Desahucios: con la banca hemos topado

Es de sobra sabido que cuando se quiere demorar la solución de un problema público grave como el de los desahucios, lo más adecuado es crear una comisión. Mejor si está integrada por expertos entreverados de políticos, porque ello garantiza que se siga mareando la perdiz por tiempo indefinido mientras el problema a resolver se complica. Para cuando la comisión llega a un acuerdo, el asunto del que se ha ocupado está tan enquistado que sus soluciones apenas sirven para parchear la situación; casi es mejor romper los papeles y crear otra comisión y, así, por los tiempos de los tiempos. 

El Gobierno y el PSOE, a través de sus respectivos números dos, – Soraya Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano -, se reunieron ayer durante más de dos horas en un almuerzo de trabajo en la Moncloa y acordaron eso, crear una comisión de seis expertos, tres de ellos nombrados por el PSOE y los tres restantes por el Gobierno, y que se reunirá el próximo lunes por primera vez. Su objetivo es proponer medidas que frenen de manera urgente el drama social de los desahucios provocados por la crisis económica y el paro.

La intensidad de la urgencia se desconoce, pero no es previsible que sea excesiva habida cuenta de que, con crisis o sin ella, con drama social o sin él, las cosas de palacio siempre van despacio. Por tanto, tampoco se puede saber a ciencia cierta cuándo se modificará la vetusta ley sobre desahucios ni en qué términos o si tendrá o no carácter retroactivo. Por tanto, hacen bien las organizaciones nacidas al calor de esta dramática situación en mostrarse cuando menos escépticas a la espera de conocer en qué quedarán finalmente las propuestas de la comisión de marras.

Y es que propuestas hay de sobra para poner fin al problema sin necesidad de comisiones de ningún tipo: sólo se necesita voluntad política de hacerlo; dación en pago, negociación de los plazos y los intereses de la deuda o prohibición expresa de desahuciar cuando la entidad ha recibido fondos públicos, son algunas de ellas. Esas soluciones han estado encima de la mesa desde el comienzo mismo de la crisis, cuando era más que previsible el drama de los desahucios a la vista de la alegría con la que los bancos habían vendido sus hipotecas sin pararse a pensar mucho en las garantías que tenían de cobrarlas, una alegría que terminó contagiando a muchos ciudadanos que picaron el anzuelo y se endeudaron hasta las cejas.

La brutal irrupción de la crisis y el aumento incesante del paro han derribado aquel castillo de naipes y han expulsado de sus hogares a más de 250.000 familias. Desde el Gobierno, el PSOE pudo haber hecho algo y, a pesar de contar con apoyos suficientes, no tuvo los arrestos suficientes para enfrentarse a la banca, que amenazó airada con poner las hipotecas a precios estratoféricos si se aprobaba, por ejemplo, la dación en pago, algo habitual en países como Estados Unidos. Por la misma razón, tampoco el PP, entonces en la oposición, mostró el más mínimo interés por el problema. A lo más que han llegado ha sido a un Código de Buenas Prácticas Bancarias de adhesión voluntaria y absolutamente inútil como demuestran las alarmantes cifras de desahucios. 

 

Tampoco movió una ceja el Poder Judicial, que no ha reaccionado hasta que ha caído en la cuenta de que muchos jueces de este país se han convertido en los cobradores del frac de la banca. Después de guardar en un cajón un informe de un grupo de juristas con soluciones para acabar con el drama de los lanzamientos, el Consejo General del Poder Judicial actúa ahora como si se hubiese bajado de un guindo y pide también que se cambie la ley, aunque al menos nos ha ahorrado otra comisión.

Por su parte, la banca calla, espera y sigue a lo suyo: con una mano agarra encantada el dinero público que le entregamos todos los españoles para que sanee sus cuentas y con la otra sigue desahuciando a mansalva y quedándose con los pisos embargados por debajo del precio de tasación mientras los desahuciados siguen pagando la deuda. En lo que la comisión acuerda lo que se debe hacer, el Gobierno y el Parlamento lo aprueban, entra en vigor y comienza a aplicarse, miles de familias más se quedarán en la calle y sin llavero y seguirán pagando por unas viviendas que ya no serán suyas. Eso sí, para entonces tendremos la banca más saneada con dinero público del mundo mundial.

Lo mejor está por llegar

El reelegido presidente Obama me acaba de alegrar el día y hasta me ha facilitado el título de este post. En el de ayer escribía que merecía ser reelegido a pesar de las luces y las sombras que han marcado su mandato porque, aún así, ha sido el primer presidente norteamericano que mira el resto del mundo con mucho más respeto que sus antecesores en la Casa Blanca. Por eso, y porque posee la sensibilidad y la preocupación necesarias para hacer frente a las abismales diferencias sociales de su país que a su multimillonario contrincante republicano le han faltado.

Aunque sólo fuera a través de las encuestas, el mundo ya había votado en las elecciones de ayer antes de que los hicieron los norteamericanos y había decidido por aplastante mayoría que Obama merecía seguir siendo presidente de los Estados Unidos cuatro años más. Ayer lo hicieron los estadounidenses y con su voto han respaldado a Obama para un segundo mandato en el que no son pocos ni pequeños los retos que tendrá que afrontar.

Bien es cierto que ese respaldo ha sido menor que el que obtuvo en 2008 y es que el poder desgasta, aunque también es verdad que mucho más lo hace no tenerlo. El poder, por tanto, sigue en manos de Obama y en él se depositan las esperanzas de que ahora, con más experiencia y conocimiento de la realidad que hace cuatro años, consiga concluir lo que ha dejado a medias y poner en marcha los cambios que no ha podido o no ha sabido emprender.

Desde luego, su discurso de esta madrugada tras saberse ganador invita al optimismo: ese “lo mejor está por llegar” es una hermosa frase cargada de buenos augurios y su apelación al consenso del pueblo estadounidense y a la acción política con mayúsculas como instrumentos para mejorar la vida de millones de ciudadanos que se han ido quedando en la estacada de la crisis, permiten abrigar esperanzas de que ahora sí se cumpla de verdad aquella otra frase famosa que marcó su campaña electoral en 2008: “Yes, we can”. No sólo a los estadounidenses les importa mucho que lo consiga.

Por lo pronto y a la espera de lo que haga Obama con su renovado poder, podemos celebrar su reelección escuchando este “The best is yet to come” pero en versión de Tonny Bennet y Diana Krall...

Haz el amor y no la puñeta

La ya lapidaria frase de Obama también me viene de maravilla para la segunda parte de este post: lo mejor también está por venir para las parejas homosexuales españolas. Siete años y más de 22.000 matrimonios entre personas del mismo sexo después, la ancestral institución familiar sigue viva y coleando a pesar de los lóbregos agoreros que pronosticaron su muerte cuando en 2005 entró en vigor la ley que reconoce los matrimonios homosexuales. Es más, podría hasta decirse con ironía que está más fuerte que nunca, con esos miles de jóvenes que no pueden independizarse de sus padres porque no encuentran trabajo y con esos abuelos que cuidan a sus nietos o mantienen a su prole con su exigua pensión.

Ironías al margen, lo cierto es que la decisión del Tribunal Constitucional que rechaza el recurso del PP contra los matrimonios homosexuales y, por tanto, respalda la constitucionalidad de la ley, supone acabar con la espada de Damocles que pendía sobre las cabezas de las matrimonios homosexuales formalizados en nuestro país. Es más, la sentencia conocida ayer tarde y aprobada por una amplia mayoría de los magistrados, extiende a este tipo de uniones la adopción y la posibilidad de tener hijos por el sistema de embarazos subrogados.

