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El día después


No le ha ido mal a los sindicatos en su primer pulso con el Gobierno a propósito de la reforma laboral. De hecho, les ha ido mucho mejor que en las protestas convocadas contra la reforma aprobada en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 
 
Lo reconocen incluso los medios más próximos al Ejecutivo de Mariano Rajoy que, no obstante, le piden al presidente que desoiga lo que miles de ciudadanos pidieron ayer en las calles de toda España: que una reforma de las relaciones laborales no puede sustanciarse por la vía de ceder todo el poder a una de las partes, que hay que equilibrar las fuerzas y que hay que ver a los trabajadores como elemento central de la economía y no como simples peones que se cambian a placer o a capricho.

 Dicen estos medios que la verdadera voz de la calle es la de Mariano Rajoy, que para eso ganó las elecciones por abrumadora mayoría y representa por tanto la voluntad popular. Olvidan decir en cambio que Rajoy ganó esas elecciones en gran parte por los errores continuados del PSOE y sin anunciar en su programa electoral ni una sola de las medidas que está tomando una vez instalado en La Moncloa.
 
Se les ha olvidado que Rajoy dijo en el debate de investidura que no subiría los impuestos y fue lo primero que hizo; olvidan también que Rajoy criticó que la reforma laboral de Zapatero abaratara el despido y él lo ha abaratado mucho más.

Pero más allá de los análisis pro domo sua de los medios que apoyan al Gobierno, lo que está sobre la mesa es una nítida exigencia de rectificación y de búsqueda del equilibrio en un marco de relaciones laborales que, es cierto, tiene que adaptarse a la profunda crisis económica que vive el país. Ahora bien, esa situación no se puede convertir en una coartada para eliminar de un plumazo a uno de los agentes clave en ese marco laboral: los trabajadores.

Gobierno y sindicatos deben sentarse a negociar una modificación de la reforma que no cargue todo el peso sobre la parte más débil de las relaciones laborales, como si fuera ésta la causante de la crisis económica y no su principal víctima. Ese es el reto que comparten ahora los sindicatos y el Gobierno. 

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