Chávez y el autobusero Nicolás

Incertidumbre es la única palabra para definir la situación política venezolana. Con Chávez recuperándose en un hospital de La Habana de su cuarta operación quirúrgica – exitosa, según el Gobierno venezolano – la gran pregunta que se hace todo el mundo fuera y dentro del país es si sobrevivirá el chavismo en el caso de que el presidente electo en octubre no supere la enfermedad. Por su carisma y su peculiar estilo político de ordeno y mano, parece una contradicción en sus propios términos hablar de chavismo sin Chávez al timón. Sin embargo, es una interrogante a la que en última instancia sólo podrá responder, llegado el caso, el pueblo venezolano.

Si Chávez no toma posesión de su cargo el próximo diez de enero o fallece después antes de agotar su mandato habrá que convocar nuevas elecciones. Que el propio Chávez haya hablado por primer vez de su sucesión antes de partir rumbo a Cuba para una nueva operación es una señal inequívoca de que su estado de salud ha empeorado. Como todo líder populista con ribetes autoritarios que se precie – y Chávez es un ejemplo paradigmático – el presidente ha ungido para la sucesión a su mano derecha, el vicepresidente y ministro de Exteriores Nicolás Maduro, al que suele llamar “el autobusero Nicolás”.

Surgido de las clases populares, Maduro ha sido un fiel chavista y ha jurado seguirlo siendo hasta “más allá de la muerte”. La fidelidad de Maduro no está pues en duda, aunque falta por saber si entre otros dirigentes del chavismo como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, la designación a dedo del sucesor es acogida con el mismo grado de acatamiento a los deseos del líder.

Al menos a corto plazo parece probable que, tanto si Hugo Chávez supera la enfermedad como si no, unas eventuales elecciones volverían a darle el triunfo a su revolución bolivariana. Tanto si vuelve y toma posesión pero no concluye el mandato como si no llega a tomar posesión, la fuerte carga emocional que rodea a su figura carismática entre los venezolanos que le otorgaron su confianza en octubre se vería corregida y aumentada ante su eventual desaparición. Ese hecho podría ser un factor determinante para que el chavismo continuara rigiendo los destinos de Venezuela a través del delfín Maduro.

Junto a los avances sociales que los sucesivos gobiernos de Chávez han supuesto para millones de venezolanos, el otro factor decisivo para despejar las incógnitas sobre la supervivencia de un chavismo sin Chávez es la propia oposición al presidente encabezada por Capriles. Éste, a pesar de sus avances en las elecciones de octubre, aún no ha sido capaz de convencer a la mayoría de los ciudadanos de que no volverán los tiempos corruptos de los gobiernos prechavistas. En cualquier caso, deberán ser en última instancia los venezolanos los que despejen la incógnita y el futuro de Venezuela.

El legado de Cubillo

La muerte de Antonio Cubillo cierra definitivamente una capítulo de la historia reciente de Canarias que abarca más de medio siglo. En realidad, esa etapa empezó a cerrarse cuando el líder independentista regresó a Canarias desde su exilio en Argelia a mediado de la década de los ochenta y después de haber sufrido un atentado urdido por el Gobierno español de la época - certificado como crimen de Estado por la propia Justicia española - que minó seriamente su salud.

A partir de entonces la estrella de Cubillo empezó a declinar y su papel en la política canaria, desde la que pretendió impulsar su proyecto de una Canarias libre, independiente y socialista, sólo encontró una respuesta apenas testimonial en la sociedad de las Islas. Los tiempos habían cambiado y fueron otros los que aprovecharon el filón del independentismo y el difuso sentimiento de identidad singular entre algunas capas de la población para convertirlo en nacionalismo posibilista y sacarle rédito político.

Sin embargo, los esfuerzos incansables que casi en solitario había realizado Cubillo para colocar la descolonización de Canarias en la agenda de la OUA y la ONU no dieron el fruto que él esperaba. Las razones son múltiples y complejas pero tal vez haya que buscarlas en el hecho de que el genuino independentismo que él decía representar nunca contó con más respaldo social que el que le proporcionaron algunos grupos de profesionales, estudiantes y trabajadores concienciados políticamente. Una sociedad aún predominantemente agraria y atrasada en todos los órdenes como era la Canarias de entonces, unida a una insensata campaña de atentados con bomba, no era el terreno más propicio para que germinaran las ideas que Cubillo proclamaba desde Radio Canarias Libre.

Para comprobar que la figura de Cubillo, como la de cualquier ser humano, está plagada de luces y de sombras y de que sigue generando controversias aún después de muerto, incluso entre quienes compartieron sus ideales, sólo basta echar una ojeada a lo que se ha escrito en la red y en algunos medios tras conocer la noticia de su fallecimiento: hay desde quienes piden para él homenajes y monumentos hasta quienes consideran que el fundador del MPAIAC no pasó de ser un personaje menor imbuido de una idea utópica por irrealizable y descabellada del futuro de Canarias. Una cosa sí le reconocen todos porque es de justicia: nunca renegó del independentismo. Utópica, idealista, irreal o ilusoria, lo cierto es que pocos pueden hoy presumir de una trayectoria política tan coherente como la suya. Ese tal vez sea su legado más duradero.

Un Nobel de la Paz oportunista y devaluado

Con toda la pompa y la circunstancias de estos acontecimientos, los presidentes del Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo reciben hoy en Oslo el Premio Nobel de la Paz concedido el pasado mes de octubre a la Unión Europea. Ya comenté en su momento en  "El Nobel de la Paz y los hombres de negro" lo que opinaba de la galardonada y nada desde entonces me ha hecho cambiar de parecer. La concesión del otrora prestigioso premio a esta unión de mercaderes en la que ha devenido una Unión Europea gobernada con mano de hierro desde Alemania, desprende un fuerte olor a oportunismo político. Tan fuerte al menos como el que desprendió en su momento en el que se concedió de prisa y corriendo a Barak Obama nada más ser elegido presidente de los Estados Unidos.

Los que defienden la concesión del premio aseguran que será un acicate para avanzar en la solución de los graves problemas de la Unión. Suponer tal cosa me parece que sólo sirve para engañarse y para que nos engañemos todos. Justificar la concesión de este premio por la aportación de la Unión Europea a la paz en el mundo suena a sarcasmo en unos momentos en los que no hay nada que merezca el nombre de política exterior comunitaria y en los que priman, por encima de cualquier otra consideración, los intereses nacionales muchas veces encontrados. 

Por no recordar aquí el vergonzoso papel de Bruselas en la guerra de lo Balcanes. Justificarlo, además, porque la Unión Europea ha permitido superar las atrocidades de las dos guerras mundiales del siglo pasado y configurar un espacio de paz y entendimiento entre los países de la vieja Europa pudo tener sentido hace unas décadas, pero en estos momentos suena a justificación recalentada que llega demasiado tarde.

Con un buen número de países comunitarios en recesión económica o a punto de caer en ella debido a las políticas de austericidio impuestas por Alemania y sus adláteres, con millones de parados, con un crecimiento galopante de las desigualdades sociales, con movimientos populistas xenófobos floreciendo en muchos países al calor de la interminable crisis y con unos gobiernos más preocupados de rescatar a sus bancos que a sus ciudadanos, hablar de que la Unión Europea es hoy un espacio de entendimiento y progreso suena a broma pesada. Todo ello en un gigante con pies de cristal al que no se le ve preocupación alguna por resolver los enormes déficits democráticos que sigue arrastrando como conjunto y en muchos de sus países miembros y que hacen que los ciudadanos perciban cada vez más la Unión Europea como un ente extraño y lejano cuyas decisiones nos afectan a todos pero en las que no tenemos apenas capacidad de influir.

