Vuelve un clásico: "Y tú, más"

En la pantalla grande del Congreso se repone estos días un clásico de la política española: “Y tú, más”. En esta ocasión protagonizan la serie Albert Rivera “el Impaciente” y Mariano Rajoy “el Impasible”. El argumento tiene que ver con la corrupción en la política y narra cómo los partidos, en lugar de luchar contra el trinque de lo público, se lo echan recíprocamente a la cara mientras los espectadores se tapan la nariz. Es esta en realidad una vieja cinta, muy conocida ya del público nacional, sólo que ahora se renueva en parte el elenco protagonista. Así, el papel que hasta hace poco ocupaba el líder de turno en el PSOE lo desempeña ahora el de Ciudadanos,  mientras que en el papel de agraviado por “casos puntuales” de malas mañas en el PP, lo sigue desempeñando Mariano Rajoy, su líder vitalicio y plenipotenciario. La nueva saga trae causa en que al PP le salen casos de corrupción hasta donde menos se lo espera. Véase si no lo que ha dicho todo un Francisco Granados, presunto cerebro gris de la trama Púnica, sobre la supuesta implicación de la presidenta popular de Madrid, Cristina Cifuentes, en la financiación de la caja b del PP. De ese hilo y de una senadora murciana del PP de apellido Barreiro, a la que los jueces tienen enfilada por cinco presuntos delitos relacionados con esa misma trama, viene tirando Ciudadanos para apretarle las tuercas a un PP que, en cuanto se desinfla el suflé catalán, ya no sabe qué hacer con los casos de corrupción que le atosigan por todas las esquinas. 

Por si lo de Granados sobre Cifuentes no fuera un escándalo, también le sale por Valencia el ex secretario de los populares de allí, Ricardo Costa, afirmando con aplomo que “sí, en efecto, en el PP había financiación irregular”; por no mencionar a un personaje como Francisco Correa explicándo que siempre tuvo la sensación de que nada se hacía en materia de financiación de campañas electorales sin el “ok de Rajoy”.  A modo de defensa y agarrándose a un clavo ardiendo, los populares han echado mano de un informe del Tribunal de Cuentas en el que se aprecian ciertos asuntillos poco claros en la financiación de las huestes de Rivera. El Tribunal ni siquiera ha ido más allá ni ha abierto expediente a Ciudadanos, pero el detalle apuntado en su informe es más que suficiente para el PP. De ese hilo tiran ahora los de Rajoy para hacerle pupa a los naranja y procurar de este modo aliviar la presión a la que se encuentran sometidos. A este tira y afloja que pretende sin conseguirlo darle emoción y suspense a esta tragicomedia política, se han sumado unos sondeos sobre intención de voto que tienen a Ciudadanos flotando en una nube y a punto de mandar a hacer puñetas los compromisos con la investidura de Rajoy y pedir elecciones anticipadas, antes de que se desinfle la burbuja. Todo esto viene a demostrar aquello de que no hay peor cuña que la de la misma madera y que “el Impasible” y “el Impaciente” se disputan a cara de perro el mismo espacio político, usando la corrupción como arma arrojadiza. Y mientras, a los españoles se nos obliga a hacer de espectadores forzosos de una película de argumento tan cansino y predecible que no consiguen animar ni las apariciones esporádicas de ese gran showman llamado Rafael Hernando.   

Pensión Rajoy

En su loca carrera para recortar distancia electoral con Ciudadanos, Mariano Rajoy se ha sacado de la chistera dos medidas de signo claramente populista. La primera ha sido la ya comentada aquí prisión permanente revisable, que ahora el Gobierno quiere aplicar a varios nuevos supuestos. La que se suponía iba a ser una pena prevista solo para casos de especial gravedad, empieza ya a generalizarse a golpe de titulares y en aras de satisfacer más las entrañas que la razón y pescar votos en río revuelto. La segunda de esas medidas es la modificación que permitirá rescatar total o parcialmente los planes privados de pensiones a los 10 años de la primera aportación. La idea se le ha ocurrido a Rajoy justo cuando crece la incertidumbre social sobre el futuro de las pensiones públicas, cuya garantía debería ser el objetivo prioritario del Gobierno. 

Rescatar los planes de pensiones sin más requisito que el de que hayan pasado diez años, desnaturaliza por completo una herramienta pensada para complementar las raquíticas pensiones públicas que se pagan en España. La medida del Gobierno los convierte ahora en una suerte de depósitos a plazo fijo, aunque con una fiscalidad algo más favorable, de manera que en el momento de la jubilación puede que ya no haya nada que rescatar. Alega Rajoy que se fomenta el ahorro de las familias, argumento  que merece al menos un par de reflexiones. En primer lugar, a la vista de la precariedad laboral y de los míseros salarios que se pagan en España, no creo que Rajoy esté pensando en la inmensa mayoría de los españoles, sino en esa minoría que efectivamente puede aportar un porcentaje de sus ingresos a un plan privado de pensiones para la jubilación. En segundo lugar, la medida invita inevitablemente a pensar que, lejos de estar garantizadas, las pensiones públicas corren más peligro que nunca. 

Porque lo que el Gobierno ha hecho es advertir a navegantes de que en un futuro más o menos cercano, sólo habrá jubilaciones para quienes hayan tenido medios y capacidad de ahorro. El resto pasaría a engrosar la beneficencia pública y a depender de los servicios sociales. Sé que lo que digo puede parecer excesivo y exagerado, pero no da este Gobierno – ni los partidos políticos  en general – muestras de que realmente estén preocupados por el sostenimiento del sistema público de pensiones. Si hubiera verdadera voluntad de resolver el déficit de la Seguridad Social y garantizar así las pensiones en un contexto de envejecimiento poblacional, podría comenzar el Gobierno por modificar las relaciones laborales para favorecer el empleo de calidad y la subida de los salarios. Eso, además de volver a llevar recursos a la caja común de las pensiones, permitiría también que quienes lo deseen opten por un plan privado de jubilación si sus ingresos se lo permiten. 

Por otro lado, si la preocupación de Rajoy por el ahorro de los españoles fuera sincera, modificaría también la fiscalidad de estos planes y eliminaría, por ejemplo, que haya que pagar impuestos dos veces por las mismas rentas del trabajo: en el IRPF y al rescate del plan de pensiones. Por no hablar de la escasa transparencia en la gestión de los planes y de su rentabilidad poco más que testimonial, superada con creces por los bonos del Tesoro o la bolsa.  Sin embargo, sobre fiscalidad y sobre transparencia no se toca ni una coma en este cambio que el Gobierno quiere hacer pasar por la panacea del ahorro familiar. En resumen, flexibilizar el rescate de los planes privados de pensiones para convertirlos en depósitos a largo plazo no era ni es lo que demanbaba y demanda la sociedad española, ahora que el PP y el Gobierno son tan sensibles a las demandas sociales aunque sea solo para endurecer la prisión permanente revisable. Lo que se demanda con insistencia desde hace años es que se garantice el derecho constitucional a una pensión pública digna,  aunque para esa demanda el Gobierno, por lo que parece, no tiene ni oídos ni ideas.     

Sobre portavozas y otros tonteríos

Nada parece más prioritario en España desde ayer que discutir si son galgas o podencas. Si lo que la portavoz – sí, la portavoz – de Podemos quería conseguir era llamar la atención y abrir un debate inútil, pedestre y desenfocado hay que reconocerle que lo ha conseguido. Lástima que haya sido para reivindicar algo tan ajeno a los problemas reales de los ciudadanos como que a las portavoces se las llame portavozas para visibilizar – dice – la realidad femenina. Doy por supuesto que Irene Montero tiene estudios primarios, en cuyo caso debe saber que el término “portavoz” solo significa “persona autorizada para comunicar a la opinión pública lo que piensan acerca de un asunto determinado las instituciones políticas o sus representantes”. Exactamente lo que ella hace cuando habla en la tribuna del Congreso o en una rueda de prensa: transmitir, comunicar. 

Podríamos decir que “portavoz” es sencillamente quien porta o transmite la voz – femenino, por cierto -, no la voza.  Por lo demás, se trata de una palabra de género común – igual en masculino que en femenino – que  se define por el artículo que la precede. Así, decimos la portavoz o el portavoz y nada ni nadie se debería violentar por ello. En consecuencia, me parece digno del que asó la manteca afirmar que decir “portavoz” y no “portavoza”, cuando quien ejerce esa función es una mujer, es una muestra más de lenguaje sexista. Tengo para mi que  el problema está en la propia Irene Montero, puesto que no son las palabras sino quienes las oyen y las interpretan de una manera determinada a quienes se les puede motejar de sexistas. Nadie más que ella había visto hasta ahora sexismo en una palabra como "portavoz", libre de sospecha hasta que la portavoza ha ordenado enviarla al fuego eterno. 

Claro que hay numerosas palabras en el diccionario que responden a los inveterados usos y costumbres de una sociedad patriarcal y que es imprescindible ir desterrando del lenguaje común para hacerlo más integrador. De hecho, muchas de ellas han ido desapareciendo a medida que ha ido cambiando la mentalidad social, un proceso que no se hace de hoy para mañana ni a golpe de proclama política. Los propios académicos lo reconocen, aunque también recuerdan que no son los miembros de la Academia los que quitan o ponen palabras en el diccionario, sino la sociedad al usarlas u olvidarlas. Portavoza no es precisamente un término que se escuche en la calle o en las cafeterías a la hora de tomar café. Por eso, la pretensión numantina de Montero y la sonrojante adhesión del PSOE a su posición para convertir el palabro de marras en una suerte de bandera reivindicativa del feminismo, es cuando menos digna de mejor causa. Pues no habrá peleas en defensa de la igualdad de género en las que luchar que no pasan precisamente por retorcer las palabras para que digan lo que una determinada y muy concreta opción ideológica quiere hacerles decir. 