Conocida la decisión del Constitucional, la caverna mediática empezó a removerse mientras el PP intentaba pasar de puntillas sobre este varapalos judicial. Mariano Rajoy, que en 2005 aseguraba que “a lo largo de la historia el matrimonio ha sido la unión de un hombre y una mujer”, - también podía haber dicho que matrimonio era sólo la únión de blanco con blanca, negro con negra, amo con ama y esclavo con esclava -  ha olvidado convenientemente aquella afirmación y ahora dice que lo único que no le gustaba es que a ese tipo de uniones se les llame matrimonio. Todos en el PP parecen haber olvidado ya su apoyo a las manifestaciones convocadas por los obispos contra una ley que amplía los derechos, la libertad y la igualdad de los ciudadanos independientemente de su sexo y que, en consecuencia, no podía ser inconstitucional.

A la espera de lo que diga ahora la Conferencia Episcopal, organizaciones como Hazte Oír o el Foro de la Familia ya le han pedido al Gobierno que derogue la ley porque dicen - ¿lo adivinan? - “es la sentencia de muerte para la familia”. No creo que el PP, deseoso de pasar cuanto antes esta vergonzosa página, se atreva a tanto. Lo más seguro es que, en lugar de seguir haciendo la puñeta con este asunto, lo olvide y deje que la gente haga el amor con quien estime conveniente. 

De hecho, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que siendo alcalde de Madrid no tuvo reparos en celebrar bodas homosexuales reflejando así la división interna que este asunto produjo en el seno del PP, asegura que se acatará el fallo del Constitucional y no se modificará la ley. Esperemos que esa sentencia ayude también a que Ana Botella, su sucesora en la alcaldía madrileña, se aclare por fin entre las peras y las manzanas.....

 

Obama merece ganar

No es difícil leer o escuchar estos días comentarios desencantados sobre el balance de la gestión de Barak Obama como presidente de los Estados Unidos, sobre lo que prometió hace cuatro años y no ha cumplido o sólo ha cumplido a medias. En ese balance han influido de manera decisiva varios factores.

En primer lugar, la deteriorada situación económica de la todavía primera potencia mundial, con un elevado paro, un abultado déficit público y un sistema financiero desregulado al que tampoco ha sido capaz de meter en cintura a pesar de las multimillonarias ayudas públicas recibidas; ha influido también la propia indeterminación de un presidente a menudo dubitativo o atrapado en las redes de los poderosos grupos de presión económica de Estados Unidos; la enconada oposición de un Partido Republicano, aliado natural de esos mismos grupos de presión, ante las reformas emprendidas por el presidente – véase lo ocurrido con la sanidad pública - es otro elemento a tener muy presente en el recuento final; y, por último, las a todas luces exageradas expectativas que puso en él medio mundo cuando llegó a la Casa Blanca. 

La conjunción de todos esos factores permiten comprender mejor porque Obama ha llegado a su reelección para un segundo mandado sin el aura renovadora e ilusionante que mostró a su país y al mundo hace cuatro años. Si en política interna, en definitiva la que más le interesa a los votantes estadounidenses, el balance de Obama arroja al menos tantas luces como sombras, ocurre lo mismo en política internacional, que es la que más le interesa al resto del mundo.

Obama no ha podido acabar con la ignominia de Guantánamo, no ha conseguido avanzar lo más mínimo en la resolución del conflicto palestino-israelí, ha abandonado a Irak a su suerte y dentro de poco hará lo mismo con Afganistán. Es verdad que son dos conflictos que él no inició pero que tampoco ha sido capaz de concluir con éxito. Por otro lado, siendo muy benevolentes, su compromiso en la lucha contra el cambio climático ha sido más que tímido a pesar de ser Estados Unidos uno de los países más contaminantes del mundo.

En su haber hay que contabilizar, no obstante, una visión multilateral de la realidad mundial, con varios países emergentes que empiezan a hacerle sombra a la que seguirá siendo la primera potencia del mundo al menos por algún tiempo más. Aunque sólo fuera por el hecho de que, por primera vez en muchas décadas, un presidente de Estados Unidos ha dejado de mirar al resto del mundo por encima del hombro, Obama merece ganar la reelección.

Pero también porque, a pesar de su balance de claroscuros, ha demostrado una sensibilidad desconocida en su rival de hoy Mitt Romney, ante una sociedad norteamericana que sufre una profunda brecha de desigualdad social y económica entre los cada vez menos y más ricos y los cada vez más numerosos y más pobres en el ya mítico país de las oportunidades.

Es esa actitud la que le lleva también a comprender que la suicida política de masoquismo fiscal que impera en la Unión Europea es el camino contrario al que se debe seguir para superar la crisis y, Estados Unidos – como el propio Obama ha reconocido –, se juega mucho en que Europa salga de la crisis. Frente a él, el multimillonario Mitt Romney – una especie de Merkel made in USA – al que no se le conoce ni una sola idea de política internacional, barre para casa y únicamente predica austeridad fiscal y más rebajas de impuestos. Y aunque sólo fuera también por ese discurso plano, cansino y monótono de la derecha estadounidense más conservadora, Obama merece ser reelegido hoy por sus compatriotas. De lo que no cabe ninguna duda es de que, a pesar del justificado desencanto, Obama tendría la reelección asegurada por aplastante mayoría si el resto del mundo pudiera votar en Estados Unidos.

Madrid Arena: la hora de las responsabilidades

Pasan los días, avanza la investigación y se acumulan las evidencias de las gravísimas responsabilidades que rodean la tragedia del Madrid Arena del pasado día 1 en una macrofiesta de Halloween – cuatro chicas fallecidas y una en estado muy grave que, aunque no se teme por su vida , sufrirá secuelas permanentes.

Las primeras pesquisas policiales se han centrado en determinar si se superó el aforo permitido y ya no parece haber duda al respecto: a pesar de que la empresa organizadora anunció que esperaba unas 7.000 personas y luego reconoció que fueron casi 10.000 para un aforo de unas 10.600 – versión sorprendentemente seguida a pies juntillas por el ayuntamiento de Madrid - la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad no parecen dejar lugar a dudas de que la fiesta congregó a muchas más personas.

Queda también fuera de toda duda que al recinto accedieron numerosos menores de edad – una de las fallecidas lo es - y que muchos se colaron. Los testimonios de varios participantes en la trágica fiesta ponen de evidencia que los controles de acceso eran cuando menos laxos ya que no se comprobaba la entrada ni la edad ni se revisaba el contenido de las mochilas. Una avalancha humana entre los que querían entrar y los que querían salir a través de un único pasillo y que parece coincidir en el tiempo con el inicio de la actuación del disc jockey estrella de la noche, generó las desgraciadas consecuencias ya conocidas. El lanzamiento de al menos dos petardos pudo provocar una situación de pánico que previsiblemente agravó la situación.

Y todo ello, con un despliegue de seguridad a cargo de la empresa organizadora a todas luces insuficiente: 38 vigilantes privados para supuestamente 10.600 personas y una docena de policías locales enviados por el Ayuntamiento. Por si todas estas evidencias no fueran suficientes para concluir que lo ocurrido ha estado plagado de irregularidades que requieren que se depuren responsabilidades judiciales, en las últimas horas hemos conocido dos datos más: el Sindicato Unificado de la Policía ha denunciado que el Madrid Arena carecía de licencia de funcionamiento a pesar de tratarse de una instalación municipal.