Con premios ad hoc como este Nobel de la Paz no conseguirá la Unión Europea ocultar sus clamorosas vergüenzas. Eso solo se logrará con políticas de crecimiento económico y de reparto justo de la riqueza, de igualdad y de cohesión social que en Europa tienen su cuna. Para ello es imprescindible reivindicar y defender el papel de los ciudadanos y de la política en su más noble significado frente a los intereses financieros de los que hoy por hoy somos rehenes.

Del “tasazo” al “registrazo”

Alberto Ruiz-Gallardón, el ministro más progre del Gobierno con permiso de José Ignacio Wert, trabaja sin descanso día y noche para sacar a este país del conservadurismo secular en el que sigue sumido. El endurecimiento de las sanciones penales o la aprobación de tasas judiciales para poder pleitear, son dos hitos modernizadores sin parangón que le permitirán pasar a la Historia como el ministro más avanzado del último siglo.

Sabedor de que para acabar con el pelo de la dehesa hay que demostrar constancia e ideas claras, Ruiz-Gallardón tiene ya a punto de salir de las cocinas del ministerio de Justicia otra ley que supondrá un nuevo impulso en su objetivo de transformar este país hasta los cimientos, que es lo que debe hacer un gran modernizador como él. En síntesis, la cosa consistirá en pagar por los trámites habituales que desde el siglo XIX se realizan gratuitamente en el Registro Civil. Ya les digo, un verdadero atraso.

Hablamos de inscripción de matrimonios – incluidos los civiles – divorcios, separaciones, cambios de nombre, nacionalidad y demás minucias. Al parecer, sólo seguirá siendo gratis ante el Registro Civil nacer y morirse, aunque no lanzaría yo aún las campanas al vuelo. Con todo, lo más novedoso de la audaz medida no es que haya que apoquinar por lo que siempre ha sido gratuito (previo pago de impuestos, claro), sino que esa labor ya no la van a supervisar los jueces ni la van a realizar los funcionarios públicos de los registros civiles. Lo verdaderamente revolucionario es que, esas a veces engorrosas tareas, se las encomienda el ministro a sus señorías los registradores de la propiedad y mercantiles.

Ellos serán los que, entre hipoteca e hipoteca o embargo y embargo, tendrán la honrosa responsabilidad de asentar en los libros del Registro los cambios de estado civil de los ciudadanos. Por cierto, aquellos que quieran recurrir las decisiones del Registro deberán pagar las correspondientes tasas judiciales, faltaría más. Mientras, los jueces y los funcionarios de la oficina se reubicarán en otras tareas, así que no sean mal pensados y no se apresuren a concluir que lo que Ruiz-Gallardón está buscando es hacer caja, de lo que también se le ha acusado injustamente a propósito del tasazo. Él - insistimos – sólo quiere modernizar España.

Los registradores de la propiedad son un honorable gremio genrosamente remunerado, integrado por funcionarios públicos que ejercen en régimen de monopolio y al que, junto a los notarios, la Organización de Consumidores y Usuarios y hasta la fiscalía del Tribunal Supremo les ha exigido que devuelva unos 400 milloncejos de euros cobrados de más por la cancelación de hipotecas. Algunos de ellos han sido incluso sancionados por la Agencia Española de Protección de Datos por airear alegremente datos privados de sus usuarios.

Nada de lo que haya que preocuparse como para pensárselo dos veces antes de entregarles sin más luz ni taquígrafos que la progresista voluntad de Ruiz Gallardo y previo paso por la caja del Registro, la vida privada de millones de ciudadanos envuelta en papel de celofán. Que el negocio de estos servidores públicos se haya desplomado debido a la crisis del ladrillo o que Mariano Rajoy sea registrador de la propiedad en excedencia - ¿por cuántos años más? -, que lo sea también su hermano Enrique y que lo sean dos altos cargos del Ministerio de Justicia, precisamente el director y el subdirector de los Registros y el Notariado, seguro que no tiene nada que ver con este nuevo paso de Ruiz-Gallardón para hacer de España un país como Dios manda.

Una Constitución achacosa

Resonarán hoy en las paredes del Senado los encendidos discursos de los patricios de este país ensalzando los valores constitucionales, lo mucho y bueno que nos ha traído la Carta Magna y hasta abogando tal vez por adaptarla a los tiempos actuales. Me los sé de memoria y no tengo intención alguna de escucharlos. No porque no crea que, en efecto, la Constitución española ha sido y sigue siendo el marco social y político que, a pesar de sus numerosas carencias e incumplimientos, ha hecho posible que los españoles hayamos vivido un largo periodo en el que no hemos sentido la atávica tentación de despedazarnos mutuamente, que no es poco. 

No los seguiré porque preveo que quienes los van a pronunciar no son - o no representan - por acción u omisión, quienes pueden presumir de respetarla y hacerla cumplir. Eso es cada vez más evidente a raíz de la crisis económica y de las medidas que han tomado los que no han dudado en saltarse los principios constitucionales más básicos: derecho a la educación y a la sanidad universales y gratuitas, a la vivienda, al trabajo y a la tutela judicial efectiva. La Constitución, que hoy cumple 34 años, ha sucumbido también ante la presión de los mercados como puso de manifiesto la modificación de prisa y a la chita callando que urdieron el PP y el PSOE para limitar el déficit público.

Ha sido la muestra más evidente de que el ámbito de lo político, que en una democracia remite a su vez a la decisión soberana de los ciudadanos, se había rendido con armas y bagajes a los intereses de las grandes corporaciones empresariales y financieras, para las que una constitución no deja de ser un estorbo más que es necesario apartar del camino.

En el diseño territorial del modelo de Estado es también evidente que la Constitución ha cumplido su cometido y está agotada. Las costuras con las que se cosió el traje autonómico empiezan a saltar por lugares muy sensibles y no hay a la vista un sastre capaz de remendarlas. Se impone, por tanto, una reforma pero no hay ni voluntad política ni altura suficiente para diseñar un nuevo traje en el que las diferentes partes del cuerpo se sientan más cómodas. Nada cabe esperar por tanto en ese sentido, salvo hacer como que no ocurre nada hasta que el vestido se descomponga por completo. Entonces, ya veremos.

Celebramos por tanto los 34 años de una Constitución cada día más achacosa y arrinconada, que se incumple en lo más esencial y que pide a gritos cambios profundos y consensuados capaces de devolvernos la confianza en una Ley de leyes que nos ampare de verdad y en la que, por encima de otras consideraciones, prime la soberanía del país para tomar sus propias decisiones sin someterse a presiones espurias internas o externas. Nada de lo que los oradores de turno digan hoy en sus discursos institucionales servirá para ese fin.

Cuesta abajo y sin frenos

Llámenme pesimista antropológico, derrotista incurable o escéptico contumaz. Les reto a que encuentren entre los centenares de noticias relacionadas con la economía y el bienestar social de los ciudadanos de este país una que inspire un mínimo, por pequeño que sea, de optimismo y esperanza de que la situación está cambiando para mejor y no para peor. Dicho en otras palabras, que hay brotes verdes a la vista en lugar de un inmenso desierto del que no se adivinan los contornos. Un somero repaso de lo que ha ocurrido en apenas una semana creo que será suficiente para avalar la sensación de que el país se desliza por una pendiente a toda velocidad y carece de frenos que ayuden a parar la caída y de amortiguadores para paliar las consecuencias del golpe.