Porque ahí es donde reside la clave de todo esta absurda polémica, en la pretensión de Podemos de imponer su visión ideológica de la realidad y descalificar como machista  y sexista a quienes osen llevarle la contraria. Lo sorprendente es que el PSOE le haya comprado esa fruta averiada al partido de Pablo Iglesias, de donde se deduce que tampoco por Ferraz andan para muchos trotes ideológicos. De hecho, Montero ni siquiera es original en su defensa a machamartillo del lenguaje feministamente correcto. Hace años ya que Carmen Romero, la ex esposa de Felipe González, se lució para los restos con sus “jóvenes” y “jóvenas”;  algo más recientemente también subió al podio de las batatadas patrias la ex ministra Bibiana Aído con los “miembros y las miembras”, provocando ambas más hilaridad que reflexión sobre el sexismo en el lenguaje. Se olvidan ellas y quienes defienden ese tipo de argumentos en los que se confunde el género con el sexo, que el sexismo no radica en las palabras sino en las personas. Es ahí en donde de verdad deberíamos todos poner el esfuerzo y no en polémicas de campanario para conseguir titulares y titularas.  

Con los votos no se juega

Les comentaba ayer lo bueno y saludable que sería para la democracia que de vez en cuando los partidos políticos pospusieran sus tácticas y estrategias en bien del interés general. Sin embargo, lo que me acabo de encontrar hoy es que, dos partidos que hasta ahora ni a tomar café juntos iban, acaban de conchabarse para cambiar el sistema electoral español. Me refiero a Ciudadanos y a Podemos, el agua y el aceite o, si lo prefieren, la noche y el día. El milagro hay que achacárselo a la posibilidad de que cambiando las reglas del juego, naranjas y morados les hagan un descosido electoral al PP y al PSOE, particularmente en las zonas rurales o en las provincias menos pobladas. En la tarea parece que llevan desde hace meses pero ha sido hoy cuando la portavoz – perdón, la portavoza  - de Podemos, Irene Montero, y el de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, se han reunido y han convocado a los medios para comunicarles la buena nueva. Al término ambos han posado para las cámaras y han declarado eso tan original de que “hay muy buena sintonía”.  De lo que se trata – dicen los dos  – es de  atraer al PSOE al acuerdo sin necesidad de tocar la Constitución. Para ello proponen jubilar el sistema del señor D’Hont, que favorece al partido más votado, y sustituirlo por el de Sainte – Lagüe, más beneficioso para los partidos pequeños. Podemos quiere que se pueda votar a los 16 años, acabar con el voto rogado e imponer las listas cremallera que obliga a alternar candidato y candidata o viceversa. 

Ciudadanos, por su parte, quiere reducir de 2 a 1 el número mínimo de escaños por circunscripción provincial – aquí las provincias menos pobladas perderían peso – y elegir la mitad del Congreso – 175 escaños - por circunscripciones unipersonales de unos 230.000 electores. La otra mitad se elegiría de las listas de ámbito nacional, para cuyo reparto hay que obtener al menos el 3% de los votos en todo el país.  Algunos medios han hecho ya algunas simulaciones por las que, de aplicarse el sistema Sainte – Lagüe en la asignación de escaños, los primeros perjudicados serían el PP y el PSOE y los beneficiados – qué casualidad -  Ciudadanos y Podemos. Argumentan que este sistema es mucho más proporcional en cuanto se acerca al principio de un “un ciudadano, un voto”, algo que conocemos muy bien por Canarias justamene por todo lo contrario, porque pocos sistemas electorales debe haber que se alejen más de ese principio. Así pues, nada hay que objetar a la democrática intención de mejorar la proporcionalidad de la representación política. 

Lo que hace dudar de la sinceridad democrática de estas propuestas, que necesitan al menos del PSOE para prosperar, es la prisa con la que Ciudadanos y Podemos han empezado a venderla para que esté lista en las generales de 2020. Por cierto, es llamativo que ni Podemos ni Ciudadanos hayan puesto el foco en las listas electorales abiertas, una vieja reclamación democrática por la que ambos pasan de puntillas de momento. Cambiar el sistema electoral, en el que se basa algo tan esencial como la representación política, debería ser algo menos precipitado y mucho más meditado por los efectos negativos que pueda tener para la gobernabilidad del país. No es que no sea necesario mejorar la proporcionalidad del sistema, aunque eso también se puede obtener cambiando la circunscripción provincial por la autonómica y evitándonos el lío de las tropecientas circunscripciones que propone Ciudadanos. Un cambio de este calado debe valorar con cuidado sus posibles consecuencias negativas para el funcionamiento general de sistema y no solo los irrefrenables deseos de tocar poder por parte de quienes lo proponen. Ya ven que para eso el agua y el aceite sí son capaces de juntarse.

¡Que viene Ciudadanos, Mariano!

Como en las ferias, ante las encuestas electorales los partidos hacen la lectura que más interesa a sus fines y tácticas. Pasa igual que en las noches electorales, en las que nadie pierde y en las que hasta los peor parados ven la botella medio llena. Lo acabamos de volver a ver con el sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas publicado esta semana, el primero tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre y la aplicación del 155. Aunque el PP se haya dejado siete puntos en intención de voto desde las elecciones de 2016 y dos con respecto al sondeo anterior, los populares aseguran que no gobiernan a golpe de encuestas. No será por eso entonces por lo que, despertando de la siesta, Rajoy ha tocado a rebato a los barones para que acudan a Génova el lunes y preguntarles allí por qué sigue disparada la cotización de las naranjas en el mercado de votos. O tampoco tendrá nada que ver el populismo penal en el que se ha embarcado, prometiendo ampliar a tres nuevos supuestos la infumable prisión permanente revisable. 

Porque, en efecto, los otrora desdeñados naranjitos de Rivera escalan posiciones sin parar a costa hasta de Podemos, que sigue más plano que un día de mar con calma chicha aunque mejore levemente. Por no hablar de los socialistas, a los que los aspavientos y la indefinición de Pedro Sánchez no les están beneficiando por más que sigan siendo segunda fuerza. Claro que ninguno de ellos lo ven de esa manera: el PP, que se despeñó en Cataluña con todo el equipo, prefiere agarrarse a que supera en siete puntos a Ciudadanos y el PSOE se consuela con que ha recortado distancias con respecto al PP. Que se deba a la caída en picado de Rajoy y no al avance de Sánchez es algo que el PSOE prefiere obviar. Podemos se limita a decir que aún no se ha celebrado su funeral y a Ciudadanos le cuesta horrores dárselas de modesto por más que no sean ni siquiera segundos, sino terceros. 

Ya sé que un sondeo no es el resultado de unas elecciones y que en España – y en otros países – las encuestas hay que analizarlas con pinzas y guantes. Lo que es innegable es que han quedado definitivamente atrás los tiempos en los que la política en España era cosa de dos que, educadamente, se cedían el poder cada cierto número de años. Si la tendencia se mantiene – que es lo más probable a la vista del resultado de las últimas convocatorias electorales - será cosa de tres y puede incluso que de más y eso es algo a lo que en este país no estamos acostumbrados ni los ciudadanos ni los partidos. Si hasta en Alemania, en donde han sido frecuentes las “grandes coaliciones”, llevan semanas intentando ponerse de acuerdo la derecha y la socialdemocracia, en España la tarea se me antoja épica. Por eso, más allá de sus interesados análisis para la galería sobre la cotización del voto, los partidos con aspiraciones a gobernar deberían empezar a cambiar la vieja mentalidad de la mayoría absoluta y sustutuirla por la del diálogo y el acuerdo. 

No imagino mayor signo de normalidad democrática que ver a los partidos políticos evitando sobreactuar y aparcando sus legítimas diferencias en bien del interés general. De hecho, estaría bien que se pusieran ahora mismo manos a la obra sin necesidad de esperar a unas nuevas elecciones. Un país empantanado como es España en estos momentos por un Gobierno en huelga de brazos caídos y escudado en la crisis catalana, necesita un impulso político que lo ponga en marcha de nuevo. Eso, solo hay dos maneras de conseguirlo: con la negociación de los asuntos atascados como los nuevos presupuestos o, si son incapaces,  con la convocatoria de elecciones anticipadas. Por ellas parece morirse Ciudadanos y seguramente las temen los demás y eso es lo malo: en este país la legislatura apenas es poco más que un paréntesis entre dos campañas electorales. 

