, de las maniobras que han rodeado la operación.
  
“Las preguntas sobre los tejemanejes en el Popular requieren una investigación técnica y judicial”


Sólo una cosa aclaró de Guindos en su comparecencia en el Congreso: que ha habido varias comunidades autónomas – Canarias entre ellas, según se ha sabido después – ayuntamientos y empresas públicas que sacaron el dinero del Popular antes de que fuera demasiado tarde. Se supone, según la explicación del ministro, que debido a la rebaja de la nota que le daban las agencias de calificación al banco y no a ningún tipo de tráfico de información privilegiada interinstitucional. Las consecuencias de la operación que ha convertido a Ana Botín en la reina bancaria patria están aún por escribir. Empezando por la posibilidad, aún no descartada del todo, de que termine costando dinero al bolsillo público y continuando por la drástica contracción de la competencia bancaria, con sus perversos efectos sobre el crédito y los servicios financieros para familias y empresas.  

Puede haber también miles de puestos de trabajo afectados y hay 300.000 accionistas e inversores que no se van a quedar de brazos cruzados y a los que desde el primer momento se les repite sin cesar el mantra de que lo han perdido todo y que de nada servirá reclamar. Si así fuera dudo mucho de que el Santander les hubiera lanzado hoy mismo un cable al anunciar que estudiará de qué manera les compensará. Es muy probable que la entidad presidida por Ana Botín esté intentando parar a tiempo la avalancha de pleitos judiciales que se le puede venir encima, contribuyendo a deteriorar un poco más si cabe la merecida mala fama de los bancos españoles. Estas maniobras bancarias en la oscuridad, que tanto recuerdan a lo ocurrido con Bankia, son un baldón más sobre la credibilidad de un sistema financiero en el que, de nuevo, parece haber primado un cierto compadreo de capitalismo de amiguetes mezclado con una clara falta de diligencia y supervisión.   

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