Pensión Rajoy

En su loca carrera para recortar distancia electoral con Ciudadanos, Mariano Rajoy se ha sacado de la chistera dos medidas de signo claramente populista. La primera ha sido la ya comentada aquí prisión permanente revisable, que ahora el Gobierno quiere aplicar a varios nuevos supuestos. La que se suponía iba a ser una pena prevista solo para casos de especial gravedad, empieza ya a generalizarse a golpe de titulares y en aras de satisfacer más las entrañas que la razón y pescar votos en río revuelto. La segunda de esas medidas es la modificación que permitirá rescatar total o parcialmente los planes privados de pensiones a los 10 años de la primera aportación. La idea se le ha ocurrido a Rajoy justo cuando crece la incertidumbre social sobre el futuro de las pensiones públicas, cuya garantía debería ser el objetivo prioritario del Gobierno. 

Rescatar los planes de pensiones sin más requisito que el de que hayan pasado diez años, desnaturaliza por completo una herramienta pensada para complementar las raquíticas pensiones públicas que se pagan en España. La medida del Gobierno los convierte ahora en una suerte de depósitos a plazo fijo, aunque con una fiscalidad algo más favorable, de manera que en el momento de la jubilación puede que ya no haya nada que rescatar. Alega Rajoy que se fomenta el ahorro de las familias, argumento  que merece al menos un par de reflexiones. En primer lugar, a la vista de la precariedad laboral y de los míseros salarios que se pagan en España, no creo que Rajoy esté pensando en la inmensa mayoría de los españoles, sino en esa minoría que efectivamente puede aportar un porcentaje de sus ingresos a un plan privado de pensiones para la jubilación. En segundo lugar, la medida invita inevitablemente a pensar que, lejos de estar garantizadas, las pensiones públicas corren más peligro que nunca. 

Porque lo que el Gobierno ha hecho es advertir a navegantes de que en un futuro más o menos cercano, sólo habrá jubilaciones para quienes hayan tenido medios y capacidad de ahorro. El resto pasaría a engrosar la beneficencia pública y a depender de los servicios sociales. Sé que lo que digo puede parecer excesivo y exagerado, pero no da este Gobierno – ni los partidos políticos  en general – muestras de que realmente estén preocupados por el sostenimiento del sistema público de pensiones. Si hubiera verdadera voluntad de resolver el déficit de la Seguridad Social y garantizar así las pensiones en un contexto de envejecimiento poblacional, podría comenzar el Gobierno por modificar las relaciones laborales para favorecer el empleo de calidad y la subida de los salarios. Eso, además de volver a llevar recursos a la caja común de las pensiones, permitiría también que quienes lo deseen opten por un plan privado de jubilación si sus ingresos se lo permiten. 

Por otro lado, si la preocupación de Rajoy por el ahorro de los españoles fuera sincera, modificaría también la fiscalidad de estos planes y eliminaría, por ejemplo, que haya que pagar impuestos dos veces por las mismas rentas del trabajo: en el IRPF y al rescate del plan de pensiones. Por no hablar de la escasa transparencia en la gestión de los planes y de su rentabilidad poco más que testimonial, superada con creces por los bonos del Tesoro o la bolsa.  Sin embargo, sobre fiscalidad y sobre transparencia no se toca ni una coma en este cambio que el Gobierno quiere hacer pasar por la panacea del ahorro familiar. En resumen, flexibilizar el rescate de los planes privados de pensiones para convertirlos en depósitos a largo plazo no era ni es lo que demanbaba y demanda la sociedad española, ahora que el PP y el Gobierno son tan sensibles a las demandas sociales aunque sea solo para endurecer la prisión permanente revisable. Lo que se demanda con insistencia desde hace años es que se garantice el derecho constitucional a una pensión pública digna,  aunque para esa demanda el Gobierno, por lo que parece, no tiene ni oídos ni ideas.