El rapto místico de Carlos Alonso

En un rapto místico digno de Santa Teresa, el presidente del cabildo de Tenerife acaba de proponer  que la virgen de Candelaria sea declarada presidenta honorífica de la corporación insular. Tal vez transportado por la visión divina, Carlos Alonso olvidó por completo lo que dice el artículo 16.3 de la Constitución Española: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Dudo que las “consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones” a las que alude la Constitución incluyan convertir a las patronas, por muy patronas archipielágicas que sean, según Alonso, en presidentas de una institución política como un cabildo. Claro que no soy doctor en teología e igual estoy equivocado de medio a medio. De hecho, Alonso se provee de poderosas razones teológicas para sustentar su propuesta: “Elevarla a Presidenta de Honor del cabildo de Tenerife – ha dicho – es hacernos un gran honor a nosotros mismos y es algo que merece la virgen morena de Candelaria, que reina en el corazón de todas las Islas Canarias”. No creo  que el obispo nivariense lo hubiera expresado de manera tan honda y sentida como Alonso. 

 

La propuesta de Alonso me recuerda que cuarenta años después de aprobada la Constitución aún no se ha puesto fin en este país a la promiscuidad entre los ámbitos religioso y civil y que lo del Estado aconfesional no es más que un concepto vacío de escasos efectos prácticos. Sin detenernos ahora en la enseñanza de la religión o en los impuestos que no paga la Iglesia Católica, ya lo ponen de manifiesto con excesiva frecuencia las procesiones escoltadas por compañías militares; por no mencionar las presididas por alcaldes y concejales, las peinetas de Cospedal en el Corpus de Toledo, los funerales de estado presididos por obispos y la jura de la mismísima Carta Magna ante un crucifijo. Resabios de un nacionalcatolicismo cutre del que no terminamos los españoles de liberarnos del todo y con los que la práctica totalidad de los representantes públicos no parecen sentirse muy incómodos. 

De manera que si el ex ministro del Interior Fernández Díaz no tuvo nunca empacho alguno en condecorar de forma reiterada a alguna virgen de su devoción como la de los Dolores, lo que hace Carlos Alonso no es más que ser fiel a la vieja y acreditada tradición patria de entronizar vírgenes y santos al frente de instituciones civiles. Que los ciudadanos a los que se debe y representa el cabildo comulguen o no con las creencias religiosas del presidente, que sean católicos, protestantes, musulmanes, budistas, ateos o agnósticos, no parece que sea asunto sobre el que Carlos Alonso se haya parado mucho a pensar. Lo más peligroso que tienen estos arrebatos de éxtasis es que se empieza nombrando presidenta de Honor del cabildo a la virgen de Candelaria y se acaban organizando novenarios y romerías para que llueva o se solucionen los atascos de tráfico. Aunque ya puestos a nombrar presidente de Honor Plenipotenciario a alguien con muchos poderes para resolver lo de las carreteras, sería mucho más práctico inclinarse por San Mariano. 

Antona: soplar o sorber

No es fácil soplar y sorber al mismo tiempo: o sorbes o soplas, pero hacer las dos cosas simultáneamente sólo está reservado a los magos y a los contorsionistas. Por lo mismo tampoco es tarea sencilla para un político presentarse ante su electorado como el adalid de la oposición pero no tener más remedio que darle estabilidad al Gobierno al que le gustaría sustituir. En ese dilema casi hamletiano se encuentra desde hace tiempo el líder de los populares canarios. Asier Antona lanzó hace un año un órdago a CC para entrar en el Gobierno en minoría de Fernando Clavijo pero los nacionalistas le dieron una larga cambiada: no entró en el Gobierno y encima no tuvo más remedio que apoyar los presupuestos autonómicos de este año. Es verdad que sacó mucho pecho con las enmiendas que había conseguido colocar en el trámite parlamentario de esas cuentas pero, a la postre, éstas fueron cosecha casi íntegra de CC si acaso con un leve aroma popular. Véase, por ejemplo, en qué quedó la rebaja generalizada del IGIC que exigía Antona y la que terminó aceptando CC.  Pero la estabilidad política nacional mandaba y era mucho más importante y trascendental el voto favorable de Ana Oramas a las cuentas de Rajoy en Madrid que las ansias de Antona por poner a Clavijo contra las cuerdas. 

Ahora, quien se encuentra desde hace tiempo entre la espada y la pared  es el propio Antona, al que los suyos en Madrid relegan en aras del apoyo de CC en el Congreso, necesitado como está el PP de que alguien le apoye. La “discreta” reunión que Rajoy y Clavijo mantuvieron hace unos días en La Moncloa para analizar la “agenda canaria” fue convenientemente filtrada a los medios de comunicación para que el líder de los populares canarias saboreara la hiel del ninguneo, de la que también le pueden dar cumplida información los socialistas. Acuérdense, si no, de los “medianeros” con los que Clavijo no tenía nada de lo que hablar. No lo sé a ciencia cierta pero intuyo que la reunión de Madrid, en la que no se contó con el PP canario y al que ni siquiera parece que se le informó de que se iba a producir, es el pago de CC a los populares por sus críticas a las listas de espera en la sanidad o por sumarse a la propuesta del PSOE, NC y Podemos para acabar con la triple paridad del sistema electoral canario. Tras la reunión, los nacionalistas han dejado claro que sus acuerdos van bien y son ante todo con Rajoy y con Sáenz de Santamaría, no con Antona. Pero lo que de verdad parece haber puesto a cien al político palmero es la insinuación de que Madrid no ve con buenos ojos su oposición a Clavijo y de que incluso le habría dado un toque de atención para que baje el diapasón de sus críticas. De ahí que este fin de semana haya optado por sobreactuar y haya anunciado que va incluso a endurecer el marcaje al gobierno nacionalista en minoría para mandarlo a la oposición después de tres décadas en el machito. Se le podría recordar que en el pecado de no haber promovido un moción de censura lleva la penitencia con la que carga. En cualquier caso va a tener muy complicado cumplir lo que dice salvo que aprenda a sorber y a soplar al mismo tiempo.

¿Prisión permanente revisable o cadena perpetua?

Aunque lo pueda parecer, no es cierto que el Gobierno y el PP se encuentren en estado de postración catatónica ante la crisis catalana, como paralizados políticamente ante las piruetas de un saltimbanqui llamado Carles Puigdemont. También hacen cosas como convocar una convención nacional, presentar mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos y poner en marcha una campaña de recogida de firmas para evitar que la mayoría del Congreso siga adelante con la derogación de la prisión permanente revisable. Se trata de una contradicción en los términos que, cuando era el mandamás parlamentario, introdujo el PP en al Código Penal a pesar del amplio rechazo social y jurídico que cosechó. En ese objetivo viene a coincidir con Ciudadanos, cada día más indistinguible del PP en una serie de propuestas que adelantan a Rajoy por la derecha a toda velocidad. Se suman los populares a la campaña de recogida de firmas de los padres de Diana Quer apoyada por los familiares de otros casos especialmente relevantes por el eco social y mediático que los ha rodeado. Vaya por delante el respeto hacia los sentimientos de los familiares de todas las víctimas de muerte violenta, en la mayoría de los casos silenciosos y alejados de los inmisericordes focos mediáticos y las redes sociales. Con todo, es imprescindible poner de relieve que la legislación penal de un estado de derecho no se puede sustentar en los sentimientos o en un latente deseo de venganza por parte de los ofendidos y de quienes apelando más al corazón que a la razón se solidarizan con ellos. Son otras las consideraciones las que deben primar, como por ejemplo la reeducación y la reinserción social del preso. Eso es exactamente lo que recoge la Constitución Española en su artículo 25: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”. 

Es precisamente uno de los artículos en los que se basó la oposición para recurrir la prisión permanente ante el Tribunal Constitucional. En lugar de esperar el fallo, el PP ha optado por subirse a la ola del populismo punitivo en busca de réditos electorales que le permitan recuperar puestos en las encuestas frente a Ciudadanos. Con la prisión permanente revisable estamos ante un eufemismo jurídico que salta a la legua porque de lo que se trata es, simple y llanamente, de cadena perpetua. Entre otras cosas, porque el tiempo mínimo para la revisión de la pena es de 25 a 35 años, muy superior al que se establece en otros países con una pena similar. España ha ido cambiando su código penal  más a impulsos de titulares escandalosos que de una reflexión serena sobre el contenido, el alcance y el fin que deben tener las penas de privación de libertad. Así, una de las características de estos tiempos de posverdad es hacer como si la realidad no existiera y guiarse sobre todo por los sentimientos y las emociones más primarios: si las estadísticas dicen que España es un país bastante seguro en comparación con otros, que sus presos pasan más años que los de otros países entre rejas  y que su código penal es de los más draconianos, mucho peor para las estadísticas. 

¿Qué hará el Gobierno si a pesar del endurecimiento de las penas siguen produciéndose casos como el de Diana Quer o Marta del Castillo? ¿Ha disminuido el número de homicidios y asesinatos en Estados Unidos por aplicarse en muchos estados la pena de muerte? ¿Cuál sería el siguiente paso para satisfacer el humano pero poco racional deseo de venganza? ¿Prisión perpetua sin florituras revisables? ¿La pena de muerte? ¿La ley del Talión? ¿Hasta dónde habría que llegar para acabar con ese tipo de hechos? El PP y el Gobierno harían un gran beneficio a la sociedad española si se implicaran con medios humanos y económicos en la lucha contra la violencia machista y en la educación en el respeto y la igualdad desde la escuela. En definitiva, si contribuyera a hacer realidad aquella frase de Concepción Arenal que sigue teniendo hoy toda su vigencia: “Abran escuelas y se cerrarán cárceles”.  

