Llámenme pesimista
antropológico, derrotista incurable o escéptico contumaz. Les reto
a que encuentren entre los centenares de noticias relacionadas con la
economía y el bienestar social de los ciudadanos de este país una
que inspire un mínimo, por pequeño que sea, de optimismo y
esperanza de que la situación está cambiando para mejor y no para
peor. Dicho en otras palabras, que hay brotes verdes a la vista en
lugar de un inmenso desierto del que no se adivinan los contornos. Un
somero repaso de lo que ha ocurrido en apenas una semana creo que
será suficiente para avalar la sensación de que el país se desliza
por una pendiente a toda velocidad y carece de frenos que ayuden a
parar la caída y de amortiguadores para paliar las consecuencias del
golpe.
Podríamos
ir mucho más atrás pero remontémonos sólo al último Consejo de
Ministros, en el que el Gobierno vulneró la ley de la Seguridad
Social por partida doble al no revalorizar las pensiones de acuerdo
con la subida del IPC y tirar del Fondo de Reserva por encima de lo
establecido legalmente. La consecuencia, nueve millones de
pensionistas con una pensión raquítica en la inmensa mayoría de
los casos que ven estupefactos como el Gobierno se escuda en el
sacrosanto déficit para incumplir su promesa electoral más querida
y les birla un poco más de poder adquisitivo.
Al
día siguiente, el ufano ministro de Hacienda anunció como un éxito
que su innombrable y discriminatoria amnistía fiscal había
conseguido recaudar 1.200 millones de euros para las arcas públicas
a partir de dinero no declarado, justo la mitad de lo que hace apenas
unos meses juraba que se conseguiría. Todo un logro, como se puede
comprobar. Sospechosamente,
ese mismo día la policía detenía al fracasado ex patrón de
patronos y a su testaferro bajo la acusación de alzamiento de bienes
y blanqueo de capitales. ¿Gesto ejemplarizante por parte de un
Gobierno sin credibilidad en la lucha contra el fraude y necesitado
de acciones de “impacto mediático”? ¿Cabeza de turco? ¿Chivo
expiatorio? ¿Aviso a navegantes?
Hay
más: el rescate del podrido sistema financiero que tendremos que
pagar todos los ciudadanos también se ha vendido por parte del
Gobierno como un éxito y se ha vuelto a repetir el ya cansino e
insufrible mantra de
que servirá para que fluya el crédito. Evidentemente nadie, ni
siquiera el Gobierno, se lo cree.
Y
para rematar el rosario de malas nuevas, los datos del paro
registrado en noviembre han vuelto a poner negro sobre blanco en
forma de frías cifras el precipicio social y económico por el que
estamos cayendo sin que al Gobierno se le ocurra nada que no sea sostenalla y no enmendalla en
su política de recortes a troche y moche. A todo lo anterior añadan
si quieren el tasazo
judicial,
la privatización y los recortes de la sanidad o la involución
educativa, las tensiones territoriales, los casos de corrupción
política y económica que siguen aflorando y, como corolario de todo
ello, la mansa sumisión de la política y de los políticos a los
intereses de la economía y tendrán el cuadro político y
socioeconómico más negro que sea posible imaginar.
Sólo
los movimiento ciudadanos que hacen gala de su solidaridad con los
que han sido abandonados en las cunetas del sistema, los
profesionales, los estudiantes, las ONGs y los trabajadores que salen
a la calle y se rebelan contra los responsables del actual estado de
cosas son capaces de transmitir algo de esperanza. De ellos, de
nosotros, dependerá en última instancia frenar esta caída sin fin.
Sólo en eso parece posible confiar en la víspera de un nuevo aniversario de la Constitución que, los responsables de cumplirla y hacerla cumplir pero que la violentan día a día con sus acciones y omisiones, la ensalzarán mañana con hueros discursos en los que ya casi nadie cree.
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