La última de marzo se ha
convertido en la primera semana de pasión del Gobierno de Mariano Rajoy.
Comenzó el domingo cuando los andaluces hicieron trizas las encuestas y dejaron
a Javier Arenas con un palmo de narices. Y continúo ayer con una huelga general
que fue un éxito para los sindicatos y de efectos "muy moderados"
para el Gobierno.
Tal vez ni tanto ni tan
calvo. La mayoría de las informaciones coinciden en que el paro tuvo un
seguimiento alto en la industria y los transportes públicos y mucho más
atenuado en el comercio.
Otra cosa son las manifestaciones de ayer tarde en
toda España que, según el propio Ministerio del Interior, movilizaron a 850.000
ciudadanos contra la reforma, muchos más según los sindicatos.
Guerra de cifras al margen,
el mensaje ha sido nítido: a los españoles no les gusta la reforma laboral del
Gobierno de Rajoy por desequilibrada, injusta e inútil. Los sindicatos
advierten con un empeoramiento del clima social en este país, fruto de la suma
de medidas injustas que hacen recaer sobre los trabajadores las consecuencias
de una crisis de la que no son responsables pero que se utiliza como coartada
para dinamitar derechos sociales y hasta constitucionales.
El Gobierno afirma que está
dispuesto a negociar "hasta la extenuación" pero no a cambiar los
aspectos "troncales" de la reforma (Fátima Báñez dixit). No invita a
la esperanza la posición del Gobierno, enrocado en una reforma que genera
rechazo social y centrado sólo en agradar a los mercados y a la patronal.
Mala cosa sería que el clima
social se siga deteriorando por el empecinamiento de un Gobierno que, amparado
en el cheque en blanco con el que parece interpretar su mayoría absoluta, se
muestra insensible al disgusto de la ciudadanía con sus medidas.
Con este panorama, hoy
conoceremos la nueva retahíla de recortes y ajustes que contienen los
Presupuestos Generales del Estado, tan celosamente guardados hasta que pasaran
las elecciones autonómicas andaluzas. El Gobierno se dispone a echar así más
leña al fuego del descontento social sin que, en paralelo, se atisbe una sola
medida que sirva de verdad para reactivar la economía y repartir las cargas de
la crisis de manera mucho más justa. Juega con fuego el Gobierno y ya se sabe
lo que pasa en estos casos: que se puede quemar y extender el incendio a toda
la sociedad.
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