El engolado Alberto Ruiz-Gallardón, en el que muchos, dejándose llevar por su ingenuidad, creyeron ver al ministro más “progre” del Gobierno de Rajoy, se ha revelado no sólo como uno de los más ultraconservadores sino como uno de los más incompetentes, si hacemos excepción de Montoro y su amnistía fiscal y algún otro. Su empecinamiento en elevar astronómicamente las tasas judiciales y cercenar el derecho constitucional a la tutela judicial en igualdad de condiciones levantó en su contra una marejada inédita de protesta.
Tiene en su penoso haber que jueces, magistrados, fiscales, abogados, secretarios judiciales y hasta ordenanzas se revelaran contra su injusto tasazo. En el Tribunal Constitucional hay ya numerosos recursos pidiendo la inconstitucionalidad de la medida; todos los intentos y peticiones del mundo de la judicatura, del Consejo del Poder Judicial, de las autoridades europeas y de las organizaciones sociales más variadas para que reconsiderara la subida de las tasas chocaron contra su prepotencia.
Desde el primer momento, la puesta en práctica de la medida fue una verdadera chapuza typical spanish: la ley de tasas entró en vigor pero a alguien se le había pasado por alto preparar los formularios de autoliquidación para que los sufridos litigantes repagaran de sus bolsillos el coste de un servicio público que ya se financia con los impuestos de todos.
La situación duró un mes largo pero durante ese tiempo el caos no hizo más que aumentar y enredarse: nadie en los juzgados sabía muy bien por lo que había que pagar y por lo que no y muchos ciudadanos empezaron a desistir de reclamar sus derechos a la vista de que no les alcanzaban sus ingresos para meterse en pleitos.
Apenas dos meses después de ponerse en marcha la precipitada y caótica norma, Ruiz – Gallardón, el mismo que atribuyó las protestas del mundo judicial al gremialismo de sus miembros, ni siquiera ha tenido el valor y la gallardía de la que habla su apellido para dar la cara y reconocer que ha metido la pata con todas las de la ley. El anuncio de que rectifica y rebajará un 80% las tasas variables – las que se obtienen de calcular el valor de los bienes reclamados en un pleito – ni siquiera lo ha hecho el propio Ministerio. Ha tenido que ser la Defensora del Pueblo la que ha comunicado la buena nueva después de que su titular se reuniera con el ministro y el mismo día en el que jueces, magistrados y fiscales protagonizaban la tercera huelga de la democracia por las contrarreformas judiciales.
Se lanza así el mensaje de que el tanto de la marcha atrás de Gallardón, que no incluye rebajar las tasas judiciales fijas, es fruto de las gestiones de la defensora Soledad Becerril, cuando lo cierto y verdad es que ha sido la presión social la que le ha obligado a recular.
Sea como fuere, lo cierto es que a estas alturas el caos es ya antológico. Según denuncian por ejemplo los secretarios judiciales, pagar o no pagar las tasas depende de en qué comunidad autónoma se resida o a qué juzgado se acuda porque los funcionarios interpretan la ley como Dios les da a entender en ausencia de unas directrices claras y uniformes por parte del Ministerio. Con la rectificación que, además prevé devolver las tasas a quienes las hayan pagado indebidamente de acuerdo con la modificación, lo único que se conseguirá es incrementar el lío y la confusión que a quien único perjudica es a los ciudadanos que necesitan recurrir a la administración de Justicia no por placer o malsana afición a pasarse los días en los juzgados, sino por su derecho a reclamar algo tan elemental en un sistema democrático como la tutela judicial.
El barullo es tan monumental que la única rectificación que cabe ya es la derogación de esta ley inicua y la dotación de medios humanos y materiales para que la administración de Justicia pueda cumplir adecuadamente con su trabajo. Lo que serviría también para meter entre rejas a tanto corrupto como anda suelto por este país haciéndole peinetas a los sufridos ciudadanos.
Tiene en su penoso haber que jueces, magistrados, fiscales, abogados, secretarios judiciales y hasta ordenanzas se revelaran contra su injusto tasazo. En el Tribunal Constitucional hay ya numerosos recursos pidiendo la inconstitucionalidad de la medida; todos los intentos y peticiones del mundo de la judicatura, del Consejo del Poder Judicial, de las autoridades europeas y de las organizaciones sociales más variadas para que reconsiderara la subida de las tasas chocaron contra su prepotencia.
Desde el primer momento, la puesta en práctica de la medida fue una verdadera chapuza typical spanish: la ley de tasas entró en vigor pero a alguien se le había pasado por alto preparar los formularios de autoliquidación para que los sufridos litigantes repagaran de sus bolsillos el coste de un servicio público que ya se financia con los impuestos de todos.La situación duró un mes largo pero durante ese tiempo el caos no hizo más que aumentar y enredarse: nadie en los juzgados sabía muy bien por lo que había que pagar y por lo que no y muchos ciudadanos empezaron a desistir de reclamar sus derechos a la vista de que no les alcanzaban sus ingresos para meterse en pleitos.
Apenas dos meses después de ponerse en marcha la precipitada y caótica norma, Ruiz – Gallardón, el mismo que atribuyó las protestas del mundo judicial al gremialismo de sus miembros, ni siquiera ha tenido el valor y la gallardía de la que habla su apellido para dar la cara y reconocer que ha metido la pata con todas las de la ley. El anuncio de que rectifica y rebajará un 80% las tasas variables – las que se obtienen de calcular el valor de los bienes reclamados en un pleito – ni siquiera lo ha hecho el propio Ministerio. Ha tenido que ser la Defensora del Pueblo la que ha comunicado la buena nueva después de que su titular se reuniera con el ministro y el mismo día en el que jueces, magistrados y fiscales protagonizaban la tercera huelga de la democracia por las contrarreformas judiciales.
Se lanza así el mensaje de que el tanto de la marcha atrás de Gallardón, que no incluye rebajar las tasas judiciales fijas, es fruto de las gestiones de la defensora Soledad Becerril, cuando lo cierto y verdad es que ha sido la presión social la que le ha obligado a recular.
Sea como fuere, lo cierto es que a estas alturas el caos es ya antológico. Según denuncian por ejemplo los secretarios judiciales, pagar o no pagar las tasas depende de en qué comunidad autónoma se resida o a qué juzgado se acuda porque los funcionarios interpretan la ley como Dios les da a entender en ausencia de unas directrices claras y uniformes por parte del Ministerio. Con la rectificación que, además prevé devolver las tasas a quienes las hayan pagado indebidamente de acuerdo con la modificación, lo único que se conseguirá es incrementar el lío y la confusión que a quien único perjudica es a los ciudadanos que necesitan recurrir a la administración de Justicia no por placer o malsana afición a pasarse los días en los juzgados, sino por su derecho a reclamar algo tan elemental en un sistema democrático como la tutela judicial.
El barullo es tan monumental que la única rectificación que cabe ya es la derogación de esta ley inicua y la dotación de medios humanos y materiales para que la administración de Justicia pueda cumplir adecuadamente con su trabajo. Lo que serviría también para meter entre rejas a tanto corrupto como anda suelto por este país haciéndole peinetas a los sufridos ciudadanos.
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