El Ayuntamiento alegó el sábado que, precisamente por ser municipal, no necesitaba licencia, lo cual no puede sino producir indignación: ¿está la administración pública dispensada de cumplir sus propias normas? Lo cierto es que, según pública hoy El País, el ayuntamiento de Madrid solicitó esa licencia en 2009 pero los técnicos municipales se la denegaron tras comprobar las graves deficiencias del recinto de la tragedia. ¿En qué quedamos? ¿Necesita o no necesita licencia?. Y, sobre todo: ¿por qué el ayuntamiento no corrigió los defectos señalados por los expertos en lugar de desistir de obtener la licencia y continuar autorizando fiestas multitudinarias como la de la tragedia del pasado jueves?.

Ahora promete la alcaldesa Botella que nunca más alquilará el ayuntamiento un recinto municipal para ese tipo de fiestas en las que acaba de descubrir sorprendida que se congrega mucha gente joven y se consume mucho alcohol: a buenas horas la medida, cabe responderle. No les bastará a la alcaldesa y a su equipo con esa promesa y con asegurar que se personará en la causa judicial por lo ocurrido para esquivar sus responsabilidades, empezando por las políticas. ¿Por qué el ayuntamiento se apresuró a respaldar la versión de la empresa organizadora sobre el aforo del recinto? ¿Tiene algo que ver en ello la estrecha amistad entre el empresario y algunos destacados concejales del grupo municipal de gobierno? ¿Por qué el ayuntamiento autorizó una fiesta en un recinto de su propiedad que carecía de licencia de funcionamiento y que no reunía las condiciones adecuadas para ello ? ¿Por qué no se extremaron las medidas de seguridad ante la previsible concurrencia de miles de personas al Madrid Arena como se hace, por ejemplo, en los estadios de fútbol?

Lo que parece claro es que la tragedia del pasado jueves en Madrid no es el resultado del azar o la mala fortuna, sino la consecuencia de un cúmulo de irregularidades que salpican de lleno a la empresa organizadora y al ayuntamiento. Además de que sus responsables respondan por ellas, lo ocurrido debería de servir de dolorosa lección para que los poderes públicos sobre las que recae la competencia de este tipo de eventos cumplan y hagan cumplir a rajatabla la normativa al respecto y, si es necesario, la hagan más estricta. Esa es una obligación que en ningún caso cabe soslayar por desidia, amiguismo o interés privado.

Madrid: la luz que va delante

Fue Cataluña la primera comunidad autónoma en imponer el cobro de un euro por receta médica expedida y ahora se le acaba de sumar Madrid con una medida idéntica que entrará en vigor el 1 de enero próximo. El popular Ignacio González, el nuevo presidente de la comunidad madrileña, sigue así no sólo los pasos del muy nacionalista Artus Mas, sino los de Esperanza Aguirre, que en sus últimos tiempos al frente del gobierno autonómico madrileño ya ni se molestaba en disimular sus querencias por la sanidad privada.  Como en Cataluña, la injusta, ineficaz y peligrosa medida del cobro de un euro por receta se presenta con las habituales engañifas: “no tiene afán recaudatorio sino disuasorio porque se hace un uso irracional de los medicamentos” y "con esta medida se garantiza la universalidad y la calidad de la sanidad pública".

Puede que los españoles no seamos muy conscientes de que los medicamentos los pagamos con nuestros impuestos y su uso irracional sólo contribuye a incrementar el gasto sin que eso suponga una mejora general del estado de salud de la población. Esa es una realidad que no se puede negar, pero pretender atajarla por la vía de un nuevo repago sumado al  impuesto por el Ministerio de Sanidad en toda España no es la mejor manera. Son mucho más eficientes y justos los programas de prevención y educación sanitaria y sin embargo apenas se aplican con la convicción, profundidad y continuidad que serían necesarias para que sean eficaces. 

El cobro de un euro por receta – además de ser de muy dudosa constitucionalidad que lo pueda aplicar una comunidad autónoma por cuanto establece diferencias injustas de acceso a la sanidad pública entre ciudadanos según su lugar de residencia – castigará más aún a los sectores más vulnerables de la sociedad que, precisamente, son los que más necesitan de los medicamentos. El hecho de que Madrid y Cataluña ni siquiera se hayan planteado la posibilidad de cobrarlo en función de la renta del paciente hace aún más injusta la medida y puede provocar, en cambio, que personas que realmente necesitan acudir al médico con frecuencia se lo piensen antes de hacerlo. Algunas voces autorizadas provenientes de la profesión médica ya han advertido de que eso es lo que está pasando desde que se implantó el copago de los medicamentos. 

Que el presidente madrileño no hace sino continuar los pasos de Esperanza Aguirre y su programa privatizador de la sanidad pública, lo demuestra también el hecho de que seis hospitales públicos de la comunidad autónoma pasarán a ser gestionadas por empresas privadas y el mismo camino llevan buena parte de los centros de salud. El mapa sanitario que se dibuja en Cataluña y en Madrid – por ahora - es el de centros sanitarios privados para quienes se los puedan permitir y centros sanitarios públicos de beneficencia para los pobres de solemnidad.

Madrid es semillero de votos para el PP y laboratorio de ideas neoliberales con un denominador común: reducir a su mínima expresión el estado del bienestar hasta situarlo de nuevo en los tiempos de la caridad y la beneficencia pública. Si es cierta la máxima de que la luz que va delante es la que alumbra, es probable que medidas como las que se van a aplicar en la comunidad de Madrid no tarden en extenderse a otros territorios.

Por lo demás, es muy significativo y esclarecedor que las dos primeras comunidades autónomas que han dado el paso de aplicar el euro por receta hayan sido Madrid y Cataluña, en donde, por cierto, el PP le exige a Mas que retire la misma medida que va a aplicar el popular presidente madrileño. Así, mientras crece a modo de cortina de humo el lío y la algarabía entre el nacionalismo catalán y el nacionalismo de Madrid, la derecha une sus fuerzas para dar en el suelo con el estado del bienestar. ¡Qué coincidencia!

El dilema de la economía sumergida

Al menos que yo recuerde, ésta es la primera vez que una administración pública le pone números a la economía sumergida, que por su propia definición y características no es fácil de cuantificar. La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias acaba de reconocer públicamente que en el Archipiélago existen unos 125.000 trabajos “sumergidos”, esto es, no regularizados. Si es cierta, la cifra espanta porque supone el 43% de los trabajadores en paro inscritos en las oficinas públicas de empleo de la comunidad autónoma, que ascienden a casi 289.000 personas.

No olvidemos, sin embargo, que las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA ) que conocíamos el pasado viernes colocan el número total de desempleados en el Archipiélago en 378.000 personas, casi 100.000 más que las que han confiado en los servicios de la administración pública para encontrar un trabajo. Quiere ello decir, que a esos 125.000 trabajos no declarados hay que añadir seguramente algunos miles más de desempleados que no confían ya en los servicios públicos de empleo para encontrar una ocupación regulada.

Las causas de estos preocupantes datos no son difíciles de adivinar: por un lado, la inveterada tradición nacional, tanto de empresarios como de trabajadores, de burlar las cargas fiscales y sociales que implican el trabajo regularizado, algo que por desgracia está demasiado extendido incluso en épocas de bonanza económica; por otro, la expulsión del mercado laboral legalizado de millones de trabajadores a raíz de la crisis económica y de las facilidades concedidas a los empresarios para despedir a precio de saldo. 