Podríamos ir mucho más atrás pero remontémonos sólo al último Consejo de Ministros, en el que el Gobierno vulneró la ley de la Seguridad Social por partida doble al no revalorizar las pensiones de acuerdo con la subida del IPC y tirar del Fondo de Reserva por encima de lo establecido legalmente. La consecuencia, nueve millones de pensionistas con una pensión raquítica en la inmensa mayoría de los casos que ven estupefactos como el Gobierno se escuda en el sacrosanto déficit para incumplir su promesa electoral más querida y les birla un poco más de poder adquisitivo.

Al día siguiente, el ufano ministro de Hacienda anunció como un éxito que su innombrable y discriminatoria amnistía fiscal había conseguido recaudar 1.200 millones de euros para las arcas públicas a partir de dinero no declarado, justo la mitad de lo que hace apenas unos meses juraba que se conseguiría. Todo un logro, como se puede comprobar. Sospechosamente, ese mismo día la policía detenía al fracasado ex patrón de patronos y a su testaferro bajo la acusación de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. ¿Gesto ejemplarizante por parte de un Gobierno sin credibilidad en la lucha contra el fraude y necesitado de acciones de “impacto mediático”? ¿Cabeza de turco? ¿Chivo expiatorio? ¿Aviso a navegantes?

Hay más: el rescate del podrido sistema financiero que tendremos que pagar todos los ciudadanos también se ha vendido por parte del Gobierno como un éxito y se ha vuelto a repetir el ya cansino e insufrible mantra de que servirá para que fluya el crédito. Evidentemente nadie, ni siquiera el Gobierno, se lo cree.

Y para rematar el rosario de malas nuevas, los datos del paro registrado en noviembre han vuelto a poner negro sobre blanco en forma de frías cifras el precipicio social y económico por el que estamos cayendo sin que al Gobierno se le ocurra nada que no sea sostenalla y no enmendalla en su política de recortes a troche y moche. A todo lo anterior añadan si quieren el tasazo judicial, la privatización y los recortes de la sanidad o la involución educativa, las tensiones territoriales, los casos de corrupción política y económica que siguen aflorando y, como corolario de todo ello, la mansa sumisión de la política y de los políticos a los intereses de la economía y tendrán el cuadro político y socioeconómico más negro que sea posible imaginar.

Sólo los movimiento ciudadanos que hacen gala de su solidaridad con los que han sido abandonados en las cunetas del sistema, los profesionales, los estudiantes, las ONGs y los trabajadores que salen a la calle y se rebelan contra los responsables del actual estado de cosas son capaces de transmitir algo de esperanza. De ellos, de nosotros, dependerá en última instancia frenar esta caída sin fin. Sólo en eso parece posible confiar en la víspera de un nuevo aniversario de la Constitución que, los responsables de cumplirla y hacerla cumplir pero que la violentan día a día con sus acciones y omisiones, la ensalzarán mañana con hueros discursos en los que ya casi nadie cree. 

El “San Martín” de Díaz Ferrán

Para la inmensa mayoría de los españoles el nombre de Gerardo Díaz Ferrán quedará asociado para siempre a la imagen de miles de pasajeros abandonados a su suerte en la Navidad de 2009 por la quiebra de Air Comet, la compañía aérea del entonces presidente de la patronal española, que siguió vendiendo billetes a sabiendas de que un juez había ordenado inmovilizar los aviones por las deudas impagadas de la empresa. Encima tuvo el cinismo de asegurar que él “nunca habría volado con Air Comet” y despejó así cualquier duda que pudiera quedar sobre su catadura moral. Es seguro que los damnificados por aquel atropello de sus derechos habrán tenido a Díaz Ferrán muy presente en sus maldiciones hasta la fecha presente.

Otro tanto habrán hecho los trabajadores de la emblemática Viajes Marsans, a los que nuestro prohombre en cuestión dejó en la calle después de descapitalizar la compañía para taponar el agujero financiero de Air Comet. Y no digamos nada de los trabajadores de este país a los que, siendo presidente de la CEOE, Díaz Ferrán conminó con gesto malhumorado a trabajar mucho más y ganar mucho menos como receta mágica para superar la crisis, mientras él ocultaba bienes y dinero. 

En la lista de humillados y ofendidos por las prácticas empresariales de este personaje debe incluirse también a los argentinos, con cuya compañía aérea de bandera se quedó Díaz Ferrán y para cuyo saneamiento recibió una generosa aportación del gobierno de Aznar, el destino final de la cual nunca ha quedado claro.

En sus oraciones en estos momentos de tribulación estará en cambio para políticos como el propio Aznar o Esperanza Aguirre – de la que en un rapto de entusiasmo desbordado calificó de “cojonuda” - a cuyas campañas políticas contribuyó económicamente con espléndida generosidad. No es de extrañar cuando, nada más hacerse con la presidencia de la CEOE – algo de lo que el vitalicio presidente saliente José María Cuevas siempre se arrepintió - , aseguró que “la mejor empresa pública es la que no existe”, una de sus muchas frases lapidarias con las que jalonó su trayectoria empresarial y su ideología política, hermana gemela de la de los beneficiarios de sus muy interesadas aportaciones económicas.

Al mismo tiempo, los patrones de este país respaldaron sin grandes problemas su gestión al frente de la CEOE ya que veían en él al hombre capaz de arrancarle a Zapatero una reforma laboral que incluyese el anhelado objetivo de abaratar el despido y debilitar a los sindicatos. Les importaba poco o nada la ruinosa gestión de las empresas de las que era dueño y las negativas consecuencias para miles de trabajadores y para la propia imagen de los empresarios. Ese apoyo y el propio estilo intransigente de Díaz Ferrán fueron los que, en buena medida, frustraron un acuerdo entre los agentes sociales y el Gobierno para sacar adelante una reforma laboral consensuada.

De forma paralela proliferaban los escándalos y los desastres de gestión en las empresas de Díaz Ferrán, hasta que el patrón de patrones se vio obligado a convocar elecciones y abandonar de muy mal grado la presidencia de la CEOE, en la que se había escudado hasta entonces para tapar sus pufos. Ahora se sabe lo que se sospechaba: que ocultaba bienes para no pagar sus deudas – vulgo chorizo -, que tenía propiedades inmobiliarias en varios países y otros bienes de lujo como coches y yates y que ocultaba en Suiza casi 5 millones de euros, mientras los damnificados por sus tropelías siguen sin cobrar.

Él, que nunca fue amigo de pagar impuestos aunque se desgañitaba pidiendo que el Gobierno los bajase, está ahora en manos de la Justicia y será ésta la que decida su suerte. Confiemos en que sea justa y haga recaer sobre él todo el peso de la Ley. Y confiemos también en que el Gobierno no se deje llevar por la afinidad ideológica y no caiga en la tentación del indulto, al que tan aficionado se ha hecho, de un personaje que ha sido nefasto para los trabajadores y los usuarios de sus empresas, para la imagen de la clase empresarial y para la moral social de todo un país.

Mas en su laberinto

Siete días después de las elecciones catalanas, la gobernabilidad de Cataluña sigue tan complicada como era fácil de prever a la vista de los resultados de las urnas y después de que Artur Mas se quedara, no sólo muy lejos de la mayoría “excepcional” a la que aspiraba para esa incierta huida hacia adelante que representa su proyecto soberanista, sino con doce escaños menos.

