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Del “tasazo” al “registrazo”

Alberto Ruiz-Gallardón, el ministro más progre del Gobierno con permiso de José Ignacio Wert, trabaja sin descanso día y noche para sacar a este país del conservadurismo secular en el que sigue sumido. El endurecimiento de las sanciones penales o la aprobación de tasas judiciales para poder pleitear, son dos hitos modernizadores sin parangón que le permitirán pasar a la Historia como el ministro más avanzado del último siglo.

Sabedor de que para acabar con el pelo de la dehesa hay que demostrar constancia e ideas claras, Ruiz-Gallardón tiene ya a punto de salir de las cocinas del ministerio de Justicia otra ley que supondrá un nuevo impulso en su objetivo de transformar este país hasta los cimientos, que es lo que debe hacer un gran modernizador como él. En síntesis, la cosa consistirá en pagar por los trámites habituales que desde el siglo XIX se realizan gratuitamente en el Registro Civil. Ya les digo, un verdadero atraso.

Hablamos de inscripción de matrimonios – incluidos los civiles – divorcios, separaciones, cambios de nombre, nacionalidad y demás minucias. Al parecer, sólo seguirá siendo gratis ante el Registro Civil nacer y morirse, aunque no lanzaría yo aún las campanas al vuelo. Con todo, lo más novedoso de la audaz medida no es que haya que apoquinar por lo que siempre ha sido gratuito (previo pago de impuestos, claro), sino que esa labor ya no la van a supervisar los jueces ni la van a realizar los funcionarios públicos de los registros civiles. Lo verdaderamente revolucionario es que, esas a veces engorrosas tareas, se las encomienda el ministro a sus señorías los registradores de la propiedad y mercantiles.

Ellos serán los que, entre hipoteca e hipoteca o embargo y embargo, tendrán la honrosa responsabilidad de asentar en los libros del Registro los cambios de estado civil de los ciudadanos. Por cierto, aquellos que quieran recurrir las decisiones del Registro deberán pagar las correspondientes tasas judiciales, faltaría más. Mientras, los jueces y los funcionarios de la oficina se reubicarán en otras tareas, así que no sean mal pensados y no se apresuren a concluir que lo que Ruiz-Gallardón está buscando es hacer caja, de lo que también se le ha acusado injustamente a propósito del tasazo. Él - insistimos – sólo quiere modernizar España.

Los registradores de la propiedad son un honorable gremio genrosamente remunerado, integrado por funcionarios públicos que ejercen en régimen de monopolio y al que, junto a los notarios, la Organización de Consumidores y Usuarios y hasta la fiscalía del Tribunal Supremo les ha exigido que devuelva unos 400 milloncejos de euros cobrados de más por la cancelación de hipotecas. Algunos de ellos han sido incluso sancionados por la Agencia Española de Protección de Datos por airear alegremente datos privados de sus usuarios.

Nada de lo que haya que preocuparse como para pensárselo dos veces antes de entregarles sin más luz ni taquígrafos que la progresista voluntad de Ruiz Gallardo y previo paso por la caja del Registro, la vida privada de millones de ciudadanos envuelta en papel de celofán. Que el negocio de estos servidores públicos se haya desplomado debido a la crisis del ladrillo o que Mariano Rajoy sea registrador de la propiedad en excedencia - ¿por cuántos años más? -, que lo sea también su hermano Enrique y que lo sean dos altos cargos del Ministerio de Justicia, precisamente el director y el subdirector de los Registros y el Notariado, seguro que no tiene nada que ver con este nuevo paso de Ruiz-Gallardón para hacer de España un país como Dios manda.

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