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Desahucios: con la banca hemos topado

Es de sobra sabido que cuando se quiere demorar la solución de un problema público grave como el de los desahucios, lo más adecuado es crear una comisión. Mejor si está integrada por expertos entreverados de políticos, porque ello garantiza que se siga mareando la perdiz por tiempo indefinido mientras el problema a resolver se complica. Para cuando la comisión llega a un acuerdo, el asunto del que se ha ocupado está tan enquistado que sus soluciones apenas sirven para parchear la situación; casi es mejor romper los papeles y crear otra comisión y, así, por los tiempos de los tiempos. 


El Gobierno y el PSOE, a través de sus respectivos números dos, – Soraya Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano -, se reunieron ayer durante más de dos horas en un almuerzo de trabajo en la Moncloa y acordaron eso, crear una comisión de seis expertos, tres de ellos nombrados por el PSOE y los tres restantes por el Gobierno, y que se reunirá el próximo lunes por primera vez. Su objetivo es proponer medidas que frenen de manera urgente el drama social de los desahucios provocados por la crisis económica y el paro.




La intensidad de la urgencia se desconoce, pero no es previsible que sea excesiva habida cuenta de que, con crisis o sin ella, con drama social o sin él, las cosas de palacio siempre van despacio. Por tanto, tampoco se puede saber a ciencia cierta cuándo se modificará la vetusta ley sobre desahucios ni en qué términos o si tendrá o no carácter retroactivo. Por tanto, hacen bien las organizaciones nacidas al calor de esta dramática situación en mostrarse cuando menos escépticas a la espera de conocer en qué quedarán finalmente las propuestas de la comisión de marras.

Y es que propuestas hay de sobra para poner fin al problema sin necesidad de comisiones de ningún tipo: sólo se necesita voluntad política de hacerlo; dación en pago, negociación de los plazos y los intereses de la deuda o prohibición expresa de desahuciar cuando la entidad ha recibido fondos públicos, son algunas de ellas. Esas soluciones han estado encima de la mesa desde el comienzo mismo de la crisis, cuando era más que previsible el drama de los desahucios a la vista de la alegría con la que los bancos habían vendido sus hipotecas sin pararse a pensar mucho en las garantías que tenían de cobrarlas, una alegría que terminó contagiando a muchos ciudadanos que picaron el anzuelo y se endeudaron hasta las cejas.

La brutal irrupción de la crisis y el aumento incesante del paro han derribado aquel castillo de naipes y han expulsado de sus hogares a más de 250.000 familias. Desde el Gobierno, el PSOE pudo haber hecho algo y, a pesar de contar con apoyos suficientes, no tuvo los arrestos suficientes para enfrentarse a la banca, que amenazó airada con poner las hipotecas a precios estratoféricos si se aprobaba, por ejemplo, la dación en pago, algo habitual en países como Estados Unidos. Por la misma razón, tampoco el PP, entonces en la oposición, mostró el más mínimo interés por el problema. A lo más que han llegado ha sido a un Código de Buenas Prácticas Bancarias de adhesión voluntaria y absolutamente inútil como demuestran las alarmantes cifras de desahucios. 
 

Tampoco movió una ceja el Poder Judicial, que no ha reaccionado hasta que ha caído en la cuenta de que muchos jueces de este país se han convertido en los cobradores del frac de la banca. Después de guardar en un cajón un informe de un grupo de juristas con soluciones para acabar con el drama de los lanzamientos, el Consejo General del Poder Judicial actúa ahora como si se hubiese bajado de un guindo y pide también que se cambie la ley, aunque al menos nos ha ahorrado otra comisión.



Por su parte, la banca calla, espera y sigue a lo suyo: con una mano agarra encantada el dinero público que le entregamos todos los españoles para que sanee sus cuentas y con la otra sigue desahuciando a mansalva y quedándose con los pisos embargados por debajo del precio de tasación mientras los desahuciados siguen pagando la deuda. En lo que la comisión acuerda lo que se debe hacer, el Gobierno y el Parlamento lo aprueban, entra en vigor y comienza a aplicarse, miles de familias más se quedarán en la calle y sin llavero y seguirán pagando por unas viviendas que ya no serán suyas. Eso sí, para entonces tendremos la banca más saneada con dinero público del mundo mundial.

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