Algún obtuso empleado o empleada de la compañía Iberia en Barajas tuvo hace unos días la nula sensibilidad de dejar en tierra toda una tarde y una noche, sin teléfono ni comida, a un menor de edad grancanario. El problema, haber perdido el certificado de residencia con el que había viajado unos días antes entre Canarias y la Península con la misma compañía.
Mostrando su más pétrea mentalidad de burócrata, el cabezota personal de la aerolínea no quiso saber nada de la fotocopia del documento original que le envío la Guardia Civil desde Canarias ni de la mediación de agentes de la benemérita del aeropuerto madrileño para que el chaval pudiese embarcar rumbo a las Islas. Ni siquiera aceptó que sus propios compañeros en el aeropuerto de Gran Canaria le confirmaran por vía interna que el menor había volado unos días antes con el bendito certificado en regla.
No hubo manera y el chaval se pasó más de 17 horas tirado en Barajas hasta que su madre le compró un billete en otra compañía, por el que tuvo que desembolsar la bonita cifra de 400 euros, y pudo poner punto y final a su desagradable aventura aérea. Tentado está uno de desear que los empleados de Iberia que han protagonizado este indignante episodio vean sus nombres escritos con mayúsculas en el expediente de regulación de empleo que Iberia tiene sobre la mesa.
En todo caso hay que reconocer que estos empleados no han sido más que el estúpido instrumento de una medida aún más estúpida en la era de las tecnologías de la información. Me refiero a la obligación que tienen los residentes en Canarias de mostrar en puertos y aeropuertos un certificado que acredite que se está empadronado en las Islas y acceder de este modo al descuento en el precio de los billetes aéreos y marítimos a los que tenemos derecho por la insularidad y la lejanía del territorio peninsular.
Se trata de una condición impuesta por el Ministerio de Fomento que ve en todos los que vivimos en el Archipiélago potenciales defraudadores y, en consonancia con ese prejuicio, se nos obliga a presentar la prueba de nuestra inocencia para poder acceder a ese derecho, que no privilegio ni favor. En un tiempo en el que hasta Hacienda se fía de la declaración de la renta por vía telemática, el cavernícola Ministerio de Fomento sigue exigiendo un papelito que acredite que se reside en una parte del territorio español. Delirante.
La medida está en vigor desde septiembre de 2012 y desde entonces viene prometiendo la ministra un sistema informático que ahorre engorros a los ciudadanos y evite situaciones indignantes como la que ha vivido el menor grancanario. A esta humillante situación se une la pérdida de conexiones aéreas entre Canarias y la Península y el encarecimiento imparable de los billetes a raíz de la desaparición de Spanair. Los residentes en el Archipiélago sólo podemos viajar con Iberia – cada vez menos Iberia y más Iberia Express-, Air Europa y algunas compañías más de chichinabo de cuyos nombres no quiero acordarme.
Mentarle a Fomento la necesidad de establecer la obligación de servicio público en los vuelos que unen las Islas Canarias con el resto del territorio nacional es ir contra los benditos mercados. Mientras, la ministra Pastor sólo parece tener tiempo para inaugurar tramos del AVE y anunciar rebajas de tarifas ferroviarias, en tanto a los que residimos en Canarias se nos fiscaliza con lupa y métodos antediluvianos un descuento esencial para nuestra movilidad.
Quiera también Rajoy que en una próxima remodelación de su gabinete tenga a bien incluir en el correspondiente ERE gubernamental a una ministra de secano como Pastor, incapaz de comprender lo que supone para estas Islas disponer de conexiones aéreas y marítimas frecuentes y asequibles. Se lo tiene más que ganado a pulso.
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