JK5022: una comisión útil

Nunca he confiado mucho en las comisiones de investigación que se crean en los parlamentos, por lo general a mayor gloria del rifi rafe político. Da igual el asunto sobre el que se investigue  ya que lo que se suele terminar imponiendo es el encontronazo político más que la voluntad de esclarecimiento. Viene esto a propósito del acuerdo para crear en el Congreso de los Diputados una comisión que investigue las circunstancias del accidente del avión de Spanair que en agosto de 2008 causó 154 muertos cuando despegaba del aeropuerto de Barajas con destino a Gran Canaria. Cerradas todas las puertas judiciales españolas y comunitarias y pendiente solo de las causas civiles para fijar las indemnizaciones, la asociación de afectados que preside desde hace casi 10 años la incansable Pilar Vera se propuso llevar el caso al Congreso y reabrirlo judicialmente si fuera preciso. No lo ha tenido nada fácil ya que tanto el PP como el PSOE se han venido oponiendo sistemáticamente. Hay que recordar al respecto que era precisamente el PSOE el partido que gobernaba cuando ocurrió la catástrofe y que su gestión para el esclarecimiento de los hechos dejó muy insatisfechas a las familias. Ahora ha cambiado de parecer y se ha sumado a Unidos Podemos - impulsor de la iniciativa -  para constituir una comisión que el PP ha permitido con su abstención. Ciudadanos, en cambio, ha votado en contra agarrándose al peregrino argumento de que ya no es posible dirimir ningún tipo de responsabilidad política. 

Lo que la asociación de afectados ha demandado ante todo es que se revisen y actualicen los protocolos de actuación y las medidas de seguridad para que una tragedia como aquella no se repita. No parece que sea mucho pedir para que todos los grupos hubieran hecho suya la causa de unos familiares a los que, tras el accidente, se les prometió todo el apoyo que fuera necesario para conocer la verdad de lo ocurrido. Si en el ámbito judicial se ha entendido – aunque no compartido por muchos – que el accidente obedeció a una serie de errores humanos, en el ámbito político y legislativo es posible analizar si las normas de seguridad, que entonces y ahora son las mismas, son las más adecuadas y legislar en consecuencia. Si a raíz de esa investigación se concluyera que hubo algún tipo de responsabilidad política no veo por qué no se habría de depurar, aunque en este país esa sea una de nuestra grandes carencias democráticas. Es más, si se concluyera incluso que hubo responsabilidades de tipo penal habría que reabrir el caso en el ámbito judicial y enjuiciarlo a la luz de los nuevos datos. Nada en ello hay que deba escandalizar ni sorprender a nadie en un estado de derecho, salvo que se quiera dar definitivamente la espalda a los familiares de las víctimas y echar tierra sobre los numerosos interrogantes que una década después del accidente siguen sin respuesta. Aunque en mi fuero interno temo que me equivocaré, quiero por una vez confiar en que esta comisión y las conclusiones que de ella se obtengan sí será útil para las familias de las víctimas y para la sociedad española. Por el contrario, convertirla en una nueva oportunidad para la irresponsable riña política haría un flaco favor a ambas y a quienes pensamos que el Parlamento  tiene que ser mucho más que una simple caja de resonancia de las estrategias de los partidos y de sus intereses a corto plazo.     

Totorotas en la nieve

Cuando caen unos cuantos copos de agua nieve nos volvemos locos y lo dejamos todo atrás: trabajo, colegio, el potaje y las actividades extraescolares. Y es que cuando nieva organizamos el peregrinaje a la cumbre de Gran Canaria en menos de lo que se deslíe un carámbano. Nos apasiona tanto chapotear en la nieve, hacer muñequitos poniéndoles un palito a modo de brazos y posándolos sobre el capó del fotingo  a ver si llega a Las Palmas sin que lo derrita el calor del motor, que ni nos paramos a pensar si estamos cometiendo una totorotada. Da igual que los responsables del cabildo se desgañiten en los medios y en las redes sociales recomendando, por favor, que nos lo tomemos con calma y no colapsemos los accesos a la cumbre. Nos da exactamente igual que la Guardia Civil, que seguramente tendrá cosas mucho más importantes que hacer que vigilar nuestras totorotadas, también recomiende precaución a los fitipaldis a los que les encanta derrapar en el hielo y ponga sus coches como parapeto para evitar el paso.

Si nos ponen una valla la quitamos y tiramos millas o malaparcamos el correquetecagas en cualquier cuneta y vamos a pata. ¡Qué no haremos los totorotas por ver la nieve, con lo poco que suele nevar por estas latitudes tropicales y lo rápido que suele desaparecer! Que la señora esté embarazada y a punto de romper aguas no es mayor problema, no vamos a tener tanta mala suerte como para que se nos ponga de parto entre los pinos helados. Tampoco pasa nada por llevar niños de corta edad e incluso bebés, momificados entre bufandas y abrigos y en trance de pescar una pulmonía. La consigna es ¡vamos pa´arriba a ver la nieve! y a ese llamado ancestral quién se puede resistir. 

Los totorotas de la nieve somos una gran familia que compartimos aficiones y filosofía con los totorotas del senderismo que se adentran por barrancos y caminos de cabras aunque haya ola de calor o caigan chuzos de punta. También pertenecen a nuestra cofradía los totorotas de la playa, que ignoran los avisos de peligro y se meten en el mar jugándose la vida y obligando a jugársela a quienes tienen que correr a hacerles el boca a boca sin conocerlos de nada.  Claro que, a veces, a los totorotas de la nieve se nos presentan problemas que nos conducen a profundas reflexiones filosóficas: el coche me patina, no sé dónde estoy, no veo la carretera, por dónde se va a Las Palmas, me tirita hasta el alma, no siento los pies, no me encuentro la chivichanga y así.  Pero no hay de que preocuparse, ya que un totorota nunca pierde el optimismo ni el buen ánimo. Para algo tienen que servir los teléfonos inteligentes con los que nos hacemos esos memorables selfis con una bola de hielo en la mano. Así que por qué no llamamos al 112 o al cabildo o al ayuntamiento o a la Cruz Roja o a la Guardia Civil o a los bomberos o al Ejército de Salvación para que nos vengan a rescatar. 

Para qué están todos esos organismos y servicios sino para rescatar con el dinero de todos a los totorotas de la nieve. Les decimos que hay niños pequeños y mujeres embarazadas y enseguida nos sacan del atolladero. Y si no vienen pronto, grabamos dramáticas imágenes de los bebés llorando y tiritando y las embarazadas a punto de dar a luz y las subimos a las redes sociales poniendo a parir a los servicios de rescate por tardar tanto en socorrernos. Después, una vez rescatados de nosotros mismos, los totorotas compartiremos esas imágenes en los muros de las redes sociales y nos echaremos unas risas recordando la aventura. Si por nuestras totorotadas hemos puesto en riesgo nuestra seguridad y la de quienes nos han venido a sacar del apuro, a quién le importa. Fíjense que incluso hemos conseguido que el cabildo saque los cuartos y esté dispuesto a pagar un servicio de guaguas para ir a ver la nieve "con seguridad". Se ve que le sobra el dinero o le falta tino porque - entre nosotros y sin que se entere nadie - lo que deberían hacer las autoridades es meternos una sanción de esas que te dejan calentito unos cuantos días. Pero no les demos ideas que igual van y nos desgracian la diversión.  Somos totorotas en la nieve, invencibles e inasequibles al desaliento cuando corre la voz de que hay nieve en la cumbre y se activa la consigna: ¡pues vamos pa´arriba!

Cataluña: esto no puede seguir así

España es un país paralizado y en expectativa de destino. Tres fuerzas independentistas catalanas, que se parecen ideológicamente entre sí como la noche y el día y que ni siquiera representan a la mayoría de los catalanes, tienen rehén de sus piruetas a todo un Gobierno y a todo un país. La última la hemos visto hoy mismo: la decisión del presidente del Parlamento catalán de aplazar sine die el pleno de investidura de Puigdemont es una nueva huida hacia adelante para seguir generando tensión con el estado. Me es indiferente si forma parte de un plan milimétricamente delineado u obedece simplemente a un nuevo regateo a la legalidad. Lo cierto es que lo que ha hecho hoy Torrent es demorar un poco más la salida a la crisis política catalana, en la que quienes menos importan son los catalanes. Y no me cabe la más mínima duda de que lo ha hecho perfectamente consciente de ello porque es de la confrontación con el Gobierno de lo que se alimenta el independentismo. Puigdemont tiene tantas posibilidades de ser presidente de la Generalitat como yo de proclamarme campeón olímpico de los cien metros lisos. Su situación judicial le inhabilita para asumir esa responsabilidad. Eso lo saben perfectamente los independentistas quienes, en lugar de proponer un candidato alternativo, insisten en el ex presidente para forzar la maquinaria del Estado y poder presentarse ante la opinión pública como víctimas de un Gobierno insensible y antidemocrático. No hay más, por muchas vueltas que se le dé a este insufrible culebrón por entregas. Y, a decir verdad, ganan la batalla estratégica frente a un Gobierno que actúa de manera errática. 

