Quienes
peinamos canas o ya ni eso, no ganamos para sustos con las pensiones cada día menos
futuras y más cercanas. Un día es el Gobierno el que anuncia que se va a
endeudar en otros 15.000 millones de euros para pagar a los pensionistas y al
siguientes es el líder del PSOE proponiendo impuestos a los bancos como pago por el
generoso rescate que apoquinamos los españoles. Ahora ha sido la ministra Báñez
la que se ha descolgado con la idea de calcular la cuantía de la pensión tomando en cuenta toda la vida laboral y no sólo los últimos 21 años, como ocurre a fecha de hoy. Dice
Báñez que de este modo se compensa a quienes perdieron su trabajo al cumplir
los 45 o 50 años y no han podido volver al mercado laboral. Esto supone que
sus bases de cotización han caído en picado y, en consecuencia, la cuantía de
su pensión se ve muy recortada. De lo que ese cambio costaría no dice nada, seguramente porque ni siquiera se ha parado a hacer números ni falta que le hace: la cosa es conseguir un titular. Pero no digo ni que sí ni que no: no soy experto en
el sistema de pensiones y no me da vergüenza reconocerlo: expertos
sobre este asunto hay a paladas y sólo basta introducir “sistema de
pensiones” en Google y aparecen en tropel.
Unos proponen unas cosas y otros las contrarias, unos dicen negro y otros blanco, los de aquí plantean sacar las pensiones no contributivas del sistema y los de más allá financiarlas con impuestos. Lo cierto es que, lo que se dice acuerdo y consenso sobre algo tan delicado como lo que van a recibir los futuros pensionistas por sus cotizaciones de años de vida laboral, ni está ni se le espera. Ahí está, sin ir más lejos, el famoso Pacto de Toledo: un año largo llevan ya reuniéndose sus integrantes y a fecha de hoy no se conoce una triste propuesta medianamente articulada sobre cómo garantizar que las pensiones públicas sigan siendo dentro de unos años uno de los pilares básicos del cada vez más escuchimizado estado del bienestar. Para terminar de arreglarlo, la lenguaraz y sin par diputada del PP que lo preside, la inefable Celia Villalobos, acaba de soltar la especie de que hay gente que se pasa más tiempo cobrando pensión que trabajando. Y luego, como quien no quiere la cosa, lanzó un mensaje de advertencia a los maduritos de entre 40 a 50 años para que ahorren ante el incierto y oscuro futuro de las pensiones. Una patochada más de alguien que tendría que demostrar más prudencia, aunque eso sea como pedirle al sol que salga por poniente.
Unos proponen unas cosas y otros las contrarias, unos dicen negro y otros blanco, los de aquí plantean sacar las pensiones no contributivas del sistema y los de más allá financiarlas con impuestos. Lo cierto es que, lo que se dice acuerdo y consenso sobre algo tan delicado como lo que van a recibir los futuros pensionistas por sus cotizaciones de años de vida laboral, ni está ni se le espera. Ahí está, sin ir más lejos, el famoso Pacto de Toledo: un año largo llevan ya reuniéndose sus integrantes y a fecha de hoy no se conoce una triste propuesta medianamente articulada sobre cómo garantizar que las pensiones públicas sigan siendo dentro de unos años uno de los pilares básicos del cada vez más escuchimizado estado del bienestar. Para terminar de arreglarlo, la lenguaraz y sin par diputada del PP que lo preside, la inefable Celia Villalobos, acaba de soltar la especie de que hay gente que se pasa más tiempo cobrando pensión que trabajando. Y luego, como quien no quiere la cosa, lanzó un mensaje de advertencia a los maduritos de entre 40 a 50 años para que ahorren ante el incierto y oscuro futuro de las pensiones. Una patochada más de alguien que tendría que demostrar más prudencia, aunque eso sea como pedirle al sol que salga por poniente.
Lo que se necesitan son menos ocurrencias aisladas para la galería y más rigor y medidas
integrales que tomen en consideración los diversos factores que inciden en un
asunto de enorme complejidad que ojalá se resolviera con una varita mágica como
algunos parecen defender. Me gustaría escuchar, por ejemplo, qué es lo que
piensan hacer el Gobierno o los empresarios para que mejoren los salarios y la
calidad del empleo y vuelvan los recursos a la caja de la Seguridad Social que
el Gobierno del PP se ha ido gastando hasta dejarla en los huesos. Tanto que, a
fecha de hoy, sólo da para cumplir con lo comido por lo servido porque los casi
70.000 millones de euros que había en la hucha se han esfumado durante la
crisis sin que nadie se preocupara ni mucho ni poco ni demasiado por lo qué
pasaría después.
Y lo que pasaría ya lo estamos viendo: el Gobierno se endeuda para pagar las pensiones, los partidos arrastran los pies para ponerse de acuerdo y los agentes económicos y sociales parecen actuar bajo el principio de no hacer hoy lo que puedes dejar para mañana o pasado. Hace falta un acuerdo integral bien articulado sobre pensiones y es urgente. Un acuerdo que, entre otros aspectos centrales, debe pasar por mejorar los salarios y la calidad del empleo, acabar con el paro juvenil, adecuar la cuantía al coste de la vida revirtiendo las injustas reformas del PP y tomar en consideración el galopante envejecimiento de la población. Todo ello con el fin primero y central de garantizar un sistema de pensiones público, solidario y universal, frente a los lobos que no ven el momento de que se les deje el campo completamente libre para imponer la ley de la selva bajo la que sólo tendrían pensiones quienes se las pudieran pagar.
Y lo que pasaría ya lo estamos viendo: el Gobierno se endeuda para pagar las pensiones, los partidos arrastran los pies para ponerse de acuerdo y los agentes económicos y sociales parecen actuar bajo el principio de no hacer hoy lo que puedes dejar para mañana o pasado. Hace falta un acuerdo integral bien articulado sobre pensiones y es urgente. Un acuerdo que, entre otros aspectos centrales, debe pasar por mejorar los salarios y la calidad del empleo, acabar con el paro juvenil, adecuar la cuantía al coste de la vida revirtiendo las injustas reformas del PP y tomar en consideración el galopante envejecimiento de la población. Todo ello con el fin primero y central de garantizar un sistema de pensiones público, solidario y universal, frente a los lobos que no ven el momento de que se les deje el campo completamente libre para imponer la ley de la selva bajo la que sólo tendrían pensiones quienes se las pudieran pagar.