Es seguramente esta segunda causa la que ha hecho que se haya disparado el número de trabajadores que, ante las nulas perspectivas de encontrar un empleo legal, han optado por aceptar una ocupación en precario pero cuya remuneración, por baja que sea, está exenta de cotizaciones sociales y pago de impuestos. A nadie se le escapa que esta práctica supone, sobre todo, un quebranto para las arcas de la Seguridad Social y la hacienda pública, además de una competencia desleal para los empresarios que hacen frente a sus obligaciones y una presión a la baja de los salarios de la economía legal.

Es una vieja máxima que la economía sumergida – sobre todo en épocas de crisis tan profunda como la actual – es una válvula de escape sin la cual la conflictividad social podría llegar a alcanzar cotas de intensidad incontrolable y de consecuencias imprevisibles: mejor dejarla estar para evitarse más problemas que los que ya tenemos y, de paso, permitir que los trabajadores y empresarios sumergidos puedan seguir tirando hasta que vengan tiempos mejores.

El problema es serio y el dilema para resolverlo también: permitir que cada vez más trabajadores y empresarios se adentren en la economía sumergida no hará sino agravar las tensiones de las cuentas públicas, pero perseguirla y sancionarla puede dar lugar a situaciones de mayor depauperación social que las que ya sufrimos en España y, particularmente, en Canarias.

¿Que hacer entonces? La solución no es fácil y, hasta ahora, las medidas que se han adoptado para aflorar el empleo sumergido han arrojado un balance bastante pobre: o a las autoridades laborales les faltan medios y convicción para afrontar la situación o a los trabajadores y empresarios sumergidos le sobran artimañas para eludir la legalidad, o ambas cosas a la vez.

Lo que parece evidente es que la mejor manera de luchar contra el empleo sumergido no es poniendo el despido a precio de saldo y suprimiendo derechos laborales, sino adoptando medidas que favorezcan el trabajo digno y de calidad y aplicando la ley a los que opten – trabajadores o empresarios – por la ilegalidad. En cuanto a la primera condición, el camino emprendido es justamente el contrario, con lo que nadie debería de extrañarse de que la economía sumergida termine engullendo a buena parte de la economía productiva de este país.

Báñez y la irrealidad

La realidad:

1.- Casi 5,8 millones de españoles están a día de hoy en el paro y en dos millones de hogares de este país no trabaja ninguno de sus miembros. Uno de cada cuatro españoles no tiene trabajo y en comunidades como Canarias no lo pueden hacer tres de cada diez. Causa directa de estos datos es la aplicación de la injusta y desequilibrada reforma laboral que ha disparado los expedientes de regulación de empleo al calor del abaratamiento del despido. La tasa de paro juvenil de España supera el 50% y en comunidades como Canarias alcanza el 62%.

2.- Cerca de medio millón de personas se han ido de España en lo que llevamos de 2012 en busca de las oportunidades de trabajo que en nuestro país no encuentran.

3.- La tasa de pobreza en España afecta a dos de cada diez ciudadanos y en comunidades autónomas como Canarias a tres de cada diez. 

4.- La tasa de pobreza infantil en España afecta al 24% de los niños y en Canarias a casi el 30%. España es el país con mayores tasas de desigualdad social de la Unión Europea. 

5.- En muchos lugares de España, incluida Canarias, hay niños que sólo pueden hacer una comida diaria, la que reciben en el comedor escolar, porque sus familias no disponen de recursos para alimentarlos mejor.

6.- En los dos últimos años, que han coincidido con el agravamiento de la situación económica, organizaciones como Cruz Roja, Cáritas o los bancos de alimentos se han visto desbordadas ante las peticiones de comida. 

Larga cola de españoles saliendo de la crisis

 7.- Desde el comienzo de la crisis económica se han registrado en España más de 350.000 desahucios, y la cifra sigue aumentando acompañada además de episodios de desesperación que han conducido al suicidio. Ni el Poder Judicial ni el Gobierno ven necesario hacer frente a este drama social.

8.- Desde el comienzo de la crisis han cerrado en España más de 300.000 pequeñas y medianas empresas, y la cifra sigue aumentando.

9.- Desde que se puso en marcha la reestructuración del sistema bancario, las entidades financieras han recibido miles de millones de euros públicos para sanear los activos tóxicos generados por su mala cabeza especulativa; y más que recibirán en virtud del rescate bancario. 

10.- Desde que comenzó la crisis, los directivos y altos ejecutivos bancarios se han llevado centenares de millones de euros en concepto de pensiones por jubilación y primas. Mientras, miles de españoles estafados con productos como las participaciones preferentes siguen esperando una solución.

 

11.- Con la llegada del PP al Gobierno se ha exacerbado la política de recortes emprendida por el PSOE y se ha implantado el copago en la sanidad, se ha excluido a los inmigrantes irregulares del Sistema Nacional de Salud y se ha reducido drásticamente el número de medicamentos financiados por la sanidad pública. Además, también se ha recortado a conciencia en educación, investigación y cultura.

12.- Las comunidades autónomas, asfixiadas por los recortes presupuestarios para cumplir el objetivo de déficit, se han quedado sin recursos para atender las competencias en sanidad, educación y prestaciones sociales y muchas de ellas han tenido que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico y someterse a la intervención de sus cuentas y a nuevos ajustes y recortes. 

13.- Ni antes con el PSOE ni ahora con el PP se ha perseguido con decisión el fraude fiscal ni se han gravado las grandes fortunas o los bienes de la Iglesia Católica. Se han incrementado en cambio el IVA y el IRPF y se ha hecho recaer la mayor presión fiscal sobre las espaldas de la clase media, cada día más depauperada. 

14.- Desde el comienzo de la crisis, los ciudadanos de este país cada vez contamos menos en las decisiones económicas que nos afectan y que se nos imponen porque lo dictan los mercados. Se nos engañó en la campaña electoral prometiendo que no se haría todo lo que se ha hecho después y se nos sigue engañando cada día cuando se asegura que todas esas medidas servirán para crecer y crear empleo.

La irrealidad:

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dicho: “Estamos saliendo de la crisis, hay señales. Estamos viendo ya señales esperanzadoras en un entorno de una crisis económica muy dura. Y no me refiero a un optimismo vacío sino al relato de la realidad.

Las preguntas:

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué color, intensidad y tamaño son las señales? ¿Son brotes verdes o azules? ¿Flipa la ministra? ¿Se cree lo que dice? ¿Cree que los españoles creen en lo que dice? ¿Es la ministra un ser de este mundo en crisis? ¿Los parados, los excluidos, los desahuciados y los hambrientos son también personas humanas para la ministra? ¿Nos toma el pelo la ministra? ¿Por qué?

Desahucios y alarma social

El Gobierno español actual y los anteriores se han distinguido por modificar el Código Penal a golpe de titulares. Ante cada nuevo caso de asesinato, secuestro o violación, especialmente cuando las víctimas son menores de edad, todos ellos han optado por endurecer las penas con las que se castigan estos delitos y dar así pábulo a un populismo penal claramente inducido por ciertos titulares de prensa y determinados programas de televisión de intenso color amarillo. Se ha conseguido así que nuestro país posea uno de los códigos penales más duros de su entorno y que, a pesar de ello, registre la población reclusa más numerosa y que sea, además, el lugar en donde los penados más tiempo pasan entre rejas, aunque haya una falsa percepción social que cree todo lo contrario. Todo esto en un país que tiene una de las tasas de delincuencia más bajas de la Unión Europea.

