Disculpas por el latinajo pero es lo que toca recordar ante el ruido que ha generado la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de tumbar la llamada “doctrina Parot”: la ley es dura pero es la ley. La decisión de este tribunal ha gustado a muy pocos. Desde luego, no ha gustado nada al Gobierno, como ponían hoy de manifiesto los serios semblantes de los ministros Ruiz-Gallardón y Fernández Díaz al valorarla. Menos si cabe a las víctimas del terrorismo, por cuanto el fallo supondrá en la práctica abrir la puerta de las cárceles a más de medio centenar de sanguinarios terroristas, condenados a penas de centenares de años por crímenes execrables, además de a un puñado de peligrosos delincuentes comunes en prisión por múltiples violaciones o asesinatos.
Prácticamente, sólo en el entorno nacionalista vasco y en los aledaños políticos de ETA la sentencia ha sido recibida con la lógica satisfacción. Se comprende que no guste el fallo y que repugnen sus consecuencias por cuanto tendrá de enormes dosis de dolor añadido para las víctimas de los terroristas que pueden quedar en libertad dentro de poco. Es legítima la crítica de las decisiones judiciales, sobre todo, como cuando la que nos ocupa tal vez no haya valorado como se merece el daño moral que causa a quienes han sufrido en primera persona, en sus familias o en su entorno el azote terrorista.
No obstante, si en su día se aplaudió cuando ese mismo tribunal avaló la Ley de Partidos que ilegalizó la izquierda abertzale, ahora no hay más remedio que cumplir también esta decisión judicial por mucho que disguste. Cabe recordar que en una democracia no es el Gobierno sino los jueces los que dictan las sentencias y por tanto están fuera de lugar las peticiones para que el Ejecutivo no aplique el fallo de Estrasburgo. Del mismo modo, conviene tener presente que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sus sentencias forman parte del sistema judicial de nuestro país, por poco que nos gusten algunos de sus fallos.
Esto significa en la práctica que los jueces españoles tendrán que tener a la vista la polémica decisión de hoy en cuanto empiecen a llegarles peticiones de excarcelación de presos etarras, lo cual no tardará nada en ocurrir. El fallo del TEDH se produce, además, justo cuando acaban de cumplirse dos años desde que ETA anunció el fin de las bombas y el tiro en la nuca sin que aparentemente se haya avanzado nada para conseguir el fin de la banda.
Tal vez es el momento de asumir la sentencia no como una derrota o como un triunfo, dependiendo de quién haga la valoración, sino como una ocasión para darle un impulso definitivo al fin de ETA y del terrorismo. Mientras, lo que corresponde es acatar el fallo y ponerse a trabajar cuanto antes por ese objetivo. La cuestión es si los responsables de lograrlo sabrán estar a la altura.
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