Aún estamos esperando a que Rajoy nos explique la razón por la que el miércoles pasado no se iba a impugnar la candidatura de Puigdemont y al día siguiente por la mañana la vicepresidenta Sáenz de Santamaría anunciaba todo lo contrario. Menos mal que llegó el Constitucional y salvó los muebles con una decisión que hay que coger con alfileres pero que permitió una salida airosa a un Gobierno que solo unas horas antes había recibido un sonoro bofetón del Consejo de Estado por proponer impugnar algo que no se había producido. Y así todo, de manera que, en estos momentos, el Gobierno solo piensa en Cataluña y en cómo responder a la próxima boutade de Puigdemont y los suyos. Insistir en la legalidad y el orden constitucional es irrenunciable para el estado pero no basta para poner fin a este sainete político y jurídico. Falta iniciativa política para romper la inercia actual y, sin violentar el orden constitucional, buscar salidas pactadas. Lo que parece claro es que apelar todos los días a los independentistas para que respeten la Constitución solo conduce al hartazgo de los ciudadanos. Ya sabemos que Rajoy es un maestro del inmovilismo y, en parte, la situación actual es deudora de esa forma de entender la acción política. En todo caso, el Gobierno no puede seguir escudándose en la crisis catalana para no cumplir con sus obligaciones constitucionales. La primera y más perentoria, presentar un proyecto de presupuestos para este año en vez de empezar a insinuar – como ha hecho Montoro – que igual no hay más remedio que seguir todo el año con los de 2017. Su minoría parlamentaria no puede ser otra excusa para no hacer nada sino un acicate para buscar los acuerdos necesarios que le permitan gobernar, tal y como prometió en su investidura. Los españoles no se merecen un Gobierno que no gobierna, sino que se limita a administrar su propia parálisis.   

Sus frioleras señorías

No han estado nada afortunados quienes decidieron hoy suspender el pleno extraordinario del Parlamento de Canarias previsto para este lunes, escudándose en la alerta por tormenta activada por el Gobierno autonómico. No es comprensible que después de un mes de inactividad parlamentaria, el primer pleno del año se haya suspendido sólo porque se preveía que nevaría, llovería y bajarían las temperaturas. Menos se explica aún la suspensión cuando los alumnos han ido hoy a sus colegios con absoluta normalidad y los ciudadanos a sus quehaceres cotidianos. Todos se han abrigado y han hecho su vida normal, como si no hubiera alerta de ningún tipo. Solo sus frioleras señorías decidieron hacer novillos con la excusa de que había tormenta. Si fue la Mesa de la Cámara o la Junta de Portavoces – me da igual que me da lo mismo - debería dar una explicación algo más in  extenso a los ciudadanos de las razones que impedían celebrar un pleno en el que se iba a iniciar el debate de dos importantes leyes: la de Servicios Sociales y la toma en consideración de la de Memoria Histórica. 

Limitarse a publicar una escueta nota en twitter anunciando la suspensión es manifiestamente insuficiente e incluso denota cierta desconsideración para quienes sostenemos la actividad parlamentaria con nuestros impuestos. Este tipo de inexplicables ligerezas por parte de nuestros representantes políticos no hacen sino ampliar un poquito más esa brecha que les separa de los ciudadanos a los que se deben. Pero parece que no es esa una cuestión que les quite el sueño. La insólita decisión de hoy contrasta  poderosamente con el compromiso adquirido al comienzo de la legislatura por la presidenta de la cámara regional, Carolina Darias, de acercar la actividad parlamentaria a unos ciudadanos que, por regla general, le suelen dar la espalda. No parece que hoy, quedándose en casa bien calentitos, hayan avanzado mucho en esa dirección. La próxima se abrigan bien, se ponen una bufanda, se preparan un termo de café y leche y cumplen con su obligación, que para eso les pagamos.

Faycán no es una marca de turrón

¡Qué cosas ocurren en este país en el que tienen que pasar 12 años para que se sienten en el banquillo los acusados de una presunta trama de cobro ilegal de comisiones en el ayuntamiento grancanario de Telde! Y todo para que, después de tanto tiempo, la fiscalía y 20 de los 28 acusados alcanzaran un pacto por el que ninguno irá a la cárcel a cambio de confesar que, de un modo u otro, metieron la mano en la lata del gofio. Digo yo que el fiscal y los acusados pudieron haber sellado el compromiso en cuanto concluyó la investigación y la Justicia se hubiera ahorrado otra bochornosa demora que añadir a su caparazón de tortuga. Retraso, entre otros motivos, porque cierto magistrado consideró en su día que había que posponer la vista oral con la contundente razón jurídica de que una de las acusadas era candidata del PP en las elecciones de 2015. En descarga del magistrado podría alegarse que no fue a clase el día en el que se explicó lo de la separación de poderes, pero no creo que fuera eso. Con todo, lo más que sorprende no es que haya pasado más de una década para que se diriman las responsabilidades de cada uno en aquella red urdida con la presunta finalidad de financiar al PP teldense y que terminó degenerando en financiar también los bolsillos de los presuntos cofrades. Lo más llamativo es que los que llegaron al primer día del juicio aparentando arrepentimiento y contrición, se convirtieron por arte de magia en lenguaraces testigos de la acusación pública. A los que se mantuvieron en su inocencia y no se conformaron, aunque seguramente ya lo sabían, se les quedó cara de pasmo ante la masiva deserción y el aluvión de testimonios en contra que se les venía encima. No es que haya habido nada ilegal en este asunto, o al menos eso dicen los expertos en derecho procesal. 

Lo que escama no es solo la conversión en masa de los acusados en testigos de cargo a cambio de una rebaja de la petición de condena, que es algo que suele ocurrir con frecuencia; lo que ya no es tan frecuente, por no decir raro, es que entre una y otra condición no medie una sentencia del tribunal que, por casualidad, preside el controvertido juez Alba. Por decirlo en otros términos: mientras no haya sentencia, al menos in voce, se supone que los acusados siguen siéndolo y, por tanto, no podrían declarar en calidad de testigos. Al parecer, el tribunal ha dejado ese trabajo para el final de la vista, muy recortada ya en el número de sesiones previstas, toda vez que a cada día que pasa hay menos gente en el banquillo de los acusados y más en el de los testigos. Ayer mismo desertó de la incómoda condición de acusado el ex arquitecto municipal que de buena se ha librado: la fiscalía le pedía trece años – era la mayor pena solicitada en este caso -  y ahora se le queda en dos años de nada, gracias también a un pacto que lo llevará a engrosar las nutridas filas de los testigos. La defensa de los pocos que siguen acusados ha advertido que prestar declaración como testigo sin haber recibido sentencia después de ser acusado, puede ser motivo para solicitar la nulidad de los testimonios.  Y quién sabe – cosas parecidas ya se han visto – si ese mismo hecho no puede terminar provocando la anulación de todo el proceso. En ese caso puede que los que vimos estallar este escándalo hace 12 años y ahora vemos cómo se está juzgando, tengamos que dejarle la sentencia a nuestros herederos o descendientes. Eso, siempre y cuando lo del “caso Faycán” no fuera más que una marca de turrón o si para entonces queda algún acusado que aún no se haya convertido en testigo.  

Mariano for ever

“Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro”. Literalmente lo dijo ayer Ricardo Costa, el que fuera secretario del PP valenciano, en el juicio a la rama de la Gürtel en esa comunidad. Ha dicho también que Francisco Camps, quien fuera presidente valenciano apoyado por Rajoy hasta que la Justicia lo condenó por corrupto, pidió organizar actos “complementarios” a los mitines del presidente en la plaza de toros que se terminaron pagando con dinero negro que pusieron los empresarios. No ha sido Costa el único que en los últimos días ha puesto negro sobre blanco las andanzas del PP para financiarse. Los empresarios acusados en la Gürtel que hace una semana declararon en la Audiencia Nacional, admitieron también haber pagado dinero en b a la trama corrupta liderada por Francisco Correa. Pedro J. Ramírez, director de EL ESPAÑOL y ex de EL MUNDO, compareció el martes en la comisión del “caso Bárcenas” del Congreso y dejó caer algunas perlas cultivadas. Durante las más de tres horas que duró su comparecencia dijo, entre otras cosas, que todo el relato del ex tesorero del PP que él publicó en EL MUNDO con el título “Cuatro horas con Bárcenas”  y que – según afirma – le costó el puesto, conducía directamente al despacho de Mariano Rajoy. El periodista aportó más de una veintena de documentos que vendrían a certificar la trama de financiación ilegal del PP de la que Mariano Rajoy nunca ha oído hablar ni ha sospechado. “A nosotros nunca nos dijeron nada”, ha soltado en una entrevista radiofónica.