Ni que decir tiene que las reiteradas reformas del Código Penal no han servido para evitar que ese tipo de sucesos se sigan produciendo, del mismo modo que la pena de muerte no ha servido para que en los países que la aplican – véase el caso de Estados Unidos – no se sigan cometiendo homicidios y asesinatos. No debe ser, por tanto, la benevolencia de las penas lo que hace que se mate, secuestre o viole y, en consecuencia, no es el endurecimiento de las condenas la panacea para que ese tipo de sucesos se reduzca a su mínima expresión.

Esta altísima sensibilidad penal de los sucesivos gobiernos- que ahora amenaza con exacerbarse aún más a través del endurecimiento de las penas relacionadas con manifestaciones o protestas callejeras - contrasta con la insensibilidad mostrada ante un drama que también está generando una importante alarma social pero ante el que no parece haber la más mínima voluntad de cambiar las leyes: los desahucios de sus viviendas de familias que, debido a la crisis económica, ya no pueden hacer frente al pago de las hipotecas suscritas en la época en la que atábamos los perros con longanizas en este país. 

Se calcula que desde el comienzo de la crisis, unas 350.000 familias españolas han perdido sus casas que, en la mayoría de los ocasiones, han ido a engrosar los activos de los bancos después de quedárselas muy por debajo de su valor de tasación mientras los deudores han tenido que seguir pagando la hipoteca por una vivienda que ya no poseen. Y eso, a pesar de que ahora los bancos no sepan muy bien qué hacer con tanto piso dada la situación de estancamiento del mercado inmobiliario español.

A lo más que ha llegado el Gobierno es a aprobar un llamado Código de Buenas Prácticas de carácter meramente voluntario para los bancos y que, a la vista está, es a todas luces insuficiente para frenar los desahucios de familias que ese están quedando literalmente en la calle en un dantesco escenario de paro y exclusión social. Dos ejemplos claros de esa situación de desamparo absoluto los acabamos de vivir hace unos días con un hombre que se ahorcó en Granada poco antes de ser expulsado de su vivienda, y otro en Valencia que intentó también suicidarse tirándose al vacío desde el balcón de la vivienda de la que iba a ser desahuciado.

Coincidieron estas noticias con la decisión del Consejo General del Poder Judicial de meter en un cajón el informe de un grupo de jueces – informe encargado por el propio Consejo, para mayor escarnio – en el que se hacen una serie de recomendaciones para adaptar la caduca legislación de ¡1909! sobre desahucios a la realidad social y económica de la España actual. 

Recomendaciones como establecer la dación de la vivienda en pago de la hipoteca, extender a las familias en apuros las suculentas ayudas con dinero público que va a recibir la banca para librarse precisamente de sus activos inmobiliarios tóxicos, alargar los plazos de pago o rebajar temporalmente los tipos de interés, no son asumidas por el Consejo que, en consecuencia, no las elevará al Gobierno para que vea la posibilidad de modificar la vetusta normativa al respecto.

Esta completa insensibilidad del Poder Judicial ante un drama social como el de los desahucios es acorde con la del Poder Ejecutivo: preguntado por este asunto, el Gobierno se ha limitado a responder que, “ si hace falta, revisará el Código de Buenas Prácticas”. La cuestión es no incordiar a los bancos con medidas que vayan en contra de sus intereses, mientras depauperamos a conciencia el país para que las entidades financieras limpien sus balances con el dinero de todos los ciudadanos y el sufrimiento de los que han perdido y perderán sus viviendas gracias a una legislación injusta y desfasada. Esta es la doble vara de medir la alarma social que tiene el Gobierno: para unos la ley, para otros el favor.

Músicas para una vida - America: "A horse with no name"

El grupo se llamaba America pero era inglés. Se creó a finales de los 60 y grabó varios discos con George Martín, el productor de los Beatles. Su última grabación es de 2007, aunque siempre se le recordará por este "Caballo sin nombre"

Muerte a las puertas del ex paraíso

Abandonaron sus lejanos países subsaharianos huyendo de la guerra, el hambre y la miseria y recorrieron a pie miles de kilómetros con la vista siempre puesta en el Norte, en donde habían escuchado que habitaba la abundancia y la felicidad. Había entre ellos mujeres, incluso embarazadas, niños y adultos. Puede que muchos quedaran por el camino incapaces de superar la falta de comida y agua, las enfermedades o el calor intenso por el día y las gélidas temperaturas nocturnas.

Los que aguantaron en pie continuaron adelante haciendo miles de sacrificios hasta que, por fin, alcanzaron las costas que les ponían a un tiro de piedra de lo que esperaban fuera un mundo mejor que el que habían dejado atrás. La mayoría no se conocía entre sí, aunque la camaradería y la solidaridad fue surgiendo entre ellos después de las largas y calurosas jornadas de camino y de muchas noches bajo las estrellas y el frío.

Otros se vieron por primera vez al llegar por fin a la costa, en donde establecieron contactos con unos hombres que se mostraron encantados de poderles ayudar a cubrir el corto trayecto que les separaba de sus sueños. A cambio sólo tenían que entregarles los pequeños ahorros de toda una vida y, los que no tuvieran nada para pagar el viaje, comprometerse a hacerlo una vez hubiesen llegado a su destino y encontrado un trabajo.

Apalabrado el contrato subieron todos los que pudieron a una desvencijada barca de pescadores sin más pertrechos que unos bidones de agua y un poco de comida porque – según les habían dicho – el viaje sería corto y no entrañaba riesgo: en pocas horas pisarían la tierra prometida y sus penurias habrían concluido.

Cuando ya tenían al alcance de la vista los contornos de su sueño estalló la tragedia: la frágil y sobrecargada embarcación se quedó a la deriva y el oleaje no tardó en dejarla medio hundida. Algunos – los menos – lograron sobrevivir aferrados a los carcomidos tablones de la patera, mientras el océano ahogaba en sus profundidades el sueño de la mayoría. Después llegaron unos hombres que sacaron del agua a los escasos supervivientes y recogieron los pocos cadáveres que flotaban ya cerca de la patera.

A los que consiguieron salvar la vida les aguarda ahora la deportación a sus lugares de origen después de haber pisado por unos días la tierra de sus sueños. Mientras, los que se dejaron la vida en el intento nunca sabrán que en el primer mundo en el que aspiraban a hacer realidad sus deseos de una vida mejor ya no se les quiere ni como mano de obra esclava y, si se ponen enfermos, nadie les atenderá si no pagan por adelantado.

Los que hubiesen conseguido burlar por un tiempo a la policía habrían malvivido escondidos tal vez en un piso patera o durmiendo en algún banco o bajo un puente hasta que la autoridad les echase el guante. La gran mayoría habría sido repatriada a sus países de origen para cuyo desarrollo cada vez llega menos ayuda del rico mundo del norte en el que los gobiernos sólo piensan en salvar a los bancos y cumplir el objetivo de déficit a mayor gloria de los mercados. Su martirio ha sido en vano, aunque no evitará que otros lo sigan intentando - el hambre, la miseria y la desesperación no entienden de PIB ni de déficit - y perdiendo la vida en el intento, desconocedores también de que lo que jamás fue un paraíso para ellos hoy lo es menos que nunca.

Apareció Alfredo

Tres días después del descalabro electoral vasco - gallego, compareció Alfredo Pérez Rubalcaba ante los medios, ávidos de un titular que llevarse a plumas y micrófonos, para expresar en público su valoración de esos malos resultados y clarificar su futuro. Su gozo en un pozo: después de una hora larga de preguntas lo único que se pudo sacar en claro es que el secretario general del PSOE no piensa dimitir porque “los militantes me eligieron hace 8 meses y voy a cumplir mi labor hasta el final”. Y pare usted de contar, poco más ofreció la esperada e inexplicablemente demorada comparecencia.