No ha sido una sorpresa que ERC haya hecho valer su condición de segunda fuerza política para imponer sus condiciones a Artur Mas, en cuyo gobierno no quiere participar aunque eso no le impedirá condicionarlo fuertemente si le da su apoyo para la investidura. Ya le ha exigido que no congele la consulta soberanista y, al mismo tiempo, le ha advertido de que no respaldará sus políticas neoliberales de más recortes sociales con los que Mas pretende ahorrarse unos 4.000 millones de euros a costa de pedir nuevos sacrificios a las clases medias y trabajadoras catalanas. 

Para ese objetivo, Artur Mas habría encontrado en el PP de Alicia Sánchez Camacho un socio inmejorable, pero sus veleidades independentistas también le han cerrado esa vía a cal y canto a pesar de que CiU no tuvo reparo alguno en apoyar la Ley de Estabilidad Presupuestaria del PP en el Congreso.

El PSC, la otra fuerza política con la que Mas podía haber llegado a un acuerdo de gobernabilidad también le ha dicho que no. Buenos están los socialistas catalanes como para implicarse en un gobierno con su eterno rival político, después de haberse dejado también 8 escaños en la cita electoral del 25N. Eso, unido al nuevo caso de presunta corrupción que salpica a su número dos, habría sido el suicidio político definitivo del PSC.

Este complejo escenario no es otra cosa que el resultado directo de uno de los más clamorosos errores de cálculo político de cuantos se han cometido en la etapa democrática de nuestro país: pensar que las miles de personas que se manifestaron en la Diada reclamaban al unísono la independencia de Cataluña y no meditarlo dos veces antes de subirse a la ola soberanista, convencido de que era la mejor manera de correr un tupido velo sobre las duras políticas de ajustes y recortes puestas en marcha.

Sin embargo, Artur Mas sigue sin reconocer ese error -¿cuándo reconocerá un político en este país haber metido la pata y obrará en consecuencia? – e insiste en que hizo lo correcto aunque el resultado haya sido un verdadero desastre para su fuerza política y para la estabilidad política de Cataluña. Aunque con la boca pequeña, sí lo ha hecho en cambio Duran i Lleida, a lo que se ve, mucho más sensato y sincero que su socio político.

Son pocas las salidas que le quedan a Artur Mas después de su fracasado envite soberanista. Una – y parece que es por esa por la que apuesta, a pesar de todo - liderar un gobierno en minoría que tendrá que caminar por la cuerda floja de la inestabilidad política y vivir permanentemente sentado en la mesa negociadora. La otra, dimitir por su fracaso ante las urnas y dejar paso libre a alguien con el perfil adecuado para recomponer en la medida de lo posible el estropicio que la precipitada convocatoria electoral ha provocado. Y ni aún así estaría garantizada la estabilidad, pero al menos enviaría a la sociedad un mensaje claro de que las incoherencias y el aventurerismo político tienen un precio que hay que pagar.

Pensiones: el penúltimo engaño

Lo ha vuelto a hacer: Rajoy ha vuelto a incumplir una de sus promesas, tal vez la última que le quedaba por incumplir, no congelar o rebajar las pensiones. Con su decisión de hoy de no actualizarlas de acuerdo a la subida del IPC se ha cargado la escasa credibilidad que le quedaba; ha atravesado sin el más mínimo rubor la línea roja que él mismo se había trazado y le ha dado un hachazo de al menos 3.500 millones de euros al poder adquisitivo de los pensionistas, ya mermado con las subidas fiscales de los últimos meses y los copagos y repagos sanitarios. 

Todo a mayor gloria del objetivo de déficit, han dicho en su nombre, porque él no da la cara, la portavoz Sáenz de Santamaría y la ministra de Trabajo Fátima Báñez. ¿Qué credibilidad y confianza puede reclamar para sí y para sus políticas alguien que ha incumplido todas y cada una de sus promesas: abaratamiento del despido, subidas del IRPF y el IVA, recortes en sanidad, educación y servicios sociales y ahora también la actualización de las pensiones conforme a la subida del IPC? 

No contento con eso, ha vuelto a meter la mano en la hucha del Fondo de Reserva  para pagar la extra de Navidad de los pensionistas y es ya la segunda vez que lo hace este año. Con ambas decisiones, no actualización y utilización del Fondo de Reserva por encima de lo establecido legalmente, el Gobierno de Rajoy se salta olímpicamente la Ley de la Seguridad Social. Y se queda tan ancho. Sólo un calificativo merece la decisión de hoy: engaño puro y duro merecedor de juzgado de guardia. Me pregunto cuántos pensionistas damnificados por esta decisión volverán a votarle al PP. Al menos debería dar la cara y pedirles perdón.

  

Esta es sólo una mínima muestra de las veces que Rajoy y los suyos negaron que congelarían o bajarían las pensiones y juraron por lo más sagrado que las actualizarían de acuerdo al IPC.

Hasta que llegó el 30 de noviembre de 2012 y con cara compungida, Soraya Sáenz de Santamaría anunció el engaño a 9 millones de pensionistas.....

Ángel “Atila” Gurría y los brotes verdes

Ahora que con tanto primor y esmero cuidaban Rajoy y los suyos los brotes verdes de la economía, ha pasado por La Moncloa un señor y se los ha pisoteado a conciencia hasta no dejar vestigio de ellos. Se llama Ángel Gurría y es el secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Asegura este Atila del ultraliberalismo que no sólo no se ve luz alguna al final del túnel sino que ni siquiera se sabe cuándo se verá. Pero no hay de que preocuparse porque él tiene la receta mágica para que esa luz se vea más pronto que tarde y retoñen con fuerza los anhelados brotes verdes.

Es una receta sencilla pero, sin duda, muy eficaz. Sus ingredientes se componen, básicamente, de abaratar más el despido, subir más el IVA en el turismo, el transporte y los libros, endurecer el cobro de la prestación por desempleo, reformar – es decir, recortar – las pensiones, y quitar las desgravaciones fiscales por los planes de pensiones o la vivienda. Hay más ingredientes, pero con estos la receta resulta igual de sabrosa y contundente. Y menos mal que este nuevo Atila de la economía asegura que las medidas de austericidio fiscal que ha ido adoptando en su primer año de Gobierno Rajoy y sus hunos van en la buena dirección.

Le parece estupendo que se haya subido el IVA, que se haya abaratado el despido y que se haya reformado el sistema de pensiones para recortarlas y hacer más difícil acceder a ellas. Sin embargo, cree que el Gobierno se ha quedado corto en los ingredientes y que, en consecuencia, el guiso le está quedando desabrido. No quiero ni imaginarme qué nos habría recetado este caballero si hubiesen sido otros y no los que han sido los ingredientes empleados por Rajoy para salir de la crisis: ¿el látigo? ¿la economía de trueque? ¿el curandero de la tribu? ¿el hospicio de ancianos? ¿las damas de beneficencia?

