A Gabriela Bravo no le han
hecho gracias las duras críticas a los magistrados del Tribunal Supremo que han
condenado a Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por las escuchas del
"caso Gürtel". La portavoz del Consejo General del Poder Judicial ha
dedicado muchos "in" a unas críticas durísimas y, en algunos casos,
es cierto, un punto desaforadas: "intolerable",
"injustificable", "inadmisible", etc.
No están los jueces de este
país acostumbrados a que se cuestionen sus decisiones y eso se nota. Enseguida
sale a relucir el corporativismo más rancio que no duda en acusar a quienes
critican esas decisiones de menoscabar el estado de derecho, la democracia, el
sistema judicial y no sé cuantas cosas más.
Se desconoce si la señora Bravo ha
llamado ya al New York Times o a la Alta Representante de la ONU para los
Derechos Humanos que también han criticado la sentencia. Y eso por sólo citar
dos ejemplos que ponen de manifiesto la alarma que ha generado en medio mundo el
fallo contra Garzón.
Sí se sabe en cambio que
para Gabriela Bravo, cuando se trata de justicia, hay imputados e imputados.
Del juicio contra Garzón por las escuchas del "caso Gürtel" o del que
ha quedado visto para sentencia por declararse competente para investigar los
crímenes del franquismo se ha dicho desde las altas instancias del poder
oficial y judicial que todos somos iguales ante la Ley, así que no procede
rasgarse las vestiduras porque un juez se siente en el banquillo de los
acusados por tres causas distintas, algo habitual y corriente como todos
sabemos.
Esto lo ha vuelto a repetir
la propia Bravo para rechazar las críticas a la sentencia del Supremo contra
Garzón. Sin embargo ha tenido un desliz, un lapsus del subconsciente tal vez,
poca cosa en definitiva: cuando se le ha preguntado si no supone un trato de
favor que el juez del "caso Noos" haya aceptado que la declaración de
Iñaki Urdangarín no se grabe en video, ha dicho que "no todos los
imputados son iguales". ¡Bravo, Gabriela!
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