La alegría dura poco en la
casa del pobre. Tras el anuncio de Rajoy de fijar para este año un déficit
público del 5,8% frente al 4,4% comprometido, casi fue perceptible un suspiro
de alivio en todo el país. Hasta el PSOE alabó la decisión y tanto en Bruselas
como en Berlín refunfuñaron un poco pero de momento no han ido mucho más allá.
Veremos cómo reaccionan hoy los mercados.
En cualquier caso, dejar el
recorte en unos 30.000 millones de euros en lugar de elevarlo a los cerca de
45.000 millones que habría supuesto mantener el déficit del 4,4% siempre es
motivo de alegría en una situación tan descarnada. Eso hace que, en este caso,
el nuevo incumplimiento de Rajoy, que había jurado cumplir los mandatos de
Bruselas sobre el déficit, sea visto incluso como una decisión acertada.
Sin embargo, a poco que se
analice las implicaciones de la decisión (que no parece haber sido tan
unilateral como al principio se supuso) se comprueba que el alivio será poco
perceptible. Para empezar, porque esa previsión de déficit (que ya veremos si
Bruselas termina aceptando o no) se hace en un panorama económico de recesión,
con una previsión de que la economía se contraiga este año el 1,7% y que otras
600.000 personas se queden sin empleo, consecuencia en buena medida de la
reforma laboral. De ahí que el margen de maniobra que le queda a Rajoy, aún
después de este anuncio, sea cuando menos escaso.
En segundo lugar, porque el
Gobierno parece decidido a cargar sobre las espaldas de las comunidades
autónomas en torno a la mitad de esos casi 30.000 millones de euros que hay que
recortar este año. Hasta las autonomía gobernadas por el PP empiezan a pedir
agua por señas y a advertir de que ya no hay por donde meter la tijera sin
deteriorar un poco más los servicios básicos. Nada digamos de las pocas en las
que no gobierna el PP o de aquellas que, como Canarias, han sido más
escrupulosas en el gasto público y se ven ahora abocadas a sufrir los mismos
recortes que las más incumplidoras.
En tercer lugar, porque el
Gobierno sigue escondiendo sus cuentas públicas para este año a la espera de
que pasen las elecciones autonómicas andaluzas y asturianas. La incertidumbre
que esa situación genera en las autonomías está crispando los nervios y, lo que
es peor, acorta los plazos para los eventuales recortes que sea necesario
acometer en sólo nueve meses.
Hay más razones: que este
año cumplamos el 5,8% de déficit no nos eximirá, en principio, de no alcanzar
el 3% fijado para 2013, otro año que se perfila ya como de más recortes. Y la
cuarta razón, pero no la menos importante, para justificar que este anuncio de
Rajoy sobre el déficit no es como para tirar demasiados cohetes, es que no
parece tener intención del Gobierno de implementar medidas de reactivación
económica sino que sigue fiando la recuperación a los ajustes y a los recortes,
es decir el mismo tipo de medicina que nos sigue arrastrando por la pendiente
en caída libre.
Tampoco se le ven
intenciones de poner el acento en los ingresos por la vía, por ejemplo, de
perseguir con verdadera eficacia el fraude fiscal o gravar adecuadamente las
rentas más altas. Así las cosas y con este escenario, tiene uno la sensación de
que el anuncio de que el déficit público de este año se queda en el 5,8% en
lugar de en el 4,4% no ha servido para mucho más que para habernos aliviado un
poco el fin de semana.
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