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JK 5022: justicia de bajos vuelos

Después de cuatro años de perezosa investigación judicial, la Audiencia Provincial de Madrid acaba de llegar a la conclusión de que los únicos responsables de la tragedia aérea que acabó con la vida de 154 personas una calurosa tarde del mes de agosto de 2008 en el aeropuerto de Barajas fueron los pilotos del avión de Spanair, fallecidos también en el accidente. Según la Audiencia, los dos mecánicos de la compañía a los que el juez instructor había inculpado, actuaron de forma imprudente pero no son los responsables directos de la catástrofe. Archívese pues la causa penal, que los muertos no hablan y por tanto no pueden defenderse, y que inicien los familiares si quieren un nuevo y largo calvario judicial para reclamar indemnizaciones por la vía civil; si aún les quedan fuerzas, se verán obligados a sortear los mil y un obstáculos que les pondrán en el camino las aseguradoras, sin contar con que tendrán que luchar con los fantasmas de la compañía aérea y de la empresa fabricante del avión, ambas desaparecidas.


Los cuatro años que ha durado la investigación  desembocan en un lamentable y decepcionante fallo judicial que deja a unas familias ya destrozadas y ahora, además, profundamente frustradas por lo que a todos luces parece una clara falta de interés de las autoridades de aviación civil y de la Administración de Justicia para llegar al fondo de los hechos. Y ello después de las huecas promesas de investigar a conciencia, depurar responsabilidades y poner todos los medios para que algo igual no vuelva a ocurrir. 
 

En lugar de ordenar una exhaustiva investigación de la concatenación de causas que condujeron al accidente, que sirviese para detectar qué se hizo mal y ayudase a depurar las eventuales responsabilidades penales, la Audiencia ha optado por la solución más fácil y cómoda: echarle la culpa a los muertos. Todo ello – qué casualidad – justo una semana después de que se filtrase a los medios de comunicación - ¿por quién y con qué objetivos? - la grabación de la caja negra del avión siniestrado en la que los pilotos bromeaban entre ellos segundos antes de darse cuenta de la inminencia de la tragedia. Se esfuma así la posibilidad de someter a la controversia de un juicio oral los factores técnicos y los actos humanos que provocaron el desastre y aplicar la ley en consecuencia.

Los familiares de las víctimas, que siempre han tenido a gala subrayar que no buscaban venganza ni recompensa económica y que sólo deseaban que se aclarase lo sucedido para que no se repita, descubren incrédulos que sus justas demandas no tienen respuesta; los pilotos, estigmatizados por el fallo de la Audiencia, creen que un accidente como aquel se puede repetir y añaden que ni la Justicia ni las autoridades de aviación civil españolas han estado a la altura del caso. Mientras, los ciudadanos de a pie nos quedamos atónitos al comprobar cómo un accidente de aquella magnitud se sustancia judicialmente con tanta ligereza y nos preguntamos si podemos seguir confiando en los responsables de la seguridad aérea de este país.

Un día antes del fallo de la Audiencia madrileña, el nuevo presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, prometía solemnemente en la apertura del año judicial hacer “todos los esfuerzos” para que los ciudadanos recuperen la “confianza en la Justicia”. Después de decisiones como la de ayer lo va a tener, como poco, muy difícil.

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