Reforma electoral tímida pero imprescindible

Se empiezan a escuchar ya algunas voces críticas con la reforma del sistema electoral canario acordada por cuatro de los seis partidos presentes en el parlamento autonómico. Proceden de dirigentes de CC en las islas no capitalinas y de la Agrupación Socialista Gomera, los dos únicos partidos que no se han sumado todavía a un acuerdo que, a pesar de su evidente insuficiencia, podría ser realmente histórico a poco que la fe en la democracia representativa sea algo más que una mera declaración de intenciones. No descarto incluso que a esas voces discordantes se unan en las islas no capitalinas las de dirigentes de algunos de los partidos que han suscrito el compromiso de que Canarias tenga un nuevo sistema electoral en 2019. Es difícil comprender tanto recelo ante una propuesta de reforma muy por debajo de lo que los partidos que la respaldan venían proponiendo individualmente. 

El acuerdo sólo prevé rebajar a la mitad las barreras de acceso a la cámara y elevar a 70 el número de diputados regionales, algo ya previsto en el actual Estatuto de Autonomía. Es en ese incremento de escaños en el que se ve la bicha por parte de quienes consideran que en él se esconde una perversa intención de concentrar todo el poder político en las islas capitalinas, que por casualidad es en donde se concentra también la mayor parte de la población.  El argumento es que rompe la triple paridad, el intocable santa santorum del sistema por el que el 17% de la población canaria ostenta la mitad de la representación política y el 83% restante la otra mitad. El de Canarias es, probablemente, el único sistema político del mundo en el que los parlamentarios no representan a otros ciudadanos sino principalmente a territorios revestidos de derechos. De ahí su escandalosa descompensación proporcional y la consecuente necesidad de corregir de manera inaplazable una situación tan injusta. 

El sistema de la triple paridad – lo que sus defensores llaman equilibrio interinsular cuando en realidad es el más desequlibrado de los sistemas – pudo tener justificación en los albores de la autonomía. Entonces las islas no capitalinas carecían de casi todo y procedía una discriminación política positiva para paliar el atraso. Y no es que las capitalinas estuvieran boyantes, ni mucho menos, sino que se aceptó aquel acuerdo por razones de equilibrio interprovincial – el pleito insular - pero también para favorecer la representación de unos territorios secularmente relegados. Treinta y cinco años después – los años que cumple este sistema electoral sin más modificaciones que una interesada subida de topes  – las cosas han cambiado mucho. Las islas no capitalinas disponen de unos niveles de bienestar y riqueza que ya quisieran para sí los miles de habitantes de los polígonos de viviendas sociales – en muchos casos puros guetos – de las dos capitales canarias.

Es evidente que hay cosas que mejorar, pero es una falacia con aire de chantaje político-emocional que no se sostiene, argumentar que sin la triple paridad quedarán sin representación y serán olvidadas y abandonadas a su suerte. Si se pararan a hacer cuentas en lugar de presentarse como víctimas de una supuesta conjura chicharrero-canariona, verían que con esa tibia reforma los resultados electorales apenas variarían gran cosa con respecto a los que se registraron en 2015. Así, según una proyección de la Agencia EFE, CC se mantendría como el partido con más escaños en la cámara regional aunque sería el tercero en número de votos; incluso la Agrupación Socialista Gomera mantendría los tres escaños de 2015 y entrarían Ciudadanos y Unidos por Gran Canaria (ver aquí). Lo que indica que la propuesta de reforma es de mínimos y que de aplicarse solo mejoraría ligeramente la desproporcionalidad de la representación política de los residentes en las dos islas más pobladas.

Por tanto, no hay razón de ningún tipo para que no la apoyen quienes han venido usufructuando el poder gracias a un sistema electoral que les ha favorecido claramente durante todos estos años a costa de una sobrerrepresentación parlamentaria que ha dejado de tener razón de ser. Por su parte, quienes entienden que el acuerdo no resuelve nada siempre pueden pedir la luna y el sol pero ese sería el camino más rápido hacia la melancolía. No se puede pedir lo que no es posible conseguir dados los mimbres políticos que tenemos en Canarias y ya me parece hasta mucho este acuerdo que sólo es un pequeño paso en la buena dirección, es decir, hacia un sistema electoral homologable con el de cualquier democracia representativa moderna.