Este es, a muy grandes rasgos, el panorama judicial en el que sigue metido el PP. Solo que desde hace meses este tipo de escandalosas revelaciones pasan bastante desapercibidas en los medios de comunicación, pendientes un día sí y al otro también de si Puigdemont va, viene, dice o calla. Sin duda, la crisis catalana le está sirviendo al PP de paraguas pero no le está impidiendo que se moje por los agujeros de la Gürtel. Las encuestas tampoco es que se les hayan puesto de cara y los presupuestos que lleva amagando con presentar desde el año pasado, siguen en algún cajón ignoto del despacho de Montoro por falta de apoyos suficientes. El PNV se ha puesto exquisito con el 155 en Cataluña y Ciudadanos, que empieza a sentir la erótica del poder en forma de ascenso espectacular en los sondeos, está poniendo cada vez más caro su apoyo a unos eventuales presupuestos. Ahora, por ejemplo, le exige que se desprenda de la senadora Barreiro, imputada por cinco delitos en el “caso Púnica”. De manera que entre su minoría parlamentaria, la corrupción y la incertidumbre sobre si Puigdemont volverá a casa en el maletero de un coche, sobre las aspas de un helicóptero o en la bodega de un barco, el pulso político de este país parece en letargo indefinido: ni proyecto de presupuestos, ni financiación autonómica ni impulso legislativo ni salida para Cataluña. Sólo algunos datos macroeconómicos informan de que el país no ha entrado aún en coma profundo pero debe estar cerca. Por cierto, por la necesidad de legislar para resolver la brecha salarial entre hombres y mujeres tampoco se le puede preguntar: "No nos metamos ahora en eso", ha dicho en esa entrevista en radio, ignorando que en otros países sí se han tomado medidas legislativas para corregir ese desequilibrio que él, sin embargo, no estima que sea de su competencia. En este contexto de encefalograma político plano es en el que Mariano Rajoy ha dicho en Onda Cero que intentará repetir como candidato a La Moncloa. ¿Apuestan algo a que lo será? 

Ni un paso atrás con la reforma electoral

Las justificaciones de CC para no sumarse al acuerdo de mínimos sobre la reforma del sistema electoral canario suenan a excusas para mantenella y no enmendalla. En una comunidad autónoma como la canaria en la que no se suele escatimar en cargos de confianza, es un sarcasmo alegar que subir de 60 a 70 el número de parlamentarios regionales es “socialmente inaceptable”, como si no hubiera manera humana de compensar ese coste. La leve mejora de la calidad democrática que significaría ese incremento de escaños es para CC más gravosa que la discrecionalidad con la que se fichan asesores. Alegar que el acuerdo al que rechaza sumarse es “poco transparente” porque los electores no saben de antemano a qué islas se adjudicarían los escaños obtenidos a través del “colegio de restos”, tampoco es un argumento de peso. Es evidente que irían a las islas capitalinas, infrarrepresentadas políticamente en el sistema actual en función de su población. Llama la atención esa pega sobre la transparencia y que, al mismo tiempo, sólo CC esté preocupada ante la posibilidad de que, en la distribución de los nuevos escaños, Gran Canaria reciba cuatro y Tenerife cinco. Ninguna otra fuerza política con implantación en Gran Canaria ha criticado esa circunstancia ni ha alertado de tensiones entre las islas capitalinas, como sí han hecho destacados dirigentes de CC. En tercer lugar alega CC que la propuesta de reforma no garantiza el equilibrio interinsular, como si calificar de equilibrado el sistema actual – con el 17% de la población ostentando la mitad de la representación política y el 83% la otra mitad – no fuera un sarcasmo más. CC no quiere que se toque un sistema electoral del que obtiene réditos políticos innegables como pone de manifiesto el hecho de que siendo la tercera fuerza más votada sea la primera en escaños. Esa es la verdadera razón que explica su postura numantina. No obstante, en su descargo hay que decir que si lleva 25 años en el poder no es sólo por el sistema electoral, sino también por la incapacidad de sus presuntos rivales PP y PSOE para conformar mayorías  distintas a las que han dirigido esta comunidad autónoma en el último cuarto de siglo. 

Que los nacionalistas insten  a los demás partidos a presentar otra propuesta porque la que se dio a conocer la semana pasada no les gusta, demuestra hasta qué punto CC se ha instalado en el más absoluto inmovilismo en relación con este asunto. Lo que debería hacer es presentar la suya y demostrar con hechos que tiene voluntad real de producir un cambio, por leve que sea, en el sistema electoral. Una mera reducción de las barreras de acceso al Parlamento es un magro resultado después de dos años de funcionamiento de una comisión parlamentaria de estudio del sistema electoral por la que pasaron decenas de expertos. De ellos, se pueden contar con los dedos de una mano y sobran varios los que consideran el sistema canario homologable con el de una democracia representativa moderna. Los partidos que cerraron el compromiso de cambiar ese sistema – PP, PSOE, Nueva Canarias y Podemos – renunciaron a posiciones de partida mucho más ambiciosas para hacer posible el consenso. Que CC y la Agrupación Socialista Gomera se hayan descolgado no debería ser motivo para que las fuerzas que lo suscribieron se echen ahora atrás por razones políticas cortoplacistas. Hay que recordar que todos los firmantes se han comprometido reiteradamente ante los canarios a tener nuevo sistema electoral en 2019. Incumplir ese compromiso porque primen otros intereses partidistas, les retrataría ante la sociedad canaria como cómplices de la  desmesurada desproporción del peso de los votos de los ciudadanos en función de la isla de residencia. Sea en Canarias, en donde los firmantes del acuerdo suman dos tercios de los escaños del Parlamento, o sea en Madrid a través de la reforma del Estatuto de Autonomía, ha sonado la hora de demostrar que el sistema electoral canario no está escrito en piedra. A CC le quedan dos opciones: sumarse con las aclaraciones que estime a un acuerdo más que modesto que no le perjudica políticamente o aparecer ante los ciudadanos como un partido obstruccionista de un nuevo sistema electoral más justo, cuya necesidad democrática solo los nacionalistas se empeñan en negar contra toda evidencia. 

Todo el año es carnaval

Ya están aquí, sin falta, los carnavales de 2018. Miento, llegaron en forma de andamios y escenarios antes de que pasaran los Reyes Magos a dejar carbón o regalos. ¡Qué digo antes de que pasaran los Reyes Magos:  empezaron cuando a falta de poco para el verano del año pasado ya se sabía urbi et orbi de qué debían ir disfrazadas las mascaritas este año! Esto, por tanto, no ha hecho más que continuar. Ya tenemos en marcha las tropecientes fases de los concursos de murgas infantiles y dentro de poco arrancarán las adultas. En paralelo, asistimos también a glamurosas presentaciones de “reinas” y “reinonas”, bien escoltadas siempre por alcaldes y concejales/as de la cosa de las carnestolendas. En los periódicos, radios y televisiones empiezan a desfilar chicas y chicos – o viceversa – ilusionadas/os con la posibilidad de reinar en el carnaval, su sueño vital desde que todos/as y cada uno/a de ellos/as tienen uso de razón. Los diseñadores/as hacen su agosto en pleno invierno y lucen sus “creaciones” para que presuman sobre las tablas las “niñas” y los “niños” llamados al estrellato de don Carnal. Después vendrán las comparsas infantiles y adultas, las  galas para elegir a la reina de los mayores, los concursos de maquillaje corporal y las mascotas disfrazadas, la cabalgata, el coso y el entierro de la sardina. Seguramente me dejo varias cosas en el tintero. A todo eso debemos añadir las mil y una variables locales ya que, tratándose del carnaval, no hay concejalía o alcalde que se precie que no quiera destacar por algún acto original que diferencie a su pueblo del resto y atraiga visitantes.

Hablar hoy de carnaval en Canarias es hacerlo de una fiesta tan o más larga que un día sin pan y que, a la postre, termina produciendo un empacho de concursos, ceremonias, galas y desfiles que sólo los cuerpos serranos pueden sobrellevar con garbo y salero. De aquellos carnavales que comenzaban el domingo anterior a la Cuaresma y terminaban el Martes de Carnaval, víspera del Miércoles de Ceniza, apenas se acuerdan los más viejos del lugar. Hoy, el espectacular negocio turístico y comercial que rodea la fiesta, obliga a los ayuntamientos a elaborar interminables programaciones que se extienden hasta un mes y más, sin contar los prolegómenos. Programación que aprovechan alcaldes, concejales y políticos en general para las infalibles recepciones de candidatas, ruedas de prensa por las cuestiones más triviales, visitas a escenarios y recorridos por sedes de murgas y comparsas. Todo, por supuesto, convenientemente reflejado a través de los medios y conservado para la posteridad en archivos de audio e imagen, no vayan a perderse testimonios históricos tan valiosos. Como comenté hace unos días en otro post, una vez hayamos dicho adiós al carnaval se impondrá descansar y para eso – a Dios gracias – tenemos la Semana Santa al alcance de la mano. ¡Qué sería de nosotros si después del agotador ajetreo que supone un mes largo de carnavales no pudiésemos disfrutar de un merecido y relajado descanso!. Y a la vuelta, a convocar el concurso popular sobre el “motivo” del carnaval siguiente, algo que se ha convertido en una tradición tan arraigada como las tortillas y las truchas. Aunque, dicho sea de paso, a ver cuándo se anima y nos pregunta el ayuntamiento qué nos parece que suba la contribución o el impuesto de circulación o los sueldos de los concejales. Sobre todo para variar y para que la tan alabada participación ciudadana sirva para algo más que para decidir si el año que viene debemos disfrazarnos de romanos, de indios o de tontos de capirote. Efectivamente, cada vez me convenzo más de que es una suerte vivir aquí, en donde todo el año es Carnaval.   