Se da la curiosa paradoja de que el mismo organismo del que es secretario este sabio economista había pronosticado horas antes de pregonar urbi et orbe su pócima mágica para salir de la crisis, que la economía española se contraerá el año que viene el 1,4%, que el paro se pondrá por encima de los 6 millones de desempleados y el sacrosanto objetivo de déficit se irá a hacer puñetas. Lo más llamativo es que en ese mismo informe, la OCDE recomienda no emprender recortes adicionales para favorecer la recuperación. ¿En qué quedamos? ¿Hay que hacer más recortes para salir de la crisis o hacerlos nos llevará a no salir de la crisis y a hundirnos un poco más en ella? ¿Alguien puede explicar el galimatías? Seguro que Ángel “Atila” Gurría y los hunos ultraliberales tienen la respuesta. Confiemos en ellos aunque por donde pasen no vuelvan a crecer la hierba ni los brotes verdes nunca más.

Bancos: el honrado gremio del robo

Negro sobre blanco las draconianas condiciones del rescate bancario español – sí, rescate, Sr. de Guindos y Sr. Rajoy – sólo cabe reaccionar con indignación y estupor. Sabemos que el que presta pone las condiciones, pero estas que alegremente desgranaba ayer el otrora socialista Joaquín Almunia son un atraco bancario en toda regla. Casi 37.000 millones de euros para reflotar unas entidades bancarias a las que se podía haber dejado caer después de garantizar – ya garantizados por ley – los depósitos de los pequeños ahorradores. ¿Por qué cualquier otra empresa puede quebrar y acudir a un concurso de acreedores y un banco no?

¿Acaso entidades como el Banco de Valencia, Novacaixagalicia y Caixa Cataluña, que se llevan la mitad del rescate, son entidades sistémicas tan importantes como para tener que salvarlas con dinero público? ¿Por qué no se liquidan en lugar de sanearlas con nuestro dinero para venderlas después al mejor postor, como ha ocurrido ya con el Banco de Valencia y su venta por 1 euro a la Caixa? La otra mitad se la lleva Bankia, el gran gigante con pies de barro surgido de los conchabos políticos del PP y la indiferencia del Banco de España ante lo que estaba pasando bajo sus mismas narices. ¿Por qué no se ha diseñado para ella un plan ordenado de liquidación y cierre con las máximas garantías para pequeños inversionistas, ahorradores y empleados?

El mito de demasiado grande para dejarlas caer no se puede justificar haciendo recaer sobre trabajadores, pequeños inversores y contribuyentes en general el coste de la operación. Porque eso es lo que supone el rescate bancario anunciado ayer por Almunia, que paguen los platos rotos de la indigestión de ladrillo los cerca de 10.000 empleados que se irán a la calle y los pequeños tenedores de preferentes que perderán en muchos casos todos los ahorros de su vida al ver que su inversión sufre una quita cercana a la mitad del valor y reciben a cambio unas acciones devaluadas y sin expectativas de revalorizarse al menos a medio plazo. 

Y significa también que los contribuyentes, que ya hemos aportado miles de millones para salvar a los bancos, tendremos que afrontar ahora 37.000 millones más que computarán como déficit público y que pagaremos con nuevos recortes sociales. A la vista de las perspectivas económicas y de las restricciones a la actividad que impone Bruselas – nada de ladrillo y prohibición de actuar fuera de su ámbito geográfico de origen lo que, por cierto, contraviene la propia normativa comunitaria sobre libertad de establecimiento - hay muy pocas esperanzas de que los bancos rescatados sean capaces de devolver este crédito, aunque el ministro de Guindos declare ufano que el interés será inferior al 1; tampoco hay seguridad alguna de que esta lluvia de millones sea suficiente para reflotarlos y no sea necesario inyectarles más euros en vena dentro de poco tiempo para poder venderlos tras sanearlos con el dinero de todos. 

 

Mientras todo esto ocurre, nadie, ni Bruselas, ni el Banco de España, supuesto supervisor del sistema financiero que miró para otro lado cuando la burbuja inmobiliaria se hinchaba peligrosamente, ni los gobiernos actual y pasados, han movido un dedo para regular un mercado financiero que ha vivido demasiados años por encima de sus posibilidades gracias a una normativa laxa cuando no inexistente y que es el principal responsable de la situación en la que nos encontramos.

Eso sí, a la hora de poner freno al drama de los desahucios injustos, todo son paños calientes y advertencias de los riesgos que unas medidas demasiado ambiciosas pueden tener sobre la estabilidad de ese sacrosanto sistema financiero. De solo una cosa podemos estar seguros: esta estafa bancaria perpetrada a la luz del día y con todas las de la ley la vamos a pagar – la estamos pagando ya – los castigados contribuyentes. Es cierto que ver a los consejeros de Bankia o de otras entidades sentados en el banquillo de los acusados es un pequeño consuelo, pero ver a algunos de ellos entre rejas me temo que sigue estando también muy por encima de nuestras posibilidades.

Montoro pone la mano

El viernes próximo acaba el plazo - aunque no se descarta que se amplíe - para que quienes tengan dinero y bienes en el extranjero sin declarar regularicen su situación ante la Hacienda Pública. Auguran los expertos que la bien llamada vergonzosa amnistía fiscal que aprobó el Gobierno para intentar que afloraran unos 25.000 millones de euros ocultos y barrer para las arcas públicas en torno a los 2.500 millones será un sonoro fiasco. De hecho, en los cuatro primeros meses desde la entrada en vigor de la medida apenas si se recaudaron 50 millones de euros y, desde que Hacienda dio a conocer esa cifra, nada más se ha sabido de cómo ha evolucionado la recaudación por ese concepto.

Sin duda, muy mala señal para el Gobierno que tendrá que explicar muy bien para qué ha servido este regalo fiscal a los defraudadores mientras al común de los mortales se nos han subido los impuestos que nunca iban a subir. Y no es que no se lo haya puesto fácil el ministro a los que burlan al fisco colocando su dinero en bancos extranjeros y no declarándolo: pagar el diez por ciento de lo defraudado sin dar más explicaciones sobre la procedencia del dinero, sobre si fue obtenido lícita o ilícitamente y sin obligación alguna de repatriarlo a España. Aunque con eso y poco más bastaba para quedar limpios de polvo y paja ante la Hacienda española, los defraudadores no se han fiado de que, a posteriori, el Gobierno emprenda acciones legales contra ellos. De ahí que Montoro no dudara ni un momento en introducir rápidamente nuevas mejoras en la norma usando incluso una orden ministerial para modificar un Real Decreto Ley: todo con el objetivo de no molestar a los temerosos evasores y conseguir el pírrico objetivo de los 2.500 millones de euros.

En su ayuda – y en la de los defraudadores – salió incluso el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, siempre dispuesto a echar una mano por una buena causa como ésta. Aprovechando la enésima reforma del Código Penal se decidió a toda prisa que quienes paguen esa limosna del 10% a las arcas públicas ya no tendrán que temer nada del largo brazo de la Ley por los siglos de los siglos. Al mismo tiempo y como para hacer creer a los ciudadanos que pagan puntualmente sus impuestos que el Gobierno está comprometido en la lucha contra el fraude fiscal, se aprobó una ley que empezará a aplicarse el 1 de enero y que endurecerá las sanciones a los defraudadores. Es la táctica del palo y la zanahoria para convencer a los remolones de que mejor les irá si pagan ahora esa miseria del 10% y para lo cual se les ofrecen todas las facilidades habidas o por haber.

