Después de cuatro años
de perezosa investigación judicial, la Audiencia Provincial de
Madrid acaba de llegar a la conclusión de que los únicos
responsables de la tragedia aérea que acabó con la vida de 154
personas una calurosa tarde del mes de agosto de 2008 en el
aeropuerto de Barajas fueron los pilotos del avión de Spanair,
fallecidos también en el accidente. Según la Audiencia, los
dos mecánicos de la compañía a los que el juez instructor había
inculpado, actuaron de forma imprudente pero no son los responsables
directos de la catástrofe. Archívese pues la causa penal, que los
muertos no hablan y por tanto no pueden defenderse, y que inicien los
familiares si quieren un nuevo y largo calvario judicial para
reclamar indemnizaciones por la vía civil; si aún les quedan
fuerzas, se verán obligados a sortear los mil y un obstáculos que
les pondrán en el camino las aseguradoras, sin contar con que
tendrán que luchar con los fantasmas de la compañía aérea y de la
empresa fabricante del avión, ambas desaparecidas.
Los cuatro años que ha durado la investigación desembocan en un lamentable y decepcionante fallo judicial que deja a unas familias ya destrozadas y ahora, además, profundamente frustradas por lo que a todos luces parece una clara falta de interés de las autoridades de aviación civil y de la Administración de Justicia para llegar al fondo de los hechos. Y ello después de las huecas promesas de investigar a conciencia, depurar responsabilidades y poner todos los medios para que algo igual no vuelva a ocurrir.
En lugar de ordenar una exhaustiva investigación de la concatenación de causas que condujeron al accidente, que sirviese para detectar qué se hizo mal y ayudase a depurar las eventuales responsabilidades penales, la Audiencia ha optado por la solución más fácil y cómoda: echarle la culpa a los muertos. Todo ello – qué casualidad – justo una semana después de que se filtrase a los medios de comunicación - ¿por quién y con qué objetivos? - la grabación de la caja negra del avión siniestrado en la que los pilotos bromeaban entre ellos segundos antes de darse cuenta de la inminencia de la tragedia. Se esfuma así la posibilidad de someter a la controversia de un juicio oral los factores técnicos y los actos humanos que provocaron el desastre y aplicar la ley en consecuencia.
Los familiares de las
víctimas, que siempre han tenido a gala subrayar que no buscaban
venganza ni recompensa económica y que sólo deseaban que se
aclarase lo sucedido para que no se repita, descubren incrédulos que
sus justas demandas no tienen respuesta; los pilotos, estigmatizados
por el fallo de la Audiencia, creen que un accidente como aquel se
puede repetir y añaden que ni la Justicia ni las autoridades de
aviación civil españolas han estado a la altura del caso.
Mientras, los ciudadanos de a pie nos quedamos atónitos al comprobar
cómo un accidente de aquella magnitud se sustancia judicialmente con
tanta ligereza y nos preguntamos si podemos seguir confiando en los responsables de la
seguridad aérea de este país.
Un día antes del fallo
de la Audiencia madrileña, el nuevo presidente del Consejo del Poder
Judicial y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, prometía
solemnemente en la apertura del año judicial hacer “todos los
esfuerzos” para que los ciudadanos recuperen la “confianza en la
Justicia”. Después de decisiones como la de ayer lo va a tener,
como poco, muy difícil.
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