Donald Trump: el año del odio y la furia

Donald Trump, el presidente norteamericano que se permite llamar “países de mierda” a Haití y a los países africanos y preferir a los inmigrantes noruegos, acaba de cumplir un año en la Casa Blanca. Ha sido el año de la mentira, del odio, del exceso y de la ruptura de puentes de entendimiento con los suyos, con los otros y con todos los demás: ni los republicanos – salvo los muy carcas – se sienten a gusto con él, ni los demócratas lo pueden tragar ni a sus aliados europeos les genera la más mínima confianza. Trump es único e irrepetible – por fortuna – en su forma de entender la política, si lo que él hace merece ese nombre: el insulto barriobajero, la comunicación espasmódica a través de las redes sociales y el mohín soberbio de quien presenta síntomas inquietantes de inestabilidad emocional. De alguien que no duda en autodefinirse como "un genio muy estable" no cabe esperar nada bueno. Eso, en el hombre que se sienta en la silla con mayor poder del mundo, es para temblar y rezar. Me gustaría recordar hoy aquello en lo que por fortuna ha fracasado, al menos por ahora. En primer lugar, en la construcción del muro en la frontera mexicana. Fue su propuesta estrella en la campaña pero ya hay incluso colaboradores suyos que admiten en público que si Trump quiere muro tendrá que pedir el dinero al Congreso y éste no está por la labor. Sus repugnantes políticas migratorias han fracasado también en parte, gracias a la actitud de un poder judicial que le ha puesto toda suerte de trabas, aunque no me cabe la menor duda de que persistirá en su empeño racista y xenófobo contra todos aquellos que no hablen inglés o no sean de origen caucásico.  Solo como fracaso de Trump se puede calificar que su Gobierno haya tenido que echar el cierre este fin de semana por el desacuerdo sobre inmigración con los demócratas.

También ha fracasado, aunque solo a medias, en su obsesión por acabar con la reforma sanitaria de Obama. A pesar de la oposición de parte de los republicanos, ha conseguido debilitarla y es seguro también que no parará en lo que le queda de mandato para laminarla por completo. Sus oscuras maniobras en la oscuridad con los rusos durante la campaña electoral han marcado el primer año de la nueva presidencia: cuatro de sus colaboradores están inculpados y el propio Trump no está libre de sospechas de obstruir la labor de la justicia, algo que en Estados Unidos es algo muy serio. Entre sus éxitos – si es que pueden recibir ese nombre – está la jugosa reducción de impuestos con la que ha premiado a las grandes empresas del país más rico del mundo pero con enormes niveles de desigualdad. Por solo mencionar un dato, más de medio millón de personas duermen al raso cada día en la “América” de las oportunidades. En sus relaciones con el mundo, Trump ha acabado con la multilateralidad de Obama, se ha atrincherado en la Casa Blanca y solo habla de asuntos internacionales cuando se trata de amenazar al líder norcoreano, otro energúmeno de su mismo corte, lo que demuestra una vez más que los extremos se tocan. 

La popularidad de Trump apenas llega al 40%, de las más bajas de un presidente norteamericano y, aún así, dicen las encuestas que podría volver a ser elegido. Habría que preguntar a los demócratas la razón. En contra de lo que prometió, su país no es hoy más grande que cuando llegó a la Casa Blanca: está más aislado, es más pobre y más desigual y fuera de sus fronteras está mucho peor considerado gracias sobre todo a él. El mundo no es un lugar más seguro para vivir, sino todo lo cotrario,  y nada hace prever que eso vaya a mejorar en los tres años de mandato que aún le quedan. Lo único que tranquiliza un poco es que los contrapoderes funcionan en el sistema estadounidense y le impiden ir más allá de lo que le gustaría a esta verdadera amenaza mundial para un mundo ya multiamenazado que se llama Donald Trump. 

Se vende lírica piedra lunar

No se rían, aunque sea broma. Si Güi Güi ha salido a la venta en Hong Kong, como ha informado Canarias 7, quién nos dice que algún espabilado no le propone el Roque Nublo a los rusos para que instalen en la cima un mirador para ver las estrellas. De hecho, circula por ahí un cierto proyecto para construir un teleférico que alongue a los turistas y a los paisanos desde Tejeda hasta los pies del símbolo grancanario por excelencia. Una vez arriba podrán disfrutar de las vistas almorzando en un restaurante gourmet y comprando fruslerías en una tienda de recuerdos. Cuando la naturaleza, incluso la más venerada y admirada, se pone en almoneda, todo es posible. Sobre todo en estas islas, en las que ha habido que luchar a brazo partido para que determinados intereses  no alicataran espacios únicos con hoteles de cinco estrellas a mayor gloria del monocultivo turístico. Aún así, los estropicios naturales están a la vista de todo el mundo. Sólo hay que darse una vuelta por los “sures” para comprobar que, a la hora de levantar jaulas para turistas, ni las laderas más escarpadas de los barrancos son impedimento. Que el propietario de Güi Güi lo haya puesto en venta en China es para que se pongan rojos de vergüenza quienes han permitido que una de las pocas perlas que le van quedando ya a la naturaleza canaria siga en manos privadas. Ahora caen en la cuenta algunos de que la incorporación de la zona al patrimonio público y su declaración como Parque Nacional sería la panacea para alejar de ese lugar único obscenas apetencias especuladoras. 

Espero  que no nos enredaremos en líos competenciales entre políticos y administraciones sobre quién, cómo, cuándo y cuánto. El propietario los vende por 6 millones de euros, que no parece ser una cantidad desorbitada para que la asuman  el cabildo o el Gobierno de Canarias, o ambos de común acuerdo. Bastante más destinan cada año tanto uno como otro a gastos prescindibles, sin olvidar que sus respectivas arcas están saneadas. Incluso no descartaría que lo que precisamente busca el propietario anunciado la venta en China es que sean el cabildo o el Gobierno de Canarias los compradores de esos terrenos.  Güi Güi es un lugar único, una isla dentro de otra, como la ha definido alguien. Sus valores naturales y medioambientales no tienen parangón en toda Canarias y si hasta ahora ha escapado a las apetencias de los señores del cemento que han llenado las costas canarias de adefesios, ha sido por una abrupta orografía que dificulta extraordinariamente el acceso. 

No me tranquiliza ni me consuela en absoluto que el presidente del cabildo alegue que nada se puede hacer allí aunque la propiedad cambie de manos y pase a las de algún comunista reconvertido al capitalismo salvaje de estado. Nada se podía hacer tampoco en muchos otros puntos de las islas y bastó cambiar convenientemente una plan general aquí y unas normas subsidiarias allá y se terminó haciendo lo que parecía imposible. En la mente de todos están los ejemplos de determinados hoteles construidos en donde no se podían construir, condenados en firme al derribo por la justicia y, sin embargo, en pie vivitos y coleando. Es imprescindible corregir el error que supone que un espacio como Güi Güi, que el ser humano aún no ha conseguido echar a perder, siga en manos privadas. Se impone su adquisición pública y la máxima protección medioambiental posible convirtiéndolo en Parque Nacional. Es la manera más segura de evitar  que un buen día el título irónico de este artículo se convierta también en realidad.  

Reforma electoral tímida pero imprescindible

Se empiezan a escuchar ya algunas voces críticas con la reforma del sistema electoral canario acordada por cuatro de los seis partidos presentes en el parlamento autonómico. Proceden de dirigentes de CC en las islas no capitalinas y de la Agrupación Socialista Gomera, los dos únicos partidos que no se han sumado todavía a un acuerdo que, a pesar de su evidente insuficiencia, podría ser realmente histórico a poco que la fe en la democracia representativa sea algo más que una mera declaración de intenciones. No descarto incluso que a esas voces discordantes se unan en las islas no capitalinas las de dirigentes de algunos de los partidos que han suscrito el compromiso de que Canarias tenga un nuevo sistema electoral en 2019. Es difícil comprender tanto recelo ante una propuesta de reforma muy por debajo de lo que los partidos que la respaldan venían proponiendo individualmente. 

El acuerdo sólo prevé rebajar a la mitad las barreras de acceso a la cámara y elevar a 70 el número de diputados regionales, algo ya previsto en el actual Estatuto de Autonomía. Es en ese incremento de escaños en el que se ve la bicha por parte de quienes consideran que en él se esconde una perversa intención de concentrar todo el poder político en las islas capitalinas, que por casualidad es en donde se concentra también la mayor parte de la población.  El argumento es que rompe la triple paridad, el intocable santa santorum del sistema por el que el 17% de la población canaria ostenta la mitad de la representación política y el 83% restante la otra mitad. El de Canarias es, probablemente, el único sistema político del mundo en el que los parlamentarios no representan a otros ciudadanos sino principalmente a territorios revestidos de derechos. De ahí su escandalosa descompensación proporcional y la consecuente necesidad de corregir de manera inaplazable una situación tan injusta. 

El sistema de la triple paridad – lo que sus defensores llaman equilibrio interinsular cuando en realidad es el más desequlibrado de los sistemas – pudo tener justificación en los albores de la autonomía. Entonces las islas no capitalinas carecían de casi todo y procedía una discriminación política positiva para paliar el atraso. Y no es que las capitalinas estuvieran boyantes, ni mucho menos, sino que se aceptó aquel acuerdo por razones de equilibrio interprovincial – el pleito insular - pero también para favorecer la representación de unos territorios secularmente relegados. Treinta y cinco años después – los años que cumple este sistema electoral sin más modificaciones que una interesada subida de topes  – las cosas han cambiado mucho. Las islas no capitalinas disponen de unos niveles de bienestar y riqueza que ya quisieran para sí los miles de habitantes de los polígonos de viviendas sociales – en muchos casos puros guetos – de las dos capitales canarias.