La única pega la han puesto los inspectores y técnicos de Hacienda: con los pocos que son y los escasos medios de los que disponen, la ley quedará en papel mojado y los evasores podrán seguir engordando sus cuentas en el extranjero mientras usted y yo seguimos haciendo el primo año tras año en Hacienda. La amnistía fiscal que el ministro Montoro se ha inventado para ponérselo fácil a los que defraudan a cambio de unas migajas por su fraude, mientras al resto de los ciudadanos nos aprieta el cuello, es una de las decisiones más vergonzosas e injustas de cuantas ha tomado este Gobierno, que son unas cuantas.

Esa forma de poner la mano para que los evasores donen una miseria por lo que han defraudado y se vayan sin pena ni culpa, al tiempo que la mete hasta el fondo en nuestros bolsillos para empobrecernos un poco más, es escandalosa. La esperanza podría ser el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE, pero a la vista de lo que tarda el alto tribunal en resolver las cuestiones que se le plantean mejor no hacerse ilusiones.

En cualquier caso, no es necesario ser catedrático de Hacienda Pública como Montoro para saber que la medida se da de bruces con lo que consagra el artículo 31 de la Constitución Española: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Si el viejo lema Hacienda somos todos nunca fue del todo verdad, con la amnistía fiscal de Montoro es más falso que nunca.

Madrid Arena: pasaba por allí

No hay deporte nacional con más seguidores en este país que el de “yo no fui, pasaba por allí”, practicado con un gran entusiasmo cuando se trata de eludir responsabilidades públicas o privadas. En la tragedia en el Madrid Arena, en la que cuatro chicas perdieron la vida aplastadas y una quinta resultó gravemente herida, todos pasaban por allí, ninguno fue el responsable de lo ocurrido.

La empresa organizadora jura que ella sólo se limita a eso, a organizar, y que de la seguridad se encargan otros. Esos otros es una empresa llamada Seguriber, responsable de la seguridad en el recinto por acuerdo de fidelización con la empresa municipal de la que depende el Madrid Arena. Sin embargo, Seguriber dice que su único cometido era evitar que los asistentes a la macrofiesta introdujeran objetos peligrosos en el recinto y que la gente entrará por la correspondiente puerta de acceso. La petición de entradas y documentación era cosa de Kontrol 34, contratada por el organizador y que, además, asumió funciones de seguridad en el interior del recinto sin contar con personal cualificado para ese trabajo.

A Seguriber se la acusa, además, de organizar un botellón en el aparcamiento aledaño al Madrid Arena y hasta de cobrar 10 euros por vehículo, saltándose alegremente a la torera la prohibición municipal de hacer botellones. Me pregunto qué hace una empresa de seguridad que trabaja para un ayuntamiento organizando un botellón como no sea con el fin de obtener unos ingresos extraordinarios, que de eso parece que se trata y esa parece ser la causa última de todo lo ocurrido: hacer caja sin importar un comino la seguridad. Todas las evidencias apuntan a que fue el botellón fomentado y cobrado por Seguriber el que alimentó la avalancha masiva a la fiesta por las puertas de emergencia originando un tapón humano que provocó la tragedia.

Al parecer, mientras todo esto ocurría, la estrella de la trágica noche gritaba desde el escenario: ¿os creéis que somos 15.000? Se equivocaba, eran al menos 18.000 las personas que habían entrado en el Madrid Arena como ha demostrado el recuento de las entradas, cuando el aforo  era para unas 10.600. Ese decir, que le faltaba poco para doblarse y, todo eso, en medio de un absoluto descontrol de seguridad, con gente entrando en tromba por las puertas de emergencia y dos médicos como todo dispositivo sanitario. Hasta aquí todo parece tan claro como una tenebrosa noche de Halloween.

¿Y el ayuntamiento de Madrid? También, cómo no, pasaba por allí. Ignoró las deficiencias del local para acoger macrofiestas, no mostró la más mínima diligencia para exigir que se garantizaran las medidas de seguridad suficientes y la policía local no puso fin al botellón, uno de los factores clave de la tragedia, como era su obligación. Después de forzar la dimisión del concejal responsable de la empresa municipal y de un par de funcionarios de segundo nivel, ha puesto en marcha una comisión de investigación que, como la mayoría, sólo servirá para un intenso intercambio de sonoras bofetadas políticas pero que, salvo sorpresa, no ayudará gran cosa a revelar lo ocurrido la fatídica noche de Halloween.

En esa comisión no estará ni la Delegación del Gobierno ni el Gobierno de la comunidad autónoma por deseo expreso de la alcaldesa Botella, que tampoco estará después de prometer máxima transparencia. Puro teatro para intentar eludir las indudables responsabilidades políticas en todo lo ocurrido. Sólo queda confiar en que el juez y la fiscalía sean capaces de llevar el caso a buen puerto y depurar las otras responsabilidades, las judiciales, a que haya lugar. De ellos depende evitar que todos los que la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre aseguran que sólo “pasaban por allí” se salgan con la suya y eludan su correspondiente cuota de culpabilidad sobre las vidas de cuatro jóvenes y el riesgo potencial en el que se puso a otras miles de personas que, desde luego, no pasaban por allí.

Mas es menos

El soberano coscorrón electoral sufrido por Artur Mas ha puesto su órdago soberanista en manos de ERC y ha situado al líder de CiU y al propio partido emblemático de la burguesía catalana en una posición muy difícil. Los electores que ven en la independencia de Cataluña la solución a todos los males han preferido fiarse de quienes siempre han defendido esa opción y no de alguien como Mas y de su milagrosa conversión al independentismo tras la repentina caída del caballo camino de La Moncloa en busca del Pacto Fiscal.

Ese fue el primer error del que, con toda seguridad, seguirá siendo presidente de los catalanes cuatro años más cuando lo que corresponde ante un fracaso tan rotundo es dimitir: creer que las miles de personas que se manifestaron el día de la Diada en las calles de Barcelona pedían la independencia e ignorar – porque le convenía – que muchas de ellas estaban allí para oponerse a sus recortes sociales y a sus políticas neoliberales, tan parecidas a las del PP en el ámbito nacional como un huevo se parece a otro huevo.

Puede que le consuele algo en su fracaso ver que la opción soberanista es mayoritaria mas no unitaria, aunque por poco, en el Parlamento surgido ayer de las urnas; puede incluso que le haya alegrado comprobar que los eternos rivales de CiU, los socialistas catalanes, han hecho buenos todos los pronósticos y se han deslizado hasta la tercera posición de la tabla, aunque haya sido sobre todo por méritos propios. Del mismo modo, tal vez se haya alegrado de que el PP siga estancado a pesar de haber echado toda la carne en el asador – incluido un apócrifo informe policial sobre presunta corrupción en un partido que ya está en los banquillos por esa causa - para convertirse en la alternativa al soberanismo.

Sin embargo, es un consuelo muy pobre si se compara con su aspiración de contar con una mayoría “excepcional” e “indestructible” para impulsar la consulta soberanista en la que sigue empeñado a pesar de que las urnas le han dado claramente la espalda a esa opción. El toro bravo que montó Mas lo ha dejado a los pies de los caballos – y perdón por la metáfora; ahora será ERC y no él quien enarbole la estelada que quiso empuñar en solitario deslumbrado por lo que creyó ser un movimiento independentista imparable e irreversible para convertir a Cataluña en “un nuevo Estado de Europa”.

