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Petróleo: se impone rectificar


La inesperada por precipitada aprobación ayer en Consejo de Ministros de la autorización para que Repsol realice prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura, ha elevado el tono de confrontación entre los gobiernos de Canarias y el Estado hasta cotas que no se producían desde hacia años.

El decreto de la discordia, que llevaba años esperando en un cajón del ministerio de Industria ante el rechazo que el asunto siempre ha suscitado en Canarias, se aprueba ahora sólo tres meses después de que el PP accediera al Gobierno de la nación y a pesar de que el ministro Soria afirmó recientemente que no estaría antes del verano por la complejidad técnica que implicaba su redacción.

Prisas interesadas

Sin embargo, no es tan sorprendente la celeridad en darle luz verde: es inminente la entrada en vigor de una nueva directiva comunitaria que endurece considerablemente los requisitos que deben cumplir actividades potencialmente peligrosas para el medioambiente como las relacionadas con la exploración y eventual extracción de petróleo.

Sólo hay que recordar la reciente tragedia provocada por la petrolera británica BP en el Golfo de México para comprender las consecuencias que acarrea en el medio natural un vertido de crudo. Adelantarse a la normativa comunitaria le permite a Repsol eludirla y, de paso, ahorrarles a sus accionistas los millones de euros que tendría que gastarse para cumplirla.  

Por otro lado, no es posible resistirse a pensar que detrás de esta decisión, a la que habría que sumar las relativas a la prórroga de las bonificaciones a las tasas aeroportuarias o la desaparición de la prima a las energías renovables, hay una intencionalidad política concreta: pasarle factura política al PSOE y a CC por dejar en la oposición al PP en Canarias e intentar meter una cuña en la salud del pacto actual.

En los tres asuntos mencionados, José Manuel Soria ha sido implacable: se negó a prorrogar las bonificaciones de las tasas aéreas, cercenó las primas a las renovables y ahora ha enviado y aprobado en el Consejo de Ministros el real decreto de las prospecciones petrolíferas.


En todos ellos ha ignorado las críticas recibidas desde Canarias y en el de las prospecciones se ha limitado a conceder el obligado plazo legal de alegaciones a las instituciones de las islas y a permitir a regañadientes una pequeña ampliación del mismo.  Ninguna de ellas parece que se haya tenido en cuenta y ni siquiera se ha respondido por cortesía institucional.

En todo momento, sus declaraciones sobre esta cuestión han sonado a imposición y nunca a negociación, consenso, compromiso o acuerdo. Ni siquiera se ha preocupado de guardar las necesarias distancias y reservas para no aparecer defendiendo las prospecciones en un foro patrocinado precisamente por la empresa autorizada a realizarlas "en exclusiva".

El ministro ha actuado obviando que en un Estado descentralizado como el español, las autonomías tienen el derecho a ser escuchadas y atendidas sus demandas en aquellos asuntos que les afecten tanto como afecta éste a Canarias. Despachar una cuestión así con el desganado cumplimiento de un trámite burocrático sin carácter vinculante alguno dice poco en favor del respeto que a Soria la merece el modelo político de nuestro país consagrado en la Constitución.

Es necesario rectificar

La cuestión es cómo superar este enfrentamiento institucional y político que no puede conducir a nada bueno para nadie. El Gobierno de Canarias y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, legítimamente indignados por el ninguneo del que han sido objeto, han apostado por la vía judicial y competencial para intentar hacer inviable la aplicación del decreto. Paralelamente se respaldan cuantas manifestaciones ciudadanas se convoquen en contra de las prospecciones.

Sin embargo, la estrategia debe tener como fin último conseguir que el Gobierno de Mariano Rajoy se siente a negociar con Canarias las prospecciones petrolíferas. Si las cosas se hubiesen hecho bien y hubiese primado la lealtad institucional y el interés general, ambos gobiernos deberían haber constituido hace mucho tiempo una comisión bilateral sobre las prospecciones que aún están a tiempo de poner en marcha a menos que haya un poco de voluntad política.

Dos tareas principales deberían centrar su trabajo: seguridad ambiental y beneficios para Canarias. En cuanto a la seguridad ambiental, es obvio que no se puede caer en la ingenuidad de creerse las simplezas interesadas que difunde Repsol y no temer seriamente por las consecuencias de un vertido (mucho más habituales que lo que a las petroleras les gusta reconocer) para la industria turística y para el medio ambiente de la zona afectada.

Las decisiones sobre este extremo deberían basarse en informes rigurosos, exhaustivos y meticulosos, realizados por expertos e instituciones de probada independencia. Es cierto que ninguno podría garantizar riesgo cero y el que lo hiciera mentiría, pero se tendría una certeza científica del nivel de riesgo.

Con respecto a los beneficios para Canarias, debería esa hipotética comisión precisarlos con claridad y ponerlos negro sobre blanco especificando cuánto, cómo y durante cuánto tiempo, además del número de puestos de trabajo susceptibles de generar la actividad. Sin olvidar la ineludible necesidad de establecer todas las cauciones imprescindibles para reparar un posible accidente. Lo que resulta evidente es que tampoco en esto podemos fiarnos por increíble de la lluvia de millones de dólares y de puestos de trabajo que promete Repsol a Canarias.

Pero no basta con una información rigurosa y exhaustiva sobre los riesgos ambientales y un compromiso firme de los beneficios económicos para Canarias y las compensaciones por el riesgo que se corre para darle vía libre a las prospecciones: con toda esa información en la mano, los canarios debemos tener la última palabra a través de un referéndum puesto que en una decisión de ese tipo nos jugamos el futuro de las Islas.

Ésta debería haber sido la secuencia lógica de este proceso que se ha viciado y ha terminado envenenando las relaciones entre Canarias y el Estado. Sin embargo, aún hay tiempo para rectificar. Se puede y se debe.

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