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Una ley con fecha de caducidad

No es una buena noticia para la educación de este país que la reforma educativa cuente ya con la amenaza de su derogación en cuanto cambie la mayoría parlamentaria actual. El Gobierno y el ministro Wert no han dado su brazo a torcer y han desoído el clamor de la oposición y de toda la comunidad educativa. Sordos pero presumiendo de una falsa voluntad de diálogo, hoy han sacado adelante una reforma educativa, la séptima de la democracia, que por primera vez en la Historia no ha contado con apoyo alguno de la oposición. Ahora queda el trámite del Senado que no es más que eso, un trámite rutinario y sin contenido, en el que no cabe esperar ningún cambio para mejor por mucho que el ministro Wert haya vuelto a “tender la mano a la oposición”.

La reforma hace retroceder el sistema educativo a los tiempos felizmente olvidados de las reválidas, las notas de religión, los niños con los niños y las niñas con las niñas, los centros concertados financiados con fondos públicos, la FP para los que no tienen cabeza para la universidad, las becas convertidas en premios a la excelencia académica en lugar de igualadoras de oportunidades, las tasas de matrícula subiendo y las aulas masificadas. Todo ello envuelto en un lenguaje falaz en el que se alude a estudios supuestamente científicos sobre las bondades de la reforma o a países que han experimentado espectaculares resultados poco después de aplicar reformas como la suya, lo que suena igual de creíble que las promesas electorales de Rajoy sobre la rapidez con la que sacaría a España de la crisis.

Un lenguaje que se escuda en el “algo hay que hacer” para mejorar los resultados de la enseñanza, como si la comunidad educativa y todas las fuerzas políticas fueran completamente insensibles ante unos resultados que, efectivamente, son manifiestamente mejorables. La cuestión no es que haya que hacer algo – que en eso estamos todos de acuerdo - sino qué es lo que debería de hacerse. Tratándose de un asunto tan estratégico y trascendental como la necesidad de contar con un sistema educativo de amplio respaldo social y político y con vocación de perdurabilidad, lo que debería de hacerse no puede ser en ningún caso aprobar una reforma de este calado amparándose únicamente en una mayoría parlamentaria coyuntural.

El PP, que en la pasada legislatura frustró todos los intentos del ex ministro Gabilondo para alcanzar un gran pacto nacional por la educación, ha puesto de manifiesto que su único interés era y es imponer su modelo de enseñanza y eso es lo que ha hecho. Para ello y para justificar su retrógrada reforma no ha dudado en culpar a la LOGSE, aprobada en la etapa socialista, de ser la responsable de los malos datos sobre las competencias educativas de los adultos españoles.

Acusa el PP a la oposición de usar la educación como arma política pero es el primero que lo hace: irrita a los catalanes con sus alusiones al catalán, a los padres y madres descafeinando los consejos escolares, a los profesores recortando plantillas, a los que defienden una enseñanza laica imponiendo la nota computable en religión o a los estudiantes estableciendo barreras económicas para acceder a la educación.

Que diga misa la oposición y la comunidad educativa, hacer como que se oyen sus voces y protestas y continuar con el mazo dando. Esa ha sido su estrategia y éste es el resultado: una ley educativa con fecha de caducidad y un pésimo servicio al futuro de este país.

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