Re(in)sidencia aérea

El Partido Popular vuelve a meter la pata hasta más arriba del corvejón. No satisfecho con obligar a los residentes en Canarias a hacer cola en los ayuntamientos para obtener un certificado que lo acredite y acogerse así a los descuentos en los billetes aéreos y marítimos, se acaba ahora de sacar de la manga una moción que ha disparado todas las alarmas.

Aprobada ayer en el Senado con el único apoyo del PP – están tardando los senadores populares canarios en dar explicaciones sobre su apoyo a la iniciativa -, la moción de marras propone que se mantengan esas subvenciones “si hay disponibilidad presupuestaria”, es decir, si hay dinero en la caja. La coletilla de la “disponibilidad presupuestaria” abre la puerta a un recorte de la partida con la que se abonan esas subvenciones e incluso a su total supresión en el peor de los casos. Alegan los dirigentes populares que la alarmante coletilla figura en todas las mociones con contenido presupuestario porque estamos en una época en la que hay que mirar con lupa en qué se gasta el dinero público y juran en arameo que la subvención no corre peligro.

Si es así, cabe preguntarse qué necesidad había de presentar una moción que, además, contradice otra aprobada en junio y en la que el PP se abstuvo, en la que se insta al Gobierno a mejorar las conexiones aéreas y marítimas de Canarias. Es cierto que las mociones no obligan legalmente al Gobierno pero sí reflejan con claridad las intenciones de quienes las presentan y las defienden, en este caso el PP. Y esas intenciones no parecen augurar nada bueno para los que residimos en islas a 2.500 kilómetros de distancia del territorio peninsular y no disponemos de otros medios para movernos en nuestra comunidad o conectarnos con el resto del país que el barco o el avión.

Algo tan elemental que hasta suena a perogrullada no lo entienden en cambio ciertos políticos populares mesetarios – véase el caso del ínclito alcalde leonés que arremetió contra esas subvenciones a propósito del conflicto minero - que sólo parecen ver en los residentes en Canarias a parásitos del presupuesto público a los que es imprescindible extirpar de raíz en aras de los recortes tan en boga. 

Es creciente la sensación de que la ministra de Fomento, Ana Pastor, comparte también ese prejuicio. Su empecinamiento en obligar a los canarios a obtener el certificado de residente para acogerse a las subvenciones aéreas y marítimas, no sólo nos retrotrae a la prehistoria de la era informática causando gastos y molestias innecesarias a los ciudadanos, sino que ha terminado arrojando sobre ellos un manto de sospecha de fraude generalizado que ha obligado a algunos pesos pesados del Gobierno, empezando por el ministro Soria, a pedir perdón por el desatino, la torpeza y la improvisación.

Fraude que, por otro lado, el Gobierno español ni ha demostrado, ni cuantificado ni explicado quién lo comete, ni mucho menos el porqué deben ser los ciudadanos los que tengan que cargar con la prueba de su inocencia. Tal vez si el Gobierno pusiera el mismo empeño en perseguir el fraude fiscal con mayúsculas en lugar de promulgar ofensivas e inútiles amnistías fiscales, las cosas le irían mucho mejor al país.

Se impone que el Gobierno explique con claridad qué piensa hacer con las bonificaciones y, en el supuesto de que las mantenga, para qué siglo cree que tendrá a punto el sistema telemático que permita acreditar la residencia sin necesidad de retroceder a la época del “vuelva usted mañana”. Sobre todo por no hacer cola inútilmente e ir pensando ya en la posibilidad de recurrir a los cayucos y a las balsas.