Si acaso, que va a pensar mucho en el futuro del partido, que escuchará a todo el mundo y un aviso a los barones que – afirma Rubalcaba – no se atreven a decirle a la cara lo que andan diciéndole a los periodistas, que debe dimitir y dar paso a una renovación profunda del partido. Oído lo cual, carece de sentido andar planteándose ya quién será el próximo candidato a la Moncloa por las filas socialistas. “Ahora no toca”, vino a decir. 

 

Respecto a los pésimos resultados del domingo en el País Vasco y Galicia, Rubalcaba parece sorprendido de que Patxi López fracasara en su intento de renovar la lehendakaritza, como si acabara de caerse de un guindo sobre cuál es la sociología política de ese territorio; y con respecto al tortazo de Patxi Vázquez en Galicia, admite que los electores no percibieron que el PSOE ofreciera una alternativa a las políticas made in PP de Alberto Núñez Feijóo. Cabe preguntarse si existía realmente una alternativa.

Porque todo hace indicar que ese es el verdadero problema del PSOE en Galicia y en todo el país, que desde que inició su caída libre en las urnas no ha sido capaz de articular una alternativa a las políticas de austericidio del PP. En esa tarea le va el futuro al PSOE y a la estabilidad de la democracia española, que necesita como el aire para respirar de una fuerza política de centro izquierda y ámbito nacional capaz de encauzar la creciente oposición social a las políticas neoliberales más descarnadas de la derecha.

Alfredo Pérez Rubalcaba, inevitablemente contaminado por su pertenencia al gobierno que precisamente estrenó esas políticas en España, no parece contar con la credibilidad y el carisma suficientes para liderar ese cometido; ni él ni ninguno de los barones u otros miembros del gobierno anterior: el PSOE necesita ideas y sabia nueva que le permitan salir del laberinto en el que está sumido y en el que lo único claro parece ser el empeño de la dirección en aferrarse a su puesto.

Puede que, a un mes de las elecciones catalanas en las que es más que previsible un nuevo revés electoral, éste no sea el momento de abrir en canal ese debate. Pero, después del 25 de noviembre, cada minuto que pase sin replantearse una auténtica refundación del PSOE será un minuto perdido para que la sociedad española vuelva a creer que más allá de los recortes también hay vida.

Zambia va bien

Una de las excrecencias de esta interminable crisis económica es la legión de predicadores de la emprendeduría y el autoempleo. Desde sus púlpitos mediáticos o desde sus libros de autoayuda, que proliferan también como los hongos, nos sermonean a diario con la idea de que quedarse en paro no es un drama personal y familiar sino una inmensa oportunidad que sólo los lerdos nos son capaces de ver y aprovechar. Uno no puede evitar preguntarse cómo es posible que haya 5,5 millones de parados en España con lo superchiripitifláutico que, según estos predicadores, es buscarse la vida por uno mismo.

Es evidente que para ellos la crisis sí está suponiendo toda una oportunidad de embaucar a los incautos que se creen a pies juntillas que montar un negocio en España, como no sea de pipas y en la fiesta del pueblo, es un camino de rosas coronado por el éxito inmediato. Por lo general suelen obviar que, a pesar de los centenares de ventanillas únicas que se han abierto en los últimos años en todas las cámaras de comercio, organizaciones empresariales, ayuntamientos o comunidades autónomas, poner en marcha una empresa o una idea empresarial, por insignificante e inocua que parezca, es adentrarse en un laberinto burocrático del que no se sabe nunca ni cuándo ni cómo se podrá salir y, sobre todo, cuánto terminará costando. 

 Eso, si el osado aspirante a convertirse en su propio empleador no da media vuelta y abandona la hazaña harto de ir de ventanilla en ventanilla única buscando asesoramiento y dejando o pidiendo certificados y licencias de todos los tamaños y colores para poder empezar a dedicarse al que es su objetivo primero y último: trabajar. Todo ello sin contar la cara, mezcla de conmiseración y coña marinera, con la que le ha mirado el director de su banco cuando ha tenido la ocurrencia de ir a pedirle un crédito para poner en marcha el negocio.

Un buen ejemplo de esa realidad lo podemos ver en lo que cuenta este reportaje de El País sobre un señor andaluz que invirtió 10.000 euros de sus ahorros y tres años de papeleo para poder abrir una empresa. Pero, por si había alguna duda, el Banco Mundial acaba de publicar un informe que coloca a España en el puesto 136 de una lista de 185 países según las dificultades para abrir un negocio. Pese a los reiterados anuncios de reformas para facilitar la creación de empresas, España sigue siendo uno de los países del mundo en que resulta más difícil poner en marcha un negocio. En concreto, hacen falta de media 10 trámites y 28 días para comenzar, lo que equivale al 4,7% de la renta por habitante y un capital mínimo del 13,2% de esa renta por habitante.

Y lo peor de todo es que, a pesar de las innumerables promesas políticas que hemos escuchado en los últimos tiempos para eliminar burocracia, España ha retrocedido tres puestos en la clasificación mundial con respecto al informe anterior y ha quedado por detrás de países como Zambia o Albania, por solo citar dos ejemplo. Se trata de dos reconocidas potencias económicas mundiales como es bien sabido, aunque al menos en este campo les va mucho mejor que a los españoles. Nuestro país, mientras tanto, sigue progresando adecuadamente y ya le falta menos para desbancar a Costa de Marfil, Irak y Surinam, los últimos de la lista.

Buscando a Alfredo

El PP y el Gobierno echan mano todos los días de la herencia económica que les dejó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Es el mantra cotidiano con el que pretenden justificar las políticas de recortes que están desfigurando hasta dejarlo irreconocible el estado del bienestar. Nadie, ni siquiera el propio PSOE, niega a estas alturas que Zapatero estuvo lento de reflejos a la hora de reconocer el túnel económico en el que estaba entrando el país y al que aún no se le ve la salida ni de lejos.

Ese hecho y el dudoso honor de haber sido el primero en plegarse a los dictados de los mercados y estrenar la tijera de los recortes, llevaron al PSOE a la debacle electoral hace ahora casi un año, aunque la cuesta abajo ya había empezado en las autonómicas y locales de mayo con el PP haciendo la ola en todo el país. En todo este tiempo – casi un año y medio - los socialistas no han conseguido recuperarse lo más mínimo de un descalabro que le está viniendo muy bien al PP aunque, como es natural, de esta otra herencia de Zapatero no digan ni una palabra los dirigentes populares y los miembros del Gobierno.

Después de salvar los muebles por la mínima en las elecciones andaluzas y obtener el Gobierno de la Junta gracias a Izquierda Unida, el PSOE ha vuelto a llevarse dos serios reveses electorales – en buena medida previsibles – en los recientes comicios vascos y gallegos. En el País Vasco ha cedido un amplio espacio político al nacionalismo y en Galicia, la irrelevancia de su candidato Patxi Vázquez y la abstención, le han servido en bandeja la mayoría absoluta reforzada al popular Núñez Feijóo.

Antes dos bofetadas electorales simultáneas – no por esperadas menos dolorosas – la reacción en las filas socialistas ha sido la de minimizar los daños y anunciar con la boca pequeña que toman nota de lo ocurrido. Respuesta tan pobre a una situación tan grave – la más grave del partido en los últimos 35 años, según Juan Fernando López Aguilar – es cuando menos decepcionante y permite comprender con meridiana claridad la creciente desafección ciudadana hacia el PSOE, que este pasado domingo se ha dejado en el camino hacia las urnas nada menos que 337.000 votos entre Galicia y el País Vasco.