Salvo que opte por un pacto de perdedores, algo poco probable, Mas ha puesto su suerte política en manos de ERC, de la que siempre ha recelado CIU pero con la que parece condenado a entenderse, por más que le pese. Será muy interesante comprobar cómo se las arreglará un gobierno CiU-ERC para resolver los graves problemas de endeudamiento que tiene Cataluña y si la gente del triunfador de la noche, Oriol Junqueras, está dispuesta a respaldar y continuar con los recortes sociales que Mas ha impulsado en los dos años que llevaba en el gobierno de la Generalitat y de los que apenas se habló en la campaña electoral a mayor gloria de la incierta aventura independentista. Por cierto: ¿volverá Mas a La Moncloa a pedir de nuevo el Pacto Fiscal que ya le ha negado Rajoy?

En resumen, nada se ha ganado y mucho tiempo, esfuerzo, tensiones y dinero se han perdido con este intempestivo adelanto electoral con tintes plebiscitarios cuando aún quedaba la mitad de la legislatura por agotar. Lo único, saber con claridad lo que piensa el pueblo catalán respecto del órdago lanzado por el líder que se creyó ungido por la Providencia para encabezar la marcha hacia la independencia final del brumoso Estado catalán, tierra prometida en la que no habrá recortes sociales, ni privatización de servicios públicos ni corrupción política.

El tasazo progresista de Ruiz-Gallardón

Me levanto convertido en un carca de cuidado amante del Antiguo Régimen. Yo, los jueces, los abogados, los fiscales, los procuradores, los sindicatos, los secretarios judiciales, las organizaciones de consumidores, los partidos de la oposición y el grueso de la ciudadanía: todos conservadores casposos y retrógrados, añorantes de un tiempo felizmente superado, incapaces de adaptarnos a los vientos del progreso y la modernidad. 

Así, en nuestra ceguera medieval, nos es imposible comprender toda la carga de progresía que encierra el tasazo judicial del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón contra el que hoy se manifestará toda esa caterva conservadora que conforma el mundo judicial y aledaños. ¡Qué brutos y conservadores somos los que pensamos que el progresista tasazo del atildado ministro es un ataque en toda regla al principio constitucional de la tutela judicial efectiva, que solo podrán reclamar aquellos que se la puedan pagar! 

 

¡Cuán profunda es nuestra ignorancia al advertir de que el tasazo consagra al menos tres tipos de justicia: una para ricos, que no tendrán problema alguno para pleitear cuanto sea necesario; otra para las llamadas clases medias – cada día menos medias y cada vez más bajas –, a las que se les cerrarán las puertas de la maquinaria judicial en cuanto no puedan seguir pagando el peaje que se les exige para defender sus razones; y la tercera, para los más pobres, a los que les queda refugiarse en un turno de oficio cada día más saturado y peor pagado!

En nuestra miopía conservadora nos empeñamos en defender lo indefendible: que la Justicia debe ser de todos y para todos para que realmente pueda llamarse Justicia y que lo hay que hacer es dotarla de medios suficientes y buscar soluciones alternativas imaginativas al gusto por los pleitos del que hacemos gala los ciudadanos. Las hay, pero seguramente también serán demasiado conservadoras para un pensador tan adelantado a su tiempo como Ruiz-Gallardón, algo que se puede comprobar con facilidad echando un vistazo superficial a sus raíces políticas.

Su visión de futuro es tan preclara que no ve necesidad alguna de meditar sobre si se ha pasado varios pueblos con su medida, como no la tuvo de consultarla con esa patulea conservadora que representan jueces, abogados, fiscales y demás. A pesar de todo, los conservadores antisazo deberíamos de estar contentos de que sólo haya un rojo tan peligroso en el Gobierno. Confiemos en que al menos Rajoy, Mato, Soria, Wert o Fernández Díaz sigan siendo tan conservadores como siempre y no se nos destapen ahora también como progresistas de toda la vida. Eso sí que no estamos dispuestos a tolerarlo.

La Justicia no tiene precio ¿o sí?

Si algo muy bueno tiene el vino cuando lo bendicen, algo muy malo tiene la llamada Ley de Tasas Judiciales cuando jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, consumidores, sindicatos y oposición la rechazan de plano. Y lo que tiene es, ante todo, que se trata de una ley injusta. Dejando ahora al margen la castiza chapuza de poner en vigor una ley sin contar con los instrumentos necesarios para aplicarla, las tasas judiciales aprobadas a la carrera en una comisión del Congreso con plena capacidad legislativa y sin escuchar a nadie representan un nuevo recorte en los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Aunque se tilde de demagógico afirmar que esta ley consagra una Justicia para ricos y otra para pobres, esa es la dura realidad: los que tengan dinero suficiente podrán costearse los recursos ante las resoluciones de los tribunales y, los que no, habrán de pasar por el turno de oficio o desistir de reclamar sus derechos, tengan razón o no, algo que nunca podrán llegar a comprobar. El principio de acceso universal a la Justicia consagrado en la Constitución se ve claramente vulnerado si la única manera que tiene una gran parte de la población de defender los derechos que crea conculcados es pagar para ello. Una de las justificaciones del ministro Ruiz Gallardón para impulsar una ley a todas luces injusta por discriminatoria es que los españoles somos unos forofos de las guerras judiciales, que pleiteamos por gusto o por demorar de mala fe las decisiones de los jueces. La otra es que es necesario que todos contribuyamos al sostenimiento económico de la administración judicial, lo que suena y es en la práctica un copago como el de la Sanidad, puesto que los españoles ya pagamos la maquinaria jurídica con nuestros impuestos.

Si lo que se quiere es racionalizar el funcionamiento de la Justicia descargando de trabajo los atestados juzgados, la solución no puede pasar por cercenar el derecho de recurrir las resoluciones judiciales con las que no se esté de acuerdo. Dotar de medios humanos y materiales a los juzgados, elevar las cuantías de las condenas a costas cuando se demuestre la mala fe del recurrente contumaz, corregir las disfunciones del aparato judicial o potenciar la justicia reparativa o arbitral son algunas alternativas que, lejos de conculcar el derecho constitucional a la tutela judicial, lo reforzarían. Nada de esto se menciona en esta Ley de Tasas Judiciales porque, en el fondo, lo que se busca es sencillamente recaudar y vedar el acceso a la Justicia – pilar básico del Estado social y de derecho - a una parte muy importante de la población que con seguridad desistirá de reclamar sus derechos si eso le va a salir más caro que no hacerlo.

Si la Justicia española ha sido siempre objeto de crítica social por cuestiones como su lentitud – justicia demorada es justicia denegada – las tasas judiciales no hacen sino empeorar esa percepción ciudadana. El ministro Ruiz Gallardón debería aprovechar su propio chapuza, que le ha obligado a posponer varias semanas el cobro efectivo de las tasas, para derogar esta ley y consensuar un gran pacto social para mejorar de verdad la Justicia en este país. Aún está a tiempo de no pasar a la historia como el ministro que le puso precio al derecho constitucional a la Justicia en igualdad de condiciones para todos. Porque la Justicia, o es de todos y para todos, o no es Justicia.

Israel: la razón de la fuerza

Otra vez se llenan los telediarios y los periódicos con las imágenes de las bombas israelíes estallando sobre la franja palestina de Gaza, destruyendo edificios gubernamentales, viviendas humildes, bienes e infraestructuras. De nuevo se ven y oyen hombres gritando, mujeres y niños llorando y ambulancias y camiones de bomberos inútiles ante la nueva masacre, ante la renovada destrucción que amenaza con no dejar piedra sobre piedra.

