Las
justificaciones de CC para no sumarse al acuerdo de mínimos sobre la reforma
del sistema electoral canario suenan a excusas para
mantenella y no enmendalla. En una comunidad autónoma como la canaria en la que no se suele escatimar en cargos de confianza, es un sarcasmo alegar que subir de 60 a
70 el número de parlamentarios regionales es “socialmente inaceptable”, como si no hubiera manera humana de compensar ese coste. La leve mejora de
la calidad democrática que significaría ese incremento de escaños es para CC
más gravosa que la discrecionalidad con la que se fichan asesores. Alegar que
el acuerdo al que rechaza sumarse es “poco transparente” porque los electores
no saben de antemano a qué islas se adjudicarían los escaños obtenidos a través
del “colegio de restos”, tampoco es un argumento de peso. Es evidente que irían
a las islas capitalinas, infrarrepresentadas políticamente en el sistema actual
en función de su población. Llama la atención esa pega sobre la transparencia y que, al mismo tiempo, sólo CC esté
preocupada ante la posibilidad de que, en la distribución de los nuevos
escaños, Gran Canaria reciba cuatro y Tenerife cinco. Ninguna otra fuerza
política con implantación en Gran Canaria ha criticado esa circunstancia ni ha
alertado de tensiones entre las islas capitalinas, como sí han hecho destacados
dirigentes de CC. En tercer lugar alega CC que la propuesta de reforma no
garantiza el equilibrio interinsular, como si calificar de equilibrado el
sistema actual – con el 17% de la población ostentando la mitad de la
representación política y el 83% la otra mitad – no fuera un sarcasmo más. CC no quiere que se toque un sistema electoral del que obtiene réditos
políticos innegables como pone de manifiesto el hecho de que siendo la tercera
fuerza más votada sea la primera en escaños. Esa es la verdadera razón que explica su postura numantina. No obstante, en su descargo hay que decir que si lleva 25 años en el poder no es sólo por el sistema electoral, sino también por la incapacidad de sus presuntos rivales PP y PSOE para conformar mayorías distintas a las que han dirigido esta comunidad autónoma en el último cuarto de siglo.
Que los nacionalistas insten a los demás partidos a presentar otra
propuesta porque la que se dio a conocer la semana pasada no les gusta, demuestra
hasta qué punto CC se ha instalado en el más absoluto inmovilismo en relación
con este asunto. Lo que debería hacer es presentar la suya y
demostrar con hechos que tiene voluntad real de producir un cambio, por leve
que sea, en el sistema electoral. Una
mera reducción de las barreras de acceso al Parlamento es un magro resultado
después de dos años de funcionamiento de una comisión parlamentaria de estudio
del sistema electoral por la que pasaron decenas de expertos. De
ellos, se pueden contar con los dedos de una mano y sobran varios los que
consideran el sistema canario homologable con el de una democracia
representativa moderna. Los partidos que cerraron el compromiso de cambiar ese
sistema – PP, PSOE, Nueva Canarias y Podemos – renunciaron a posiciones de
partida mucho más ambiciosas para hacer posible el consenso. Que CC y la Agrupación Socialista Gomera se hayan descolgado
no debería ser motivo para que las fuerzas que lo suscribieron se echen ahora
atrás por razones políticas cortoplacistas. Hay que recordar que todos los firmantes se han comprometido
reiteradamente ante los canarios a tener nuevo sistema electoral en 2019.
Incumplir ese compromiso porque primen otros intereses partidistas,
les retrataría ante la sociedad canaria como cómplices de la desmesurada desproporción del peso de los
votos de los ciudadanos en función de la isla de residencia. Sea en Canarias,
en donde los firmantes del acuerdo suman dos tercios de los escaños del
Parlamento, o sea en Madrid a través de la reforma del Estatuto de Autonomía,
ha sonado la hora de demostrar que el sistema electoral canario no está escrito
en piedra. A CC le quedan dos opciones: sumarse con las aclaraciones que estime a un acuerdo más
que modesto que no le perjudica políticamente o aparecer ante los ciudadanos
como un partido obstruccionista de un nuevo sistema electoral más justo, cuya necesidad democrática solo los nacionalistas se empeñan en negar contra toda evidencia.
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