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Pestazo en EMALSA

Mientras los responsables públicos silbaban mirando al tendido, los socios privados de EMALSA, la empresa mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria, se han llenado los bolsillos. Presuntamente, claro. Sin embargo, a tenor del escrito de denuncia de la Fiscalía que el juez acaba de admitir a trámite, esto es lo que se deduce: que se ha producido un quebranto “económicamente evaluable” para la empresa que suministra agua de abasto a la ciudad más poblada del archipiélago canario. Una ciudad cuyos vecinos pagan uno de los recibos de agua más caros del país y que, sin embargo, no pueden usarla para cocinar o beber porque para eso tienen que realizar un segundo y oneroso gasto en agua embotellada.

Durante años, los socios privados de EMALSA han facturado y cobrado toda suerte de trabajos a la empresa SERCANARIAS controlada por ellos mismos. Salvo excepciones, los contratos correspondientes, cuando los había, ni siquiera pasaban por el Consejo de Administración en donde el ayuntamiento sólo tiene un tercio de las acciones y, cuando lo hacían, tampoco parece que los sucesivos responsables públicos se esmeraran demasiado en controlarlos. De añadidura, los principales ejecutivos de las empresas privadas que controlan el accionariado de EMALSA se han embolsado unos 900.000 euros anuales en retribuciones y alquilaron por un precio desorbitado una nueva sede de la compañía a la empresa de un miembro del Consejo de Administración.

Fue después de que el escándalo saltara a los medios de comunicación cuando el ayuntamiento se animó a poner estos hechos en conocimiento de la fiscalía, aunque ha sido de verdad ésta la que ha hurgado en la documentación de EMALSA para concluir con un escrito demoledor sobre las prácticas de los socios privados que deja con las vergüenzas al aire a los políticos municipales responsables de vigilar que el dinero de los ciudadanos no terminara en bolsillos privados y que ahora se rasgan las vestiduras.

De momento, la investigación sobre los tejemanejes en EMALSA se ceñirá a la última etapa del PSOE en el gobierno municipal, pero no estaría de más ampliar el foco a toda la historia de la compañía desde que pasó a manos privadas en 1993 tras una decisión política aún difícil de entender. 


Lo que subyace en este asunto es el viejo debate sobre las ventajas de la privatización de servicios públicos como el abastecimiento de agua – eso que algunos llaman eufemísticamente “gestión indirecta” – frente a quienes consideran que algo tan esencial como el agua tiene que permanecer bajo el control público en su totalidad o al menos en su mayoría. Ceder dos terceras partes de una tarta como la de EMALSA a empresas privadas que por definición anteponen sus intereses privados al bien público tiene el riesgo de acarrear este tipo de consecuencias que siempre terminamos pagando los ciudadanos.

De todos modos, que el accionariado sea mayoritariamente privado no exime a los responsables públicos de controlar el funcionamiento de la empresa ni de denunciar en donde corresponda posibles comportamientos sospechosos. La Justicia tiene ahora la obligación de dirimir las posibles responsabilidades judiciales de unos y de otros. Al ayuntamiento le corresponde empezar a dar pasos para rescatar para el control público un servicio que nunca debió haberse entregado con armas y bagajes al mejor postor.

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