Una vez más los hospitales y las morgues se llenan de heridos y cadáveres, entre los que hay mujeres y niños inocentes cuyo único crimen había sido estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Por enésima vez el ejército israelí conmina a los hacinados y cercados habitantes de Gaza a abandonar sus hogares y todo hace prever que una nueva invasión terrestre de ese territorio palestino apoyada desde el aire por la aviación es inminente.

Otra vez Israel simula que quiere la paz y el diálogo pero, al mismo tiempo, emplea la fuerza; hace creer que se aviene a negociar un alto el fuego - ¡por 15 años! - pero sigue lanzando bombas sobre la población civil indefensa. En respuesta, Hamás lanza misiles que le llegan desde Irán y Egipto sobre territorio israelí y la espiral va en aumento, una vez más. 

Son incontables las veces que la hipócrita comunidad internacional defiende  la paz pero no hace nada  efectivo para detener la guerra. Se ha perdido la cuenta de las veces que Obama ha abogado por un entendimiento pero al mismo tiempo veta en la ONU la creación de un Estado palestino, única solución posible a este conflicto tan cruel como interminable. A los primeros les pide que no se excedan en el uso de la fuerza y a los segundos se les condena por terroristas; a Israel se le reconoce una vez más el derecho a defenderse de los misiles de Hamás y hasta licencia para matar, pero a Palestina se le niega sistemáticamente el derecho a existir. De nuevo, el conflicto palestino – israelí amenaza con desestabilizar más si cabe una región de por sí inestable y convulsa, con Siria en estado de descomposición, Irán amenazando con la destrucción de Israel y los Hermanos Musulmanes egipcios apoyando a sus correligionarios de Hamás. Otra vez se reaviva una guerra que siempre ha estado viva y – ¡qué casualidad! – coincide de nuevo con la proximidad de elecciones en Israel.

De nuevo resulta inútil preguntarse quién ha vuelto a encender la mecha del conflicto, si Hamás con su odio furibundo contra Israel o el Estado hebreo con su decidida voluntad de impedir con su sofisticado y mortífero armamento la existencia de un Estado palestino junto a sus fronteras. Cuando, como en este interminable enfrentamiento palestino-israelí, imperan la razón de la fuerza y el odio recíproco, la victoria sólo puede estar del lado del más fuerte. Si, además, el más fuerte cuenta con la comprensión y el apoyo incondicional de aliados tan poderosos como Estados Unidos, la balanza está decantada de antemano.

Mientras, seguiremos viendo y oyendo las sirenas de las ambulancias ululando en las devastadas calles de Gaza, los hombres gritando desesperados y las mujeres y niños inocentes cayendo bajo las bombas israelíes. Y así será una vez más hasta que en lugar de la razón de la fuerza impere la fuerza de la razón, o hasta que Israel quiera y se lo permitan.

Y todavía quedan otros tres años

Ha dicho Mariano Rajoy que ahora España estaría peor si el Gobierno que preside desde hace once meses tras ganar por mayoría absoluta las elecciones celebradas hace hoy un año no hubiese tomado las medidas que ha tomado. Es una afirmación indemostrable pero dudosa. Y como, tanto en la política como en otras muchas facetas de la vida, lo que cuenta al final son los hechos y no las buenas intenciones, a los hechos y a las realidades actuales de este país hay que referirse para valorar el primer año desde que el PP ganó las elecciones generales y completó el mayor poder que nunca antes había alcanzado un partido político en la etapa democrática.

Hechos

Y los hechos, por más que ahora se adornen con invisibles brotes verdes, son que, desde la llegada de Rajoy al poder en España hay 800.000 parados más, con especial incidencia entre los jóvenes, más de la mitad de los cuales no tiene trabajo. La panacea de la reforma laboral que abarató el despido que nunca se abarataría y dejó a los trabajadores prácticamente inermes ante los empresarios, está consiguiendo sus objetivos no confesados pero evidentes: que las empresas hagan el ajuste por el empleo y los salarios y puedan así volver a contratar a precios de saldo favorecidas por un mercado laboral convertido en una selva.

Como consecuencia de ello han crecido exponencialmente las cifras de familias en situación de exclusión social, la pobreza infantil, los desahucios que ahora se quieren frenar con parches a mayor gloria de los bancos y miles de españoles han abandonado el país buscando un futuro menos sombrío lejos de nuestras fronteras. Son hechos también, y no buenas intenciones, que el PP ha subido los impuestos a las clases medias que juró no subir, ha excusado a las grandes fortunas de contribuir más a salir de la crisis y ha pretendido resolver con parches ineficaces el grave problema del fraude fiscal.

Todo ello ha contribuido a congelar el consumo y agravar la pésima situación general, amén de generar entre los ciudadanos el convencimiento de que los esfuerzos para superar la crisis no están siendo equitativos. Dos huelgas generales en menos de un año y un sinfín de manifestaciones multitudinarias dan buena prueba del descontento social del país al que Rajoy sigue haciendo oídos sordos.

Desmantelamiento del estado del bienestar

El cerrilismo de la austeridad fiscal que impone Alemania y que Rajoy sigue a pies juntillas, en parte por convencimiento ideológico y en parte porque su irrelevancia política internacional no le permite plantar cara para conseguir combinar la austeridad con medidas de reactivación económica, está desmantelando a conciencia el estado del bienestar mediante recortes en la sanidad, la educación y las prestaciones sociales básicas, que corren paralelos a las privatizaciones ya en marcha.

Ese mismo fanatismo fiscal está consiguiendo por la vía de las restricciones presupuestarias recentralizar el modelo territorial del Estado, de lo que el PP siempre ha sido partidario aunque ahora con mucho menor disimulo. Esto ha llevado aparejadas tensiones indeseadas e innecesarias entre las comunidades autónomas y el centro que ponen en cuestión el futuro de ese modelo en un momento en el que el país no está para debates territoriales o modelos de Estado.

   
En el capítulo social, el primer año desde la llegada de los populares al poder se zanja con algunas leyes que nos devuelven a los inicios del periodo democrático, sino más atrás. Véase, por ejemplo, la implantación de las tasas judiciales, los planes sobre el aborto, la enésima reforma del Código Penal o los planteamientos retrógrados en educación. 

Ya estamos rescatados

Dice también Rajoy que, sin sus medidas, España habría tenido que pedir el rescate total – aunque él nunca empleará esa palabra –, olvidando convenientemente que el país ya está prácticamente rescatado y sus cuentas supervisadas con lupa por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo a cambio de resolver con dinero de todos los problemas generados por la codicia bancaria e incrementar de paso la deuda pública.

Estos son, grosso modo, los hechos que resumen el balance del primer año del PP en el poder, un partido que engañó abiertamente a los ciudadanos en las elecciones aplicando todo lo que juró no aplicar y más. Un año después, ni hay brotes verdes ni se ve la luz al final del túnel, por mucho que Rajoy y sus ministros se empeñen ahora en hacernos creer lo contrario con cifras fantásticas sobre recuperación y previsiones económicas y de empleo que nadie se cree.

¿Qué cabe esperar?

A la vista de ese balance, tiene uno la melancólica sensación de que la única esperanza que queda es que a las economías de otros países de la eurozona, empezando por Alemania, se les empiece a volver en contra la política de austericidio y admitan por fin que es urgente imprimirle un giro radical que sirva de verdad para crecer y no para menguar en riqueza y bienestar social. Pero que no desespere Rajoy porque este país aún puede estar mucho peor y superar incluso a Grecia en malestar y fractura social: por delante tiene todavía tres años para conseguirlo.