Tamaño descalabro y su correlativa irrelevancia en la política nacional, no parecen ser causas suficientes para que la dirección socialista se plantee de una vez la imperiosa necesidad de refundar el partido desde sus cimientos y convertirlo en una fuerza política capaz de conectar con las aspiraciones de una gran parte de la sociedad española, más huérfana que nunca de proyectos alternativos creíbles al neoliberalismo rampante y a las suicidas políticas de austeridad.

Por no plantearse, ni siquiera entra en sus cálculos hacer mudanzas en la actual dirección del partido, tal vez esperando un más que improbable milagro en las elecciones catalanas del próximo mes que contribuya a restañar unas heridas ya demasiado gangrenadas como para curarlas con cirugía menor de meros cambios de nombre a mayor gloria de la dirección.

Y, a todo esto ¿qué dice Alfredo Pérez Rubalcaba? Nada de nada. Dos días después del batacazo electoral vasco – gallego, el secretario general del PSOE aún no ha encontrado un hueco en su agenda para hacer autocrítica y decir si piensa seguir al frente de un partido en crisis. Porque parece claro que cuanto más tiempo permanezca al frente del PSOE y cuanto más se demore la refundación socialista, más lejos estará también la salida del túnel en el que entró el partido junto con la crisis económica.

Buenas y malas noticias electorales

Al margen de los discursos de manual en los que los partidos y sus candidatos con peores resultados tienden a convertir la derrota en victoria, lo cierto es que las elecciones de ayer en Galicia y en el País Vasco dejan buenas y malas noticias para unos y sólo malas para otros.

Fuente: El País

Fuente: El País

En Galicia, el popular Núñez Feijóo revalidó e incrementó su mayoría absoluta. Como un test a las políticas de austeridad del Gobierno de Mariano Rajoy se habían presentado las elecciones gallegas y, a la vista de los resultados, el PP no ha tardado en interpretarlos como un respaldo electoral en toda regla a sus recortes en el estado del bienestar.

Sin embargo, cuando no alcanzó mayoría absoluta en Andalucía desligó esas mismas políticas de aquellos resultados electorales, que circunscribió exclusivamente al ámbito autonómico. Es la habitual vara de medir a la que nos tienen acostumbrados. Es probable que el triunfo del PP ayer en Galicia haya sido el último pétalo de la margarita del rescate integral de la economía española que Rajoy ha ido deshojando en los últimos meses y que la respuesta haya sido “sí, lo pido”. Aunque debería andarse con tiento porque a Núñez Feijóo ya se le empieza a ver como el recambio al frente del PP y hasta de un futuro gobierno de España de un Rajoy al que esta crisis le terminará pasando factura.

Las malas noticias para el PP llegan desde el País Vasco: allí los populares no podían aspirar realmente a mejorar mucho sus resultados y, de hecho, los empeoraron con respecto a las elecciones anteriores. Pero sí tal vez a mantenerlos y reeditar con el PSE-PSOE un nuevo pacto constitucional que frenara el avance de los nacionalistas del PNV y de Bildu. La debacle socialista – con nueve diputados menos – lo hace inviable.

Para los nacionalistas vascos y gallegos, también hubo ayer buenas y malas noticias. Las primeras se concentran precisamente en el País Vasco, en donde el PNV, a pesar de perder tres escaños, fue la fuerza más votada seguida de cerca por Bildu, la verdadera gran triunfadora de estos comicios, con 16 diputados más. Si, como es factible, PNV y Bildu se entienden para gobernar, a Rajoy se le puede abrir un nuevo frente soberanista que añadir al de Cataluña. Feo panorama por este lado. En Galicia, en cambio, la división entre Beiras y Jorquera perjudicó las expectativas nacionalistas: aunque el primer entra con fuerza al obtener 9 escaños, el segundo pierde casi la mitad de los que tenía hasta ahora.

Quien único recibió ayer malas noticias fue el PSOE: se hundió en el País Vasco – nueve escaños menos – y se hundió en Galicia – siete escaños menos. Empiezan ya a escucharse voces favorables a relevar a Pérez Rubalcaba de la dirección de un partido que, casi un año después de la debacle electoral en las elecciones generales y atenazado aún por la mala conciencia de haber sido el primero en dar vía libre a los recortes, sigue sumido en el desconcierto y sin capacidad demostrable de ofrecer a los electores una alternativa creíble a las políticas de austeridad a toda costa que imperan en España y en la Unión Europea y de las que el PP es el gran abanderado en nuestro país.

En resumen, la creciente polarización política entre PP y su obsesión por la austeridad por un lado, y el nacionalismo soberanista y su utilización de la crisis para agitar sus reivindicaciones por otro, no augura nada bueno para el futuro del país. Se echa en falta un tercero en discordia con capacidad suficiente para tender puentes de entendimiento y ofrecer otra forma de gestionar la crisis que no pase por infligir más sufrimientos a la sociedad. A día de hoy, tal fuerza ni está ni se le espera. Esa es, sin duda, la peor noticia de las elecciones celebradas ayer.

Músicas para una vida - You've got a friend

Carole King, no muy conocida por estas latitudes, con este canto a la amistad que fue uno de sus mayores éxitos....

Un rescate, dos rescates...una huelga, dos huelgas

Se le acumulan los rescates y las huelgas generales al Gobierno de Mariano Rajoy. El primero de ellos, derivado de la mala cabeza de la banca, lo terminaremos pagando todos los ciudadanos, como era de prever. Tras la cumbre europea de ayer se aleja, al menos hasta 2014, la posibilidad de que los 40.000 millones de euros que – dicen – necesita la enladrillada banca española para sanearse no acaben engrosando la deuda pública del Estado. 

Padres en huelga, a Wert gracias

Lo que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, no consiga no lo consigue nadie. Por lo pronto ya es el ministro peor valorado del Gobierno, lo cual, dada la constancia que demuestran a diario sus compañeros de Gabinete para obtener ese honroso reconocimiento, es todo un triunfo. Sus salidas de tiesto y sus ideas y reformas con olor a naftalina de antiguo régimen, anunciadas y defendidas en un tono de sorna autosuficiente, han hecho de él uno de los ministros de Educación más denostados de la democracia.

Así ha conseguido poner en pie de guerra a los casi siempre serios y circunspectos rectores universitarios, a los docentes y a los estudiantes de enseñanza superior. De camino ha calentado más si cabe la hoguera independentista catalana con su objetivo de españolizar a los alumnos de esa (por ahora) comunidad autónoma y, finalmente, ha sacado a la calle a los mismísimos padres de alumnos de enseñanzas medias.

En su haber puede anotar el mérito de haber sido el primer ministro de Educación que ha conseguido soliviantar hasta tal punto a las asociaciones de padres y madres de alumnos que han terminado por unirse a las 72 horas de huelga en las enseñanzas media convocadas por los sindicatos estudiantiles.

Recortes a mansalva en la educación pública – en esto compite duramente con la titular de Sanidad, Ana Mato – y el anuncio de una reforma educativa que pretende afrontar con medidas periclitadas los grandes retos de la enseñanza que tiene nuestro país en el siglo XXI, han convertido a Wert en el blanco de todas las críticas de la comunidad educativa y de la oposición.

