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La Justicia no tiene precio ¿o sí?

Si algo muy bueno tiene el vino cuando lo bendicen, algo muy malo tiene la llamada Ley de Tasas Judiciales cuando jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, consumidores, sindicatos y oposición la rechazan de plano. Y lo que tiene es, ante todo, que se trata de una ley injusta. Dejando ahora al margen la castiza chapuza de poner en vigor una ley sin contar con los instrumentos necesarios para aplicarla, las tasas judiciales aprobadas a la carrera en una comisión del Congreso con plena capacidad legislativa y sin escuchar a nadie representan un nuevo recorte en los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Aunque se tilde de demagógico afirmar que esta ley consagra una Justicia para ricos y otra para pobres, esa es la dura realidad: los que tengan dinero suficiente podrán costearse los recursos ante las resoluciones de los tribunales y, los que no, habrán de pasar por el turno de oficio o desistir de reclamar sus derechos, tengan razón o no, algo que nunca podrán llegar a comprobar. El principio de acceso universal a la Justicia consagrado en la Constitución se ve claramente vulnerado si la única manera que tiene una gran parte de la población de defender los derechos que crea conculcados es pagar para ello. Una de las justificaciones del ministro Ruiz Gallardón para impulsar una ley a todas luces injusta por discriminatoria es que los españoles somos unos forofos de las guerras judiciales, que pleiteamos por gusto o por demorar de mala fe las decisiones de los jueces. La otra es que es necesario que todos contribuyamos al sostenimiento económico de la administración judicial, lo que suena y es en la práctica un copago como el de la Sanidad, puesto que los españoles ya pagamos la maquinaria jurídica con nuestros impuestos.

Si lo que se quiere es racionalizar el funcionamiento de la Justicia descargando de trabajo los atestados juzgados, la solución no puede pasar por cercenar el derecho de recurrir las resoluciones judiciales con las que no se esté de acuerdo. Dotar de medios humanos y materiales a los juzgados, elevar las cuantías de las condenas a costas cuando se demuestre la mala fe del recurrente contumaz, corregir las disfunciones del aparato judicial o potenciar la justicia reparativa o arbitral son algunas alternativas que, lejos de conculcar el derecho constitucional a la tutela judicial, lo reforzarían. Nada de esto se menciona en esta Ley de Tasas Judiciales porque, en el fondo, lo que se busca es sencillamente recaudar y vedar el acceso a la Justicia – pilar básico del Estado social y de derecho - a una parte muy importante de la población que con seguridad desistirá de reclamar sus derechos si eso le va a salir más caro que no hacerlo.

Si la Justicia española ha sido siempre objeto de crítica social por cuestiones como su lentitud – justicia demorada es justicia denegada – las tasas judiciales no hacen sino empeorar esa percepción ciudadana. El ministro Ruiz Gallardón debería aprovechar su propio chapuza, que le ha obligado a posponer varias semanas el cobro efectivo de las tasas, para derogar esta ley y consensuar un gran pacto social para mejorar de verdad la Justicia en este país. Aún está a tiempo de no pasar a la historia como el ministro que le puso precio al derecho constitucional a la Justicia en igualdad de condiciones para todos. Porque la Justicia, o es de todos y para todos, o no es Justicia.

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