Es evidente que hay cosas que mejorar, pero es una falacia con aire de chantaje político-emocional que no se sostiene, argumentar que sin la triple paridad quedarán sin representación y serán olvidadas y abandonadas a su suerte. Si se pararan a hacer cuentas en lugar de presentarse como víctimas de una supuesta conjura chicharrero-canariona, verían que con esa tibia reforma los resultados electorales apenas variarían gran cosa con respecto a los que se registraron en 2015. Así, según una proyección de la Agencia EFE, CC se mantendría como el partido con más escaños en la cámara regional aunque sería el tercero en número de votos; incluso la Agrupación Socialista Gomera mantendría los tres escaños de 2015 y entrarían Ciudadanos y Unidos por Gran Canaria (ver aquí). Lo que indica que la propuesta de reforma es de mínimos y que de aplicarse solo mejoraría ligeramente la desproporcionalidad de la representación política de los residentes en las dos islas más pobladas.

Por tanto, no hay razón de ningún tipo para que no la apoyen quienes han venido usufructuando el poder gracias a un sistema electoral que les ha favorecido claramente durante todos estos años a costa de una sobrerrepresentación parlamentaria que ha dejado de tener razón de ser. Por su parte, quienes entienden que el acuerdo no resuelve nada siempre pueden pedir la luna y el sol pero ese sería el camino más rápido hacia la melancolía. No se puede pedir lo que no es posible conseguir dados los mimbres políticos que tenemos en Canarias y ya me parece hasta mucho este acuerdo que sólo es un pequeño paso en la buena dirección, es decir, hacia un sistema electoral homologable con el de cualquier democracia representativa moderna.

Yo no fui a FITUR

En tono irónico me preguntaba ayer un amigo qué hacía que no estaba en FITUR, en donde nadie que se precie puede faltar estos días. Es cierto, no estoy en FITUR, no he estado nunca ni falta que me hace. Por lo general, a una feria turística de ese tipo suelen ir hoteleros, touroperadores, compañías aéreas y agencias de viaje a vender y comprar camas de hotel y vuelos a destinos como Canarias.  Como no soy nada de eso, nada se me ha perdido en FITUR. Esto tan elemental – al fin y al cabo las ferias siempre han sido un espacio para el negocio - se ve distorsionado por la abrumadora presencia de decenas de políticos con sus correspondientes séquitos de asesores y equipos de comunicación con todos los gastos pagados. No digo yo que no deban dejarse ver por FITUR el presidente del Gobierno y su consejero de Turismo, los presidentes de los cabildos o sus responsables turísticos y poco más. El turismo es un negocio privado al que el sector público le dedica ingentes recursos en promoción y servicios de todo tipo pero que pone el grito en el cielo apenas se le hable de empleo, condiciones laborales o impuestos. Lo que no cabe en ningún caso es desplazar a Madrid a una nutrida tropa de técnicos y adosados de dudoso provecho para el fin que se persigue: vender el destino. También es de suyo que acudan los alcaldes o, en su defecto, los concejales de turismo de los ayuntamientos en los que efectivamente este negocio es su principal actividad económica. Lo que carece de toda racionalidad es que se presenten también allí los alcaldes y concejales de ayuntamientos por los que si pasa algún turista es porque seguramente se equivocó camino de la playa. 

Cuando se dispara con pólvora del rey es comprensible que no duela al bolsillo emplear miles de euros en aviones, estancias y comidas de cuya rentabilidad real para los ciudadanos nunca dan cuenta quienes se los gastan. Este año, además, un grupo de ayuntamientos turísticos canarios ha decidido hacer la guerra por su cuenta y ha montado su propio pabellón promocional en la feria al margen de la comunidad autónoma. Es cierto que no son originales, ya que ir por su cuenta a FITUR es una larga tradición en Canarias desde que los cabildos de Tenerife o de Gran Canaria decidieron un buen día por motivos políticos que preferían estar solos que mal acompañados. Lo que se explica muy mal, además del dinero innecesario que se carga a las arcas públicas con este tipo de decisiones, es que haya aún quienes crean que cuando los turistas deciden viajar a Canarias andan eligiendo en función del municipio. Tamaña presunción suena a pueblerina: al grueso del turismo que recibimos le da exactamente lo mismo tomarse las cervezas y ponerse color gamba a la plancha en Villaconejos de Arriba que en Villaconejos de Abajo. Le decía a mi amigo que hace unos años, antes de la crisis, aún era mucho peor que hoy. Entonces las islas se despoblaban cuando llegaba la feria y si a usted se le ofrecía hacer una gestión en el ayuntamiento ya se podía sentar a fumar a la espera de que volvieran todos de FITUR. Los apuros de la crisis obligaron a los rumbosos ayuntamientos a renunciar al desembarco anual en Madrid y a mirar mucho más por el euro. Ahora que según los que saben ya hemos salido de la crisis – aunque yo no lo termino de tener claro –,  parece que empezamos a volver al tiempo en el que el dinero de todos daba para pagar aviones, hoteles, ágapes y comidas de postín a una nutrida corte de paniaguados que van a Madrid con la excusa de “promocionar” las islas. De lo que se concluye que la teta turística da mucho de sí a condición de tenerla bien agarrada y exprimirla en beneficio propio. 

Ocurrencias con las pensiones

Quienes peinamos canas o ya ni eso, no ganamos para sustos con las pensiones cada día menos futuras y más cercanas. Un día es el Gobierno el que anuncia que se va a endeudar en otros 15.000 millones de euros para pagar a los pensionistas y al siguientes es el líder del PSOE proponiendo impuestos a los bancos como pago por el generoso rescate que apoquinamos los españoles. Ahora ha sido la ministra Báñez la que se ha descolgado con la idea de calcular la cuantía de la pensión tomando en cuenta toda la vida laboral y no sólo los últimos 21 años, como ocurre a fecha de hoy. Dice Báñez que de este modo se compensa a quienes perdieron su trabajo al cumplir los 45 o 50 años y no han podido volver al mercado laboral. Esto supone que sus bases de cotización han caído en picado y, en consecuencia, la cuantía de su pensión se ve muy recortada. De lo que ese cambio costaría no dice nada, seguramente porque ni siquiera se ha parado a hacer números ni falta que le hace: la cosa es conseguir un titular. Pero no digo ni que sí ni que no: no soy experto en el sistema de pensiones y no me da vergüenza reconocerlo: expertos sobre este asunto hay a paladas y sólo basta introducir “sistema de pensiones” en Google y aparecen en tropel. 

Unos proponen unas cosas y otros las contrarias, unos dicen negro y otros blanco, los de aquí plantean sacar las pensiones no contributivas del sistema y los de más allá financiarlas con impuestos. Lo cierto es que, lo que se dice acuerdo y consenso sobre algo tan delicado como lo que van a recibir los futuros pensionistas por sus cotizaciones de años de vida laboral,  ni está ni se le espera. Ahí está, sin ir más lejos, el famoso Pacto de Toledo: un año largo llevan ya reuniéndose sus integrantes y a fecha de hoy no se conoce una triste propuesta medianamente articulada sobre cómo garantizar que las pensiones públicas sigan siendo dentro de unos años uno de los pilares básicos del cada vez más escuchimizado estado del bienestar. Para terminar de arreglarlo, la lenguaraz y sin par diputada del PP que lo preside, la inefable Celia Villalobos, acaba de soltar la especie de que hay gente que se pasa más tiempo cobrando pensión que trabajando. Y luego, como quien no quiere la cosa, lanzó un mensaje de advertencia a los maduritos de entre 40 a 50 años para que ahorren ante el incierto y oscuro futuro de las pensiones. Una patochada más de alguien que tendría que demostrar más prudencia, aunque eso sea como pedirle al sol que salga por poniente. 

Lo que se necesitan son menos ocurrencias aisladas para la galería y más rigor y medidas integrales que tomen en consideración los diversos factores que inciden en un asunto de enorme complejidad que ojalá se resolviera con una varita mágica como algunos parecen defender. Me gustaría escuchar, por ejemplo, qué es lo que piensan hacer el Gobierno o los empresarios para que mejoren los salarios y la calidad del empleo y vuelvan los recursos a la caja de la Seguridad Social que el Gobierno del PP se ha ido gastando hasta dejarla en los huesos. Tanto que, a fecha de hoy, sólo da para cumplir con lo comido por lo servido porque los casi 70.000 millones de euros que había en la hucha se han esfumado durante la crisis sin que nadie se preocupara ni mucho ni poco ni demasiado por lo qué pasaría después.

Y lo que pasaría ya lo estamos viendo: el Gobierno se endeuda para pagar las pensiones, los partidos  arrastran los pies para ponerse de acuerdo y los agentes económicos y sociales parecen actuar bajo el principio de no hacer hoy lo que puedes dejar para mañana o pasado. Hace falta un acuerdo integral bien articulado sobre pensiones y es urgente. Un acuerdo que, entre otros aspectos centrales, debe pasar por mejorar los salarios y la calidad del empleo, acabar con el paro juvenil, adecuar la cuantía al coste de la vida revirtiendo las injustas reformas del PP y tomar en consideración el galopante envejecimiento de la población. Todo ello con el fin primero y central de garantizar un sistema de pensiones público, solidario y universal, frente a los lobos que no ven el momento de que se les deje el campo completamente libre para imponer la ley de la selva bajo la que sólo tendrían pensiones quienes se las pudieran pagar.