A él, sin embargo, esas andanadas no le mudan el semblante en lo más mínimo ni le llevan, cuando menos, a matizar sus palabras. Al contrario, si los padres de alumnos deciden protestar contra sus planes para la educación pública no contesta expresando al menos su respeto democrático hacia quienes no piensen como él, sino acusando a quienes convocan de estar seducidos por la izquierda radical y asegurando que no por más dinero que haya se consiguen mejores resultados educativos.

Su lema parece ser el de sostenella y no enmendalla y su objetivo, además de hacer retroceder la educación en España a épocas más que superadas, hacer cuanto más ruido mediático mejor para que los españoles no escuchemos el paso de las tijeras por las costuras del estado del bienestar. Como alguien no lo detenga, este hombre no tardará mucho tiempo en conseguir que se manifiestan hasta los alumnos de las guarderías. 

Siente un pobre a su mesa

Nos alegramos cuando – como hoy – baja la prima de riesgo, sube la bolsa y el interés del bono a diez años se relaja. Los medios de comunicación dan carácter urgente a estas noticias y todos respiramos aliviados porque – ansiosos de encontrar algo supuestamente bueno entre tantos malos augurios – suponemos que esas agradables nuevas nos permitirán seguir respirando un poco más, aunque sea mediante respiración asistida. Así, no caemos en la cuenta de que cuando eso ocurre – como está ocurriendo hoy – a lo que estamos asistiendo en realidad es a la inminencia del mismo rescate integral de nuestro país por parte de las mismas instituciones – UE, FMI y BCE - que han conducido a países como Grecia o Portugal a un abismo económico y social sin fondo.

Cuando se publican sin tanta trompetería las dramáticas cifras de la miseria y la exclusión social en nuestro país parece como si nos encogiéramos de hombros y pensáramos que nada se puede hacer, que es el destino y la consecuencia inevitable de lo mal que va todo: una especie de castigo divino sin rostro reconocible por haber vivido por encima de nuestras posibilidades.

Así, da la sensación de que no sentimos ni frío ni calor cuando leemos que los servicios sociales de este país atienden ya a 8 millones de personas en situación de pobreza de los más de 13 que hay en España, según cifras oficiales. Y que lo hacen – además – a pesar de un recorte del 65% en los recursos públicos de los que disponen para realizar su imprescindible labor. Que España sea uno de los cuatro países de la Unión Europea – después de Letonia, Rumanía y Bulgaria - en donde más se ha incrementado la brecha entre ricos y pobres desde el comienzo de la crisis, tampoco parece movernos al menos a la reflexión sobre qué es lo que nos ha llevado a esta situación.

Si acaso nos preguntamos cómo es posible que con tantas personas en paro y tantas más acudiendo todos los días a los comedores sociales para poder tomar un plato de sopa o a las ONGs – que también pasan por innumerables penalidades – para pedir alimentos, no se ha producido un estallido social.

Dicen los expertos en estos temas que si eso no ha ocurrido se debe a que en España funciona todavía la solidaridad familiar y a la economía sumergida con la que van trampeando su vida diaria miles de ciudadanos. La cuestión es hasta dónde será posible estirar la manta del apoyo familiar a jóvenes sin trabajo y sin estudios y a ancianos cada día más empobrecidos y si la única manera de obtener algún tipo de ingreso es sumergiéndose en empleos precarios y sin ningún tipo de cobertura social o haciendo las maletas en busca de alternativas fuera de nuestras fronteras.

El modelo de servicios sociales de nuestro país – que, por otra parte, nunca ha sido modélico – parece retroceder ahora a la época de la caridad y la beneficencia en lugar de avanzar hacia la prevención, a través de la actuación sobre las causas de la exclusión social y la miseria que ya afecta incluso a las llamadas clases medias de nuestro país.

Detrás de las caprichosas subidas y bajadas de la prima de riesgo y de la bolsa y de las cumbres de alto nivel de las que se habla más de cómo rescatar a los bancos que de cómo mejorar la vida de los ciudadanos, hay una realidad de pobreza lacerante y creciente que debería de llamarnos a todos a la reflexión y a la acción ante lo que está pasando en un país cuyos gobernantes se muestran ciegos, sordos y mudos frente la profunda brecha social que sus acciones u omisiones están abriendo a sus pies.

Hoy, Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza y la Exclusión Social, es un día tan bueno como cualquier otro para decidir si queremos o no que vuelvan los tiempos en los que los ricos sentaban un pobre a su mesa por Navidad para que comiera caliente una vez al año.

Del efecto Caldera al efecto Rajoy

Españoles en el mundo, el popular programa de televisión, lo va a tener mucho más fácil para encontrar a compatriotas regados por todo el mundo que han decidido hacer las maletas y abandonar el país en el que nacieron en busca de las oportunidades que aquí, a la vista del panorama laboral y social, no tienen ni aspiran a tener. En menos de dos años han abandonado el país más de 900.000 ciudadanos, de los cuales, más de 100.000 son españoles. Canarias no es ajena a esta nueva diáspora: unos 26.000 isleños han vivido de nuevo la experiencia de sus abuelos y han vuelto a cruzar el charco en busca de trabajo.

A mediados de la década pasada, los medios de comunicación de la derecha machacaron a conciencia al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y a su ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, con lo que denominaron el efecto Caldera o efecto llamada. Para esos medios, ellos eran los responsables de la avalancha y la invasión de inmigrantes que llegaban a nuestro país en busca de un futuro mejor, lo mismo, ni más ni menos, que hacen ahora decenas de miles de españoles. Venían a quedarse con nuestros puestos de trabajo – en realidad, con los que los españoles, que nos creímos nuevos ricos, no queríamos desempeñar – y a disfrutar de la sanidad, la educación y los servicios sociales.

No se trata de ignorar las fallas de la legislación de extranjería de entonces pero tampoco de olvidar, como hacían esos medios, que los inmigrantes que se radicaban legalmente en nuestro país, además de contribuir a enriquecer la variedad cultural para una sociedad que llevaba demasiado tiempo encerrada en sí misma, realizaron también un aporte fundamental a la economía del país y unos ingresos en la caja de la Seguridad Social que hoy, en cambio, empieza a criar peligrosas telarañas por la caída creciente del número de cotizantes. Aquella machacona insistencia en términos como invasión y avalancha empezó incluso a generar el caldo de cultivo ideal para que germinarán en él algunos movimientos políticos de corte xenófobo que, afortunadamente, no han logrado extenderse.

En menos de cinco año las tornas han cambiado por completo debido a la profundización de la crisis económica: los inmigrantes regulares, los primeros a los que ha golpeado esta situación, regresan en cuanto pueden a sus países de origen o exploran nuevos destinos en busca del trabajo que aquí han perdido. Los que han quedado en situación irregular y ni siquiera pueden regresar, encuentran además que el Gobierno les priva de la asistencia sanitaria gratuita con la clara intención de enseñarles la puerta de salida del país.Con ellos se han ido también esos más de 100.000 españoles en menos de dos años, entre los que hay muchos jóvenes con buena formación que ahora invertirán sus esfuerzos y sus conocimientos en beneficio de otros países y no en el suyo. 

Es probable que, a la vista de las perspectivas económicas españolas y ante el empecinamiento del Gobierno en que paguen la crisis sus víctimas y no sus culpables, a esta hora miles de españoles estén haciendo las maletas para abandonar el país y otros tantos estén pensando seriamente seguir esos mismos pasos.  Así es como hemos llegado a lo que podemos llamar el efecto Rajoy, del que no se escucha ni lee nada en los medios que en su día se inventaron el efecto Caldera.